CASO PRÁCTICO 3
Realizado por:
Robert Beldianu, Rodrigo de la Rubia y Yusuf Abdulla.
02/04/2025
El caso trata sobre el Real Decreto 1145/2018, que se publicó en el BOE el 22 de diciembre de
2018. Este decreto, dictado el 15 de diciembre, regula el tema de las autorizaciones para el
arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y se basa en lo que dice el artículo 48 de la Ley
16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Podemos decir entonces que el objeto de este caso es establecer normas generales sobre cómo
se pueden transmitir estas autorizaciones y qué datos se deben comunicar a la Administración para
controlar el servicio.
Ahora, respecto a si se trata de un acto o una norma, en este caso no estamos hablando de una
decisión individual o de un caso concreto, sino de un documento que contiene reglas de aplicación
general. Es decir, no se trata de un acto administrativo singular, sino de una norma reglamentaria.
Esto es importante porque, al ser una norma, se aplica de forma general a todos los operadores de
VTC y no está dirigida a una situación particular.
Por otro lado, hay que ver cómo se puede recurrir esta norma y ante quién, al tratarse de una
norma reglamentaria, la única vía para impugnarla es mediante el Recurso
Contencioso-Administrativo. Y así, efectivamente, la empresa Uber BV interpuso este recurso el 23
de febrero de 2019. Esto quiere decir que, en lugar de acudir a otros recursos (como el de
reposición o alzada, que se usan en actos administrativos individuales que ponen fin a la vía
administrativa), Uber BV decidió ir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa para
que revisen la legalidad de la norma.
En este caso, y enfocándonos un poco más en los vicios de procedimiento, Uber BV alega que
durante la tramitación del Real Decreto 1145/2018 se cometieron irregularidades que afectan al
proceso. La empresa sostiene que no se solicitó el dictamen del Consejo de Estado ni se otorgó
audiencia a Uber para que pudiera expresar su opinión sobre el contenido del decreto. Según ellos,
estos pasos son esenciales en la elaboración de una norma de esta naturaleza, y su omisión se
traduce en un defecto formal que podría haber vulnerado el debido proceso.
En cuanto a los fallos jurídicos podemos plantear los siguientes:
En primer lugar, y como bien mencionamos justo antes, tenemos un fallo de procedimiento, ya
que, según el artículo 2 del Real Decreto 1145/2018, se establecen obligaciones de control sobre
los servicios de VTC. Uber BV sostiene que, durante la elaboración del decreto, no se cumplió con
