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La delincuencia y

su medición

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Josep Maria Tamarit Sumalla

Irene Montiel Juan

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 4 horas

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Introducción

Este módulo aborda una de las cuestiones fundamentales de la criminología desde que ésta entra en su etapa científica: el conocimiento de la delincuen- cia, su evolución y distribución espacial. Conocer la dimensión real de la cri- minalidad se convierte en una herramienta fundamental para la elaboración de un discurso político-criminal de base científica y racional en una materia altamente sensible a los intereses de los diversos agentes políticos, sociales y económicos. Por eso ofrecemos aquí los conceptos básicos relativos a las esta- dísticas oficiales y a los datos que se han ido produciendo como consecuencia de la evolución de la investigación criminológica, y ponemos un acento espe- cial en las encuestas de victimización, consideradas hoy, a pesar de las conti- nuas críticas, un instrumento básico para el seguimiento de la evolución de la delincuencia. Además de los elementos de tipo metodológico, se presentan y comentan los resultados de las encuestas en los espacios europeo, español y catalán.

Finalmente abordamos también, aunque con menos profundidad, cuestiones relacionadas con las encuestas de autoinforme o miedo al delito y la relativa a las formas del delito, haciendo referencia a la evolución de la fenomenología criminal y de las nuevas manifestaciones delictivas en la sociedad del riesgo y la sociedad del conocimiento.

1. El problema de la medición del delito

Conocer la dimensión y la distribución espacial y temporal de los hechos de- lictivos ha sido y es una de las funciones principales de la criminología. Siem- pre se ha sentido la necesidad de establecer cuantitativamente las tasas de de- litos en un determinado ámbito territorial y de observar su evolución a lo largo del tiempo. Disponer de datos fiables sobre la distribución y la evolución de la delincuencia es un elemento primordial para poder hacer comparaciones, ya que sólo mediante la comparación se puede adquirir conciencia sobre la magnitud de un problema o sobre cuáles son los puntos más necesitados de atención en un país o área determinada donde se quiera planificar la preven- ción y control del delito o evaluar los resultados de las medidas adoptadas. Los estudios de medición del delito permiten también poner a prueba las teorías criminológicas y analizar la reacción de la sociedad y del sistema penal ante el delito.

Los resultados obtenidos son necesarios para el análisis de la distribución te- rritorial del delito, las diferencias con respecto a la edad, el sexo y las caracte- rísticas sociales de las víctimas. En general, las diferencias individuales básicas presentan cierto mimetismo entre víctimas e infractores. De manera esquemá- tica, se ha dicho que unos y otros suelen ser, preferentemente, una persona joven, de sexo masculino y de escasos recursos. En la edad es donde las dife- rencias están más claras, tanto con respecto al riesgo de delinquir como de ser víctima. Con respecto al sexo, las diferencias son muy acusadas en los in- fractores y a veces inexistentes en las víctimas, con grandes diferencias según tipologías delictivas. La relación entre pobreza y delito es quizás la cuestión más compleja.

La imagen del delito como el acto de un pobre contra un pobre describe mal la realidad. Hoy se tiende a aceptar que no hay una relación direc- ta entre los dos hechos. Los incrementos de la delincuencia van a me- nudo más asociados a periodos de crecimiento que a tiempos de crisis económica, y diversas teorías nos permiten descubrir que es menos la pobreza y más la privación￿relativa , la frustración de expectativas, la exclusión social o la anomia lo que proporciona explicaciones sobre los incrementos de la criminalidad.

Medir el delito ha sido una preocupación que ha acompañado a la criminolo- gía desde sus inicios, que siempre ha prestado especial atención a la estadística criminal. Incluso esta preocupación es anterior a la conciencia sobre la propia

disciplina. Entre los precursores de la criminología científica ocupan un lugar destacado estudios como los de Quetelet, efectuados sobre las primeras esta- dísticas oficiales aparecidas en Francia durante la primera mitad del siglo XIX.

