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Ética psicosocial
Ética social aplicable
La ética busca definir y hacer el bien. Su objetivo es, pues, doble: identificar el bien y el mal, evaluando las acciones humanas como “buenas” o “malas”; sostener el deber u obligación moral de actuar de acuerdo a esos juicios de valor. Más concretamente, la ética trata de los valores y principios morales (como justicia, autonomía, verdad o diversidad) desde los que se puede juzgar el comportamiento humano como bueno o malo, entendiendo el binomio bondad- maldad no como una dicotomía absoluta, sino como dimensiones graduables, que admiten grados. De forma que, en el polo de la bondad, podremos juzgar unas acciones como mejores que otras y, en el polo de la maldad, unos comportamientos como peores o más indeseables que otros. Corresponde aquí “aplicar” la ética a la acción comunitaria, aclarando la naturaleza y dinámica operativa de la misión ética del psicólogo comunitario, en el supuesto de que su actuación no sólo debe ser eficaz, sino, también ética, conforme a principios y normas morales acordados por el conjunto de psicólogos (o por el conjunto de interventores) comunitarios (en que también han de tener voz las comunidades con que trabajan). Hay, sin embargo, que añadir una tercera acepción de la ética - común en la tradición filosófica occidental pero de escasa utilidad en el enfoque usado aquí- que la asocia a la búsqueda del buen vivir, de la felicidad. Mientras que la ciencia y la técnica presuponen determinación -para poder identificar las causas y efectos de las acciones sociales-, la ética parte de la asunción radical de libertad : los humanos podemos elegir y autodeterminarnos. Al darnos, así, una visión de la sociedad como fruto de la elección y la acción humana (no de “fuerzas” despersonalizadas, aunque racionales, como la ciencia, la técnica o la economía) la ética “exige” que nos responsabilicemos de nuestro mundo y que usemos la libertad y el poder que poseamos para recrearlo como producto humano y para humanos en vez de aceptarlo como un dato externo e inalterable. Como otras dimensiones valorativas, la ética es, así, un complemento imprescindible del examen científico o técnico, que dan una visión muy parcial y sesgada de la realidad y la acción social; especialmente cuando - como en el caso de la intervención comunitaria- nos movemos en el terreno de las acciones o relaciones entre personas y grupos humanos y no, como otros campos no sociales, que tratan de la relación de los humanos con materias inertes o seres vivos no humanos. La importancia de la ética no reside sólo en complementar -como reverso humanista y personalizado- a ciencia y técnica deshumanizadas sino, también, regular el uso que se hace de ambas en la acción social. La ética profesional es, además, la base y el criterio para que la comunidad controle y evalúe moralmente a los interventores profesionales y el conjunto de sus acciones, en función de la conformidad de las acciones y sus consecuencias a los valores y principios deontológico acordados. Sistemas de valor, relativismo metodológico y modulación contextual Los valores son, como se ha señalado, la sustancia de la ética: los “ladrillos” con los que se construye. La ambigüedad y polivalencia del concepto “valor” suscita, sin embargo, cuestiones teóricas de peso en las que no vamos a entrar. Sí es, en cambio, preciso desde el punto de vista
práctico, especificar más el significado y función ética de los valores, así como sus propiedades y
modo de funcionamiento dinámico en un contexto dado, de forma que podamos manejarlos con razonable eficacia y claridad en la acción social. Una forma sencilla e intuitiva de entender los
valores morales es identificarlos con las cualidades deseables en las personas (honestidad,
autonomía, veracidad) o las instituciones sociales (justicia social, solidaridad, diversidad, etc.) de forma que el conjunto limitado de esas cualidades conformarían el ideal de persona o de sociedad, el “perfil moral” deseable para nuestros hijos o para la comunidad en que nos gustaría vivir. ¿Qué función tienen esos valores en la acción social? ¿Cuál es su relación con la actuación del psicólogo comunitario? En la medida en que los valores deibujan rasgos deseables, el interventor debe promoverlos implícitamente, en sus relaciones profesionales, y explícitamente, en su actuación social. De forma que su relación con los clientes o la comunidad ha de ser veraz, equitativa y respetuosa con los otros y que su actuación social contribuya a aumentar -no a disminuir- el poder, la justicia social o la autonomía de la comunidad y de las personas que la
forman. Por el contrario, valores negativos como la desigualdad, infidelidad o el engaño, han de ser rechazados evitando que sean la base del comportamiento profesional y la acción social. Los valores éticos deben, resumiendo, guiar la conducta del psicólogo comunitario y orientar la intervención comunitaria en su conjunto al identificar las características de la comunidad - y el mundo- en que queremos vivir y de las personas con las que merece la pena convivir. Son, recapitulando, la base ética de la intervención comunitaria, o mejor, una de sus bases: más adelante introduciremos las consecuencias como otro ingrediente ético importante. Para poder usar adecuadamente los valores en la ética social, necesitamos una visión totalizadora y relacional en que lejos de ser elementos absolutos y aislados, de “valía” intrínseca, los valores forman sistemas o constelaciones que la gente -personas o instituciones sociales- tienden a asociar. Esta visión permite identificar morales “regionales” o temáticas como conjuntos coherentes de valores; así la moral cristiana (amor, caridad, perdón, vida, dignidad personal), la ética de la modernidad (libertad, justicia, racionalidad, individualismo, hermandad), el neoliberalismo (competencia, beneficio económico, auto-interés, iniciativa privada, responsabilidad individual). Y aunque esa visión nos aboca a un cierto relativismo moral -casi inevitable en el abordaje metodológico de la ética social-, nos permitir actuar -elegir y tomar decisiones- en la práctica ordenando o jerarquizando los valores y examinando sus relaciones mutuas en un contexto y situación dados. De