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SEGUNDO GOBIERNO DE BELAUNDE
El segundo y último gobierno no consecutivo de Fernando Belaúnde Terry , empezó el 28 de julio de 1980 y culminó el 28 de julio de 1985. Transferencia de poder: coyuntura previa Las elecciones generales de 1980 (presidencial y parlamentaria) fueron resultado de un proceso transicional del poder iniciado cuatro años atrás, tras la inusitada culminación del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, el abandono de las líneas programáticas del velasquismo y el posterior desplazamiento de las FF.AA del Ejecutivo a sus cuarteles. El golpe militar interno de agosto de 1975 fue llevado a cabo por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, posicionando al general Francisco Morales Bermúdez en la presidencia, prometiendo intensificar y profundizar reformas anteriores. Sin embargo, Morales Bermúdez no logró lo que tenía planeado. Ello significó el inicio del fin del militarismo reformista y lo que quedaba del velasquismo en la esfera pública. Asimismo, se presenciaba un sentimiento anti-militarista dentro de la población, a pesar de que esta transición haya sido tutelada por ellos mismos. De esta manera, el 28 de julio de 1977 Morales Bermúdez anunció en su discurso presidencial la convocatoria a elecciones para el establecimiento de una Asamblea Constituyente, la cual, «debía redactar una nueva Constitución y facilitar el retorno a la institucionalidad democrática». Realizadas el 4 de junio de 1978 las elecciones para la Asamblea Constituyente, dio vida a los partidos políticos tras doce años de monopolio del poder político en manos de las FFAA. Con doce agrupaciones inscritas, los partidos políticos con mayor preferencia fueron el Partido Aprista (35 %), el Partido Popular Cristiano (24 %), el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (12 %), el Partido Socialista Revolucionario (7 %) y el Partido Comunista Peruano (7 %). Para estas elecciones, Acción Popular consideró que no existían condiciones mínimas de transparencia para la elaboración de una nueva Constitución al estar bajo supervisión de las fuerzas militares, decidiendo guardar la candidatura de Fernando Belaúnde Terry para las elecciones presidenciales de 1980. Culminada la Asamblea Constituyente y puesta en marcha la Constitución de 1979, Morales Bermúdez convocó a elecciones presidenciales en 1980, en las que ganó con comodidad «el mismo hombre que los militares habían sacado casi arrastrando del Palacio de Gobierno y cuyo régimen había denigrado largamente desde 1968: el arquitecto Fernando Belaúnde Terry».
Proceso electoral: elecciones presidenciales 1980: Luego de la publicación de una nueva Carta Magna en 1979, las elecciones de abril de 1980 fueron escenario de particularidades y novedades. En primer lugar, fueron los primeros comicios presidenciales que contaron con un verdadero sufragio universal, al consentirse el voto a los analfabetos. Asimismo, fijó el mandato presidencial en cinco años, fortaleció el poder presidencial, continuó con el sistema bicameral y estableció la «segunda vuelta electoral» (balotaje). De la misma manera, fueron los comicios con el número más alto de candidaturas, siendo quince los partidos inscritos. Tras la alta votación obtenida por el Partido Aprista en las elecciones de la Asamblea Constituyente, los pronósticos tendían a situarlo como virtual ganador en las elecciones generales de 1980. Sin embargo, el fallecimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre en 1979 trajo consigo cambios internos en el partido. Se produjo así una inevitable lucha entre una facción conservadora del aprismo, representada por Andrés Townsend, Luis Alberto Sánchez y Ramiro Prialé; y otra facción más cercana a la socialdemocracia, representada por Armando Villanueva del Campo y Alan García Pérez.^3 Tras disputas internas, Villanueva y García Pérez tomaron la batuta del partido. Los partidos de izquierda, los cuales también recibieron gran aceptación de la sociedad civil en los comicios de 1978 (aunque de manera segmentada), intentaron crear un frente con miras a obtener un porcentaje importante. La Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI) fue un proyecto que pretendía agrupar a distintos partidos de izquierda, pero debido a problemas ideológicos, nunca llegó a ser un proyecto sólido. El Partido Aprista dividido y la izquierda ideológicamente fragmentada crearon un escenario propicio para la candidatura de Fernando Belaúnde Terry y Acción Popular, planificada desde 1978. Fernando Belaúnde ganó las elecciones con un 45 % de los votos, seguido por Armando Villanueva del Campo y el PAP con un 27 % de votos válidos. En tercer lugar se situó Luis Bedoya Reyes, candidato del Partido Popular Cristiano con un 9 % de los votos válidos, seguido de Hugo Blanco Galdós, líder el Partido Revolucionario de los Trabajadores con un 3 % de los resultados. Tras una alianza con el PPC, Acción Popular también obtuvo mayorías en ambas cámaras, creando así un escenario de gobernabilidad entre el Ejecutivo y Legislativo, lo que no había tenido en su primer gobierno en 1963.