Ya desde el comienzo se planteó el problema de la cifra￿oscura (tam- bién denominada cifra￿negra ) de la delincuencia, formada por aquellos delitos que no llegan a ser conocidos oficialmente y, por lo tanto, no quedan reflejados a la estadística. Así, el problema principal es cómo se puede llegar a conocer la dimensión real de la delincuencia; cuestión sobre la que abundan las posturas escépticas, como la de Christie (1982), quien afirma que nunca podremos saber si hay mucha delincuencia, si se ha incrementado o si lo hará en el futuro.

El escepticismo está relacionado con dificultades «técnicas» a la vez que con la naturaleza de lo que se trata de medir, la delincuencia como comportamiento humano y como hecho social.

Advertía Young (1988) que, «en el fondo, la medida del delito es una cuestión política y conceptual. Las cifras del delito... no son “hechos consistentes” como lo son la altura y el peso de los cuerpos físicos».

Veremos acto seguido cuáles son las fuentes de conocimiento que emplea la criminología para conocer la evolución de la delincuencia: las fuentes oficiales y las que puede aportar la investigación criminológica.

(Ley 41/2015, de 5 de octubre), ha introducido variadas e importantes nove- dades en el ámbito del proceso penal y también en lo referente a la remisión de los atestados por parte de la policía judicial.

Conocer estas situaciones tiene un interés evidente para la investigación y la praxis criminológica y para el diseño de programas de prevención del delito. Muchos de estos programas están dirigidos a objetivos como el reforzamiento psíquico de las víctimas de violencia en la pareja para que puedan superar el miedo a denunciar los hechos, o dar pautas a los profesionales con contacto con niños para que sean capaces de detectar situaciones de abuso. También interesa conocer los motivos por los que las víctimas denuncian o no los de- litos, o por qué la policía a menudo no investiga ciertos hechos o incurre en prácticas incluso a menudo no legales pero presentes por todas partes como la «retirada de denuncia» de delitos públicos que comportan obligación de per- secución, con independencia de que haya denuncia o no de la parte agrava- da. Se ha utilizado la imagen del iceberg para describir la situación que deriva de estas causas, en el sentido que la mayor parte de la delincuencia real no llega a aflorar, ni siquiera en el nivel policial. La investigación criminológica se interesa por saber por qué se dan tasas muy bajas de denuncia en algunos hechos delictivos que, a menudo, son los que tienen un impacto más profun- do en las víctimas.

Violación y tráfico de drogas Como ejemplo del estudio de factores que permiten explicar las modificaciones en la tendencia a denunciar, Maguire (1994) establece una relación entre el incremento de las violaciones y los delitos de tráfico de drogas registrados en el Reino Unido durante los años ochenta del siglo pasado y la mejora de la atención a víctimas de violación y se dedicaron más recursos policiales al control del tráfico de estupefacientes.

De todos modos, lo que nos interesa destacar aquí es que, a pesar de sus limitaciones intrínsecas, los datos oficiales que proporcionan una información más aproximada sobre la realidad de la delincuencia son los datos policiales basados en denuncias, porque son las más próximas al hecho. Cuanto más progrese el curso de la denuncia por medio de los diversos agentes que componen el sistema de justicia penal, más posibilidades hay de que el reflejo cuantitativo de la criminalidad real quede distorsionado.

Este hecho puede provocar cierta sorpresa, dado que la existencia del delito sólo puede afirmarse, de acuerdo con el principio de la presunción de inocen- cia, cuando haya una sentencia condenatoria firme contra el acusado, dictada en un proceso justo. Pero aquí no nos referimos a la existencia de hechos sin- gulares, sino al problema de la medición de la criminalidad como fenómeno social; por ello, hay que tener en cuenta que un hecho delictivo registrado de forma policial en muchos casos no acaba con la condena del autor; y esto por muchas razones, como pueden ser:

1) La policía no aclara el delito y no dispone de las mínimas pruebas para poner a disposición de la Fiscalía o del juzgado, por ejemplo, porque no puede saber a quién atribuir la autoría. El concepto de delito aclarado es de tipo policial y supone que se considera el caso de forma policial resuelto, con independencia de que después haya o no condena.

