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I.1. Consideraciones generales del marco normativo La regulación de la carpeta fiscal electrónica en el Perú responde a un modelo normativo integral y progresivo, en el cual convergen disposiciones constitucionales, normas procesales penales, legislación sobre tecnologías de la información y directivas internas del Ministerio Público. Este conjunto normativo permite dotar de validez jurídica, eficacia probatoria y seguridad informática al uso de soportes digitales en la investigación penal. A diferencia de otras instituciones jurídicas plenamente tipificadas, la carpeta fiscal electrónica no surge como una figura autónoma, sino como una evolución funcional del expediente fiscal tradicional, adaptada a los procesos de modernización del Estado y a la implementación del gobierno digital. II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL II.1. Principios constitucionales aplicables El sustento primario se encuentra en la Constitución Política del Perú, la cual garantiza derechos fundamentales que condicionan el uso de herramientas tecnológicas en el proceso penal:
II. 2. Principio de legalidad y seguridad jurídica El uso de la carpeta fiscal electrónica se legitima bajo el principio de legalidad, según el cual toda actuación estatal debe estar previamente regulada. En este sentido, el soporte digital no altera la naturaleza del proceso penal, sino que constituye un medio técnico de gestión documental. III. REGULACIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL III.1. Facultad normativa del Ministerio Público El principal sustento legal se encuentra en el Código Procesal Penal del Perú, específicamente en su artículo 134, el cual establece que el Fiscal de la Nación tiene competencia para reglamentar la formación, custodia, conservación y archivo de la carpeta fiscal. Esta disposición resulta clave, ya que:
VII. 1. Alcances