TRANSICIÓN Y TOMA DE MANDO: En la quincena de junio de 1980, el Partido Popular Cristiano (PPC) de Luis Bedoya Reyes, decidió establecer un compromiso con Acción Popular tanto en el Gobierno como en el Congreso, lo que permitiría dar una mayoría sólida al gobierno en ambas cámaras del legislativo; días después, Belaúnde dio a conocer que Manuel Ulloa Elías presidiría el Consejo de Ministros y sería también Ministro de Economía; de igual manera, anunció a dos miembros del PPC como ministros y al resto de miembros del gabinete, salvo los ministros militares (Aeronáutica, Guerra y Marina) y el de Energía y Minas. El día 30 de junio, Fernando Belaúnde fue proclamado como presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones, acto con el cual concluyó el régimen militar y se abrió un proceso político, que se dio dentro de un contexto de continuidad con dos fuerzas centrales: la burguesía y el movimiento popular, quienes jugaron papeles importantes en la arena política. Como sustento, Pease señala que «la política económica, acentuando persistentemente la pauperización de amplios sectores medios y populares, a la par que, abriendo me jores condiciones de rentabilidad a la gran burguesía, define los ejes principales de esta polarización social».^4 Por su lado, las masas populares y las derrotas que sufrió la política izquierdista definieron «el asentamiento de este régimen político y su estabilidad en un proceso complejo que no solamente atañe a la acción del Gobierno sino a todas las fuerzas políticas, en parti cular a su enraizamiento en las masas». El presidente saliente, Francisco Morales Bermúdez, implantó una jurisdicción militar para evitar cualquier tipo de represalias en los actos oficiales y manifestó que no asistiría a dichos eventos. Sin embargo, reali zó una recepción el domingo 27 de julio para las delegaciones extranjeras que asistirían a la toma de mando. La ceremonia de posesión se realizó en el Congreso de la República el lunes 28 de julio de 1980, y contó con la presencia de los presidentes Julio César Turbay de Colombia, Jaime Roldos Aguilera del Ecuador, Rodrigo Carazo de Costa Rica, Adolfo Suárez de España y Luis Herrera Campins de Venezuela; los miembros de la Junta de reconstrucción de Nicaragua, Sergio Ramírez Mercado y Rafael Córdoba Rivas, además estuvo la primera dama de Estados Unidos Rosalynn Carter, el
embajador de Estados Unidos Harry W. Shlaudeman, el representante de Ecuador, Galo Plaza Lasso y el ministro de Minas de Zambia, Mwaya Mumbana.
ELECCIONES MUNICIPALES DE 1980: Tras doce años de autoritarismo militar, el Perú abrió la década de 1980 con altas expectativas en recuperar y consolidar las instituciones democráticas y mejorar la situación económica, muy descalabrada por el mal manejo del gobierno militar. Es así como Belaúnde guió sus primeras acciones a satisfacer dicho imaginario, comenzando con la inmediata devolución de los medios de comunicación a sus propietarios y la convocatoria a elecciones municipales. Las elecciones municipales de 1980 permitieron a las fuerzas políticas de oposición a reorganizarse tras los resultados adversos de los sufragios generales.^6 Es así como surgió la alianza electoral Izquierda Unida, un conjunto de grupos marxistas y no marxistas unidos en torno a la carismática figura del abogado cajamarquino Alfonso Barrantes Lingán. El Partido Aprista siguió dividido de manera interna, agudizándose las diferencias entre sus dos facciones, llegando a enfrentamientos entre grupos de choque en cada bando. Las elecciones municipales se realizaron el 23 de noviembre de 1980, contando con la participación del 69 % de votantes registrados (6 586 696). Los resultados dieron como ganador a Acción Popular con un 36 % de los votos, dándole la oportunidad de controlar municipios importantes y ampliar su alcance de acción, en recurso y territorio. Izquierda Unida quedó en segunda posición con el 23 % de los votos válidos, seguido por el Partido Aprista con el 22 %.
APROBACIÓN PRESIDENCIAL: Por otro lado, el restablecimiento de la democracia fue bienvenida con los brazos abiertos con el 82.20 % de participación ciudadana, número alto debido a que ocurrió algo particular en estas elecciones: se permitió el voto universal, el cual significó la finalización y celebración de distintos años de lucha por los derechos políticos y sociales. Sin embargo, los resultados luego de las elecciones contradijeron lo dicho en el párrafo anterior. Como dice Cotler, estas elecciones, como la mayoría, fueron muy poco democráticas a pesar de la imposición del sistema. Lo que sucedió fue que partidos de izquierda que no tenían oportunidades de ganar trasladaron su voto a Belaunde Terry (Acción Popular) quien ganó debido a que era visto como “el mal menor” en comparación con otras agrupaciones políticas, como el APRA, partido que tenía casi asegurado el triunfo. En ese sentido, se predecía que el respaldo y la popularidad de cualquier presidente electo no iban a ser altos, en cualquiera de los casos. Pero, contra todo pronóstico, el apoyo presidencial fue plural y amplio al principio. No obstante, a lo largo de su mandato se fue reduciendo debido a las medidas que el gobierno tomó respecto a los graves problemas que surgieron, como el terrorismo, la crisis económica y los desastres que dejó el Fenómeno El Niño, el cual fue uno de los más fuertes que el Perú haya sufrido. En específico, la encuestadora Pulso Perú muestra que casi a finales del primer año de su gobierno (abril de 1981), Belaunde tuvo el 48 % de aprobación, mientras que su desaprobación fue de 35 %. Tuvo un pequeño tropiezo en su popularidad, la cual, octubre del mismo año, bajó a 47 %. Por otro lado la desaprobación también bajó 4 puntos porcentuales, pero la razón de esto fue que el número de personas encuestadas no sabían que responder aumentó.Para inicios de 1982, la caída de la popularidad de Belaunde bajó drásticamente hasta 30 %. Análogamente, su impopularidad subió en gran medida: 45 %, como si los resultados se hubieran invertido respecto al año anterior. Sin embargo, en octubre del mismo año, la aprobación se recuperó y subió hasta los 33 %, pero la desaprobación no sufrió ningún cambio.
