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Este artículo de Víctor Peralta Ruiz examina la influencia de las Cortes de Cádiz en el Perú durante el siglo XIX, con enfoque en las elecciones, la configuración de nuevas instituciones y el impacto del liberalismo en cuestiones étnicas.
Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
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POR
VÍCTOR PERALTA RUIZ CSIC, Madrid
Este artículo propone una reflexión sobre las últimas tendencias de investigación empren- didas sobre la primera experiencia liberal que tuvo el Perú como resultado de la aplicación de la legislación promulgada por las Cortes de Cádiz. A partir de un balance o estado de la cues- tión, se resaltan los avances alcanzados en las últimas décadas por la nueva historia política y social del período comprendido entre 1808 y 1814. En este énfasis puesto en la evolución del proceso de la representación y de la cultura política se otorga especial relevancia a temas como la celebración de los primeros procesos electorales modernos, la conformación de las nuevas instituciones constitucionales como los ayuntamientos y las diputaciones provinciales y, por último, al impacto del liberalismo en la cuestión étnica. P ALABRAS CLAVE: Liberalismo doceañista, virreinato del Perú, José Fernando de Abascal, elecciones, ayuntamiento constitucional, Diputación Provincial, problema étnico.
En las últimas décadas los estudios dedicados al impacto de las Cortes de Cádiz han experimentado un giro radical. Esta coyuntura que por mucho tiem- po fue estudiada como un precedente y anuncio de las independencias, ahora más bien se concibe como una ruptura con el antiguo régimen y un proceso re- volucionario dentro del mundo hispánico. Pero a pesar de que hoy se reconoce que el interregno liberal gaditano afectó tanto a la Península Ibérica como a las posesiones de la América española, aun no se produce el diálogo fluido que re- quieren ambas historiografías. Los contemporaneístas españoles persisten en dar la espalda a la cuestión americana, mientras los latinoamericanistas suelen pasar por alto el contexto de la guerra contra los franceses como una coyuntu- ra ajena a sus realidades. Son todavía escasos los estudios que han apostado
Revista de Indias, 2008, vol. LXVIII, núm. 242 Págs. 67-96, ISSN: 0034-
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por el tratamiento mancomunado de ambos experimentos políticos 1. Es de de- sear que la cercanía del bicentenario de estos acontecimientos motive que es- tos últimos trabajos comparativos se incrementen. En el Perú este cambio en la manera de aproximarse a la coyuntura de 1808 a 1814 se produjo bajo las mismas condiciones en que las preocupacio- nes del presente trasladadas a la manera de historiar el pasado cambiaron en las últimas décadas la interpretación de su independencia. En otras palabras, se tuvo que transitar de consideraciones relacionadas con el nacionalismo criollo, la lucha de clases y la revolución políticamente frustrada a exploraciones cen- tradas en la cultura política, la gobernabilidad y la representación ciudadana 2. Bajo la óptica de una historia política renovada los historiadores peruanos y peruanistas están esclareciendo el impacto del liberalismo gaditano en la épo- ca del virrey José Fernando de Abascal. El interés por el breve y conflictivo restablecimiento de la constitución gaditana en 1820, por ser todavía motivo de escasos estudios, no se considera en este balance 3.
En 1974 dentro de la Colección Documental de la Independencia del Perú se publicaron dos volúmenes titulados El Perú en las Cortes de Cádiz, cuyo contenido extractaba todas las intervenciones de los diputados peruanos en las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas entre 1810 y 1814. Sin embar- go, lo que más llama la atención es que en la introducción preparada por el compilador se afirmara que el estudio de las Cortes permitía observar el esta- blecimiento del régimen liberal en España mas no en América. Sólo era dable apreciar la huella gaditana en el desarrollo de la revolución americana en el enfrentamiento entre los representantes americanos y los peninsulares en sus sesiones ordinarias y extraordinarias, en el que «la diputación peruana tuvo una actuación descollante; principalmente Morales Duárez, Ostolaza y Fe- liú» 4. Esta frase resumía cabalmente lo que hasta ese momento el primer expe- rimento liberal en España representaba para la historiografía peruana. Las bio- grafías de los diputados peruanos que representaron los intereses del Perú en
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(^1) Las siguientes compilaciones sobre las Cortes de Cádiz conectan las experiencias espa- ñola y americana, C HUST y F RASQUET (eds.), 2004; C HUST (coord.), 2006; G ARRIGA y L ORENTE ,
(^2) Ésta es la conclusión del estado de la cuestión sobre la independencia del Perú preparado por Carlos Contreras en C ONTRERAS , 2007: 99-17. (^3) Algunas observaciones recientes pueden verse en P ERALTA R UIZ , 2005a: 485-510. (^4) D URAND F LÓREZ , 1974: XIV.
