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VI Hechos Relevantes
A Antecedentes al Contrato de Concesión
i Proyecto Baní
- En la década de los 90's la República Dominicana emprendió un proyecto global de rehabilitación y modernización de sus más importantes sistemas viales. Es así como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (“BIRF”) y la República Dominicana acordaron su sexto proyecto de infraestructura vial para el país, denominado Proyecto de Carreteras Nacionales (“PCN”), que sería financiado por el BIRF mediante el préstamo 4127-DO.
- El Préstamo del BIRF 4127-DO fue aprobado por el Directorio del Banco Mundial el 19 de diciembre de 1996 y fue firmado por el Gobierno dominicano y el BIRF el 17 de enero de 1997 y se declaró efectivo el 10 de septiembre de 1997.
- De la lista de los tramos inicialmente seleccionados por el Gobierno dominicano en el componente A.1 del PCN (Ampliación de algunos tramos ya existentes de carreteras a cuatro carriles separados), el Gobierno abandonó dos y le insistió al BIRF para que los recursos liberados fueran aplicados a la ejecución de obras de ampliación en un tramo de la Avenida de Las Américas, concretamente el que va entre el Puente Duarte y el Puente Juan Carlos. Este tramo era de carácter urbano o semiurbano, no podía ser objeto de financiación en el marco del PCN, ni con carácter general dentro de las políticas del BIRF. Sin embargo, el Estado insistió en que se modificara o sustituyera el préstamo para incluir el tramo entre el Puente Duarte y el Puente Juan Carlos.
- Para resolver este obstáculo, la SEOPC y el BIRF acordaron finalmente integrar esta actuación dentro de un compromiso más general, que contemplase el corredor interurbano de San Cristóbal-Santo Domingo-Boca Chica, y que era uno de los corredores viales sobre los que el PCN preveía actuar. Así pues, con tal de obtener la financiación del Préstamo BIRF-4127-DO para las obras entre el Puente Duarte y el Puente Juan Carlos, el Estado optó por financiar el resto del itinerario con recursos del sector privado a través de una concesión.
- Esta concesión iba a ser la primera concesión vial en régimen de peaje adjudicada por el Estado, por lo que el 14 de abril de 1998, con el apoyo del Banco Mundial, se adelantó el primer concurso público internacional llamado Concurso Público Internacional SEOPC/BIRF No. 03/98 para la Ampliación de la Autopista las Américas y la Conversión en Autopista de
la Nueva Ruta Santo Domingo – San Cristóbal.
- Luego de que se adelantó la fase de preclasificación a la cual se presentaron siete consorcios internacionales, dos precalificaron, siendo uno de ellos el que luego sería Codacsa. Sólo éste último continúo a la etapa siguiente del proceso al presentar su oferta. Luego de que éste realizara unos ajustes a su oferta y una vez culminado el proceso de negociación con la SEOPC, la comisión encargada de evaluar las ofertas emitió un informe final el 12 de febrero de 1999 decidiendo la adjudicación a favor del consorcio.
- El 6 de diciembre de 1999, se constituyó la sociedad Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras, S.A. (“Codacsa” o la “Concesionaria”), la cual era una compañía dominicana con el propósito de servir como vehículo para llevar a cabo la concesión.
- Luego de una etapa de negociación y ajustes, el 28 de febrero de 2000, la SEOPC y Codacsa firmaron el contrato de concesión administrativa en régimen de peaje para la ampliación de la Autopista de Las Américas y la conversión en autopista de la nueva ruta de Santo Domingo a San Cristóbal (el “Contrato de 2000”). Este contrato incluía tramos a ser construidos por la SEOPC con financiación en parte local y en parte del Banco Mundial y una vez construidos, estos tramos serían incluidos para mantenimiento por la concesionaria.
- Tratándose de un proyecto auspiciado por el Banco Mundial, Codacsa negoció la financiación privada que requería para el proyecto con la Corporación Financiera Internacional (la “IFC” por sus siglas en inglés), entidad financiera afiliada del Grupo del Banco Mundial que se ocupa del sector privado. Así, la IFC aprobó el 23 de junio de 2000 una financiación de 61. millones de dólares para la Concesión otorgada en 1999.
- Dicha financiación nunca se materializó ya que luego de un cambio de administración, el 10 de julio de 2001, el Estado comunicó a Codacsa formalmente que abandonaba el proyecto por considerar que el contrato firmado no respondía a la política del nuevo Gobierno.