En 1983, la reputación del presidente se vio afectada negativamente otra vez, y de manera significativa. Para el mes de junio, único mes del año en el que se realizó la encuesta, la desaprobación se incrementó hasta el 62 % y la aprobación decreció hasta 22 %, dejando mucho que desear del presidente y su reacción frente a los graves problemas que aparecían. Por otro lado, las encuestadoras DATUM e IPSOS también recopilaron datos que confirman esta decaída importante de la popularidad presidencial de Belaunde, específicamente, a causa de El Niño. Según estas, desde julio de 1982 hasta julio de 1983, la aprobación bajó de 31 % hasta 21 %; el margen de diferencia de la data que brindan DATUM, IPSOS y Pulso Perú es mínimo, por lo que es posible decir que coinciden con la caída, y consecuentemente, se afirma como una de las causas principales tal fenómeno ambiental. A este último problema se le suman los otros dos ya mencionado, la guerra interna que se estaba expandiendo por toda la sierra sur hasta tal momento, y la crisis económica, causante del imparable descontento de la gente.Siguiendo con los datos de Pulso Perú, para finales de 1984, la popularidad del presidente mostró cierta mejoría, bajando su desaprobación hasta 54 % y subiendo la conformidad de la gente con él hasta 25 %. Sin embargo, la tendencia de recuperación no duró mucho ya que iniciando su último año de mandato, la impopularidad ascendió estrepitosamente a 70 % mientras que su apoyo cayó hasta 18 %, teniendo un pequeño remonte a finales del año, llegando a 23 % y la reprobación a 63 %.
Cabe resaltar un factor importante por el cual la popularidad presidencial de Fernando Belaunde no bajó mucho más de lo esperado, pese a las dificultades que tuvo que afrontar. Este factor fue la prensa y su influencia en la gente. De acuerdo a Henry Pease, había un vasto número de diarios que apoyaban al segundo gobierno belaundista, entre ellos estaban El Comercio , La Prensa , Expreso y Correo , mientras que los otros eran periódicos menos influyentes; de hecho, las opiniones de los diarios eran tan parciales hacia el gobierno, que los mismos grupos derechistas tenían que leer a El Diario , de la extrema izquierda, para que al menos estuvieran al tanto de alguna oposición.^10 El artículo de Ricardo Blume en El Comercio publicado en abril de 1985 es un claro ejemplo del apoyo de este diario hacia el régimen. En tal texto Blume expresa con palabras eufóricas su experiencia de votar por Belaunde y su apoyo al gobierno en las etapas más duras p or las que pasó. En una parte de la pieza dice lo siguiente: Creo que tenemos a un presidente de lujo. Un presidente que ya quisieran muchos países civilizados. Un hombre positivo y honesto, dedicado por entero al país, sin una sola frivolidad, sin que se le conozca una sola falta. (Y estoy hablando de un país sumido en la inmoralidad).
Relación del Gobierno con las fuerzas políticas: La principal parte de la democratización se dio durante el primer año del gobierno de Fernando Belaúnde. Tres fuerzas políticas tomaron un papel significativo en esa etapa: los partidos políticos, los movimientos sociales y las Fuerzas Armadas.
causa de que la reacción ante el terrorismo fuese paupérrima y lenta, permitiendo que Sendero Luminoso avanzara con mayor facilidad.
ASPECTO ECONÓMICO: La crisis económica que sumergió al Perú en la década de 1980 no fue un caso aislado dentro de la región latinoamericana: fue un fenómeno socioeconómico territorialmente extenso que se caracterizó por la agudización de la deuda internacional y el estancamiento económico. Popularmente llamada década perdida, fue el periodo económico más traumático a lo largo de la historia sudamericana según José Antonio Ocampo, exdirector de la Comisión Económica para América Latina en el 2014 (CEPAL). La aparición de políticas de ajuste ante el endeudamiento internacional, heredado de la década anterior por una fuerte intervención del estado en la economía, abrió paso a diferentes impactos a nivel social, económico y político en cada Estado. Entre 1982 y 1983, como para llover sobre mojado, ocurrió el Fenómeno del Niño, que golpeó fuertemente a la costa norte de Perú, ocasionando graves daños en la infraestructura vial y en la agricultura. Los estragos del Niño afectaron al PBI que disminuyó en −6 %. La inflación subió en un 135 % al año. A partir de 1983, la caída de los precios de los metales desencadenó una preocupante crisis económica, que se evidenció con las dificultades para el pago de la deuda externa, un fuerte aumento de la inflación y la devaluación del sol.