estuvo condicionado por cinco temas claves como fueron la ciudadanía y las elecciones, la abolición del tributo indígena, la libertad de imprenta, las refor- mas políticas e institucionales y las rebeliones o conspiraciones. En cuanto a las elecciones la limitación a resaltar era la complejidad de la votación para elegir los cabildos, las diputaciones provinciales y los diputados a Cortes. Pero el verdadero problema resultó ser establecer quiénes reunían las condiciones de ciudadano, vecino, elector y elegible^7. Ante este imponderable, Anna sos- tiene que el derecho de voto fue definido por el gobierno virreinal amparándo- se en las viejas costumbres locales y en una tradición excluyente. De modo que al final los beneficiarios del sistema fueron exclusivamente los varones blancos adultos, cabezas de familia y residentes permanentes en un área que les daba la condición de vecinos. Es ése el modo en que Anna formula su lec- tura del padrón electoral de Lima de 1813 en el que ve una clara exclusión de los mestizos, los pardos y los indígenas, con la excepción de los caciques, al incluírseles en las categorías de «ciudadanos sin ejercicio de voto», «españo- les» e incluso «esclavos». El segundo problema que Anna percibió con rela- ción a las Cortes de Cádiz fue la inoportunidad de sus reformas económicas en las circunstancias de aguda pobreza en que se hallaba el virreinato. Tal fue lo que advirtió con relación al decreto de abolición del tributo indígena, un pro- blema que acarreó un descenso alarmante de los ingresos y que el virrey Abas- cal intentó resolver a mediados de 1814 con una reforma fiscal que no llegó a aplicarse al ser restablecido el tributo con la restauración de Fernando VII. En relación con la entrada en vigor de la libertad política de imprenta que el virrey tuvo que acatar, Anna sostiene que Abascal se valió de la junta de censura para controlar una literatura que consideraba subversiva y que, ade- más, fue hábil para promover periódicos afines para orientar la opinión públi- ca a su favor. Con relación a las reformas políticas e institucionales, el histo- riador norteamericano destaca que tanto el enfrentamiento entre el virrey y los miembros de la Audiencia de Lima así como el que ocurrió entre aquel y algu- nos representantes de las corporaciones locales elegidas por votación popular provocaron una continua erosión de la autoridad absolutista. Este factor fue entre otros el detonante de las conspiraciones políticas en Lima, Huánuco y Tacna y de la revolución del Cuzco de 1814. La incertidumbre, el malestar y la inseguridad provocaron que los peruanos pronto se desilusionaran del libera- lismo y de las Cortes de Cádiz y celebrasen finalmente con entusiasmo la su- presión de la constitución a fines de 1814. En suma, Abascal derrotó el ideario
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(^7) Sobre la transformación de vecino a ciudadano en el caso peruano ver el reciente artículo de N ÚÑEZ , 17 (Sevilla, 2007): 235-253; también de interés para el área andina es el estudio de IRUROZQUI V ICTORIANO , 2005a: 451-484.
liberal de las Cortes de Cádiz valiéndose de su habilidad para obstruir el avan- ce de las reformas, al mismo tiempo que ilusionaba a los peruanos con el resta- blecimiento del poderío de un virreinato muy similar al de la época de los Austrias una vez que derrotase a las juntas de gobierno rebeldes. Concluye así Anna que el interregno liberal peruano no sirvió para ganar más adeptos a la causa de la independencia sino para exacerbar la confusión ideológica y pola- rizar las opciones políticas 8. La ambiciosa propuesta analítica de Anna, básicamente concentrada en el caso de Lima, pasó desapercibida entre los historiadores peruanos y peruanis- tas. El hecho de que el libro no se tradujese de inmediato al español explica en parte esa marginalidad 9. Pero fundamentalmente la causa de ese desinterés se encontraba en la escasa repercusión que la historia política tenía dentro de la agenda analítica de la historiografía peruana de los años ochenta. La motiva- ción de la llamada nueva historia durante esa década estuvo básicamente con- centrada en esclarecer temas de contenido social y económico. En el caso de la independencia el tema predilecto fue el de los movimientos sociales anticolo- niales tanto en el entorno urbano como rural 10. En esa línea tan sólo Heraclio Bonilla puso a prueba una de las hipótesis de Anna al proponerse hallar una relación entre la utilización de la constitución de Cádiz por parte de los crio- llos y el estallido de la revolución del Cuzco de 1814, relación de causa y efec- to que también advirtió en la rebelión de Huánuco ocurrida dos años antes 11.
