ANTECEDENTES
Una primera definición de servicios de la sociedad de
la información aparece en la Directiva 98/34/CE y
se refiere a cualquier servicio prestado
normalmente a título oneroso, a distancia, mediante
un equipo electrónico para el tratamiento (incluida la
compresión digital) y el almacenamiento de datos, y
a petición individual del receptor de un servicio.
Uno de los primeros referentes aparecido en el
marco de la Comunidad Europea, en relación al
comercio electrónico, es la Directiva 97/7/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo
de 1997, relativa a la protección de los
consumidores en materia de contratos a distancia.
Consiste en la compra y venta de productos
o servicios a través de páginas web,
internet y, en general, cualquier medio
electrónico. Se trata, por tanto, de un tipo
de venta a distancia, caracterizada por no
contar con la presencia física simultánea del
vendedor y el comprador.
DEFINICIÓN
La Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por el R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre (en adelante, LGDCU); Deroga los arts. 39 y
ss. de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista, y da una nueva redacción a su art. 38;
Además de modificar los arts. 92 a113 del citado
Texto Refundido de la Ley de Consumidores y
Usuarios, donde quedan regulados los contratos
celebrados a distancia y contratos celebrados fuera
del establecimiento mercantil, con una regulación
prácticamente idéntica de ambos.
El citado art. 92 de la LGDCU define la venta a distancia, como
aquella realizada con los consumidores y usuarios en el marco de un
sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia,
sin la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y
usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más
técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la
celebración del contrato y en la propia celebración del mismo. Entre
otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia:
el correo postal, Internet, el teléfono o el fax.
Instrumento capaz de permitir una
comprobación de la procedencia y de la
integridad de los mensajes
intercambiados a través de redes de
telecomunicaciones
La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
firma electrónica, justifica el
establecimiento de un marco jurídico para
la utilización de una herramienta que
aporta confianza en la realización de
transacciones electrónicas en redes
abiertas como es el caso de Internet.
Son de aplicación el Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios, Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia y la Ley 3/1991, de 10 de
enero, de Competencia Desleal.
Siendo los sujetos que hacen
posible el empleo de la firma
electrónica los denominados
prestadores de servicios de
certificación.
