Una condena más allá de los 19,1 millones de dólares.
Por: Mariana Álvarez Redondo, Alejandra Lis Urrea. 2019.
El día 27 de agosto de 2019 el Tribunal CIADI profirió el fallo que para muchos
críticos fue visto como una victoria a favor de Colombia, pero para otros fue una
clara y contundente derrota ante Glencore debido a la restitución de los 19,1
millones de dólares que Colombia fue condenada a pagar a Prodeco-Glencore junto
con los intereses a tasa Libor sobre el monto de la condena; y para las autoras del
presente escrito, además, de ser una clara derrota en materia fiscal, es una evidente
muestra de los costos no fiscales que países receptores de las inversiones
extranjeras deben afrontar y que en el presente caso, representa una contribución a
la ‘reducción’ de la función pública y el posible ‘enfriamiento’ del poder regulatorio
por parte del Estado Colombiano; lo anterior, por cuanto los intereses de los
inversionistas extranjeros se siguen sobreponiendo a los intereses de la población
colombiana, viéndose supeditada la expedición de normas y/o fallos que vayan
guiados a proteger y regular en materia ambiental, económica, entre otros.
Así pues, si bien es cierto que el tribunal no accedió a la totalidad de las
pretensiones señaladas por Prodeco-Glencore, tal decisión no debe tomarse como
una victoria por parte del Estado Colombiano, pues la restitución de la suma
equivalente a los 19,1 millones de dólares no es el único rubro que Colombia debe
pagar a los demandantes, también debe asumir el pago de intereses sobre la suma
en condena -desde el 19 de enero de 2016 hasta la fecha efectiva del pago-, debe
reembolsar a los demandantes los ‘costos del procedimiento’ y $1.692.900 dólares
por concepto de gastos de defensa -incluyendo los intereses de dichas cantidades-;
además, no puede olvidarse los costos de defensa que el Estado Colombiano tuvo
que asumir para acudir al arbitraje internacional y la probabilidad de que el futuro
fallo frente al proceso de nulidad sobre el otrosí no. 8, que cursa en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca pueda generar una nueva demanda ante
Tribunales Internacionales y con ello, que Colombia deba asumir nuevos costos -
independientemente del resultado del litigio- que significarán una reducción del
gasto público que continuará afectando el desarrollo económico y social del país.
No obstante, en caso de que la declaratoria de nulidad del otrosí no. 8 pueda
representar costos fiscales y no fiscales para Colombia, no significa que, si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelve declarar ajustada a derecho el
otrosí allí debatido, los costos señalados sean menos lesivos para el país. Lo
anterior, por cuanto en el cálculo realizado por el Tribunal Arbitral frente al tema de
la disminución de regalías, no se tuvo en cuenta los costos en materia ambiental
que el país tendrá que asumir frente a la explotación de carbón señalada por
Prodeco, dado que al ser un recurso natural no renovable limitaría la protección del
Estado Colombiano en la expedición de nuevas leyes y/o en la rectificación de los