- En el 2001 la República se embarcó en un nuevo proyecto para desarrollar otra autopista de primer nivel.
ii Proyecto La Romana
- El abandono del proyecto, suponía un serio obstáculo para que el Estado pudiera utilizar la financiación del Banco Mundial para la ampliación de la Autopista de Las Américas entre el puente Duarte y el puente Juan Carlos. Por este motivo, el Estado solicitó al Banco Mundial sustituir el proyecto por otro proyecto que permitiera igualmente mantener esa financiación. El Banco Mundial sugirió una concesión alternativa con un componente adicional de mantenimiento y el Estado eligió como tal alternativa la concesión de la ruta entre Santo Domingo y La Romana incluyendo el mantenimiento de la ruta y la ampliación de diversas secciones de la misma.
- El Banco Mundial y el Estado acordaron un “PLAN DE ACCIÓN PARA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO”, en el cual, se delineaba los pasos y condiciones a seguir para mantener la viabilidad de la financiación del Banco Mundial, por lo que, era necesario que se cumpliera con los objetivos de dar mantenimiento a la red vial del país y que existiera un mecanismo sostenible de financiamiento mediante el pago de peajes. El BIRF accedió a prorrogar la fecha de cierre del Préstamo 4127- DO hasta el dos mil dos, y en el Plan de Acción, se incluyó la Concesión según la adaptación a un nuevo ámbito (Santo Domingo-La Romana) en el que se reducía el componente de construcción.
- El 6 de noviembre de 2001 se aprobó el Proyecto “La Romana” y el Contrato de Concesión Administrativa en régimen de peaje fue adjudicado directamente a Codacsa. El objeto del contrato versaba en la gestión y mantenimiento de la Autopista de las Américas y de la Autovía del Este, así como la construcción, gestión y mantenimiento de la vía entre San Pedro Macorís y La Romana.
- Es así como tras dejar el Proyecto Baní, la SEOPC decidió comenzar la construcción y ampliación de una de las vías más importantes del país que conecta a Santo Domingo con el aeropuerto internacional principal y con una importante área turística llamada La Romana al oriente de la República Dominicana. El Estado decidió que este nuevo proyecto sería desarrollado a través del sistema de concesión administrativa en régimen de peaje, mediante el cual la concesionaria obtendría el financiamiento requerido para la gran obra de construcción inicial, recuperando posteriormente su inversión a través del recaudo de peajes durante la vida de la concesión.
- El Estado decidió adjudicar el nuevo proyecto a Codacsa por lo que la SEOPC decidió celebrar un contrato de concesión. Esta contratación se llevó a cabo sin la celebración de un concurso público o licitación. No obstante, y a pesar de que el Proyecto Baní y el nuevo proyecto eran distintos, el Preámbulo del Contrato de Concesión afirma que éste contrato constituye una mera “adaptación” del Proyecto Baní, el cual fue en efecto el producto del concurso público ocurrido en 1998.
B El Contrato de Concesión
- El 26 de noviembre de 2001, Codacsa y el Estado firmaron el Contrato, llamado el Connato de Concesión Administrativa en Régimen de Peaje para la ampliación de la carretera San Pedro de Macorís—La Romana. Este Contrato otorgó por parte del Estado a Codacsa una concesión administrativa en régimen de peaje a favor de Codacsa. De conformidad con el Contrato, Codacsa se haría cargo de la gestión, mantenimiento, y mejora de la vía que conecta a Santo Domingo con el oriente del país. La Concesión se otorgó por un plazo de treinta años y contemplaba tres estaciones de peaje, una ya construida por el Estado cerca al aeropuerto de Santo Domingo, llamada peaje de Las Américas o peaje del Aeropuerto y dos por construir durante el desarrollo del proyecto, las estaciones de peaje de San Pedro de Macorís y La Romana.
- El 18 marzo de 2003, el señor Gabriel Goldschmidt de la IFC le envió una carta al Ingeniero Manuel Bada de Codacsa en donde le señalaba que:
En junio de 2002 [sic], el directorio de la Corporación Financiera Internacional (CFI) aprobó un financiamiento de hasta US$61,6 millones para la concesión que la Concesionaria de Autopistas y Carreteras S.A. (CODACSA) había obtenido en 1999 y que incluía tramos de las autopistas Las Américas, 6 de Noviembre, Mella y Sánchez. Este contrato de concesión nunca fue ratificado por el Congreso, por lo tanto la concesión no se materializó y el financiamiento no se hizo efectivo. Tengo entendido que CODACSA ha firmado un nuevo contrato de concesión y ha comenzado a operar la estación de peaje de la autopista Las Américas. La CFI estaría – en principio – interesada en participar en la financiación de esta concesión, en la medida que se demuestre su viabilidad económica y financiera. Dado que el financiamiento de la CFI sería en dólares americanos y los ingresos de la concesionaria son en Pesos dominicanos, la presencia de un mecanismo mitigador del riesgo cambiario similar al que existía en el contrato de concesión anterior, es uno de los elementos fundamentales para asegurar la viabilidad financiera de las concesión y la posibilidad de obtener fondos complementarios de bancos comerciales. Desde ya cualquier financiamiento de la CFI requiere una evaluación detallada, la probación de la gerencia y el directorio de la CFI y que no haya objeción por parte del Gobierno de la República Dominicana.