Los estudios surgidos en la época de la transición democrática española so- bre las Cortes de Cádiz cobraron un gran impulso a mediados de la década de 1980 como resultado del interés por rescatar las raíces del liberalismo hispáni- co estigmatizadas por el régimen franquista. Ése fue el contexto en que se ins- cribió el creciente interés por estudiar las relaciones intelectuales entre España y América durante el proceso de la independencia. María Teresa Berruezo rea- lizó un pormenorizado estudio biográfico de los diputados americanos titula- res y suplentes que intervinieron en las cortes gaditanas entre 1810 y 1813. Por primera vez se contaba con una visión integral de este heterogéneo grupo com- puesto por un total de 63 representantes cuyo nivel de instrucción fue conside-
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(^8) A NNA , 1979: 86-87; 81/1 (Washington, 1976): 38-65. (^9) Esta obra ha sido recientemente publicada en Perú traducida por Gabriela Ramos y con un prefacio del autor en el que hace un breve recorrido por los estudios sobre la independencia peruana aparecidos con posterioridad a la suya, A NNA , 2003. (^10) Emblemáticos al respecto fueron los estudios de F LORES G ALINDO , 1984; FLORES G ALINDO (comp.), 1987. B ONILLA et al., 1981. O’P HELAN , IX/2 (Lima, 1985): 155-191. F ISHER , 59/2 (Durham, 1979): 232-257. (^11) B ONILLA et al., 1981: 51-52.
La más reciente contribución en la línea temática que iniciaron Berruezo y Rieu-Millan corresponde al estudio que Manuel Chust ha dedicado al trata- miento de la cuestión nacional americana en Cádiz y en el que el asunto clave a indagar es la proyección internacional del parlamentarismo español, es decir, el impacto del liberalismo doceañista no sólo en España sino en América 14. En esta obra se destaca el laborioso proceso que debieron seguir los diputados su- plentes americanos para lograr que los diputados liberales de la Península les reconocieran como legítimos representantes de sus territorios. A su vez, tal re- conocimiento cimentó la convicción liberal de los diputados americanos. Chust estudia el debate suscitado por los americanos en torno a la concesión de la ciudadanía a los indígenas, la abolición de la mita, del tributo y de los re- partos de mercancías cuyo radicalismo fue en contra de las jurisdicciones par- ticulares de la nobleza. Concluye así que los americanos marcaron el pulso del debate parlamentario español y debido a esa postura las Cortes fueron más re- formistas que los Borbones del siglo XVIII. El papel jugado por los diputados peruanos en ese impulso liberal fue relativamente escaso en comparación con los mexicanos, los cubanos y los neogranadinos. Se destaca en el estudio las propuestas federalistas del diputado Ramón Feliú, que por su audacia sorpren- dieron a los propios liberales españoles. Pero también resalta en el estudio de Chust las prevenciones de los liberales americanos y peninsulares en promo- ver la abolición de la esclavitud negra o al menos prohibir la trata de esclavos así como en limitar el poder de la iglesia. Con todo, este autor concluye en que mientras los liberales españoles consiguieron con la constitución aprobar una serie de decretos que de aplicarse habrían derruido el entramado feudal de la Península, los diputados americanos creyeron haber fomentado una serie de medidas que habría supuesto la sustitución del régimen colonial por un auto- nomismo liberal.
Entre fines de la década de los ochenta y comienzos de los noventa se pro- dujo en los medios académicos europeos un renovado interés por la historia política de la mano de historiadores como Jean François Sirinelli, François Fu- ret, Raffaele Romanelli, Pierre Rosanvallon y Antonio Annino, entre otros. Si- guiendo ese mismo sendero para la historia de América Latina fueron funda- mentales los trabajos de François-Xavier Guerra, en especial Modernidad e Independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Guerra propuso una amplia agenda de trabajo para comprender las independencias en América en el contexto de la revolución hispánica cuyo marco cronológico estaba de- marcado por los años transcurridos entre 1808 y 1814. Los rasgos más repre-
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(^14) C HUST , 1999.