forma que, con frecuencia, promover unos valores significará debilitar o socavar otros: como se ha comentado en varios capítulos, favorecer la autonomía individual socava la solidaridad social e interdependencia personal; el igualitarismo social (de salarios, promociones, etc.) tiende a reducir la eficacia productiva (y viceversa, promover la eficacia social tiende a generar desigualdades); buscar más seguridad suele conllevar recortar libertades; y así sucesivamente. Tampoco se puede, en general, impulsar todos los valores a la vez, porque el interventor comunitario no tiene el conocimiento o la energía suficiente. De manera que, en la práctica, el psicólogo deberá con frecuencia elegir entre valores deseables (o indeseables) pero no en el mismo grado y promover algunos valores especialmente deseables, desechando otros, menos valiosos. Puede ser que mantener la confidencialidad (y la confianza que es el valor de fondo) en las información concernientes a un cliente implique violar el derecho del público, o sus representantes sociales, a estar informado. Trabajar con, o servir a, un colectivo, impedirá muchas veces trabajar con el conjunto de la comunidad o con otros colectivos. El aumento del poder o recursos sociales de un grupo marginal para favorecer la justicia social suele conllevar el recorte del poder de otros grupos más ricos o poderosos. Así es que jerarquizar valores y reconocer sus inter-conexiones es imprescindible para operar éticamente en la escena comunitaria: permite tomar decisiones cuyas consecuencias -otro elemento esencial a considerar- serán polivalentes según los valores de cada grupo social, favoreciendo a unos grupos sociales y perjudicando a otros. Y eso es crucial en la intervención social donde la pluralidad y heterogeneidad de valores es -a diferencia de la clínica- norma, no excepción. Un último aspecto a tener en cuenta en la práctica de la ética social es el efecto modulador que sobre el peso y significado de los valores tienen el contexto sociocultural y la situación histórica; un efecto que es mayor en los valores más “periféricos” y menor en aquellos que - como la vida, la seguridad, la dignidad, la libertad o la justicia social- consideremos valores “fuertes”, generales o casi-universales. Por ejemplo, aún tratándose de un valor “fuerte”, la justicia social no tendrá la misma importancia y fuerza movilizadora en un contexto social de mucha pobreza y enormes desigualdades (del “tercer mundo”) que en una sociedad más rica y con diferencias menores o cuando se refiere a asuntos (de “bienestar”, no de mínimos vitales) menos acuciantes. No significa lo mismo la libertad en tiempos (o lugares) de dictadura o represión general que en períodos en que las libertades cívicas están garantizadas. Ni tendrá el mismo trato la confidencialidad en un contexto urbano que en uno rural (donde todo el mundo sabe lo que hacen los demás) en que puede ser imposible de mantener en la práctica. De hecho la primera tarea de la ética “aplicada” (entendida como aplicación de valores a casos y situaciones concretos) será identificar qué valores son relevantes a la situación y en qué medida lo son.
(libertad, justicia, verdad…) y principios (autonomía, beneficencia o igualdad, etc.) que orientan la acción social. Los principios serían reglas generales de actuación, basadas en valores: así del valor justicia se deriva el principio de perseguir la igualdad, o del valor libertad, el principio de fomentar la autonomía de las personas. El nivel concreto es el de la actuación y comportamiento del los actores sociales (incluido el practicante) y, por tanto, el de las cuestiones éticas singulares y reales que se plantean y el juicio moral específico que merecen. Es costumbre asumir que el análisis ético correcto consiste en proceder de arriba abajo, desde los valores y principios abstractos al comportamiento y cuestiones concretas: los valores y principios orientan el comportamiento del actor comunitario, indicando lo que debe hacer en una tesitura concreta y qué solución dar a las cuestiones y dilemas específicamente planteados. O sea, la “aplicación” de los valores y principios éticos y sociales a las situaciones y comportamiento singulares nos indicaría la solución a los problemas éticos o, en el análisis a posteriori , hasta qué punto el actor ha actuado correctamente. Cuadro 9. Eso es cierto sólo a medias, porque el esquema puede también ser recorrido de abajo a arriba : partiendo de las cuestiones y dilemas éticos de la práctica cotidiana del interventor comunitario, podemos deliberar sobre las “soluciones” a esas cuestiones y sobre como conducirse correctamente en cada caso, infiriendo desde ahí los principios de actuación o valores apropiados. Los niveles se pueden conectar bidireccionalmente, como indica el Cuadro 9.2: desde las cuestiones y conductas concretas hacia los principios y valores generales o desde estos hacia las conductas, resultados y problemas observables. En la realidad conviene combinar ambos procesos, de ninguna manera incompatibles si no, más bien, complementarios y necesarios en un área, la social, donde la indeterminación y complejidad valorativa es más regla que excepción. Debemos así tratar de aplicar los valores ya establecidos en un área para actuar y generar nuevos valores y modificar los existentes a partir de la actuación cotidiana, por un lado. Pero debemos, también, deliberar antes de actuar - y reflexionar después- para generar pautas específicas de actuación y criterios más generales a partir de las consecuencias reales de las acciones y de la conciencia y los “sentimientos” morales asociados (satisfacción, reproche, etc.) resultantes de esas acciones.
Acción moral profesional: Estructura
La deontología , la ética profesional, tiene una larga tradición en Medicina. Como la moral filosófica, la deontología se construye en base a una relación diádica entre un profesional y un “otro”, un cliente individual, en que las acciones del primero producen unas consecuencias, que se presuponen beneficiosas para el cliente y de las que el profesional es, en todo caso, responsable. Examinemos telegráficamente los ingredientes de la acción moral profesional esquematizados el Cuadro 9.3 y discutidos con más amplitud en otro lugar (Sánchez Vidal, 1999).