- El 25 de marzo de 2003, el Gobierno emitió el Decreto Presidencial 271-03 para la expropiación de los terrenos para el tramo norte de toda la Carretera San Pedro de Macorís -La Romana. El Decreto Presidencial declaraba de utilidad pública los terrenos, por lo que resultaba necesaria una posterior negociación con los dueños de los terrenos afectados para el pago de la compensación expropiatoria.
- El 26 de marzo de 2003, Sacyr comunicó a la SEOPC su salida de Codacsa.
- El 21 de mayo de 2003, Consorcio Supervisor EPSA-LABCO/AUDING y la SEOPC suscribieron un contrato de supervisión integral de la Concesión. El objeto del Contrato de Supervisión era ofrecer asistencia técnica a la SEOPC en la supervisión integral de la Concesión, cubriendo los aspectos legales, económico-financieros y técnicos de ésta.
- Mediante comunicación del 21 de abril de 2003 de Codacsa a la SEOPC, Codacsa adjunto los planos y detalles requeridos para la expropiación de la nueva estación de peaje de San Pedro de Macorís que proponía se construyera en torno al kilómetro 43 de la Autovía del Este al oeste del Boulevard de Juan Dolio. Sin embargo esta propuesta no fue aceptada por la SEOPC y esta entidad propuso que en cambio se construyera al Este del Boulevard de Juan Dolio. Esta decisión implicaría unos perjuicios para Codacsa relacionados con la disminución de vehículos diarios según lo expuso Codacsa a la SEOPC el 20 de agosto de 2003. Codacsa aceptó la ubicación impuesta por la SEOPC y siguió trabajando para llevar a cabo la construcción de la nueva estación de peaje en el lugar señalado por la SEOPC.
- El 27 de junio de 2003 el señor Manuel Bada, Consejero Delegado de Codacsa, le escribió al señor Vargas Maldonado, Secretario de la SEOPC, comunicándole lo siguiente:
Como Consejero Delegado de Codacsa y representante del principal accionista de la sociedad, le escribo para ratificar lo expresado por el Ing. José Rafael Mera en su reciente conversación con usted.
- Como certifica la carta adjunta, remitida a ustedes hace tiempo, Codacsa ya obtuvo hace mas de un año la aprobación de la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) para la financiación del antiguo contrato de concesión. La financiación necesaria para el actual contrato es inferior a la del anterior y, como expresa la carta, todo hace pensar que será igualmente aprobada, dado el interés de la CFI por el proyecto.
- Sin embargo para ello es necesario que la SEOPC cumpla con la condición expresada en el artículo 6 del contrato de concesión, de aportar una garantía mitigadora del riesgo cambiario. Codacsa ha aceptado contractualmente el costo de la devaluación del peso dominicano con respecto al dólar que periódicamente viene produciéndose. Dicha garantía sólo cubriría a Codacsa en el caso de que se produjera una devaluación excepcional.
- Consecuentemente, y como le ha señalado el Ing. José Rafael Mera: SI la SEOPC cumple con el contrato, emitiendo la garantía, tendremos la vía abierta para la financiación del proyecto, como expresa la carta del Banco Mundial que adjuntamos. De acuerdo con mis planes, llegaré a Santo Domingo el próximo domingo, donde permaneceré hasta el jueves día 3 de julio. Quedo a su disposición para cualquier reunión a la que considere conveniente convocarme para aclarar en persona los detalles de este asunto. Respetuosamente me despido de usted quedando a la espera de que en el menor plazo posible se emita la citada garantía, de acuerdo con el contrato de concesión.
- En repetidas ocasiones, durante los meses de junio, julio y agosto de 2003, el Consorcio Supervisor le solicitó a Codacsa el programa de obras civiles y de mantenimiento vial y los diseños del Proyecto. Estos sólo fueron entregados por Codacsa hasta julio de 2004. Durante este tiempo el Consorcio Supervisor también le solicitó a Codacsa que hiciera entrega del presupuesto de la obra, el cual no había sido entregado en el 2005.