sentativos de ese liberalismo hispánico marcado por su precocidad y por su abrupto estallido como resultado de la crisis de la monarquía hispánica y la in- vasión de la Península Ibérica por Napoleón Bonaparte fueron múltiples, pero podían resumirse en la proclamación de la soberanía nacional, la división de poderes, la libertad de imprenta, los derechos del hombre y el régimen repre- sentativo. Tales conquistas de la modernidad fueron garantizadas por una constitución en 1812 que otorgó a las Cortes de Cádiz un protagonismo cen- tral, al punto tal de afirmar Guerra en un ensayo póstumo que «la proclama- ción de la soberanía nacional por las Cortes de Cádiz en su primera sesión es, como en la Revolución Francesa, un cambio de primera magnitud» 15. Fueron múltiples los estudios publicados por François-Xavier Guerra relacionados con la conformación del imaginario político, la adopción de nuevas formas de sociabilidad, la introducción de la representación política y el fomento de los espacios públicos en la América española. Una de las conclusiones fundamen- tales de este autor fue que el liberalismo hispánico, debido a una serie de obs- táculos exógenos y endógenos, no logró sortear el paso de la tradición a la modernidad y por ello se promovió toda una serie de híbridos en la política americana como la ficción democrática, la representación estamental y el cor- porativismo, los republicanismos antiliberales y otros rasgos políticos y cultu- rales propios del Antiguo Régimen 16. Para el área andina la tarea de perfilar una nueva historia política en la lí- nea de Guerra fue emprendida por Marie-Danielle Demélas-Bohy, en una obra resultado de su tesis de doctorado de Estado sustentada en París en 1990 que dos años después publicó con el título de L’Invention politique. Bolivie, Equa- teur, Pérou au XIXe siècle^17. Con relación al impacto en las tres administracio- nes andinas de las Cortes de Cádiz esta autora concluye que en términos gene- rales el liberalismo hispánico sucumbió a las prácticas del Antiguo Régimen, porque al surgir «de principios y formas antiguas, la modernidad política his- pánica desembocó en la fragmentación del imperio y en el duradero éxito del caciquismo» 18. Para llegar a esta rotunda afirmación Demélas-Bohy dedica la primera parte de su libro a tratar dos complejos asuntos como fueron el del ca-
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(^15) G UERRA , 3/2 (Santiago, 2004): 11. (^16) G UERRA , 1992; GUERRA (dir.), 1995. GUERRA y L EMPÉRIÈRE et al. , 1998. GUERRA (coord.), 225 (Madrid, 2002). G UERRA , 2003: 89-110. (^17) D EMÉLAS -B OHY , 1992. También D EMÉLAS -B OHY y G UERRA , 60 (Toulouse, 1993a): 5-57. (^18) D EMÉLAS -B OHY , 2003: 259. A pesar de que entre la edición francesa y la española hay una distancia de once años con múltiples trabajos que ampliaron los temas abordados por esta autora, en una breve advertencia Demélas-Bohy no consideró necesario hacer ninguna alusión a los mismos.
segundo, la constitución y funcionamiento de los ayuntamientos constitucio- nales y las diputaciones provinciales; tercero, la cuestión étnica y el conflicto interracial; y cuarto, la conformación de una nueva cultura política en el marco de la libertad de imprenta 20.
La naturaleza y dinámica de los procesos electorales
El proceso electoral peruano bajo la normativa de la Constitución de Cádiz (1809-1814 y 1820-23) ha sido estudiado bien como parte de una coyuntura electoral mayor o a partir de estudios de caso. En el primer caso dos autores, Valentín Paniagua Corazao y Gabriella Chiaramonti, enmarcan el sufragio en la época gaditana dentro de una visión panorámica de largo aliento. El ex pre- sidente de la república Paniagua, quien fue también un profundo conocedor del derecho electoral, publicó una documentada obra dedicada a las elecciones en el Perú entre 1809 y 1826, periodo que a su entender se caracterizó por rea- lizarse elecciones bajo influencia extranjera. Esta postura resulta polémica so- bre todo al afirmar el autor que «el constitucionalismo peruano rompe amarras ideológicas y políticas con el pasado y con el extranjero sólo a partir de 1827» 21. Lo dicho resulta cierto en el estricto ámbito jurídico pero no puede afirmarse lo mismo si se atiende a la continuidad de la cultura política en el paso de la colonia a la república. Uno de los aportes fundamentales de Pania- gua fue enfatizar que las Cortes de Cádiz introdujeron los gobiernos locales re- presentativos en el Perú, pero, a su vez, fue una fuente de inestabilidad política entre absolutistas y liberales. Otra obra complementaria y casi coincidente con la de Paniagua fue publicada en 2002 por Gabriella Chiaramonti bajo el título de Sufragio e rappresentanza nel Perú dell’800. Esta obra se nutre de los traba- jos de la más reciente historia electoral latinoamericanista y fundamentalmen- te asume los postulados teóricos de Antonio Annino respecto al reforzamiento de las identidades corporativas y la resignificación de la soberanía popular en América a partir del fortalecimiento del municipio^22. Su propuesta se resume en que los procesos electorales celebrados en las dos coyunturas del liberalis- mo hispánico lejos de promover la centralización como deseaba la metrópoli condujeron a una fragmentación territorial, al reforzamiento de los sujetos co- lectivos territoriales y a la fortificación de una cultura política de tipo pactista.
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(^20) A LJOVÍN DE L OSADA y N ÚÑEZ , 6 (Lima, 2006): 219-241. RAGAS R OJAS , 6 (Lima, 2006): 243-272. I RUROZQUI V ICTORIANO , 2005b: 13-40. (^21) P ANIAGUA C ORAZAO , 2003: 42. (^22) En la línea argumentativa de Annino el tema de la «territorialización» de la Audiencia de Quito a partir del aumento del poder del municipio ha sido estudiado por M ORELLI , 2001.
