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TEMA 8 pg 126- 142 LA DISCIPLINA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS La teoría del enfoque declarativista del impuesto sostiene que la obligación tributaria surge automáticamente ex lege, es decir, cuando se dan ciertos hechos establecidos por la ley como base imponible. En este contexto, la actividad evaluadora de la autoridad administrativa para cuantificar y liquidar la obligación tributaria se considera necesaria pero no constitutiva de la relación tributaria. A nivel procesal, si un contribuyente recibe una liquidación que no refleja su situación real, puede recurrir a los tribunales para proteger sus derechos subjetivos, especialmente el derecho a una tributación justa. En este enfoque, el juez se centra en la existencia y correcta aplicación de la obligación tributaria establecida por la ley, y no en revisar el acto administrativo. Los defectos formales del acto administrativo se consideran pretexto para la evaluación judicial del crédito tributario. Esta teoría sigue siendo predominante en la jurisprudencia actual, considerando el acto de evaluación como una mera cuantificación de la base imponible. El enfoque constitucionalista reconstruye el fenómeno tributario otorgando importancia a la fase publicitaria de la valoración sobre el momento genético de la obligación tributaria. Se excluye la creación de la obligación tributaria por el mero requerimiento legal, abriendo paso a un nuevo enfoque donde la obligación surge después de la emisión del aviso de evaluación. En este contexto, la ley tributaria se concibe como una norma instrumental que otorga a la autoridad administrativa el poder de dictar medidas tributarias, con efectos constitutivos de la relación tributaria obligatoria. A nivel procesal, los defectos formales del acto impugnado, especialmente la motivación, adquieren importancia fundamental, permitiendo al contribuyente solicitar la revisión judicial y la anulación del acto tributario ilegítimo. Sujetos del derecho tributario: Patrimonio El patrimonio es un sujeto del derecho tributario, siendo el Estado el sujeto activo principal. Este organismo fiscal tiene la facultad de aplicar y recolectar impuestos, convirtiéndose en el destinatario del beneficio fiscal. Generalmente, estas entidades son públicas, como el Estado y organismos territoriales menores, aunque la ley puede atribuir esta facultad a sujetos distintos a la administración pública. La organización de la administración financiera es fundamental en este proceso. El Ministerio de Economía y Finanzas , que incluye el Consejo Nacional y los Comités Fiscales, desempeña funciones políticas y de control, elaborando documentos normativos para la planificación y coordinación administrativa. Las agencias tributarias, entidades públicas con personalidad jurídica y autonomía de gestión, llevan a cabo actividades de gestión y control de las relaciones tributarias individuales según las directrices ministeriales. Están divididas en la Agencia de Ingresos, la Agencia de Aduanas y la Agencia de Propiedad Estatal, cada una con funciones específicas. Estas agencias, supervisadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y controladas por el Tribunal de Cuentas, tienen oficinas locales y periféricas que realizan diversas tareas operativas y de atención al contribuyente.