- El 2 de julio de 2003, Codacsa se reunió con la SEOPC para tratar en detalle varios aspectos de la Concesión, incluyendo la emisión de los avales y la actualización de las tarifas de peaje. En esta reunión Codacsa confirmó su compromiso de reducir los plazos de construcción de treinta a veinticuatro meses tal como se había acordado en el Compromiso 1. También recordó a los funcionarios del Estado la importancia de los avales. Los funcionarios de la SEOPC le aseguraron a Codacsa que el Estado emitiría los avales destinados a mitigar el riesgo cambiario y permitiría a Codacsa actualizar las tarifas de peaje a partir del 2 de septiembre de 2003. Tras la reunión, Codacsa le envió una carta al Secretario de Estado de la SEOPC de ese momento, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, en la que resumió lo tratado en la antedicha reunión entre representantes de Codacsa y funcionarios de la SEOPC.
- El 2 de julio de 2003, el señor Bada le escribió al Asistente Especial del Secretario de Estado de la SEOPC para comunicarle que Sacyr había sido remplazado por The Fairfield Group “con el objeto de reforzar la capacidad financiera de la empresa concesionaria”.
- El 19 de agosto de 2003, Codacsa se reunió nuevamente con la SEOPC reiterando de nuevo la necesidad de los avales y la actualización de las tarifas de peaje y, una vez más, la SEOPC afirmó que el Estado cumpliría con su obligación de emitir los avales. Ante la no emisión de los avales, el 27 de agosto de 2003 Codacsa volvió a recordar a la SEOPC la importancia de la entrega de los avales a Codacsa para obtener la financiación de la IFC.
- En noviembre de 2003, según Io que Codacsa había acordado con la SEOPC, Codacsa le entregó a BanReservas copia de, entre otras cosas, el Contrato de Concesión y los modelos de aval (anexos al Contrato) que BanReservas debía gestionar para obtener el préstamo de la IFC.
- El 8 de diciembre de 2003, la SEOPC emitió un informe mediante el cual se señalaba que el ritmo de la construcción no ha sido el esperado.
- Ante esta situación, el 27 de enero de 2004, Codacsa envió una comunicación a la SEOPC en donde le informó de los efectos negativos para la concesión de la negativa del Estado a actualizar las tarifas de peaje, o en su defecto a pagar el peaje sombra establecido en el Contrato, ya que para ese momento se había producido ya un incremento del Índice de Precios al Consumidor (“IPC”) de un 57,65%. En esa misma comunicación, Codacsa le informó una vez más a la SEOPC que a menos que los avales fueran emitidos, Codacsa no estaría en condiciones de obtener la financiación de la IFC.
- Con la intención de buscar una solución al problema de los peajes, Codacsa accedió a no actualizar las tarifas hasta junio de 2004, siempre y cuando la SEOPC aceptara conciliar las pérdidas sufridas por Codacsa durante los 16 meses que habían transcurrido desde la entrega del Peaje del Aeropuerto. Al no recibir respuesta, Codacsa continuó enviando comunicaciones a la SEOPC solicitando la debida actualización de peajes o el pago del Peaje Sombra en su defecto, informando de la deuda que se iba acumulando por la pasividad de la SEOPC.
- En mayo de 2004, se llevaron acabo nuevas elecciones presidenciales y el doctor Leonel Fernández Reyna, del PLD, fue elegido Presidente nuevamente. El Presidente tomó posesión de su cargo el 17 de agosto de 2004 y nombró al ingeniero Manuel Pérez Gómez como Secretario de Estado de la SEOPC.
- El 10 de agosto de 2004, el Presidente Hipólito Mejía, antes de terminar su administración, dio instrucciones a BanReservas y a la SEOPC para emitir los avales requeridos por el Contrato de Concesión, sin embargo estas no fueron seguidas.
- Una vez entrado el nuevo gobierno Codacsa volvió a escribirle a la SEOPC, recordándole la necesidad de los avales para poder obtener la financiación de la IFC.
- El 20 de octubre de 2004, Codacsa le escribió al Secretario de la SEOPC para informar acerca de ciertos puntos tales como la actualización de tarifas, los peajes, las reparaciones en el río Soco, el mecanismo del riesgo cambiario y el crédito con el Banco Mundial. Al respecto manifestó:
El Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI), aprobó en junio de 2002 un crédito a Codacsa de 61.6 millones de dólares (..) más otros 17 millones de “otros créditos”. Un total de 78.6 millones de dólares.