A la larga la alta concentración del electorado en el ámbito de la elección pa- rroquial reforzó la asociación entre la representación y unos ayuntamientos que devinieron en una «multiplicidad de polos de poder absolutamente inde- pendientes y autónomos entre sí» 23. Chiaramonti postula que el reforzamiento de la soberanía en torno a los municipios corrió paralelo al debilitamiento del Estado y esto fue una constante hasta la segunda mitad del siglo XIX, de ahí que «en el Perú, como en las demás áreas hispanoamericanas, la institución de esta gran cantidad de municipios, iguales e independientes entre sí y dotados legal y prácticamente de amplios poderes, constituirá un incómodo legado» 24 del liberalismo hispánico.
A las visiones generales de Paniagua y Chiaramonti se debe sumar un re- ciente artículo de José Ragas dedicado al efecto del miedo en las elecciones celebradas entre 1810 y 1931 con breves referencias a la época en que Abascal tuvo que lidiar con esa práctica inédita en la conformación de los cabildos y diputaciones provinciales 25. También se añade el original estudio preparado por Francisco Núñez sobre la participación electoral indígena entre 1812 y
Del proceso electoral celebrado entre 1812 y 1815 los estudios de caso han privilegiado hasta el momento dos áreas: Cuzco y Lima. En el caso de la capi- tal cuzqueña Víctor Peralta Ruiz incidió en el ambiente de politización que precedieron y siguieron a las elecciones del ayuntamiento constitucional entre 1812 y 1815. Lejos de representar una ficción democrática, la contienda elec- toral del 7 de febrero de 1813 derivó hacia una compleja pugna por el poder en la antigua capital de los incas que enfrentó a constitucionales y absolutistas, a criollos y peninsulares, así como a regionalistas y centralistas. El desenlace de
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(^23) C HIARAMONTI , 2002; se utiliza la edición en español publicada en Perú como C HIARAMONTI , 2005: 184. (^24) C HIARAMONTI , 2005: 197. (^25) R AGAS R OJAS , 2005: 233-256. (^26) N ÚÑEZ , 2005: 361-394. (^27) B ASADRE , 1980. C HIARAMONTI , 2005: 208-320. G AMBOA , 2 (Lima, 2003): 169-200. A GUILAR , 2002.
Lo ocurrido en Lima y Cuzco demarca los alcances y límites del funciona- miento del primer sistema representativo que tuvo el Perú. Lo que más resalta en estos dos casos es la significativa y espontánea participación popular a ni- vel de la elección parroquial. Sin embargo, ello no evitó que finalmente el pro- ceso electoral se viciara en las elecciones de mayor calado como eran las pro- vinciales en las que se elegían a los diputados a Cortes y a la diputación pro- vincial. Fue en estas últimas en donde el gobierno virreinal pudo controlar con facilidad a los electores y a los elegidos. Comprobar esta tendencia en el resto de las circunscripciones, especialmente en Piura, Lambayeque, Trujillo, Caja- marca, Huánuco, Tarma, Arequipa y Puno es una tarea pendiente de la histo- riografía electoral peruana. Otra circunstancia que debería tomar en consideración la historiografía pe- ruana es que durante el interregno liberal se celebraron elecciones en circuns- cripciones administrativas ajenas a las del virreinato que tuvieron innegables repercusiones en ésta. Tal es el caso de la provincia de Guayaquil, a la que Abascal arbitrariamente incorporó en las elecciones que debían nombrar al re- presentante del reino del Perú ante la Junta Central. Como se sabe, el ayunta- miento guayaquileño eligió en julio de 1809 a José Silva y Olave, a quien fi- nalmente el real acuerdo de Lima seleccionó como su representante en Espa- ña. Pero, como ha demostrado Jaime Rodríguez, por disposición de Abascal también se impuso la constitución gaditana a Guayaquil y se celebraron las elecciones populares entre enero y febrero de 1813 para conformar el ayunta- miento constitucional y elegir el representante a Cortes. El jefe político supe- rior y gobernador Juan Vasco y Pascual incluso organizó el proceso electoral en Guayaquil siguiendo las instrucciones de la Junta Preparatoria peruana^31. Un fenómeno similar ocurrió en la Audiencia de Charcas cuando durante la coyuntura de ocupación del ejército realista del virrey Abascal entre 1812 y 1814 se decidió jurar y aplicar la carta política española y se llegaron a cele- brar elecciones para formar ayuntamientos en Charcas, Potosí y La Paz 32. Debe recordarse asimismo que Abascal en 1813 controló al sur del territorio chileno las plazas de Valdivia y Chiloé y como circunscripciones anexionadas al Perú hizo aplicar la Constitución de 1812 para que estas circunscripciones tuviesen representantes en las Cortes.