El agente de cobranza se encarga de recaudar el crédito fiscal, incluso mediante la ejecución forzada de impuestos. Tras la supresión de Equitalia en 2016, la recaudación la realiza la Agencia-Recaudación de Ingresos, sujeta a supervisión del Ministro de Economía, mientras que en autoridades locales la normativa varía, pudiendo ceder el servicio de recaudación a la Agencia o a terceras empresas inscritas. El Garante del Contribuyente es una oficina presente en cada dirección regional de la Agencia Tributaria, establecida por el artículo 13 del Estatuto de Derechos del Contribuyente. Se trata de un cuerpo monocrático liderado por una persona con habilidades jurídico-económicas específicas, elegida por el presidente de la comisión fiscal regional. Esta oficina opera de forma independiente al aparato administrativo y nunca reemplaza a las oficinas de administración financiera morosas. Su función principal es detectar y proponer soluciones para anomalías en las actividades financieras, comparándolas con la administración financiera. Se basa en informes de irregularidades del contribuyente u otras partes interesadas para atender solicitudes de aclaraciones o documentos a las oficinas competentes, y activa procedimientos de autoprotección respecto a actos administrativos de liquidación o cobro notificados por el contribuyente. Puede actuar tanto por iniciativa propia como por noticias adquiridas, pero carece de facultades sancionadoras Las responsabilidades El sujeto pasivo del impuesto es el propietario del hecho económico que constituye el requisito previo del impuesto, también conocido como contribuyente. Aunque generalmente coincide con la persona que tiene la capacidad contributiva, en algunos casos la ley puede obligar a otros sujetos al pago del impuesto por razones de simplificación administrativa o para garantizar una recaudación más segura. El agente de retención de impuestos es aquella persona obligada por ley a pagar impuestos en lugar de otros, por hechos o situaciones que les sean atribuibles. La ley prevé tanto el derecho de compensación como una obligación de pago para el agente retenedor, lo que implica un carácter preceptivo de la norma. Mientras que en el pasado solo el sustituto era considerado responsable del pago del impuesto, hoy se reconoce al reemplazado como portador de la capacidad de pago. El agente retenedor sustituye al sujeto pasivo en las relaciones con la administración financiera, y esta sustitución puede ocurrir con o sin obligación de recurso, generando diferentes implicaciones. La sustitución tributaria ofrece varias ventajas: asegura una mayor seguridad en la recaudación de impuestos al utilizar la retención, simplifica las relaciones fiscales al concentrarlas en un solo sujeto, permite una recaudación oportuna y evita que la persona reemplazada sufra económicamente por el impuesto. Los sustitutos incluyen empresas comerciales, entidades comerciales, personas naturales que realizan negocios, entre otros. Se puede hacer mediante una tasa fija sobre la suma pagada o mediante retención
Los plazos pendientes en la fecha del fallecimiento o que vencen dentro de los 4 meses se prorrogan por 6 meses. Las escrituras dirigidas al fallecido pueden notificarse a los herederos en su último domicilio conocido si no han comunicado su domicilio fiscal. Los herederos también pueden cumplir con las obligaciones del IVA derivadas de las operaciones del fallecido, incluso si están vencidas, dentro de los 6 meses siguientes al fallecimiento, si vencieron dentro de los 4 meses previos a este evento. TEMA 9: PARTICIPACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN TRIBUTARIA La obligación de declarar impuestos es fundamental para la recaudación tributaria y varía según el impuesto aplicable. Se destacan varios aspectos:
- Formato y Contenido: Los contribuyentes deben utilizar formularios proporcionados por la administración estatal, que contienen secciones específicas para declarar datos relevantes. Existen diferentes modelos según el tipo de impuesto y la naturaleza de los ingresos.
- Simplificación: La reforma de 2014 introdujo la declaración precargada, basada en información del registro tributario y otros datos, aunque los contribuyentes pueden modificarla si es necesario.
- Plazos: Las declaraciones deben presentarse en formato papel entre el 1 de mayo y el 30 de junio del año siguiente al período impositivo, o electrónicamente hasta el 30 de septiembre. Los agentes de retención tienen plazos específicos.
- Consecuencias del Incumplimiento: Las declaraciones tardías están sujetas a sanciones administrativas. Si se presentan dentro de los 90 días posteriores al vencimiento, siguen siendo válidas, pero después de ese período, se consideran omitidas.
- Naturaleza de la Declaración: Anteriormente se consideraba que la declaración tenía un carácter negociador similar a la confesión, pero esta idea ha sido abandonada. Ahora se entiende como una manifestación de la voluntad del contribuyente, sujeta a ciertos efectos legales. En resumen, la obligación de declarar impuestos es esencial para el funcionamiento de la recaudación tributaria, y su cumplimiento adecuado es crucial para mantener la transparencia y la eficacia en el sistema fiscal. Los principales efectos jurídicos vinculados por la ley a la declaración de impuestos son: a) Si el declarante no ha pagado voluntariamente los impuestos indicados en la declaración, la autoridad fiscal puede recogerlos compulsivamente.