2) El Ministerio Fiscal o el juez, según quien tenga atribuida la competencia de la instrucción en cada sistema jurídico, decide no abrir procedimiento por insuficiencia de pruebas. En general, en los sistemas anglosajones se acepta que la Fiscalía pueda decidir no perseguir por razones relativas a la gestión de recursos escasos y la necesidad de priorizar otras investigaciones. En países de la Europa meridional de tradición legalista hay, en la mayor parte de delito, obligación de perseguir, pero en la práctica se dan casos donde la Fiscalía e incluso los órganos judiciales optan por no hacerlo.

3) Se ha instruido un procedimiento judicial o en la Fiscalía, pero se decide el sobreseimiento por falta de pruebas, porque el imputado ha muerto o se ha sustraído a la acción de la justicia o porque ha habido, en los sistemas que lo aceptan, un acuerdo reparador entre autor y víctima en un procedimiento extrajudicial.

4) Se ha realizado la instrucción, pero la Fiscalía opta para no acusar o por re- tirar la acusación, y no hay en los sistemas que lo aceptan acusación particular.

5) Después de celebrarse el juicio, hay sentencia absolutoria por no haberse probado el hecho, porque no se puede atribuir la autoría al acusado o porque se aplica una causa de exención de responsabilidad penal.

Podemos comprobar, pues, que los datos judiciales basados en sentencias con- denatorias tienen utilidad para la investigación criminológica, especialmente la referida a analizar el funcionamiento del sistema judicial y el proceso de decisión e imposición de sanciones por parte de los tribunales, pero no como fuente de conocimiento de la criminalidad real. También tienen un valor es- caso los datos de diligencias judiciales incoadas a pesar de estar más próximas al hecho.

Estadística judicial española En un estudio comparativo entre cifras policiales y judiciales españolas, Stangeland (1994) constató que el número de diligencias previas incoadas (procedimiento de ins- trucción judicial seguido para la mayor parte de delitos en España) era muy superior al número de delitos registrados por la policía, lo que suponía necesariamente que al me- nos una de las dos cifras era errónea, ya que no puede haber más delitos instruidos que denunciados. Stangeland demostró que los datos policiales eran más fiables y detectó desajustes en los datos judiciales derivados de circunstancias propias de la burocracia judicial, como abrir en diversos juzgados más de un expediente para un mismo hecho que después era computado como si se tratara de dos delitos. En general, la estadística judicial española, basada en datos enviados por los secretarios judiciales y que no son objeto de un trata- miento estadístico profesionalizado, presenta graves deficiencias; por lo tanto, necesita siempre ser complementada con otros datos.

2015; aunque, como es habitual, con diferencias destacables entre las diversas categorías delictivas, de manera que hay más éxito policial con respecto a los delitos violentos que a los delitos patrimoniales.

Con todo, no hay que olvidar que no es posible hacer comparaciones transna- cionales con cifras oficiales. Además de las diferencias a que ya hemos hecho referencia, se ha de tener en cuenta que, por debajo de las oscilaciones de la criminalidad, las reformas legales y los cambios en el sistema de registro de datos, hay una tendencia general de fondo al incremento y la intensificación de los mecanismos de control social formal propia del proceso de desarrollo de las sociedades, que tiene como efecto una tendencia al aumento del núme- ro de denuncias, de las denuncias que se registran, del número de personas detenidas, enjuiciadas y finalmente sometidas a control penal.

En España, las estadísticas existentes son las siguientes:

1) Estadísticas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Na- cional y la Guardia Civil.

2) Estadísticas de las policías autonómicas que tienen atribuida la competencia en el control del delito, que son el Cuerpo de Mossos d’Esquadra en Cataluña y la Ertzaintza en el País Vasco.

3) Datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado.

4) Estadísticas judiciales sobre número de diligencias y sobre sentencias.

5) Datos de los juzgados de menores.