El segundo gobierno belaundista, apoyado en el legislativo por el Partido Popular Cristiano, apostó por tomar medidas orientadas a restablecer el orden económico y la estabilidad política. Enfrentado a la crisis de la producción agraria, la debilidad de la burocracia pública, el surgimiento de Sendero Luminoso/MRTA y al fenómeno del Niño (1983), encaró un obstáculo mayor que determinó la necesidad de ajustes económicos importantes en el país: la agobiante deuda externa heredada del decenio anterior. El endeudamiento externo fue tan voluminoso que en 1978 llegó a representar más del 60 % de las exportaciones (…). Esta situación se agravó en los años que siguieron. En la medida en que los préstamos se volvieron más costosos y los plazos cada vez más perentorios, esas colocaciones, en lugar de apoyar a la estructura productiva, reforzaron los patrones tradicionales de dependencia y subordinación al mercado. Una muestra del extremo a que se llegó es el presupuesto de la República para 1983, que destinó alrededor del 40 % para cumplir con las deudas contraídas, y la balanza de comercio, que asignó más del 50 % de las exportaciones al mismo fin.
GABINETE ULLOA: El segundo gobierno belaundista inicia con Manuel Ulloa Elías como ministro de Economía y Presidente del Consejo de Ministros. Ante la crisis económica descrita, Ulloa aplicó una tímida reducción del gasto fiscal. Se reanudaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional tras las grandes sumas que acumulaba la deuda externa nacional. En 1983, el FMI exigió por primera vez al gobierno que aplique las cláusulas del Consenso de Washington, algo que no haría efectivo hasta el gobierno de Fujimori, mientras que en países como México ya se estaban aplicando.
GABINETE SCHWALB: Tras resultados negativos del programa económico guiado por el ministro de Economía (crecimiento lento del Producto Bruto Interno y estancamiento de diversos sectores de la economía – incluyendo el exportador–), Ulloa renunció en 1982. Así Fernando Schwalb López-Aldana asumió como premier, cambió a la mayoría de miembros del gabinete original y designó a Carlos Rodríguez-Pastor Mendoza como nuevo ministro de Economía. Se intentó estabilizar la economía a través de políticas de ajuste, sin dejar de lado las obras públicas. En 1983, el Fenómeno del Niño golpeó gravemente la economía nacional. «El gabinete de Fernando Schwalb no logró detener la decadencia económica ni la creciente sensación de descontento debido a las acciones armadas de Sendero».
Gabinete Mariátegui: Con una inflación que superaba el 100 %, un endeudamiento nacional externo trazando los diez mil millones de dólares y Sendero Luminoso ganando territorios a través el país, Belaúnde decidió designar a Sandro Mariátegui Chiappe, hijo de José Carlos Mariátegui, a la Presidencia del Consejo de Ministros. En su informe al Congreso de 1984, Mariátegui se quejó de los plazos cortos y los intereses altos de la deuda externa, así como exigía mayor justicia en los precios de los productos de exportación y mejor recepción de los mismos, criticando las medidas proteccionistas dictadas en Europa y Estados Unidos.
Gabinete Pércovich: Luis Pércovich Roca fue el último primer ministro de Belaúnde Terry, designado en octubre de 1984, nueve meses antes de la las elecciones de 1985. El nuevo jefe de gabinete solo intentó pasar las riendas del poder, pues la economía marcaba desde ya una tendencia negativa futura, irremediable a esas alturas del gobierno. De esta forma, el Perú queda estancado en una crisis económica cada vez más aguda; no obstante, Belaúnde lograría terminar los cinco años correspondientes.
Se asumía que la elevada inflación era causada por el excesivo gasto público y privado. Por ello, se quería reducir para volver a crecer de manera sana, haciendo caja para pagar la deuda externa. Sin embargo, se generó una profunda recesión con inflación elevada y el tramo final del segundo gobierno Belaundista fue vivido como una pesadilla.
ASPECTOS SOCIAL: Como ya señalamos, el elevado endeudamiento externo afectó la precariedad del sistema y desde 1982 el crecimiento económico descendió en gran magnitud. Como consecuencia se presentó un enorme número de desempleados, debilitamiento de la sociedad civil, crisis de los partidos políticos y la informalización de las clases populares.