b) Si la declaración muestra un saldo a favor del contribuyente, como por ejemplo retenciones mayores a las que debía, esto establece el derecho del contribuyente a recibir un reembolso por parte de la administración fiscal, a transferir el excedente a una declaración posterior, o a utilizarlo como compensación con otras deudas con el tesoro. c) La presentación de la declaración garantiza al contribuyente ciertas garantías procesales en el caso de controles posteriores por parte de la autoridad administrativa. Obligaciones contables En ciertos ámbitos fiscales como el impuesto a la renta, IRAP e IVA, se requiere que los contribuyentes mantengan registros contables detallados. Estos registros están regulados por el Decreto Presidencial 600/1973 y deben documentar adecuadamente los hechos que determinan la base imponible. Para las actividades comerciales, existen dos tipos de contabilidad: la ordinaria, que incluye libros obligatorios y registros específicos, y la simplificada, que se centra en los registros esenciales requeridos por la legislación del IVA y algunas operaciones relevantes para el impuesto sobre la renta. Es responsable de las obligaciones contables: están obligados a llevar contabilidad ordinaria: - todas las sociedades anónimas y entidades comerciales sujetas al IRES, cualquiera que sea el importe de los ingresos generados;
- sociedades mercantiles, empresarios personas físicas y entidades comerciales, sólo si los ingresos de un año entero son superiores a 400 mil euros para las empresas cuyo objeto sea la prestación de servicios, o superiores a 700 mil euros para las empresas con otras actividades Las obligaciones contables en relación con el IVA incluyen el registro de adquisiciones y el registro de facturas. En el registro de adquisiciones, se anotan las facturas y cartas de aduana de los bienes y servicios adquiridos, especificando la base imponible y el impuesto aplicado. En el registro de facturas, se registran las facturas emitidas dentro de los 15 días posteriores a su emisión. Los minoristas que no emiten facturas utilizan el registro de tarifas para registrar la cantidad total de contraprestación al final de cada jornada hábil, desglosada según las tarifas aplicadas. Obligaciones de pago El contribuyente cumple con la recaudación fiscal a través del pago directo, ya sea de forma espontánea o forzosa tras un acto administrativo. Sin embargo, esta obligación no siempre se exige al momento de determinar la base imponible debido a la complejidad de los cálculos o la naturaleza periódica de los impuestos. Para garantizar la inmediatez en la recaudación, se realizan pagos temporales como depósitos.
TEMA 10 ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN
En la fase de implementación de la ley tributaria, donde la participación del contribuyente es significativa, el papel del administrador se centra en actividades de control y ejecución, especialmente en respuesta a comportamientos contrarios a la ley por parte de los contribuyentes. Para equilibrar el interés público en la aplicación de la ley tributaria y la protección de la integridad financiera del contribuyente, existen reglas que rigen las facultades del administrador. En primer lugar, las actividades de orientación implican la dirección y coordinación de la administración central hacia las oficinas periféricas para garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas. Esto se manifiesta a través de documentos de política interna, como circulares y resoluciones, que no afectan la relación fiscal pero guían la interpretación de la ley tributaria. Las circulares establecen reglas de conducta generales, mientras que las resoluciones abordan problemas específicos. En materia tributaria, el incumplimiento de estas instrucciones no exime a las oficinas periféricas del cumplimiento de la ley. Si un acto administrativo es declarado ilegítimo y el funcionario periférico actuó siguiendo instrucciones, la responsabilidad recae en el administrador. Pero si el funcionario actuó en contra de las instrucciones, la responsabilidad recae tanto en el administrador como en el funcionario. Los documentos de política con relevancia externa establecen criterios de acción para la actividad del administrador financiero, desempeñando una función directiva pero distinguiéndose por su impacto externo: su violación afecta la legitimidad del acto posterior emitido por la oficina, susceptible de revisión judicial. Emitidos por disposiciones del director de la agencia tributaria, decreto gubernamental o ministerial, pueden ser disposiciones administrativas generales o reglamentos ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES los decretos ministeriales que determinan los criterios selectivos para los controles del impuesto sobre la renta y del IVA, del impuesto sobre la renta sumario El derecho de apelación El Estatuto de los Derechos del Contribuyente establece que el administrador debe asegurar el conocimiento de las normativas fiscales y sus interpretaciones. Los contribuyentes tienen derecho a solicitar la opinión del administrador sobre interpretaciones fiscales inciertas. El silencio del administrador ante estas solicitudes se considera aceptación de la propuesta del contribuyente. Sin embargo, estas interpretaciones no son vinculantes y el contribuyente puede decidir si las sigue o no. Las respuestas a estas consultas no pueden ser apeladas directamente ante el juez fiscal. La solicitud de apelación debe presentarse libremente en la dirección regional de la agencia de ingresos competente según el domicilio del contribuyente. Para ser admitida, debe tratarse de casos concretos y personales que planteen una cuestión objetivamente incierta en la interpretación de la ley tributaria. Además, debe ser preventiva, presentada antes del vencimiento de los plazos
