1. Un extranjero que reside en España con permiso de trabajo, comete un delito y es
condenado a más de un año de prisión, ¿qué ocurre con dicho extranjero?
El ordenamiento jurídico extiende su ámbito de vigencia a la totalidad de los hechos y
relaciones dentro de las coordenadas espacio-temporales, en función de ciertos elementos,
como puede ser la nacionalidad o la ubicación de su residencia legal. En el caso planteado el
extranjero es condenado a más de un año de prisión y, por lo tanto, de acuerdo con el artículo
89 del código penal, el juez acuerda la expulsión del mismo de territorio español.
2. Una familia procedente de Irak, país donde se práctica la ablación, deciden continuar
con su práctica en España, país donde está prohibido y son denunciados. ¿Se le
aplicará el principio de personalidad o el principio de territorialidad a dicha familia?
Se les aplicará el principio de territorialidad que comporta la aplicación inmediata de la ley del
lugar en el que se produce los acontecimientos. Esta práctica es un delito castigado con entre 6
y 12 años de cárcel para quien la practique en España y, además, si se trata de una menor,
puede acarrear para los padres la pérdida de la custodia.
3. El BOE publica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, estableciendo que entrará en vigor en
octubre de 2016, salvo determinadas previsiones que entrarán en vigor a los dos años,
en 2018. ¿Qué relevancia tiene la publicación de la norma jurídica?
Para que una norma jurídica entre en vigor es indispensable que sea publicada, el artículo 2.1
del código civil dispone que ‘’las leyes entrarán en vigor a los 20 veinte días de su completa
publicación en el Boletín Oficial del Estado si en ellas no se dispone otra cosa’’, en este caso, la
ley establece concretamente la fecha de su entrada en vigor, en octubre de 2016, salvo
algunas previsiones en 2018.
4. El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado por inconstitucional el artículo de la
Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que permite a los partidos
recopilar datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos, en una sentencia
aprobada por unanimidad. ¿A qué supuesto hace referencia la pérdida de vigencia de
esta norma jurídica?
Hace referencia a la anulación de la norma, comporta su expulsión del ordenamiento jurídico,
y por tanto la pérdida de su vigencia normativa. Para ello es necesario la decisión del órgano
competente, en este caso el Pleno del Tribunal Constitucional.
5. En Argentina se publica la ley 17.711 de 1968 que establece que la mayoría de edad
será a partir de los 21 años, derogando de esta manera el artículo 126 del Código Civil
argentino que establecía que la mayoría de edad era a los 22 años. ¿Se trata de una
derogación expresa o tácita?
La norma posterior (ley 17.711 de 1968) deroga la anterior (artículo 126 del Código Civil
argentino) por resultar incompatible con la eliminada, por lo que se trata de una derogación
tácita.