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(^31) R ODRÍGUEZ O., 2006: 125-186. (^32) I RUROZQUI V ICTORIANO , 4 (La Paz, 2001): 47-74.
La constitución y el funcionamiento de los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales
En relación con el funcionamiento de los ayuntamientos constitucionales y de las dos diputaciones provinciales que tuvo el virreinato, las de Lima y Cuz- co, el autor de este artículo ha publicado recientemente un estado de la cues- tión 33. Poco se puede añadir con relación a la formación de gobiernos locales en las capitales de provincia ya que una profunda radiografía de su conforma- ción entre 1813 y 1814 ha sido realizada por Paniagua^34. El problema para Chiaramonti lo representaron los llamados ayuntamientos «nuevos» ya que al- gunos de ellos, como el de la urbe minera de Hualgayoc, fueron conformados por los vecinos y los poderes locales sin estar autorizados, sin contar con cen- so e incluso sin realizarse elecciones parroquiales 35. Tal fue en opinión de esta autora el inicio de esa «territorialización» oligárquica que iba a minar la posi- bilidad de conformar una representatividad moderna en el siglo XIX. ¿Puede calificarse lo ocurrido en Hualgayoc como un caso excepcional o más bien la norma que caracterizó el proceso electoral peruano en esta época? Los nuevos estudios tienen el reto de detectar las anomalías en relación con el número de ayuntamientos locales que debieron constituirse y que se constituyeron de acuerdo al principio constitucional de que éstos no podían formarse en pueblos «cuya población no llegara a las mil almas». Sólo así se podrá demostrar la su- gerente hipótesis de Chiaramonti. Sobre los ayuntamientos constitucionales en las capitales de provincia se puede destacar que su implantación fue menos tensa de lo esperado. Las juntas preparatorias de estas elecciones que presidieron el virrey y los intendentes en las ocho circunscripciones peruanas (Lima, Cuzco, Puno, Arequipa, Trujillo, Huamanga, Huancavelica y Tarma) funcionaron con relativa tranquilidad y no hubo mayores problemas en confeccionar los censos electorales utilizando las estadísticas oficiales del censo de población realizado por el gobierno del vi- rrey Gil de Taboada y Lemus en 1796 y que se complementaron con los datos proporcionados por los curas de parroquia. En la provincia de Puno hubo pro- blemas para elaborar esta estadística porque cuando el censo de población se confeccionó ésta pertenecía al virreinato del Río de la Plata. El problema pu- neño se solucionó parcialmente recurriendo la junta preparatoria a los no fia- bles padrones de tributarios. Sin embargo, las mayores dificultades para censar a la población se produjeron en las pequeñas circunscripciones rurales en don-
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(^33) P ERALTA R UIZ , 2005b: 65-92. (^34) P ANIAGUA , 2003: 181-235. (^35) C HIARAMONTI , 2005: 156-176.
no se produjo. Más recientemente, Víctor Peralta hizo algunas observaciones sobre las dificultades que existieron para constituir las diputaciones provincia- les de Lima y Cuzco. En relación con su desenvolvimiento cabe destacar el ab- soluto sometimiento de la diputación limeña al poder de Abascal que la presi- día y en el caso del Cuzco el conflicto institucional en que se enfrascaron la di- putación provincial y el cabildo constitucional^38. Por último, es necesario recordar que en la compilación sobre América y las Cortes de Cádiz realizada por Castillo Meléndez, Figallo Pérez y Serrera Contreras se incluye un docu- mento hallado en el Archivo General de Indias relacionado con el interés de la Diputación Provincial de Lima por responder al cuestionario de la Regencia sobre el estado de sus provincias a partir de la confección de una relación geo- gráfica 39.
La cuestión étnica y el conflicto interracial
La aparición en 1999 del libro de Jesús Cosamalón Indios detrás de la mu- ralla vino a cuestionar la conocida tesis sobre los conflictos interraciales irre- conciliables dentro de la plebe urbana limeña descritos admirablemente por Alberto Flores Galindo en Aristocracia y plebe. Evidentemente hubo conflic- tos en las relaciones cotidianas entre los indios, los negros, los mulatos, los pardos y otras castas en la ciudad de Lima a principios del siglo XIX, pero Co- samalón demostró que también se gestaron espacios de convivencia e integra- ción social entre estos sectores populares que el autor pudo rastrear a partir de su estudio de los registros parroquiales relacionados con los matrimonios cele- brados en la iglesia de Santa Ana 40. Este ejemplo reciente prueba cómo la cuestión étnica es un asunto cuyo abordaje exige minuciosos análisis acordes con los distintos contextos temporales y geográficos en que se enmarcan. La cuestión étnica en las Cortes de Cádiz ha sido desde hace varias déca- das un tema clave para la historiografía peruana. Christine Hünefeldt resumió en dos estudios pioneros los principales alcances y límites del proyecto liberal gaditano en el tratamiento de los casos de los indígenas y de los esclavos ne- gros y las reacciones que esta circunstancia suscitó en ambos estamentos 41. Es de sobra conocido que en las sesiones ordinarias celebradas en las Cortes nin- gún diputado peruano cuestionó la condición de españoles y ciudadanos de la población indígena, a pesar de los intentos que hubo por considerarles sujetos
82 VÍCTOR PERALTA RUIZ
(^38) P ERALTA R UIZ , 2005b: 86-91. (^39) C ASTILLO M ELÉNDEZ , F IGALLO P ÉREZ y S ERRERA C ONTRERAS , 1994: 375-504. (^40) C OSAMALÓN A GUILAR , 1999. (^41) H ÜNEFELDT , 11-12 (Lima, 1978): 33-57; III/1 (Lima, 1979): 17-51.