para la presentación de la declaración o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias relacionadas con el caso. La solicitud no debe abordar cuestiones previamente resueltas o sobre las cuales se hayan iniciado actividades de control. El Estatuto de los Derechos del Contribuyente distingue cuatro tipos de sentencia: a) Pregunta ordinaria pura o calificativa: Se refiere a la aplicación correcta de las reglas en casos de incertidumbre objetiva sobre su interpretación. b) Pregunta probatoria: Busca verificar la existencia de condiciones para acceder a un régimen fiscal especial, como el régimen de consolidación fiscal. c) Sentencia contra el abuso o la elusión: Tiene como objetivo demostrar la ausencia de requisitos para regular el abuso de derecho, justificando la operación con razones válidas que excluyan la sospecha de ahorro fiscal. d) Pregunta desaplicativa: Permite al contribuyente solicitar la inaplicación de disposiciones tributarias que limitan ciertas deducciones o créditos fiscales, demostrando que no pueden producirse efectos evasivos en su caso. La solicitud de no aplicación es única en el sentido de que el contribuyente solo está obligado a informar su deseo de inaplicar la norma restrictiva, sin presentar la solicitud. No obstante, la omisión de la solicitud puede resultar en una sanción. Esta solicitud solo puede ser recurrida ante el juez fiscal junto con la resolución fiscal emitida por la autoridad administrativa. TEMA 11 LA ACTIVIDAD FORMAL DE CONTROL E INVESTIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN En la fase de implementación de la ley tributaria, el administrador lleva a cabo actividades de control y ejecución que tienen como objetivo supervisar preventivamente la conducta del contribuyente. Esto se realiza como preparación para la emisión de actos habilitantes, lo que implica una fase de investigación interna y un procedimiento previsto para la emisión de la notificación de evaluación. Durante esta etapa, el administrador recopila elementos de hecho, datos e información relevantes para fines fiscales. Estos poderes se ejercen imponiendo al contribuyente obligaciones de hacer, dar (como la entrega de documentos) o tolerar (como someterse a inspecciones), lo que implica una interferencia en su libertad individual. Los poderes de investigación deben considerarse exhaustivos y abarcan una amplia gama de acciones.
las oficinas administrativas, utilizando las mismas facultades que les otorga la ley para adquirir datos útiles y determinar infracciones tributarias Cuestionarios: La oficina puede enviar cuestionarios al contribuyente solicitando datos e información específicos relevantes para la evaluación, sin consecuencias por no responder. Solicitud de aclaración: Basada en el principio de cooperación, la oficina envía al contribuyente una solicitud de aclaración con antelación sobre los datos en los que basará la liquidación del impuesto, permitiendo una estimación contradictoria antes de emitir el aviso de liquidación. Los casos en que la solicitud previa de aclaración al contribuyente constituye un requisito indispensable para la validez del documento de liquidación son: a) En los controles de las declaraciones en papel según los artículos 36bis y 36ter, donde la solicitud previa de aclaraciones es necesaria para la validez del documento de liquidación si se refiere a aspectos relevantes de la declaración. b) En la evaluación sintética de ingresos de personas físicas según el artículo 38 del dpr 600/1973, donde la oficina debe invitar al contribuyente a proporcionar datos e información relevantes antes de la determinación sumaria de la renta global. c) En la investigación por denuncias de abuso de derecho, donde el administrador debe notificar previamente al contribuyente una solicitud de aclaración antes de cualquier medida, y cualquier escritura tributaria posterior debe estar motivada, haciendo referencia a las aclaraciones proporcionadas por el contribuyente dentro de los 60 días. d) En el acto de impugnación de sanciones administrativas tributarias, donde se requiere una notificación de infracción que permite al infractor presentar defensas dentro de los 60 días, y si se decide imponer la sanción, se requiere una segunda disposición dentro del año siguiente, justificada con las deducciones del infractor. Las facultades investigativas que pueden ejercerse contra terceros Podrán ejercerse facultades de investigación frente a terceros tales como solicitudes de información, colaboración o, excepcionalmente, acceso. La Solicitud de Informaciónconsiste en comunicar, incluso salvo disposición legislativa o reglamentaria contraria, datos e informaciones relativos a personas o categorías de sujetos investigaciones bancarias consisten en solicitar a los bancos, a Correos italianos, a los intermediarios financieros, a las compañías y organismos de seguros, etc.,