MOTÍN DEL PENAL EL SEXTO: Otro incidente de gravedad ocurrido en su gobierno fue la develación del Motín del penal El Sexto, reclusorio ubicado en el centro de Lima. La mañana del 27 de marzo de 1984 un grupo de 60 reclusos tomó como rehenes a varias personas que trabajaban en dicho penal exigiendo la entrega de vehículos para fugarse. Enterado el presidente, ordenó que se realizaran negociaciones para poner fin al problema; sin embargo los reclusos se mantuvieron inflexibles y acrecentaron su violencia, asesinando frente a las cámaras de televisión a dos de los rehenes. Por la noche el motín fue develado por un grupo especial de la Guardia Republicana que ultimó a 22 internos, hirió a 40 y dispersó al resto, este hecho fue el más violento de ese año, incluso el Ministro del interior de aquella época, Luis Pércovich no dudó en
declarar que el motín tuvo una inspiración directa de Sendero Luminoso, debido a que varios de sus integrantes estaban recluidos en el viejo penal, el mismo que fue desalojado y clausurado el año 1986
Políticas barriales: El accionar terrorista de Sendero Luminoso, iniciado en Ayacucho y que luego se extendió a gran parte del territorio nacional, incluido Lima, tuvo un gran impacto en lo social. Para Matos Mar (2012), la guerra armada entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, «alteraron profundamente el ritmo de las migraciones de la sierra a la costa, sometieron a una profunda crisis a las comunidades campesinas y a la población rural de la sierra. Despertaron y alteraron la vida de los grupos amazónicos». Las barriadas no tomaron partido por el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero sufrieron un fuerte impacto por la crisis de vivienda que los obligaba a invadir sin diferenciar si los terrenos eran de propiedad pública, privada o en litigio lo que generó represiones. Las elecciones municipales en noviembre de 1980 se dieron en un contexto de intensas movilizaciones y marchas por la ciudad limeña. Comenzó, desde agosto, con el surgimiento de la barriada Villa Violeta en Comas y 30 de agosto en Villa Maria del Triunfo, mientras se celebraba la primera Convención de Barriadas en Chaclacayo. Las barriadas del Cono Sur y la Federación Distrital de El Agustino protestaban frente a la Empresa de Saneamiento de Lima, demandando agua potable (Matos: 2012). El primero de noviembre, días antes de las elecciones municipales, los pobladores del Cono Este, especialmente los de Canto Grande y Huáscar, realizaron una marcha masiva hacia el Parlamento con la finalidad de exigir agua potable, alcantarillado y luz eléctrica. Para enero de 1981, surgieron cuatro barriadas en San Juan de Lurigancho, a la vez ocurría un paro nacional y una marcha masiva de las barriadas del Cono Este a Palacio de Gobierno.
El gobierno nacional y el Congreso presenta una política de “asentamientos humanos”, en el cual la tarea de resolver los problemas estaba en manos de los alcaldes y sus municipios. «El gobierno aprobó el Decreto Legislativo 51, Ley de Municipalidades, mediante el cual se crea la Dirección Ejecutiva de Asentamientos Humanos Marginales, con la finalidad de prestar asistencia a los pobladores, y la Ley de Municipalidades 23853, que dispone formalizar la propiedad de los terrenos a quienes acrediten su posesión hasta antes de 1980». (Matos: 2012) Las municipalidades, sin embargo, se dedicaron a «titular sin generar saneamiento de la propiedad y menos aún registro» (Matos: 2012); es decir, dichos documentos servían para la entrega, pero carecían de valor. Mientras tanto, crecían considerablemente las invasiones en terrenos urbanos, llegando a 34 nuevas barriadas. En las elecciones municipales siguientes ganó Alfonso Barrantes, líder de Izquierda Unida, además de 20 alcaldes del partido en los distritos más populosos de Lima. Para Matos Mar, ello significaba un giro nuevo a la evolución del proceso del surgimiento de las barriadas. El proyecto de Vaso de Leche y la formación de Cocinas Populares fueron los proyectos que promovieron un mayor protagonismo del Estado en las barriadas populares.
Entre 1984 y 1985, se creó la Comisión de Asentamientos Humanos en un intento de canalizar el desborde urbano. Sin embargo, las invasiones continuaban intensamente, ocupaban áreas periféricas y resquicios de las barriadas existentes, así como también terrenos cercados de propiedad privada destinada a actividades industriales. La municipalidad de Lima reconoció 203 asentamientos humanos entre 1980 y 1985. Por su parte, el gobierno central se encontraba en crisis debido al pago de la deuda externa, que incapacitan su accionar en la política social. Su único programa fue Cooperación Popular, creado durante el gobierno de las Fuerzas Armadas y destinado con la finalidad de construir obras locales para dar oportunidad laboral y mano de obra. También se creó el Banco de Materiales, que prestaba dinero para materiales de construcción pagaderos en cuotas mínimas.
TERRORISMO: En 1980 empezaron las actividades armadas del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. Para comprender los orígenes del mismo es necesario explicar las diferentes divisiones que sufrieron las agrupaciones comunistas peruanas durante ese periodo. En 1964, el Partido Comunista se dividió en Partido Comunista del Perú-Patria Roja (PCP-PR) y Partido Comunista del Perú- Bandera Roja (PCP-BR) ambos de ideología maoísta. La diferencia se debía fundamentalmente a que el PCP-Patria Roja entró a la legalidad y el PCP-Bandera Roja aprobó el uso de la violencia para fines políticos. En 1970, el PCP-BR sufrió otra escisión debido a diferencias entre Saturnino Paredes y Abimael Guzmán. Paredes estaba «preocupado en la construcción de gremios campesinos» y Guzmán consideraba de mayor importancia «la reafirmación de una ideología y la definición de una línea política general».^21 Este acontecimiento, generó el surgimiento del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), encabezado por Guzmán.