6) Estadística penitenciaria de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior.

7) Estadística penitenciaria y de medidas penales alternativas del Departamen- to de Justicia de la Generalitat de Cataluña.

3. Las encuestas de victimización

3.1. Origen y características

Las encuestas a las víctimas fueron desarrolladas como metodología tardamen- te, y fueron parte del crecimiento general de los métodos positivistas y cuanti- tativos en las ciencias sociales. La primera ocasión en que se consideró la reco- pilación de estadísticas delictivas en el ámbito internacional fue en el Congre- so general estadístico de Bruselas en 1853. El siguiente esfuerzo de importancia que se conoce se realizó en el Congreso internacional sobre la prevención y represión del delito, realizado en Londres en 1872. En estas reuniones surgió un factor que ha continuado ocupando un primer plano en todos los esfuerzos subsiguientes, es decir, el problema de la comparación de las definiciones.

Los primeros trabajos criminológicos, realizados durante la década de 1930, se centraban en estudiar a los delincuentes y no a las víctimas, para comprender mejor sus motivaciones y las causas de su agresión. El debate público sobre la problemática de la delincuencia tomaba sólo como fuente de información las estadísticas oficiales, principalmente las recogidas por la policía. El interés gu- bernamental en trascender sus propias fuentes administrativas y hacer encues- tas a la población aumentó durante la Segunda Guerra Mundial. En Finlandia se introdujo una pregunta sobre propiedad robada en las encuestas de opinión de Gallup en la década de 1940. En el Reino Unido, el creciente interés en la opinión de los ciudadanos se reflejó en el lanzamiento en 1941 de la Encuesta social gubernamental , denominada Encuesta social en tiempos de guerra ( Wartime Social Survey ). Estas primeras encuestas se centraban en preguntas sanitarias y económicas, junto con ciertas actitudes públicas.

Durante la década de 1960, los criminólogos tomaron conciencia de las de- bilidades de las fuentes administrativas y buscaron métodos alternativos que pudieran ofrecer una descripción más precisa e informativa de los problemas delictivos. Las primeras encuestas de victimización se realizaron en las décadas de 1960 y 1970; estaban diseñadas para examinar la «cifra oscura» del delito. Ya en la década de 1970, el papel de estas encuestas se vio fortalecido por la presión de la teoría feminista y posteriormente de la victimología, que enfati- zaba la importancia de las opiniones de las víctimas con respecto a su victimi- zación y la «invisibilidad» de ciertos tipos de delito en las estadísticas oficiales, como la agresión sexual y la violencia doméstica. Las primeras encuestas de victimización se realizaron, principalmente, a pequeña escala y de modo ex- perimental. Además de intentar comprender los delitos que no estaban bien identificados en las estadísticas policiales, estas encuestas fueron una impor- tante herramienta de investigación para ayudar a identificar aspectos del deli- to y la victimización que las fuentes administrativas no podían capturar fácil-

Enlace de interés: Atlas de encuestas de victimización Para más información reco- mendamos consultar la página web del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Victimización de UNODC. http:// www.cdeunodc.inegi.org.mx/ index.php/mapa/

El mayor problema con los estudios comparativos siguió siendo que existían diferencias en las definiciones del delito de un país a otro. Con el fin de superar este obstáculo, se desarrolló la encuesta internacional a víctimas del delito (ICVS, por sus siglas en inglés) en 1987.

Encuestas ICVS La primera ICVS se efectuó en 1989 y fue repetida en 1992, 1996, 2000 y 2005, con la participación de UNICRI y ONUDD. En la encuesta del 2000, intervinieron 17 países industrializados, mientras que en la del 2005 participaron 18, en este caso, sólo europeos.