datos, informaciones y documentos relativos a cualquier relación mantenida u operación realizada con los clientes. En el ámbito fiscal, la relación entre la actividad de control administrativo y la eventual evaluación fiscal posterior es diferente a la del derecho administrativo. Mientras que en el derecho administrativo las medidas cautelares están vinculadas necesariamente a la disposición administrativa final, en materia tributaria, la disposición final (como la notificación de evaluación) es una eventualidad que depende de los resultados de la investigación. TEMA 12 ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN TRIBUTARIA La actividad administrativa de control fiscal tiene como objetivo principal determinar la base imponible o el impuesto de manera diferente a la declarada por el contribuyente, ya sea rectificando la declaración o verificando si el contribuyente ha incumplido la ley al no presentar la declaración. Esta actividad, que puede terminar con la emisión de un acta de liquidación, es ejecutable y definitiva si no es impugnada dentro de los 60 días. La motivación del acto de liquidación debe contener el proceso lógico seguido por la oficina fiscal en la determinación del mayor crédito tributario, y la falta de motivación o contradicción evidente puede llevar a la nulidad del acto. La mayoría de los expertos no creen que el artículo 21 septies l sea relevante para impuestos. Tampoco se aplica el artículo 241/1990, que identifica casos de defectos excepcionales en los actos que los invalidan, ni el artículo que dice que si una medida se toma en violación de la ley pero su contenido estaría claro incluso siguiendo la normativa, no se puede anular. La valoración global de la renta de las personas físicas se puede realizar de dos maneras: la evaluación analítica y la evaluación resumida. La evaluación analítica implica identificar elementos que demuestren incompletitud, falsedad o inexactitud en la declaración del contribuyente. Se rectifican las rentas no declaradas correctamente, clasificándolas según su categoría. La evaluación resumida se realiza de forma global, comparando directamente la base imponible final con la renta total declarada por el contribuyente. Se basa en la identificación de fuentes productivas específicas de ingresos.
La evaluación parcial, aplicable al impuesto sobre la renta y al IVA, constituye una excepción al principio de unicidad de evaluación
. A diferencia de la evaluación ordinaria, no está limitada en su objeto y no requiere previa investigación por parte de la oficina. Originalmente, se aplicaba solo a informes del Centro de Servicio de Información Tributaria Directa, pero se amplió para incluir datos de diversas fuentes, como la Policía Financiera y datos obtenidos durante investigaciones preliminares. La característica distintiva es que el administrador puede emitir la liquidación inmediatamente cuando existen elementos que no requieren investigación adicional La legítima defensa y la cancelación automática de la evaluación son facultades administrativas que permiten revocar o anular un acto administrativo que se considere viciado tras una revisión. Esta facultad se aplica también a la facultad de gravar, según lo establecido por el Decreto Legislativo 564/1994, que otorga a los órganos administrativos competentes el derecho de anular o revocar oficialmente actos considerados ilegítimos o infundados, incluso mientras estén pendientes de juicio o en casos de actos inimpugnables. Esta facultad de autoprotección también abarca la capacidad de suspender los efectos de cualquier acto que parezca ilegítimo o infundado. La autoprotección positiva es una medida en beneficio del administrador, ya que implica la revocación del acto para sustituirlo por uno nuevo modificado para corregir los defectos. Si el defecto del acto es de carácter formal, como la falta de motivación o firma del documento, la sustitución puede ocurrir bajo dos condiciones: 1) que el plazo para la evaluación (defectuosa) emitida por el administrador esté vigente; y 2) que el plazo establecido para la imposición de impuestos individuales no haya expirado. La autoprotección negativa beneficia al contribuyente, ya que implica la anulación automática de un acto administrativo que, aunque incontrovertible, parece ilegítimo. El Decreto Ministerial 37/1997 ejemplifica algunos casos en los que la anulación automática del acto ilegítimo es necesaria, en cumplimiento con el principio de colaboración, imparcialidad y buen desempeño de la actividad administrativa establecido en el artículo 97 de la Constitución. Estos casos incluyen: a) error personal; b) error lógico o de cálculo evidente; c) error en la base del impuesto; d) doble imposición; e) falta de consideración de pagos de impuestos realizados periódicamente; f) falta de documentación subsanada posteriormente dentro de los plazos; g) existencia de requisitos para beneficiarse de deducciones o planes de ayuda previamente denegados; h) error administrativo del contribuyente, fácilmente reconocible por el administrador.
