TEMA VIII.-LA EXPROPIACIÓN FORZOSA.
I.-CONCEPTO.
II.-PREVISIONES CONSTITUCIONALES. LEGISLACIÓN VIGENTE.
III.-SUJETOS INTERVINIENTES: ADMINISTRACIÓN EXPROPIANTE,
EXPROPIADO Y BENEFICIARIO DE LA EXPROPIACIÓN.
IV.-PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN. EN ESPECIAL, LA
DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO.
I.-CONCEPTO.
1. La expropiación forzosa implica una transmisión imperativa de propiedad del
particular a la Administración Pública. De un modo más preciso, se define como
privación singular y coactiva de bienes, derechos o intereses patrimoniales.
Dicha privación es acordada por la Administración Pública siguiendo un
procedimiento que incluye la previa declaración de utilidad pública o interés
social y la pertinente indemnización. Para pagar esta compensación, debe
determinarse el justiprecio. *
2. Debe precisarse que la privación puede revestir diferentes modalidades: venta
(que es la más común), permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o
mera cesación de ejercicio.
3. Se trata, como vemos, de un acto de ablación o sacrificio individualizado de
derechos patrimoniales, mediante la compensación del equivalente al valor
económico del objeto expropiado. Por tanto, la expropiación forzosa es, como
estamos avisando, una privación singular.
4. En consecuencia, se diferencia de los límites generales impuestos por
la legislación al derecho de propiedad. El dato imperativo de que, por ejemplo,
para unos ámbitos se permitan edificaciones de cuatro pisos y de tres en otros no
implica indemnización compensatoria para estos últimos. Así lo precisa el art.
3.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, cuando nos dice que la ordenación
territorial y urbanística son funciones públicas y determinan –ordinariamente,
sin derecho a indemnización- las facultades y deberes de derecho de propiedad
del suelo.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando ciertas leyes autonómicas
imponen de modo general a los propietarios de viviendas la obligación de no
tenerlas desocupadas durante más de dos años. Sus titulares deben asumir esa
restricción sin tener derecho a ninguna reparación. Observad que, en todos estos
casos, se trata de limitaciones generales impuestas a los propietarios, no de
privaciones individualizadas.
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