en «minoría de edad». En cambio distinta fue la consideración que estos mis- mos representantes tuvieron con las castas en las que se insertaban todos los géneros raciales asociados con la población negra. Para justificar la exclusión política de esta población se fomentaron estereotipos como el de que los ne- gros eran africanos, fieros y malhechores 42. Esta exclusión legal no sólo afectó a los esclavos y libertos sino también a los mulatos y a los pardos. La constitu- ción excluyó a los negros de los primeros procesos electorales pero en la prác- tica las autoridades virreinales fueron algo flexibles en su marginalidad políti- ca. En el padrón electoral de Lima de 1813 los negros aparecieron menciona- dos en las categorías de esclavos y esclavas, pero los mulatos y los pardos en consideración al hecho de ser médicos, barberos, artesanos o miembros de la milicia fueron incluidos en la categoría de ciudadano sin voto. Pero éstos no se conformaron con esta concesión. Un grupo de pardos en Lima estuvo al tanto de los debates sobre su condición política en las Cortes de Cádiz y al saberse excluido de los derechos de ciudadanía publicó en Lima un folleto en el que demandaba su inclusión en las futuras elecciones como ciudadanos con dere- cho a elegir y ser elegidos 43. El pedido no prosperó y, por el contrario, en los periódicos limeños se hicieron, con la anuencia del virrey, interesadas alusio- nes a la participación ilícita de los negros, los mulatos y otras castas en las elecciones parroquiales como forma de deslegitimar este acto político 44.
En el caso de la población indígena los análisis de la década de los ochenta del siglo pasado se concentraron en los debates que en las Cortes de Cádiz sus- citó la abolición de la mita y del tributo y su impacto en la economía de las co- munidades y en la real hacienda del virreinato^45. En los últimos años el interés de los investigadores se ha trasladado a analizar la participación política de los indígenas en las elecciones celebradas entre 1812 y 1814. Demélas-Bohy planteó algunas sugerentes hipótesis sobre las elecciones en los pueblos indí- genas en un artículo publicado en 1995. Señaló de modo pertinente que en el mundo hispánico las poblaciones indígenas votaban a sus autoridades antes de que las Cortes de Cádiz les concedieran el sufragio amplio. ¿Cuál fue entonces la diferencia entre una y otra coyuntura? A su entender ninguna, ya que las elecciones celebradas por mandato de la Constitución de 1812 movilizaron a los pueblos andinos pero éstos no votaron como individuos o ciudadanos sino
EL IMPACTO DE LAS CORTES DE CÁDIZ EN EL PERÚ. UN BALANCE HISTORIOGRÁFICO (^83)
(^42) O’P HELAN , 1 (Lima, 2002): 171-175. (^43) Colección de los discursos que pronunciaron los señores diputados de América contra el artículo 22 del proyecto de constitución. Ilustrados con algunas notas interesantes por los es- pañoles pardos de esta capital, Lima, Imprenta de los Huérfanos, 1812: 65; un estudio de este documento en P ERALTA R UIZ , 2002a: 130. (^44) A GUIRRE , 1993: 34; 2005: 162. H ÜNEFELDT , 1994.
con sus jornadas de trabajo, las acusaciones de fraude con el voto corporativo indígena por temor de que los alcaldes indios optaran por vengarse de los es- pañoles y la extrema dificultad que tuvieron los indígenas para acceder a la condición de electores de partido con vistas a elegir a los diputados provincia- les y los representantes a Cortes 49.