TEMA 13 ACTIVIDAD DE COLECCIÓN
La actividad de recaudación fiscal consiste en la verificación del cumplimiento de los contribuyentes y puede ser espontánea o mediante rollo. La recaudación espontánea implica el pago voluntario del contribuyente, ya sea mediante retención directa o pago directo. Por otro lado, la recaudación mediante rollo implica la emisión de un acto de intimación fiscal por parte del órgano fiscal, que puede ser llevado a cabo por la Agencia de Ingresos o empresas terceras autorizadas. Esta actividad busca asegurar el pago de los impuestos y se puede realizar de diferentes maneras, dependiendo de las circunstancias del contribuyente. En ciertos casos, la ley reconoce efecto autónomo al registro de deuda tributaria. El registro es un instrumento de auto-protección ejecutiva de la autoridad fiscal y tiene un impacto directo en la esfera del contribuyente. Los requisitos para la inscripción son: declaración fiscal, aviso de liquidación y sentencia del juez fiscal. La inscripción puede ser definitiva o provisional, dependiendo de si el proceso de impugnación está pendiente. La inscripción definitiva incluye el monto total del impuesto, multas e intereses, mientras que la provisional se aplica cuando el contribuyente impugna la liquidación y la ejecución se realiza de manera gradual. El "accertamento esecutivo" es el proceso de ejecución de la determinación de impuestos. Según una reforma de 2010, los avisos de determinación deben incluir una intimación para pagar el importe impugnado o un tercio del impuesto adicional si se apela. Una vez vencido el plazo de apelación, el accertamento se convierte en ejecutivo y se transfiere al agente de cobro para la ejecución forzada. El agente debe suspender las medidas ejecutivas durante 180 días, a menos que el aviso de determinación no sea impugnado. Además, debe informar al deudor sobre la toma de posesión de los fondos para el cobro. Si pasa un año desde la notificación, la ejecución forzada debe ir precedida de un aviso de mora, impugnable ante la comisión tributaria. La dilación permite al agente de recaudación posponer el pago de impuestos a solicitud del contribuyente en situación de dificultad temporal. La suspensión administrativa de la recaudación permite a la Agencia Tributaria detener la recaudación mientras se resuelve un recurso presentado contra el rol tributario. Esta medida puede ser revocada si hay un riesgo para la recaudación Antes de la formación del rol tributario, la Agencia Tributaria puede tomar medidas cautelares para garantizar el crédito tributario, como la inscripción de hipotecas sobre los bienes del contribuyente o el embargo preventivo de sus activos. Estas medidas se aplican si existe un temor razonable de que el contribuyente pueda
c) Debe haber imputabilidad y culpabilidad para aplicar una sanción, aunque existen causas eximentes. d) Se aplica el principio de legalidad y favor al reo, evitando la retroactividad de la ley penal. e) En caso de concurrencia de infracciones, se acumulan las sanciones, y se considera la continuidad en la comisión de las mismas. f) El arrepentimiento activo permite una reducción de la sanción si el contribuyente rectifica voluntariamente su acción. g) Las infracciones puramente formales sin deuda tributaria no están sujetas a sanciones. El proceso de imposición de sanciones se lleva a cabo por la misma oficina fiscal responsable del proceso de determinación del impuesto correspondiente. Hay dos modelos procedimentales definidos por el Decreto Legislativo 472/1997: Procedimiento de imposición inmediata de la sanción: Las sanciones relacionadas con el impuesto deben ser impuestas por la misma oficina fiscal que emite el aviso de determinación, en el mismo documento o aviso de rectificación. El contribuyente puede optar por pagar una parte de la sanción antes de presentar un recurso, y el proceso puede enfocarse en los errores en la determinación del impuesto. La imposición de la sanció n también se realiza de manera inmediata en los procedimientos de inscripción en el registro fiscal, donde la sanción se incluye en la misma solicitud de pago del impuesto. El procedimiento de imposición no inmediata (artículo 16) separa la imposición de la sanción del posible