La parte izquierda del esquema, centrada en el sujeto “titular” de la acción y lo que, él/ella y su entorno conllevan, es la “región” subjetiva , previa al contacto con otros o la acción, en que los significados morales son configurados por la visión del sujeto y su entorno socio-moral concreto. La relación con otros o la acción en relación a ellos constituye la “región” objetiva en que los significados éticos cobran naturaleza más social y objetiva al incluir el punto de vista de otros actores y las consecuencias de las acciones del sujeto (el profesional en nuestro caso) sobre los actores y sus contextos vitales. No se trata de introducir una dicotomía gratuita sino de dejar bien clara desde el principio no sólo la naturaleza social de toda la ética, sino sobre todo, los dos aspectos o lógicas -subjetivos y objetivos, intenciones y resultados- que debemos tener en cuenta en el análisis ético. Recorramos el esquema de izquierda a derecha, del polo subjetivo y previo al polo objetivo y posterior, revisando telegráficamente los ingredientes de la acción moral profesional. Al profesional -una persona ejerciendo ese papel social- titular de acción ética se le supone libertad de elección y acción (autonomía profesional), conciencia moral, intenciones (benéficas, se asume) y poder técnico. La conciencia moral permite distinguir el bien y el mal y, por tanto, juzgar moralmente las acciones identificando el proceder más meritorio o correcto. Dado su carácter individual
presenta algunas dificultades en un campo donde, siendo los temas complejos y polivalentes, se hace muchas veces difícil juzgar una acción como simplemente “buena” o “mala”. Si el juicio ético se basa, además en la “aplicación” reflexiva de la conciencia personal ¿cómo se producen los juicios éticos sociales, de un equipo multi-personal, por ejemplo? Evidentemente a través de la discusión y deliberación moral colectiva, que no puede ser sustituida por el mero consenso, aunque ese sea el procedimiento final de decisión y formación de opinión ética. La libertad de elegir o actuar, la otra “pata” del acto ético: sin conciencia moral no hay acto ético; sin libertad, tampoco. En nuestro caso, el profesional ha de tener autonomía profesional - capacidad de actuar y decidir lo que es más conveniente hacer- para que se le pueda exigir responsabilidad por lo realizado. Pero, en la realidad profesional la libertad absoluta no existe; puesto que se trata de un proceso social, la libertad del interventor topa tanto con la libertad de los otros (sean esos clientes o colegas) como con las restricciones (económicas, ideológicas, organizativas, etc.) que toda acción social suele conllevar. De modo que casi nunca tiene el interventor la autonomía real de decidir y llevar a cabo lo que cree que sería mejor en un caso dado. ¿Quiere decir eso que, al carecer de la libertad “total”, no será responsable de lo las consecuencias de sus acciones? No; se trataría de introducir los “grados de libertad” (personal y social) existente como una variable que modularía el juicio de forma que las restricciones parciales a la autonomía del sujeto matizarán, pero no anularán la responsabilidad final. Cuadro 9. Las intenciones del interventor fueron ya analizadas como parte de las cuestiones previas en el Capítulo 7. Como se indicó allí, aunque los profesionales suelen tener intenciones altruistas o benéficas para los clientes, conviene examinar las intenciones (latentes) más egoístas y tener en cuenta los resultados reales de las acciones, compensando así la visión más subjetiva propia de las intenciones, con el análisis más objetivo de los efectos e impacto social de las acciones. Conviene recordar también la importancia en el campo social de la empatía por el otro como base emocional del impulso ético tanto en las relaciones de cuidado con los que sufren como, también, en la lucha social por la justicia y la igualdad (donde habríamos de añadir el sentimiento de indignación moral como impulso inicial del acto ético). El profesional tiene un poder técnico , derivado de las destrezas técnicas (y, secundariamente, de sus conocimientos aplicables) que posee y, también, una posición - o estatus social- privilegiada. Ese plus de poder técnico y social sobre otras personas que la sociedad le confiere, genera una responsabilidad adicional: cuanto más poder real tenga el interventor, más responsabilidad acumulará en el uso de ese poder. El profesional mantiene una relación profesional , no personal, con el otro; una relación basada en la confianza y dirigida a solucionar problemas o alcanzar objetivos planteados por un cliente, que se asume cooperativo y deseoso de trabajar en el tema o problema objeto de la acción. El carácter profesional de la relación no habría, en principio, de excluir ciertos sentimientos ya citados como la empatía o la indignación ante la injusticia. La extralimitación de la relación hacia lo personal o la pérdida de eficacia real de las acciones suele generar, sin embargo, problemas éticos, de tal modo que los valores deontológicos pueden ser concebidos como las cualidades deseables (empezando por la confianza) para mantener y fortalecer esa relación profesional y los fines que la guían. El cliente o destinatario es aquél al que va destinada la acción. La elección del destinatario de la acción profesional es un tema básico de justicia social. El hecho de que los profesionales tienden a seleccionar implícitamente sus destinatarios en función de sus posibilidades económicas (pagan por los servicios prestados) o reivindicativas (“el que no llora no mama”) y no de sus necesidades o potencial real de desarrollo es, así, una cuestión ética fundamental. Y la pregunta de quién es el destinatario (quien debe ser el destinatario; Sánchez Vidal, 1998) se planteará con frecuencia en casos y situaciones de pluralidad de actores y demandantes. Según se ha dicho, el interventor es responsable de las consecuencias de las acciones que realiza o induce por tener libertad y poder. El tema de la responsabilidad profesional es esencial y puede resumir por sí solo casi toda la ética profesional, muy ligada a la beneficencia o maleficencia real de las acciones realizadas. Parte de las dificultades de examinar la responsabilidad ética de las acciones sociales tiene que ver con dos aspectos diferenciales de la ética social frente a la individual: la pluralidad de actores (interventores, clientes, partes,
consecuencias (Cuadro 9.5). Veamos. Actores. Además de los dos actores básicos - profesional y cliente- del esquema individual, en la intervención comunitaria suelen existir otros actores significativos: un cliente (que paga, trata de imponer ciertas condiciones y que puede ser distinto del destinatario de la intervención) y las personas o grupos afectados por la acción, así como aquellos aquéllos (asociaciones, “entidades”, grupos de interés, etc.) que, aunque no sean afectados directamente, están positiva o negativamente interesados en ella, deviniendo reactores potenciales - a favor o en contra- a la acción a realizar. Además y como se ha indicado, el destinatario de la acción puede ser múltiple (puede haber varios destinatarios potenciales) o plural, y el interventor - equipo multipersonal o institución- es igualmente social. La multiplicación de actores densifica considerablemente el tejido relacional y moral generando un gran número de relaciones, intereses y valores potencialmente divergentes o indeterminados (falta de claridad sobre el papel de cada uno, quien es el interventor, quién el destinatario, qué grupos pueden resultar afectados, etc.) lo que torna más complejo el análisis ético y aumenta las disyuntivas y dificultades. Valores. Cuantos más actores, más valores. Y la pluralidad y diversidad de valores y relaciones multiplica, tanto los espacios de ambigüedad (sobre los valores e intereses de cada actor) como la posibilidad de divergencias o conflictos entre los valores de los actores y la carga política de la acción comunitaria (con frecuencia ligada a la lucha por el poder y los recursos) que planteará al interventor la cuestión de su neutralidad o compromiso partidista. Si en la deontología tradicional, sólo contaban los valores del interventor (valores deontológicos, Cuadro 9.9) en la ética social (especialmente en la comunitaria) han de respetarse también otros valores sociales (Cuadro 9.10) con frecuencia ligados a otros actores o a su especial situación social (de explotación, marginación, degradación personal, etc.). El problema es que, si bien sabemos cuales son “nuestros” valores (los deontológicos clásicos), en la intervención social o comunitaria no siempre sabemos quiénes son “los otros” (o a quién representan), o cuáles son sus valores reales. Tenemos aquí (Cuadro 9.5) dos posibilidades alternativas: una, el conjunto de valores de los actores son concordantes, o al menos compatibles entre sí el; dos, ese conjunto es discordante, siendo los valores que contiene internamente incompatibles. En el primer caso - concordancia general- el practicante podrá trabajar globalmente con todos; en el segundo - discordancia o discrepancia- habrá de jerarquizar los valores priorizando unos sobre el resto sin olvidar el significado de los valores en el contexto comunitario concreto. Es importante tener en cuenta en el análisis ético social no sólo los valores explícitos o declarados (casi siempre positivos y altruistas) sino, también, los valores implícitos (que suelen corresponder a los “intereses”). Estos están en general ligados a aspectos que, aunque por su carácter “egoísta” o “auto-benéfico” (como la búsqueda para sí de poder, estatus o prestigio social) no son socialmente explicitados, tienen una gran influencia en el comportamiento de los actores en muchas situaciones comunitarias. Hay que ser consciente de que al introducir los intereses o valores egoístas estamos, no obstante, cruzando las fronteras entre la ética y la política y mezclando el análisis ético con el estratégico-político. Cuadro 9. Opciones. La complejidad de los asuntos sociales, la pluralidad de actores y valores y la menor familiaridad con las técnicas interventivas y sus efectos, crea espacios de ambigüedad y “opcionalidad” muy superiores a los que existen en la acción individual. En otras palabras, en la intervención comunitaria no sólo existirán más opciones si no que, además, estas están relacional y dinámicamente “encadenadas ”, de forma que lo que suceda en un momento de la actuación a un actor, condiciona tanto las opciones subsiguientes como las reacciones del resto de actores. En la práctica debemos tener en cuenta no sólo las distintas opciones existentes sino, también, su viabilidad estratégica (si son realizables con los medios a nuestro alcance). Consecuencias. No es sólo que las acciones sociales tengan muchas consecuencias (unas positivas y otras negativas) sino que, además, esas afectan a más actores (a veces terceros que no han solicitado la intervención) y son más polivalentes en función de los distintos valores de los actores. Lo que es bueno para A puede ser malo para B y relativamente indiferente para C. Unos preferirán que en su comunidad se construya una escuela, otros que se mejore la seguridad y a otros que se creen más puestos de trabajo o se ayude económicamente a la familias más necesitadas. Ya se puede ver que en tales condiciones la evaluación que los
miembros de una comunidad hagan de las consecuencias de un programa social va a ser diversa. En principio los actores evaluarán las consecuencias en base a sus valores (e intereses), de manera que la identificación de valores no sólo es importante per se si no, además, para predecir las consecuencias que las acciones a realizar tendrán para los actores (por lo menos la parte de esas consecuencias determinada por los valores éticos y no por intereses implícitos) y, a partir de ahí, sus reacciones a esas acciones previstas. Como puede verse no sólo hemos identificado los ingredientes básicos de la ética interventiva social y las diferencias que en ellos presenta respecto de la acción individual, sino que hemos sentado las bases para el abordaje (análisis y solución) de las cuestiones éticas. Estamos entrando, pues, en la parte más práctica de la ética comunitaria que hemos de iniciar identificando primero los temas generales y cuestiones concretas más frecuentes y, después, los valores-guía a usar en un método de evaluación y solución de aquellas cuestiones basado, precisamente, en los ingredientes descritos: al identificar los actores y sus valores estamos “planteando el problema” ético y al determinar las opciones y sus consecuencias, estamos planteando las “soluciones” a esos problemas.
Temas y cuestiones éticas en la acción social
De lo ya escrito se deducen los dos tipos de situaciones que tienden a generar dificultades éticas en la acción comunitaria. Una, de ambigüedad o incertidumbre respecto de los actores, valores, opciones y consecuencias previsibles: ignorancia o confusión sobre qué actor asume un papel determinado, cuáles son los valores de los actores, las opciones posibles o las consecuencias previsibles. Dos, de divergencia o conflicto esos elementos: entre actores o valores, entre opciones parejamente deseables o indeseables y entre consecuencias contrapuestas (positivas para unos y negativas para otros). Las primeras situaciones producen problemas de anomia ética que requieren aportar los ingredientes ausentes o inciertos: identificar y clarificar los valores y roles de los actores, las alternativas de acción existentes y las consecuencias previsibles de cada alternativa. Los problemas de divergencia y conflicto , requieren intermediación entre los actores, aclarando valores y prioridades y tratando de buscar un consenso o aportando valores y opciones no contempladas por los actores en conflicto. Cuadro 9. El Cuadro 9.6 resume esos dos tipos de situaciones problemáticas y de problemas derivados, recogiendo también otras circunstancias o factores situacionales que generan problemas éticos en las acciones sociales o comunitarias. A saber, el excesivo utopismo e idealismo -frecuente en los planteamientos comunitarios- que puede llevar a hacer propuestas interventvas irrealizables y crear, por tanto, al psicólogo la sensación de fracaso; la carencia de información o su incorrección en el momento de tomar decisiones o de actuar, o la irrupción de datos o acontecimientos imprevistos que modifican la intervención cuando se está realizando; las demandas de que asuman papeles diferentes los tradicionales y los cambios de rol durante la intervención, sobre todo si los papeles son incompatibles entre sí; la escasez de recursos que dispara los conflictos entre los actores sociales y limita seriamente el diseño de la intervención más adecuada (con frecuencia la más costosa); la pluralidad de destinatarios potenciales y la eventualidad de conflictos internos (lealtades enfrentadas, papeles duales) en los profesionales; la inexistencia, ambigüedad o complejidad de los contratos explícitos o implícitos y las agendas ocultas; la insuficiencia o inadecuación de las pautas deontológicas, pensadas para la actuación clínica; y, por último, la diferencia de valores o de cultura entre los actores comunitarios o entre estos y el interventor. Dado que esas circunstancias son el “pan nuestro de cada día” del la intervención comunitaria, debemos estar preparados para afrontar numerosos problemas y dilemas éticos ligados a cada una de ellas o a su combinación. Afloran ya ahí, además, algunos de los temas y cuestiones básicas de la ética social. A partir de revisiones ofrecidas por autores como Kelman y Warwick (1978), Snow y Gersick (1986) o el American Journal of Community Psychology (1989), incluyo en el Cuadro 9.7 una panorámica más sistemática de esos temas éticos relevantes -o de aspectos del proceso interventivo que presentan implicaciones éticas y valorativas significativas- elaborada a partir de publicaciones anteriores (Sánchez Vidal, 1996a, 1999 y 2002) notando que varios de esos temas han sido ya