Los estudios realizados por Claudia Guarisco sobre los cabildos indígenas peruanos a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX han cambiando la idea que se tenía sobre estas instituciones a las que hasta hace poco se conside- raba en decadencia y arcaicas. Paradójicamente, esta investigadora llega a la conclusión de que las ordenanzas de intendentes de 1784 permitieron que los cabildos de indios asumiesen una representación más cercana con los intereses del común que los antiguos cacicazgos. A partir del estudio de una serie de ca- sos demarcados por la provincia de Lima y el valle de Ica, Guarisco concluye que los comuneros aceptaron sin problemas que el cabildo de indios asumiese la responsabilidad de recaudar sus tributos y repartir las tierras porque vieron en ello la garantía para mantener sus espacios de autonomía financiera. Los alcal- des, regidores y quipucamayocs no solo asumieron la responsabilidad de admi- nistrar justicia, fomentar escuelas y realizar funciones de policía sino que tam- bién representaron a los indios del común en las solicitudes de privilegios o pedimentos relacionados con los bienes de comunidad, el culto y las obras pú- blicas. En otras palabras, las comunidades indígenas prefirieron la era de los ca- bildos de indios cuyo poder era temporal y no deparaba mayor privilegio econó- mico a la anterior etapa dominada por los caciques. Y es que las elecciones de los alcaldes indios también adquirieron un componente más democrático para una comunidad, al señalarse como criterios de selección que los candidatos de conducta «arreglada» se turnasen, permitiendo que un año gobernasen los pue- blos de cabecera y otro año los anexos^50. Fueron incluso socialmente más recep- tivas que las comunidades del valle de México al tener una política de inclusión de los indios forasteros. Los alcaldes hicieron un uso más eficiente de la caja ge- neral de censos, de las cofradías y de las fiestas y ello convirtió al cabildo en un intermediario con mayor capacidad para negociar la autonomía de sus comuni- dades frente a las autoridades gubernamentales y la Iglesia.
Si los cabildos de indios se caracterizaron por alcanzar una alta vitalidad institucional entre 1770 y 1812, ¿cuál fue el impacto en ellos de la introduc- ción de los ayuntamientos constitucionales? Su investigación está aún en curso pero de los ejemplos proporcionados recientemente se deduce que ella sostie-
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(^49) N ÚÑEZ , 2005: 373-392. (^50) G UARISCO , 12 (Lima, 2004a): 99-131; 39 (Lima, 2004b): 203-226.
ne que los indios acataron pero no cumplieron las disposiciones constituciona- les. En la intendencia de Lima los indios participaron en las elecciones de sus ayuntamientos constitucionales conscientes de que estos debían preservar la dinámica de funcionamiento de sus fenecidos cabildos. De ahí su interés en votar corporativamente para ocupar todos los cargos capitulares con el propó- sito de preservar el statu quo logrado en 1784. A diferencia del caso novohis- pano en el que la formación de los ayuntamientos fue con frecuencia el resul- tado de la negociación entre indios, mestizos y españoles, en el caso peruano los indios optaron por evitar esta inclusión. Es decir, que en el tránsito de súb- ditos a ciudadanos los indios de Lima adoptaron la estrategia de defender la vigencia de unos ayuntamientos autónomos y democratizados en el periodo tardocolonial que, necesariamente, pasaban por ser étnicamente excluyentes 51.
La conformación de una nueva cultura política
El decreto de libertad política de imprenta sancionado por las Cortes de Cádiz el 10 de noviembre de 1810 entró en vigor en Lima con su publicación el 18 de abril de 1811. Se llegaron a editar ocho periódicos en Lima y por eso Pablo Macera, en una revisión sintética publicada el año en que se conmemoró el sesquicentenario de la independencia, calificó el periodismo de 1811 a 1813 como la expresión de un liberalismo criollo minoritario y con un alcance geo- gráfico y social reducido a una clientela fundamentalmente limeña^52. A pesar de esta afirmación desalentadora, el periodismo de la época de las Cortes lla- mó la atención de algunas historiadoras como fueron los casos de Ella Dunbar Temple que estudió El Investigador y de Carmen Villanueva que fue responsa- ble de la edición de El Peruano para la Colección Documental de la Indepen- dencia del Perú e hizo un importante estudio introductorio 53. El estudio más completo de los periódicos del primer liberalismo peruano hasta hoy realizado es la tesis doctoral de Ascensión Martínez Riaza publica- da en 1985. En realidad esta investigadora enmarcó su estudio en dos coyun- turas: la primera caracterizada por los periódicos doctrinales que compartie- ron con los liberales peninsulares su intención de transmitir a la opinión pú- blica una ideología liberal (1811 a 1813), y la segunda demarcada por los periódicos patrióticos que, desvinculándose de la monarquía hispánica, orientaron su liberalismo a la conformación de una opinión favorable a la construcción del Estado nacional (1821-1824). En relación con la primera
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(^51) G UARISCO , 2004c: 4; 2006: 153-170. (^52) M ACERA , 1977, tomo 2: 325-342. (^53) D UNBAR T EMPLE , 1936. V ILLANUEVA , 1974; V ILLANUEVA , 2006: 187-203.