Derecho Administrativo
Curso 2020-2021
El señor Luis, que era funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales, fue
condenado como autor de un delito continuado de infidelidad en la custodia de
documentos. Aprovechando su condición de repartidor de Correos, había
accedido a cartas enviadas por Carrefour que contenían tarjetas Visa, así como a
cartas que recogían el número PIN de dichas tarjas, haciendo uso de ellas en
varias ocasiones por un importe de 4.401, 23 euros. Le fue impuesta la pena de
un año de prisión e inhabilitación para ser funcionario de la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos por tiempo de dos años y tres meses.
Como consecuencia de esta condena penal, el Director de Recursos Humanos de
la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos acordó el cese en el punto de trabajo
del señor Luis en 2013.
En 2019, el señor Luis solicitó su rehabilitación como funcionario público. Sin
embargo, el Consejo de Ministros acordó rechazarla, entre otras razones, por el
«grave perjuicio causado al prestigio de la Administración Pública» por su
conducta.
Materiales de lectura necesaria: STS de 18 de febrero de 2021, recurso 349/2019
Cuestiones:
1. Desde una perspectiva de organización administrativa, ¿qué es hoy
exactamente lo que coloquialmente llamamos “Correos”? * Advierta la
singularidad de que Correos tenga funcionarios públicos. ¿Es capaz de
explicar por qué razón se produce esta singularidad?
2. ¿Qué es la rehabilitación como funcionario público? ¿Dónde se regula el
procedimiento administrativo [*Además del EBEP, acúdase al RD 2669/1998,
de 11 de diciembre]?
a. ¿Cómo se inicia el procedimiento?
b. ¿Existe algún informe preceptivo? ¿Y vinculante?
c. ¿Quién es el órgano competente para resolver?
d. ¿Agota la vía administrativa la resolución?
e. ¿Cuál es el plazo máximo de duración del procedimiento?
f. ¿Qué ocurre si no se resuelve en plazo?
3. Suponga que el señor Luis está disconforme con la propuesta de resolución
del instructor, desfavorable a su rehabilitación, ¿qué recurso podría
interponer frente a la misma?
4. Vayamos con el contenido de la decisión. ¿Estamos ante una decisión reglada
o discrecional por parte de la Administración? ¿Qué opinión le merece que la
Administración rechace la rehabilitación apelando al «grave perjuicio
causado al prestigio de la Administración Pública»?