promover la autonomía comunitaria , distinta de la autonomía personal. Parece más adecuado, en todo caso y vistos los efectos nocivos del exceso de autonomía individual, primar en el trabajo social, pero también en el individual, el desarrollo humano (Capítulo 4) como valor por un lado más sensible a los significados del contexto social y cultural y, por otro lado, más amplio ya que incluye como valiosos para la persona, no sólo una cierta autonomía, sino, también, los vínculos y relaciones sociales que están prácticamente ausentes (exceptuando la confianza) de la deontología profesional, pensada para trabajar con individuos. La confianza (lealtad, fidelidad, etc.) es el valor relacional que fundamenta y mantiene el vínculo profesional-cliente ampliable, hasta cierto punto, a las relaciones con grupos supra- individuales. Modificando la propuesta de Thompson (1989), he añadido también un quinto principio, el auto-interés razonable ligado al cuidado de sí mismo del interventor y entendido, no como valor prioritario, sino como un principio modulador (o limitador) de los otros - sobre todo del de beneficencia- de forma que el interventor es reconocido como sujeto ético, no como puro objeto o medio para el bienestar del cliente. El concepto de justicia social (el único valor realmente social de la propuesta deontológico) manejado en la ética profesional es ciertamente estrecho. Aún cuando aquí hago una lectura más amplia, un concepto más plenamente social y abarcador de la justicia es perfilado luego entre los valores socio-comunitarios. La deontología profesional pivota, en resumen, sobre tres valores nucleares que corresponden a los tres actores que concurren en la intervención: un valor del cliente, la autonomía; otro del profesional, la beneficencia del cliente para el que trabaja; y un tercero de la sociedad, la justicia social. Falta sólo añadir la confianza como eje de la relación entre los dos primeros actores, profesional y cliente. El cuadro que sigue desarrolla telegráficamente los 5 valores deontológicos (libertad, bienestar, justicia social, confianza y auto-interés), junto a los 6 principios que se deducen de ellos (autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia social, confianza y auto-cuidado) y a algunas pautas de actuación derivadas de cada principio. Así, del valor libertad se deriva el principio de fomentar la autonomía de las personas y colectivos sociales que se “traduce” a pautas de actuación como la mínima intervención posible, el consentimiento informado (no actuar sin el consentimiento voluntario e informado del destinatario de la acción) o la evitación de la dependencia. Cuadro 9. Como se ha indicado al describir los valores y su dinámica, la clave de la ética social es el manejo simultáneo de los valores relevantes a un caso y su ordenamiento en función de su “valía” en la situación concreta. Esto es, puede ser distinto lo que un interventor haría si prima el valor autonomía que si privilegia el mantenimiento de la confianza del cliente o de la justicia social del conjunto. La cuestión es ver si se puede actuar de forma que se fomenten esos tres valores a la vez y, si no se puede, elegir la opción o forma de actuar más cercana a esa fórmula teniendo en cuenta la jerarquía de esos valores que establezcamos en la situación y caso específicos . Valores sociales y comunitarios
Estos valores son sociales por su doble condición de cualidades deseable de una comunidad o sociedad (excepto empoderamiento y desarrollo humano, que son valores psicosociales) y de valores de los actores sociales, no los valores deontológicos que, en la medida en que han sido elaborados por los gremios profesionales, podemos considerar valores del interventor. No hay un consenso en las distintas áreas, corrientes ideológicas y profesiones sobre el contenido concreto de esos valores, de manera que las constelaciones valorativas varían según las áreas (en el trabajo organizativo prima la eficacia y el beneficio, en el “social”, la solidaridad y la justicia social), las tendencias ideológicas y las tradiciones profesionales. Se sugiere aquí un sistema ligado de valores sociales a los que he añadido los dos valores comunitarios nucleares -comunidad y desarrollo humano- que aparecen brevemente definidos en el Cuadro 9.10 y agrupados como sistema en el Cuadro 9.11. Cuadro 9. Como valor central de la ética social la justicia social , ha recibido una gran atención y ha sido definido conceptual y operativamente de distintas maneras según el tipo de igual al que se aspire. Ampliando el restrictivo significado del valor en la deontología, lo describo aquí con los tres
componentes identificados por Bellah y otros (1989) que cubren razonablemente el uso del término (y los criterios operativos derivados) en la acción social, subrayando el componente distributivo como el que mejor se puede identificar a la justicia social en general. Si la justicia social es el valor social finalista, el compromiso social -con los más débiles o desfavorecidos- sería un valor instrumental, en la medida en que ese compromiso ayuda a conseguir la igualdad o justicia social. Es, sin embargo, un valor “polarizador” ya que mientras unos practicantes preferirán la postura comprometida, otros se decantarán por la de neutralidad o independencia. El desarrollo humano , es el valor comunitario básico (Capítulo 4) ligado al crecimiento armónico y equilibrado de las personas en sus distintos aspectos y en relación con otros. En la constelación valorativa comunitaria sería (junto a la justicia social y la comunidad) un valor finalista al que contribuirán como valores instrumentales el empoderamiento y la participación social. La comunidad sería otro valor central de esa constelación, que podemos considerar finalista o valioso por sí mismo o, también, instrumental para el desarrollo humano. Estaría muy cercano al valor social genérico de solidaridad social al que, si acaso, añade el significado más específicamente comunitario de similitud con otros y pertenencia. La diversidad o el derecho a la diferencia personal o cultural sería el contrapunto posmoderno de la igualdad, resultando difícil de ubicar en el sistema de valores comunitarios o sociales. La eficacia es el valor básico (junto al beneficio económico) en las áreas “organizativas” (las empresas). Hay que subrayar su carácter claramente instrumental : la eficacia o productividad de una organización o institución (una empresa, una escuela, un hospital) solo tienen mérito moral en la medida en que contribuyan a mejorar la vida de la gente o la justicia de la comunidad o sociedad. Pero no debe ser menospreciado: por mucha comunidad y solidaridad que tengamos, no existirán posibilidades generalizadas de bienestar, desarrollo humano o justicia social si el sistema social y las acciones comunitarias no funcionan, no son eficaces. El sistema comunitario de valores sería, pues, el representado por el Cuadro 9.11. Desarrollo humano y justicia social (quizá también comunidad) serían los valores centrales, con el compromiso social, empoderamiento y participación (y eficacia) como valores instrumentales para la consecución de aquéllos; y con la solidaridad y comunidad y la diversidad en algún punto o zona intermedia más o menos independiente de unos y otros y sin un claro carácter instrumental o finalista ya que no están directamente ligados a operaciones o procesos de actuación. Cuadro 9.