Como podemos ver, Sendero Luminoso ya existía desde la época del gobierno militar de los „70. Esperaron la ocasión propicia para iniciar lo que llamaban la “lucha armada” o “guerra popular” y esa fue el retorno a la democracia. Un día antes de las elecciones, en la localidad ayacuchana de Chuschi, un grupo armado de cinco encapuchados irrumpió en el local donde se guardaban las ánforas para las elecciones nacionales y quemaron las ánforas y el libro de registro electoral. El ataque fue considerado por Sendero Luminoso como el inicio de su guerra popular (17 de mayo de 1980). La respuesta del gobierno ante el creciente accionar de Sendero Luminoso fue lenta. Para algunos voceros del gobierno se trataba solo de abigeos (ladrones de ganado) o de personas insanas que necesitaban de tratamiento psiquiátrico. Por lo demás, en un contexto de regreso a la democracia tras los doce años de gobierno de las Fuerzas Armadas, donde las tareas de mayor urgencia era la activación económica y apaciguar el descontento social, se pensaba que la vía revolucionaria había desaparecido de la política peruana debido a la participación mayoritaria de la izquierda en los últimos comicios.
La primera acción concreta por parte del gobierno se realizó en febrero de 1981, cuando se promulgó el decreto legislativo antiterrorista 046, el cual establecía responder «legalmente a los ataques del PCP-SL y en el cual se tipificaba el delito de terrorismo. El 3 de marzo de 1982 los senderistas [[Asalto de la cárcel de Ayacucho|asaltaron la cárcel de la ciudad de Ayacucho]], para liberar a sus correligionarios presos, acción que fue planeada por el mismo Abimael Guzmán desde Lima, y en la que murieron dos guardias civiles. Este hecho, que fue muy resonante, originó la represalia de un grupo de policías, que mataron a cuatro prisioneros senderistas que se hallaban internados en un hospital público. La policía, que debía enfrentar tan inesperada amenaza, evidentemente no estaba preparada para responsabilidad de tal magnitud. Fue entonces
frente a los dilemas del escenario internacional, en especial sobre los problemas de la deuda y la ortodoxia fiscal impuesta por organismos financieros multilaterales. La posición de Belaunde al respecto fue clara: lograr de los acreedores mejores condiciones de pago, sobre la base de fórmulas negociadas y de mutua conveniencia. Al igual que en otros asuntos de política exterior no propuso ni la ruptura ni la confrontación, sino soluciones derivadas de un consenso sustentado en la identificación de intereses comunes entre acreedores y deudores. Belaunde representó un liderazgo importante en la dinámica internacional persiguiendo los intereses de los países del Tercer Mundo, con una posición respetuosa frente a los países industrializados, y sus organismos: puso nuevos temas en la mesa del debate internacional: reclamó comercio justo; propuso un mayor equilibrio, más racional y equitativo, en las relaciones económicas entre países asimétricos; planteó la conveniencia de revisar las bases fundamentales del sistema financiero internacional para que éste pudiera contribuir de manera más eficaz al desenvolvimiento e integración de los países del Tercer Mundo; tuvo clara visión acerca de las posibilidad que el Perú tenía para impulsar su desarrollo a través de un programa audaz de inversiones públicas debidamente financiado por los organismos multilaterales del ramo. El Perú apoyó en el ámbito de organismos como el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) los planteamientos formulados para definir una posición regional sensata y dialogante a fin de hacer frente al grave problema derivado de la rápida modificación de las condiciones financieras internacionales, en virtud de las cuales América Latina, receptora de flujos positivos de capital hasta 1982, se convirtió, a partir de entonces, en exportadora neta de los mismos
Crisis de la embajada de Perú en Cuba: Apenas tomó posesión del gobierno, Belaúnde se enfrentó a esta crisis, que se originó en enero de 1980 cuando 24 cubanos que buscando escapar del régimen impuesto por Fidel Castro en Cuba, ingresaron violentamente en un autobús a la Embajada de Perú en La Habana. El embajador peruano Edgardo de Habich Rospigliosi permitió el ingreso de las fuerzas especiales cubanas para desalojar los invasores, esta acción le costó el puesto al embajador por no haber recibido la autorización del gobierno peruano.
El 28 de marzo fue el segundo ingreso de cubanos en la embajada y el 1 de abril fue el tercer ingreso realizado bajo fuego por parte de la milicia cubana; en este incidente resultó muerto un militar cubano. Fidel Castro exigió al gobierno peruano que entregará a los cubanos refugiados en la embajada. Frente a la negativa del Perú de hacerlo, Fidel Castro lanzó un comunicado de prensa el día 4 de abril, por el cual retiraba la seguridad a la sede diplomática por lo que «dicha sede queda abierta para todo aquel que quiera salir del país». Ya para el domingo 6 de abril habían entrado 10.803 cubanos en la Embajada de Perú. La crisis culminó en junio de 1980 cuando se concedieron visas humanitarias a los refugiados, España dio 350 visas, Canadá 600, Costa Rica 250 y Perú 750. Llegaron al Perú 450 cubanos, cifra que aumentó a 742 para agosto. La mayoría fue instalada en un campo de refugiados en el Parque Túpac Amaru de San Luis. La mayoría de los asilados en Perú volvió a emigrar.