acto de determinación o corrección relacionado con el hecho imponible que dio lugar a la infracción. El delito penal tributario surge con la Ley 4/1929 y deroga principios del derecho penal. Antes, la acción penal solo procedía tras la determinación definitiva del impuesto por el tribunal tributario. Se abolieron estas limitaciones con la ley "manette agli evasori", permitiendo la acción penal sin esperar la resolución del tribunal tributario. La ley "Manette agli evasori" marcó un cambio importante al abolir la preclusión tributaria y establecer un sistema de doble vía entre los procesos tributario y penal, permitiendo la acción penal sin esperar la resolución tributaria. El Decreto Legislativo 74/2000 reformó el sistema, identificando delitos graves de evasión fiscal con altos umbrales de punibilidad. Los delitos
incluyen la declaración fraudulenta, la omisión de declaración y la sustracción fraudulenta al pago de impuestos. El principio de especialidad se aplica para evitar la acumulación de sanciones administrativas y penales por el mismo hecho ilícito tributario. Según el Decreto Legislativo 74/2000, prevalece la normativa penal sobre la administrativa en estos casos. La administración fiscal impone las sanciones administrativas, pero si el proceso penal termina con absolución o archivo, se reanuda el procedimiento administrativo. En caso de condena, la sanción administrativa no se aplica. TEMA 15 ILPROCESSO TRIBUTARIO La protección de los derechos e intereses legítimos en las disputas entre la administración fiscal y el contribuyente está a cargo del juez tributario. Este es un juez especial cuya jurisdicción está definida por materia, abarcando las controversias en las que un ente impositivo (como la administración fiscal) es parte necesaria y que tienen como objeto el régimen legal y la cuantificación de los impuestos En el sistema procesal tributario, las disputas entre la administración fiscal y los contribuyentes son resueltas por las Comisiones Tributarias, divididas en provinciales y regionales. La Corte Suprema de Casación actúa como la instancia superior. La ley no establece un proceso de apelación especial para asuntos tributarios, remitiéndose a las normas generales de apelación civil. Se considera que todas las disputas fiscales, independientemente de su naturaleza, caen bajo la jurisdicción tributaria. La distinción entre derechos subjetivos e intereses legítimos influye en la forma de protección en los procesos judiciales El sistema judicial tributario abarca dos tipos principales de disputas: A) Controversias relacionadas con actos administrativos de recaudación de impuestos, como notificaciones de liquidación tributaria y sanciones. El
ha generado críticas por limitar injustificadamente la competencia del juez tributario. El límite interno de la jurisdicción tributaria establece que el juez tributario solo puede intervenir en casos donde el contribuyente impugne uno de los actos específicos enumerados por la ley, como el aviso de liquidación del impuesto o la imposición de sanciones, dentro de un plazo determinado. A diferencia de otros procesos, aquí no es necesario demostrar un interés concreto para iniciar una acción judicial, ya que se presume automáticamente cuando se impugna uno de estos actos. El proceso tributario se rige por normas específicas, aunque en ausencia de estas, se aplican las del proceso civil. Se basa en los principios de dispositivo y documentalidad, donde las partes deben presentar pruebas y el juez decide sobre la totalidad de la demanda. La asistencia de un abogado es obligatoria en la mayoría de los casos. Desde julio de 2019, la notificación y el depósito de documentos procesales se realiza de forma telemática. El proceso tributario se inicia con la presentación de un recurso que debe ser notificado a la entidad que emitió el acto impugnado y luego depositado ante la comisión tributaria provincial. Esta comisión tiene competencia territorial para resolver disputas contra entidades impositoras o agentes de recaudación en su área. Respecto al contenido del recurso, debe incluir información como la identificación de las partes, la descripción del acto impugnado, y los motivos legales o fácticos de la impugnación. Es crucial