Abordaje de las cuestiones éticas - Enfoques y criterios evaluativos
La valoración ética de las acciones comunitarias se puede hacer desde dos enfoques o tipos de criterios complementarios: Deontológicos , basados en los valores y principios (como la solidaridad o justicia social) que guían la acción; ligados, pues a la “intencionalidad” valorativa del interventor. Consecuencialistas , basados en las consecuencias reales que la intervención tiene para la comunidad y actores sociales. Mientras que la valoración deontológica puede hacerse antes de actuar, la consecuencialista sólo puede hacerse “empíricamente” tras haber actuado. Estos enfoques incluyen los diversos “ utilitarismos ” cuyo criterio para valorar éticamente una acción podría ser la medida en que logra “el mayor bienestar para el mayor número posible de personas”. Los dos tipos de enfoques no son excluyentes y, en principio, pueden combinarse. Si una acción pretendía mejorar autonomía de un colectivo o reducir su desigualdad respecto a otros colectivos sociales en algún aspecto relevante (enfoque deontológico), la verificación de en qué medida ha aumentado la autonomía o se han reducido las desigualdades tras la intervención servirá para mostrar a través de las consecuencias reales los progresos valorativos que se buscaban inicialmente. Tendremos un serio problema evaluativo, sin embargo, cuando haya serias discrepancias o conflicto entre la visión valorativa y la consecuencialista. Cuando, por ejemplo, un programa inspirado en los mejores valores o intenciones se muestra ineficaz (queremos promover la escuela pública pero resulta, por ejemplo, menos eficaz que la privada). O cuando conseguimos buenos resultados usando medios impropios, degradando a las personas o violando algún valor básico. Por ejemplo: se obtiene información sobre una red terrorista mortífera
proceso. En la segunda se identifican los actores sociales relevantes para el caso o situación y sus valores (explícitos e implícitos) básicos; es decir aquéllos actores con los que habríamos de trabajar para solucionar la situación y los valores de esos actores que hayamos de tener en cuenta para evaluar éticamente el caso. En la tercera fase, se especifican las opciones fundamentales de que dispone el interventor y sus consecuencias probables para los actores; es decir, las diferentes (recalco el adjetivo) alternativas o cursos de acción existentes a priori y las consecuencias que para cada actor relevante tendrá previsiblemente (en la medida en que en función de los valores relevantes de cada actor podamos prever esas consecuencias). Conviene no descuidar los valores implícitos (generalmente identificables con intereses no confesables) en situaciones en que, en función de la gran “deseabilidad” social o de que hay mucho que repartir, sospechemos que esos valores, aún permaneciendo implícitos, van a tener un gran peso en la motivación de los actores. En el lado de las consecuencias, la dimensión temporal puede ser muy importante de forma que (como se ve en la ilustración que sigue) las consecuencias de una opción pueden ser buenas en el corto plazo pero malas en el largo plazo; y viceversa , no siempre las consecuencias positivas a la larga lo son a la corta (con frecuencia por requerir un sacrificio o esfuerzo inmediato que sólo en el largo plazo recibe recompensa). La observación de las columnas del esquema permite detectar las convergencias y divergencias de valores y consecuencias en cada opción. Las convergencias indicarán que el entramado social (familia, institución o comunidad) funciona como una globalidad más o menos unitaria en que se puede trabajar con todos los actores con resultados potenciados (siempre que usemos las técnicas adecuadas, claro es) por la convergencia existente. Las divergencias entre valores y consecuencias de cada opción señalarán, en cambio, núcleos de dificultad y conflicto ético que habremos de afrontar. Podremos también tener dificultades para identificar los actores, sus valores, las opciones existentes o las consecuencias previsibles de cada opción; esas dificultades señalarán las áreas de ambigüedad o incertidumbre que deben ser aclaradas “empíricamente” -en el proceso de evaluación previo a la intervención- para poder realizar con garantías el análisis y la actuación. Lógicamente y vista la complejidad social de las situaciones comunitarias, habríamos de buscar un equilibrio en el número de elementos (actores y valores; opciones y consecuencias) que tomemos en consideración. Si por limitar ese número omitimos algún actor esencial para entender la situación (o alguno de valores básicos para entender su forma de actuar), tendremos un déficit importante a la hora de comprender la situación o la actuación de los actores involucrados. Pero, por otro lado, cuantos más actores y valores incluyamos, mayor complejidad analítica adquirirá el entramado (convergencias, divergencias y relaciones de actores y valores) y más difícil será sacar conclusiones útiles. Algo similar sucede con las opciones y sus consecuencias: aunque no debemos omitir opciones realizables, la multiplicación de alternativas puede producir un cuadro tan complicado de consecuencias que supere nuestra capacidad de síntesis y de sacar conclusiones respecto de la opción más deseable. Un correctivo útil que podemos introducir aquí es la viabilidad de las opciones, de forma que, si hay muchas alternativas, consideramos sólo aquéllas que, con los medios y contexto dados, podamos llevar a cabo. ¿Cuál será entonces la conducta éticamente correcta, la mejor opción (fase 4)? La respuesta teórica es fácil: aquella que, teniendo en cuenta el mérito moral de los valores en juego (incluidos los valores deontológicos del interventor) maximice las consecuencias positivas para el conjunto de actores y minimice las negativas. Es decir, tenemos en cuenta tanto los valores implicados como las consecuencias de las acciones cuya evaluación es cualificada (como la “importancia” dada a los actores) por esos valores y no sólo por una mera cuestión de amplitud o cantidad (cuanto más, mejor) de sujetos “abarcados” por los valores y las consecuencias benéficas de la intervención. Así, y como se ha señalado en los criterios antes expuestos, las consecuencias negativas para un grupo social más vulnerable (parados, “enfermos” psiquiátricos, mujeres maltratadas, inmigrantes, etc.) tendrán más peso que las de otro grupo, incluso más numeroso, si damos prioridad al valor justicia en el análisis, lo que tornaría, a su vez, a esos grupos vulnerables éticamente más importantes que otros quizá mayoritarios o más significativos (clases medias, industriales y comerciantes, élites sociales, etc.) desde el punto de
