PRACTICA FINAL DEL DERECHO A LA EDUCACION
El recurso de amparo promovido por don Antonio Gómez Linares y otras tres personas
más acontece después de dictarse Sentencias en instancias inferiores, como lo es la
Audiencia provincial de Málaga y el Juzgado de Primera instancia de Coín, al
plantearse recurso de amparo y demanda alegando supuesta vulneración de los derechos
a la educación y a no padecer discriminación por razón de nacionalidad,
respectivamente.
El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Coín, dictó sentencia ordenando a los
demandantes que escolarizasen a sus respectivos hijos menores de edad en el ciclo
escolar básico en el curso 2003-2004. Esta sentencia fue recurrida en apelación como
hemos señalado anteriormente ante la Audiencia Provincial de Málaga, en la que los
recurrentes aducían incongruencia extra petita. La audiencia negó esta incongruencia y
dictó sentencia desestimatoria.
El Ministerio Fiscal al amparo de la ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, solicitó que se acordara la inmediata escolarización de los hijos
menores de los demandantes, quienes justificaban que esa ausencia se debía a que ellos
se ocupaban personalmente de la educación de los menores e incluso ésta era descrita
por los mismos de más adecuada a la que se imparte en los centro públicos o privados
en un aula de treinta o cuarenta alumnos, afirmando por lo tanto que no se está
causando a los menores ningún perjuicio.
Lo que el Ministerio Fiscal plantea no es el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la patria potestad recogidas en el artículo 154 del CC sino la escolarización
obligatoria, esto es la Constitución de 1978 no protege la obligatoriedad de la
escolarización, sino el derecho a la educación y ambos términos no pueden confundirse
ya que lo uno no implica lo otro.
Existe un derecho universal a la educación como así recoge el artículo 27 de la CE en su
apartado primero, completando en su apartado cuarto que esa educación es obligatoria
y gratuita en su nivel básico (incluye diez años de escolaridad, de tal manera que se
iniciará a los seis años de edad y se extenderá hasta los dieciséis). Los poderes públicos
tienen la competencia de garantizar ese derecho mediante dos acciones, una ordenar la
programación de la enseñanza básica y dos crear los necesarios centros docentes.
Teniendo en cuenta esto, diremos que el principal derecho afectado en este caso es el
reconocido en el artículo 27 de la CE al que ya hemos hecho referencia y que no
permite que los padres nieguen a los hijos el derecho y la obligación que tienen de
participar en el sistema oficial de educación, de forma que la exclusión de este sistema
judicial pudiese generar a los menores serios problemas en su desarrollo futuro, tanto en
el ámbito académico, como social y de integración con otros niños de su edad.
La escolarización está integrada en el concepto básico de derecho a la educación, esto
no quiere decir que los padres no puedan enseñar libremente a sus hijos fuera del