Conflicto con Ecuador : El 22 de enero de 1981, el gobierno peruano denunció el ataque a una de sus aeronaves cuando realizaba una misión de abastecimiento a puestos de vigilancia en el río Comaina (territorio peruano). El incidente fronterizo fue provocado por la presencia del ejército ecuatoriano que había sobrepasado la línea de cumbres de la Cordillera del Cóndor, constituyó para el Perú y América Latina un serio motivo de preocupación. El presidente Belaúnde ordenó la inspección del río Comaina hasta sus nacientes en el lado oriental de la Cordillera del Cóndor, comprobándose la existencia dentro del territorio peruano de tres destacamentos militares ecuatorianos con sus respectivas instalaciones. Este hallazgo causó acciones de fuerza, logrando las fuerzas peruanas desalojar los destacamentos ecuatorianos.
Pero, tras la medición de las coordenadas, se comprobó que no correspondían a la mencionada Paquisha sino, como lo calificó el presidente Belaúnde, a un «falso Paquisha». El ministro de Relaciones Exteriores del Perú se comunicó telefónicamente con su colega ecuatoriano para exigirle el repliegue de las tropas de su país al lado occidental de la cordillera, con la advertencia de no hacerlo serían desalojados militarmente.
La eficaz intervención diplomática de Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos dio lugar a las conversaciones de Aguas Verdes (Tumbes) y Huaquillas, por pronunciamiento separados, quedó en claro, que a las fuerzas peruanas correspondía el lado oriental de la Cordillera del Cóndor y a los similares de Ecuador el lado occidental, conforme lo estipulado por el Protocolo de Río de Janeiro, llamado el acta Sorrosa-Du Bois fijó las coordenadas de ubicación permitidas para las tropas fronterizas, ratificando la condición de la mencionada cordillera como límite natural entre ambos países. También quedó establecido ante los agregados de los países garantes que las tropas peruanas en ningún momento habían sobrepasado el límite fronterizo, Belaúnde había ordenado no hacerlo lo que contribuyó a que no se gestará un conflicto bélico.
En 1992, los presidentes de Perú y Ecuador, Alberto Fujimori Fujimori y Rodrigo Borja Cevallos, suscriben el llamado Pacto de Caballeros en el que se comprometen a buscar soluciones pacíficas a las diferencias. Sin embargo, en el mes de diciembre de 1994, después de una declaración oficial por parte del gobierno peruano, que reclamaba como suyos los territorios en disputa, y frecuentes encuentros entre patrullas de ambos países, se empiezan a notar movilizaciones del ejército del Ecuador, que desde 1981 había estado preparándose para enfrentar un conflicto generalizado, desplegando sus sistemas de defensa en el área de la Cordillera del Cóndor.
CONFLICTO DE LAS MALVINAS: El 2 de abril de 1982, el gobierno militar de Argentina ocupó las islas Malvinas. En consecuencia, la reacción británica no se hizo esperar. Advirtiendo tan seria amenaza para la paz de América Latina, Belaúnde propuso el 11 de abril una tregua para discutir los términos de un arreglo.
El 2 de mayo el Belgrano , navío argentino, había sido atacado y hundido, se pensó entonces que la propuesta de paz de Belaúnde no tendría relevancia. Sin embargo, cuando los argentinos atacando con una sofisticada tecnología aérea, lograron destruir el Schefield , se abrió nuevamente las conversaciones para un acuerdo de paz. Los británicos, estaban dispuestos a considerar el cese del fuego y la desocupación del teatro de operaciones por ambas fuerzas. Se expresaba
además, la aceptación que las Naciones Unidas se hiciera cargo transitoriamente de la administración de la isla. La documentación, establecía que la desocupación de las islas se efectuara simultáneamente.
CASOS DE CORRUPCION PUBLICA: Bajo este gobierno estallaron diversos escándalos de corrupción, como los casos Guvarte, Vollmer, Bancoper, Mantaro-Pachitea y Villa Coca.
El caso Guvarte .- Involucró al ministro de justicia Enrique Elías Laroza (del PPC, partido aliado del gobierno). Durante el periodo en que estuvo al frente del portafolio de Justicia (1981-1982), Elías Laroza firmó contratos para la construcción y equipamiento de centros penales con la compañía española Guvarte, como parte de un acuerdo de ayuda crediticia entre los gobiernos peruano y español. El elevado costo que demandaban dichas obras (55 millones de dólares) y sus aparente s deficiencias, levantaron sospechas. El contralor general Miguel Ángel Cussianovich, presentó cargos contra Elías y sus cercanos colaboradores por malversación de fondos públicos. El caso fue abandonado cuando Elías adquirió inmunidad parlamentaria al ser elegido diputado en 1985. En su defensa, el exministro arguyó una conspiración política en su contra.