vista de su peso en la toma de decisiones de la comunidad o su contribución a la eficacia global del sistema. La valoración sería, en cambio, bien diferente si primamos la eficacia del sistema social sobre la justicia distributiva de los bienes generados. Y se hará un poco más compleja si - dado que cuantos más bienes se produzcan más habrá para repartir- tratamos de compatibilizar los dos valores (justicia y eficacia) fijando, por ejemplo, un “suelo” de mínimos (justicia substantiva) como criterio “intocable” de base aun cuando la aportación de ese mínimo para todos perjudique la productividad o eficacia del sistema (que, de primar la eficacia, exigiría dar más al que más produce, no al más necesitado). En la vida real habrá situaciones de especial dificultad ética; por ejemplo, cuando no hay ninguna solución buena y hay que elegir entre dos opciones más o menos malignas (el “mal menor”) o cuando el cuadro es de tal ambigüedad o complejidad, que o no tenemos claras las opciones reales o no podemos elegir una como mejor que las otras; a veces las opciones pueden estar claras pero carecemos de los medios para llevarlas a cabo; en otras el interventor (o los actores) carecen de las condiciones personales o sociales para poder elegir; otras veces los actores se niegan a sí mismos las opciones más meritorias (así, vivir sin dependencias químicas) porque son las que más esfuerzo requieren. Baste finalmente recordar que el proceso aquí expuesto carece de virtudes taumatúrgicas: ni evita elecciones difíciles en la acción social ni resuelve por sí mismo las cuestiones éticas, facilita simplemente su abordaje y solución al presentar esas cuestiones de una forma ordenada y sistemática.
Resumen
- A pesar de la importancia reconocida a los valores, la Psicologóia ha menospreciado su dimensión ética , lo que, unido a una visión maniquea - en blanco y negro- que no reconoce los propios problemas éticos, ha dejado a los interventores huérfanos de orientaciones éticas adecuadas dada la limitada utilidad de una deontología profesional pensada para la acción individual.
- La PC necesita una ética social , no individual, realizable que pueda servir de guía moral de la acción comunitaria. Tal ética se construye sobre dos pilares: los valores éticos sociales - que expresan las cualidades de la comunidad ideal- y las consecuencias reales que para la comunidad y sus miembros tienen las acciones realizadas; e implica una dimensión alternativa, lo que debe ser (los valores o ideales) a partir de la cual se juzga la realidad (lo que es) o las acciones realizadas.
- Constituyentes estructurales de la acción ética social son: la conciencia moral, la libertad de elegir y actuar, las intenciones , el poder técnico, la relación profesional, el destinatario de la acción y la responsabilidad por las consecuencias. El interventor comunitario debe responder ante la comunidad del uso de la autonomía profesional y el poder técnico que le son socialmente concedidos: a mayor autonomía y poder, mayor responsabilidad.
- Los valores son los “ladrillos” de la ética y el juicio ético: forman sistemas dinámicos , inter- relacionados y jerárquicos que tienen una valía “relativa” (de unos en relación con otros) en función de su relevancia humana general y del significado que adquieren en relación con los temas y situaciones sociales concretas.
- La ética social está menos desarrollada que la ética profesional individual, careciendo sus valores-guía del consenso de que gozan la deontología y siendo notablemente más compleja, e indeterminada respecto de los actores, valores, opciones y consecuencias, los constituyentes básicos de la ética interventiva: el destinatario es, como el interventor, social o plural, existen varias - no una sola- relaciones significativas, el contexto tiene gran importancia, la técnica (y su base científica) está menos desarrollada, los temas tienen un mayor peso político y hay una divergencia mayor entre los valores del interventor y otros actores.
- Las cuestiones éticas surgen en situaciones de indeterminación o ambigüedad respecto a actores, valores, opciones o consecuencias o de conflicto entre ellos. Esas situaciones requieren clarificación y aportes de valores u opciones o la mediación entre los actores en conflicto. Otros factores y circunstancias que generan dificultades éticas son: la escasez de recursos o información (o la inadecuación de esta), la novedad de los temas tratados, el exceso de utopismo, los cambios y transiciones de rol, la inexistencia o inadecuación del contrato, la existencia de
Cuadro 9.1 Ética, básica y aplicada: Concepto y carácter
Cuadro 9.2 Niveles y procesos de análisis ético
Abstracto, general Valores, principios
Derivar Seleccionar
Deliberar “Aplicar”
Concreto / real Conducta, cuestiones
Cuadro 9.3 Esquema del acto ético psicológico
SUBJETIVO OBJETIVO
Relación
profesional
Acción
Autonomía
Conciencia
Intenciones
Poder técnico
Concepto y
aspectos
Descripción y carácter
Ética
trata de
el bien, lo bueno (justicia, libertad, verdad, )
el mal, lo malo (injusticia, opresión, mentira)
el deber y la obligación moral
la vida buena/ la felicidad
Materia bási
ca: Valores
Como sistemas organizados interrelacionados
jerarquizables
Supone Alternatividad a la realidad actual: lo que debe ser , no lo que es
Bipolaridad lo malo, censurable, indeseable (crítica moral)
lo bueno, ideal, deseable (modelos positivos de
comportamiento)
Ética aplica-
da a
Comportamiento/vida personal Ideal de persona (virtudes)
Conducta profesional Ideal profesional (buena práctica)
Comunidad/sociedad Ideal de comunidad e instituciones
sociales
Implica Elegir/optar
Hacer juicios de valor en base a valores éticos
Tomar decisiones
PROFESIONAL CLIENTE CONSECUENCIAS
RESPONSABILIDAD
Cuadro 9.4 Esquema del acto ético social
Cuadro 9.5 Estructura ética AVOC: Actores, valores opciones consecuencias
Ingredientes Contenido / carácter
Actores Interventor: equipo uni o multidisciplinar, institución Cliente, paga y patrocina acción Destinatario/s Afectados/interesados ( stakeholders ): asociaciones, grupos interés Valores explícitos o implícitos
Valores deontológicos Valores sociales y comunitarios Concordancia valores se puede trabajar con todos (acción global) Discrepancia hay que elegir entre valores/actores conflicto Opciones (^) Viabilidad estratégica: ¿son realizables con medios disponibles? Dilemas: opción bueno-bueno; opción malo-malo Conse cuencias
Múltiples: buenas y malas Polivalentes: bueno para A, malo para B Concordancia acción global, concertada Discrepancia consecuencias acción sectorial, conflicto
Responsabilid
ad
Destin
Dest
Interventor
(Institución
social)
C o n t e x t o
Rela
Rela
Consecuencias
polivalentes
Situacio
nes gene
ra doras
Ambigüedad
Conflicto
Reparto de recursos escasos
Información insuficiente o
inadecuada
Temas nuevos/desconocidos
Existencia de varios destina
tarios posibles
Temas excluidos de códigos
deontológicos
Agendas ocultas
Idealismo/utopismo excesivo
Cambios de rol incompatibles
Contrato no claro o inexistente
Valores/cultura de interventor distinta
de actores sociales
Cuadro 9.8 Cuestiones éticas frecuentes en la intervención psicosocial
Cuando es correcto intervenir y cuando no (legitimidad intervención).