presentar todos los motivos desde el principio, aunque se permite excepcionalmente ampliarlos si se descubren nuevos documentos relevantes. El reclamo y la mediación se aplican en disputas tributarias de hasta 50 mil euros, donde el recurso inicial también sirve como reclamo y puede incluir una propuesta de mediación para reevaluar la cantidad en disputa. El objetivo es revisar la controversia por parte de la autoridad fiscal, y el recurso no procede hasta que haya pasado un plazo de 90 días desde la notificación del acto impugnado. Si la autoridad no acepta el reclamo o la mediación propuesta, formula su propia propuesta considerando varios factores. La mediación en el proceso tributario es un procedimiento conciliatorio previo al juicio que puede resultar en beneficios para ambas partes, incluida una reducción de las sanciones administrativas y la exclusión de sanciones e intereses sobre ciertas deudas tributarias. El desarrollo del proceso tributario de primera instancia implica varias etapas:
- Notificación del recurso : El recurso debe presentarse al organismo emisor del acto impugnado dentro de los 60 días siguientes a la notificación. En casos de reclamos de reembolso de impuestos, el recurso contra el rechazo tácito del reembolso solo puede presentarse después de 90 días desde la solicitud de reembolso y antes de que el derecho al reembolso prescriba.
- Constitución en juicio del recurrente : El recurrente debe presentarse ante la comisión tributaria correspondiente dentro de los 30 días posteriores a la presentación del recurso, depositando en la secretaría el recurso notificado y otros documentos requeridos.
- Constitución en juicio de la parte demandada : La entidad impositiva o el agente de recaudación deben presentarse ante la comisión tributaria dentro de los 60 días siguientes a la notificación del recurso, presentando sus argumentos de defensa y documentos pertinentes.
- Otras fases : Una vez completadas las etapas anteriores, la secretaría registra el recurso y forma el expediente, que se presenta al presidente de la comisión. Si el presidente declara la inadmisibilidad del recurso, se puede presentar un reclamo, que debe resolverse en un plazo determinado.
- Tratamiento de la controversia : Después de la constitución de las partes, el presidente de la sección examina preliminarmente el recurso y decide sobre su admisibilidad. Si no se declara inadmisible, se programa la audiencia y se comunican las fechas relevantes a las partes.
- Audiencia pública o en cámara de consejo : La causa se trata generalmente en una cámara de consejo, pero una o ambas partes pueden solicitar una audiencia pública. Durante la audiencia, el relator presenta los hechos y las cuestiones en disputa, y se permite la participación de las partes.
- Deliberación y sentencia : El colegio de jueces, luego de la audiencia o la exposición del relator, deliberará y emitirá una sentencia en secreto. La sentencia se hace pública mediante su depósito en la secretaría y se notifica a las partes en los siguientes 10 días Las apelaciones en el proceso tributario permiten a la parte perdedora impugnar la sentencia de la comisión tributaria provincial en un plazo de 60 días desde su notificación o, en su defecto, dentro de los 6 meses siguientes a su publicación. A diferencia de un nuevo proceso, se realiza una revisión de la controversia examinada en primera instancia. El apelante debe identificar los puntos específicos de la sentencia que impugna y presentar motivos de impugnación. La apelación se presenta en las mismas formas que el recurso inicial, con plazos perentorios y ordinatorios para la constitución de las partes en la secretaría. En el proceso tributario, la conciliación judicial permite resolver disputas mediante acuerdo entre las partes, posible ahora también en etapas posteriores y en caso de fallo en primera instancia, incluso en apelación. Si se alcanza un acuerdo, se presenta una solicitud conjunta para resolver la controversia. La conciliación puede ocurrir antes o durante la audiencia, y su perfeccionamiento se da con la firma del acuerdo o la redacción del acta. Esto conlleva la extinción del juicio, con reducción de sanciones administrativas según el momento del acuerdo.