El caso Vollmer .- Involucró al primer ministro y ministro de Economía Manuel Ulloa, el hombre fuerte del régimen belaundista, que era a la vez un empresario con intereses en varios negocios, como el de las telecomunicaciones (el diario Expreso y el canal 5 de televisión). Ulloa, al parecer, favoreció a un conglomerado empresarial venezolano, el Grupo Vollmer (del que era accionista y miembro del directorio), en la venta de Irrigadora Chimbote S.A. Este escándalo ocasionó que en diciembre de 1982 Ulloa renunciara a su cargo político.
El caso Bancoper .- Involucró al Estado en un intento frustrado de rescatar a Bancoper, un banco privado que atravesaba serias dificultades por préstamos hechos a empresas del Grupo Bertello, uno de sus principales accionistas. A favor de dicho banco, el Estado usó 30 millones de dólares del Banco Central de Reserva y del Banco de la Nación, procedimiento irregular que generó en el Congreso una acusación constitucional (1985).
El caso Mantaro-Pachitea .- Involucró a dos ministros del gobierno belaundista que aceptaron una deuda de 42 millones de dólares (ulteriormente elevada a 73 millones), generada por las pérdidas en el arriendo y posterior “compra” del Mantaro y Pachitea , dos naves de carga inservibles. Este caso, al igual que el anterior, no avanzó debido a la política de “borrón y cuenta nueva” que aplicó el siguiente gobierno aprista de Alan García.
El caso Villa Coca .- Estalló ya en las postrimerías del gobierno e involucró a prominentes coroneles y generales, así como a funcionarios públicos (entre ellos un hombre de confianza del premier y canciller del segundo belaundismo, Luis Pércovich Roca) con el cártel narcotraficante de Reynaldo Rodríguez López, alias “El padrino”.
OBRAS: Pese a la crisis económica y la violencia terrorista, el gobierno pudo realizar un vasto plan de obras públicas.
Afirmación del Estado de Derecho: Se puso en vigencia la Constitución Política de 1979, que fuera elaborada y aprobada por la Asamblea Constituyente de 1978 (su vigencia se prolongaría hasta 1993), y se devolvió a sus propietarios los diarios y estaciones de televisión y radiodifusión expropiadas por la dictadura militar, garantizándose, de este modo, el respeto a la propiedad privada y la libertad de expresión e información. Además, se restauró el origen democrático de las autoridades municipales, convocándose de inmediato a elecciones (1980). En Lima triunfó Eduardo Orrego Villacorta, de Acción Popular, que en 1983 fue sucedido por Alfonso Barrantes, representante de la izquierda marxista unificada. Creó las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (CORDES), veinticinco en total (cada una por un departamento, más la provincia constitucional del Callao). Eran organismos de gobierno regional en las que participaban los alcaldes provinciales, los representantes de organizaciones y gremios locales, así como los representantes del gobierno central. Discutían en asambleas proyectos de desarrollo; el gobierno central dotaba a cada Corde de los medios necesarios, pero cada una de ellas debía buscar sus propios recursos. En los cuatro años de funcionamiento de los CORDES (1982-1985) se ejecutaron cerca de 8000 proyectos, desde aulas escolares y postas médicas, hasta puericultorios, aeropuertos y canales de regadío.^38
También, acatando las disposiciones de la Constitución, se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Fiscalía de la Nación. Promulgó la Ley de Hermandad que restableció el sistema de Cooperación Popular (Minka), iniciado en su primer gobierno, y destinado a apoyar las obras de infraestructura básica y promover la participación popular en las obras, incluyendo convenios con distintas comunidades que proponían sus propios proyectos de desarrollo
Promulgó el nuevo Código Civil
Expansión vial en la selva. La Carretera Marginal
La extensión de la frontera agrícola fue el principal objetivo del segundo mandato de Belaúnde. Se reanudó la construcción de varios tramos de la Carretera Marginal de la Selva (obra iniciada en su primer gobierno), que brindó una infraestructura vial de acceso inmediato a 1.5 millones de hs. potenciales. Terminó el tramo norte de la Carretera Marginal de la Selva, la que va de Tingo María a San Ignacio, de 1.000 km. Construyó el tramo central, de Von Humboldt (km. 85 de Pucallpa) a Puerto Ocopa, en la confluencia de los ríos Perené, Ene y Tambo. Inauguró el tramo Villarrica-Puerto Bermúdez. Buscó así romper el aislamiento de la selva, específicamente la Selva Central, dentro de los departamentos de Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín. A medida que se avanzaba con la construcción de esos tramos, grupo de colonos se establecían en los márgenes del camino recién abierto. Para regularizar esos asentamientos y crear un polo de desarrollo que les sirviera de centro administrativo y de servicios, el gobierno decidió la construcción de un moderno núcleo poblacional. El 24 de mayo de 1984 fue fundada la Ciudad Constitución, en plena selva central, en el departamento de Pasco, en la margen derecha del río Palcazu, a unos 12 km del río Pachitea, con la idea de convertirla en el eje geopolítico del Perú.