Quién es el destinatario (o destinatarios); ¿cambian durante la intervención? ¿tienen
los distintos “clientes” intereses contradictorios?
Conflictos de intereses entre varios clientes/destinatarios y respuesta adecuada.
Roles duales (amigo-profesional, miembro de un grupo-interventor) o múltiples.
Demandas manipulativas (nos quieren utilizar para sus propios fines o para actuar
sobre un tercero que no ha hecho ninguna demanda).
Demandas de actuación contrarias a nuestros principios o valores (profesionales,
personales o propios del método que usamos).
Competencia profesional y formación adecuada para ejercer la acción social.
Confidencialidad , consentimiento informado y uso de la información en la relación
profesional; conflictos entre confidencialidad y derecho a la información pública.
Buenas intenciones (altruismo, solidaridad social, etc.) y autointerés :
autobeneficencia legítima, condicionamiento de la ayuda, intenciones-resultados,
estrés profesional, etc.
Conflictos de fines interventor-destinatario en programas y acciones concretas.
Elección de técnicas interventivas y afectación de valores básicos (técnicas
intrusivas; “persuasión” o manipulación en campañas de salud; incentivos en
programas de control conductual, drogas, natalidad; etc.).
Discrepancia de criterios de valoración de programas (entre el que paga, el que lo
realiza, los destinatarios, etc.).
Responsabilidad por efectos secundarios y consecuencias imprevistas.
Afectación de terceros que no han pedido ayuda ni intervenido en el contrato.
Maltrato institucional (así, instituciones de menores, residencias de mayores) e
institucionalización.
Uso por otros de recomendaciones, información y técnicas psicosociales generadas
por el interventor.
Papel de la subjetividad (preferencias, creencias, valores) personal, profesional y
social en la actuación profesional.
Incumplimiento por alguna parte del contrato explícito o implícito.
Responsabilidad del interventor en condiciones de restricción de la libertad de
acción (escasez de medios, negacíon de acceso a la información, condicionamiento
ideológico de programas, etc.).
Situaciones críticas y emergencias en que no se puede analizar ni planificar acción.
Publicidad institucional partidista, implicación del profesional y actitud ante ella.
Legitimidad de la influencia social en campañas masivas (afectan a muchos que no
han pedido nada) y en acciones preventivas (sobre problemas que “aún no
existen”).
Apropiación indebida de poder y recursos colectivos por parte del profesional o
político.
Confusión de los espacios público y privado en el diseño, ejecución y evaluación de
intervenciones comunitarias; privatización de la acción social.
Suicidio y daño auto-inflingido
Cuadro 9.9 Principios y pautas deontológicas de comportamiento
Principios Pautas de comportamiento derivadas
Autonomía Fomentar autonomía de personas y colectivos sociales
Tratar a personas como sujetos no como objeto - de las acciones, intenciones
o fines- del practicante o de otro
Respetar su dignidad y capacidad de elegir, decidir y actuar por sí mismo
Obtener consentimiento voluntario e informado para intervenir
Informarle sobre lo que se va a hacer, consecuencias previsibles, derechos y
obligaciones de cada parte
Acordar o pactar con destinatario los fines de la intervención
Evitar relaciones y situaciones sociales que creen dependencia
Limitar intervención: no hacer por el otro lo que ese puede hacer por sí mismo
Evitar técnicas y procedimientos dañinos, invasivos, demasiado restrictivos
Beneficencia
Bienestar otro
Eficacia de la
intervención
Hacer el bien y ser eficaz en la intervención psicológica y psicosocial
Ayudar y “servir” al otro, no a sí mismo
No utilizar al otro en beneficio propio
Preparación en todos los métodos eficaces de ayuda psicosocial
Obtener información adecuada sobre problemas y mejor forma de resolverlos
Supervisión que minimice daños causados por interventor
Elegir técnicas en función del tema no de preferencias del practicante
No malefi
cencia
Evitar el mal y la ineficacia
Evitar/reducir efectos secundarios (psicológicos, sociales, etc.) negativos
Obtener la mejor información disponible sobre el tema y la técnica a usar
Realizar pruebas piloto (sobre todo en acciones nuevas, complejas, etc.)
No desencadenar efectos que no podemos controlar durante la acción
Compensar - psicológica, económica, socialmente- por daños causados
Justicia
Social
Tratar a todos de igual manera
Hacer disponibles técnicas y beneficios de la acción profesional a todos
incluyendo a los más débiles, necesitados o vulnerables
No discriminar en función sexo, edad, etnia, grupo o nivel social, etc.
No condicionar ideológica, psicológica, social o económicamente la ayuda
Deber profesional ayudar psicosocialmente a las minorías más necesitadas
(sociedad debe aportar medios precisos)
Equidad relacional en el intercambio profesional para empoderar al más débil
Confianza Mantener confianza de destinatario base de la relación profesional
Ayudar al otro, hacerse profesionalmente disponible a el/ella
Mantener confidencialidad y normas - implícitas/pactadas- de relación
profesional