Las encuestas de victimización se han desarrollado, sobre todo, en las nacio- nes desarrolladas, aunque posteriormente se han expandido en algunos países en desarrollo y de la Europa del Este. Hoy más de 70 países han efectuado al menos una encuesta. Las encuestas de victimización son ya una herramienta reconocida, que ayuda a los Gobiernos y su público a comprender sus proble- mas delictivos y la mejor manera de abordarlos. Además, en décadas recientes, también se ha dado mucha atención al estudio de los aspectos subjetivos de la criminalidad, como el miedo al delito, las inquietudes y las estrategias de protección. Sin embargo, han sido acreedoras de serias críticas, entre las que cabe destacar:

1) Existen ámbitos de la criminalidad resistentes a las encuestas de tipo cuan- titativo y es difícil hacer aflorar delitos que suceden en el ámbito familiar, de carácter sexual o hechos que, pese a no ser los más usuales, pueden encon- trarse entre los más graves. La investigación específica en violencia familiar ha permitido que afloren importantes bolsas de victimización que escapan a las encuestas generales. Así, por ejemplo, Straus (1999) ha señalado que, en Estados Unidos, la National Crime Victim Survey tan sólo recoge uno de cada dieciocho episodios de violencia en las relaciones de pareja.

2) Las encuestas dejan fuera los denominados «delitos sin víctima», de impor- tancia creciente en los sistemas penales contemporáneos, como los delitos de riesgo contra intereses de la comunidad o tráfico de drogas.

3) Una parte importante de la criminalidad se desenvuelve entre personas que viven en gran parte fuera de los márgenes de la ley, por lo que es dudoso que pueda confiarse en que personas con alto riesgo de victimización, como dro- gadictos, personas que ejercen la prostitución o migrantes ilegales, sean entre- vistados en condiciones equiparables a los ciudadanos menos victimizados y que aporten toda la información de que disponen.

4) Las encuestas telefónicas han sido un buen instrumento durante un cierto tiempo, pero empiezan a presentar problemas una vez que sectores de la po- blación usan la telefonía inalámbrica en sustitución de la telefonía fija, que no

permite efectuar un censo por territorio, o por la saturación de los teléfonos, particularmente por reclamos de tipo comercial que causan hartazgo en los usuarios.

5) En relación con los países en vías de desarrollo, existen dificultades adicio- nales, como las relativas a la financiación y, especialmente, las limitaciones de los censos de población o la falta de acceso de sectores importantes de ésta al servicio telefónico.

Con todo, las encuestas de victimización siguen teniendo un sentido, aunque no deben ser entendidas como un sustituto de las cifras oficia- les. Ambas fuentes de información deben ser vistas de manera comple- mentaria. Las encuestas pueden aportar legitimidad si son efectuadas y gestionadas por organismos independientes del poder político, si se sustraen a la sospecha de distorsión inducida por el interés de éste en presentar una u otra imagen sobre la evolución de la criminalidad, dado el carácter políticamente sensible que tiene siempre esta clase de infor- mación.

La naturaleza, extensión y consecuencias de la actividad criminal, así como la percepción de los ciudadanos sobre su propia seguridad son cuestiones que tienen una influencia directa e indirecta sobre la calidad de vida. El delito también puede generar costos económicos importantes, como los de las insti- tuciones de ejecución penal o los costes en las empresas y familia derivados del delito o de su prevención. Las encuestas nacionales sobre la victimización delictiva ofrecen una valiosa fuente de información a los autores de políticas y pueden usarse para comprender el nivel y la naturaleza del delito personal y doméstico, así como la percepción del público de la seguridad en la comuni- dad y la confianza que tiene en las instituciones de control de la criminalidad.

Las encuestas de victimización pueden ofrecer respuestas a las siguientes pre- guntas:

1) ¿Qué cantidad de delito existe y cuáles son sus características?

2) ¿Cuáles son las características de las víctimas y los perpetradores?

3) ¿Ha cambiado el nivel de delito a lo largo del tiempo?

4) ¿Cuáles son los riesgos de convertirse en víctima?

5) ¿Ha cambiado la percepción de seguridad a lo largo del tiempo?

Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido) y en Canadá, pero los resultados todavía no están publicados (Pérez y Benito, 2013). Los países donde se pasó la encuesta en 2004 fueron los siguientes:

• Alemania
• Austria
• Bélgica
• Dinamarca
• España
• Estonia
• Finlandia
• Francia
• Grecia
• Hungría
• Irlanda
• Italia
• Luxemburgo
• Países Bajos
• Polonia
• Portugal
• Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte)
• Suecia

La tasa de victimización resultó ser de un 14,9%. Los países con una tasa más elevada fueron el Reino Unido, Irlanda, Estonia, Holanda, Dinamarca y Bélgi- ca. La diferencia era estadísticamente significativa. Los niveles más bajos co- rresponden a España, Hungría, Portugal, Francia, Austria y Grecia. En general, se aprecia una tendencia a la disminución de la victimización desde 1988, que habría pasado del 16,9 en 1988 al 21,6 en 1992; 21,6 en 1996; 19,3 en el 2000, y finalmente 14,9 en el año 2004.

La opinión general es que los cambios demográficos han ejercido un papel im- portante en la reducción, concretamente en la disminución de la proporción de adolescentes y jóvenes en los países occidentales. En la Unión Europea, la población de entre 15 y 24 años disminuyó del 14,1 en el año 1993 al 12, en el año 2004.

Otro factor con el que se explica a menudo la disminución de la criminalidad en los países occidentales es una mejora de la eficacia policial y un endureci- miento de las sanciones penales, que podría actuar tanto en la disuasión de potenciales infractores como en la incapacitación de los delincuentes no con- denados; aunque esta explicación no suscita el consenso de los expertos. No en todos los países europeos la población penitenciaria se ha incrementado durante este periodo, sino que en algunos (como Suecia, Francia, Polonia, Fin- landia, Alemania o Portugal) se ha mantenido estable o incluso se ha reducido.

Enlace recomendado Para más información, os aconsejamos visitar el siguiente enlace: http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/euros- tat/home/

Por otra parte, todos están de acuerdo en que el crecimiento en la posesión de medidas de seguridad privada en hogares, empresas o vehículos constituye un factor inhibidor del crimen.

Causas de la reducción de la criminalidad La tendencia a la reducción de la criminalidad se ha manifestado en todo el mundo occidental, y de una manera muy acusada en Estados Unidos durante las décadas de los noventa del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Además de las causas aquí apuntadas, en Estados Unidos se discute la influencia que puedan tener factores como los niveles altísimos de población encarcelada, los efectos de la legalización del aborto con respecto a potenciales delincuentes no nacidos o la extensión de la población sometida a psicofármacos.

3.3. Las encuestas en España

España se ha mantenido durante mucho tiempo al margen de la tendencia internacional que ha adoptado las encuestas de victimización como fuente de medida de la criminalidad. Las primeras experiencias han sido esencialmente de carácter parcial, como la encuesta de victimización de la ciudad de Barcelo- na, que se realiza cada año desde 1983, la encuesta de seguridad de Cataluña, que se viene efectuando desde 1999, a las que después nos referimos, y algunas encuestas realizadas en Andalucía por el Instituto Interuniversitario Andaluz de Criminología y el Observatorio de la Delincuencia de Andalucía; por ejem- plo, las realizadas en Málaga, o el estudio comparativo de la delincuencia en las ciudades de Córdoba, Huelva y Sevilla (2007). España participó por prime- ra vez en la encuesta internacional de victimización en el año 2005, aunque los resultados que aparecen, con tasas de victimización muy por debajo de los estándares y la escasa información metodológica aportada en la publicación de la encuesta han suscitado dudas sobre su fiabilidad.

Diversos intentos de llevar a cabo iniciativas gubernamentales no han tenido éxito. Sólo puede indicarse la encuesta general del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que incluye algunas preguntas referentes a la seguridad, pero no tiene, ni de lejos, la extensión de una encuesta de victimización. El CIS realizó además diversas encuestas en los años 1978, 1995, 1996 y 1999, pero sin seguir el modelo internacional y con diversas diferencias respecto a aspectos como las categorías de delitos abarcadas.