Como ustedes saben por la carta de la CFI que les hicimos llegar en su momento, el Banco Mundial condiciona la movilización de dicho crédito al cumplimiento por parte de la SEOPC de lo establecido en el artículo 6 del contrato de concesión con respecto al mecanismo mitigador del riesgo cambiario, es decir, al otorgamiento de una garantía por importe de diez millones de dólares (USD 10.000.000) en forma de aval del Banco de Reservas, afianzado por un banco internacional de primer orden, de acuerdo con los modelos incluidos en el anexo 2 del contrato de concesión Hasta la fecha, y aunque hace ya más de dos meses que la Presidencia de la República instruyó al Banco de Reservas para que procediera a su emisión, esta garantía no ha sido aún emitida. Por la presente les urgimos a acelerar los tramites de su emisión ya que sin ella no será posible movilizar el crédito aprobado.
- El 25 de noviembre de 2004 el señor Manuel Bada, de Codacsa, se dirigió al señor Salem Rohana de la IFC para agradecerle el tiempo que le dedicó esa misma mañana a hablar sobre la concesión, En su carta también señaló lo siguiente:
La Corporación Financiera Internacional (CPI), brazo privado del Banco Mundial, decidió conceder un crédito a CODACSA por 77 millones de dólares (véase carta adjunta) sujeta a la emisión, por parte del Estado Dominicano de un aval del Banco de Reservas por 10 millones de dólares, para mitigar el riesgo cambiario. Esa condición contractual no ha sido cumplida, el aval no ha sido entregado y CODACSA no ha podido acceder al préstamo de CFI.
El aval aportado por el Estado, no garantiza ningún tipo de riesgo concesional, solo se activaría si la devaluación de la moneda superara el 7% anual acumulado (o sea que el primer año sería 7%, el segundo la devaluación deberá sobrepasar el 14%, el tercer año 21 y así sucesivamente). Deseamos mencionar que el 7% anual es más del doble de la devaluación media habida en el periodo 1991-2002. El contrato de CODACSA no prevee que el Estado Dominicano tenga que avalar ningún préstamo que tome CODACSA, la entidad financiera solo quiere asegurase, parte del repago en el caso de una Catástrofe financiera, ya que el concesionario le ingresan pesos dominicanos y el préstamo debe pagarlo en dólares. La Corporación Financiera Internacional ha manifestado recientemente que sigue interesada en la financiación del proyecto y CODACSA garantiza que, si se moviliza la financiación en los términos previstos en el contrato, con esos fondos y los aportados por los accionistas, sería factible terminar la construcción de la autopista San Pedro de Macorís-La Romana a un plazo no mayor de 30 meses. De acuerdo con lo anterior mucho agradeceríamos se inicien las gestiones para la emisión del aval mencionado.
- En diciembre de 2004, la SEOPC le informó a Codacsa sobre la nueva modalidad de cobro a implementarse el 2 de diciembre de 2004. Se eliminaba el cobro de la tarifa en ambos sentidos del Peaje del Aeropuerto, obligando a Codacsa a cobrar únicamente en uno de los sentidos (salida de la ciudad), pero duplicando la tarifa, resultando en los 30 pesos para la primera categoría de vehículos.
- Durante los años 2004 y 2005 el Consorcio Supervisor Ilevó a cabo cuantificaciones de las obras realizadas a esas fechas por Codacsa. Los resultados de dichas cuantificaciones preocupaban a ambas partes ya que estas cifras no concordaban con las de Codacsa.
- El 6 de enero de 2005, Codacsa se reunió con el Secretario de Estado de la SEOPC para tratar de solucionar el problema de los Avales. El Secretario de Estado de la SEOPC se comprometió nuevamente a tratar de gestionar con la Secretaría de Finanzas las instrucciones necesarias para que BanReservas pudiera emitir los Avales.
- Poco después, el 27 de enero de 2005, Codacsa le escribió a la SEOPC acerca de los avales y solicitó la actualización de las tarifas de peaje por el incremento del IPC a 102.96%.
- El 9 de febrero de 2005, Manuel Bada, Atilio de Frías y Roberto García se reunieron con el Presidente Leonel Fernández para tratar de los problemas de la Concesión, entre ellos los avales. El Presidente prometió que haría las gestiones para que Codacsa recibiera los avales referidos en el Contrato de Concesión.
- El 17 de febrero de 2005, el Secretario de la SEOPC, el señor Pérez Gómez, redactó dos comunicaciones al licenciado Vicente Bengoa, Secretario de Estado de Finanzas. Las cartas anteriores son semejantes, la diferencia es que la Carta identificada como RR-26 contiene correcciones. Estas decían lo siguiente:
Carla identificada como Anexo D-324 o RR-26 Carta aportada como Anexo F a la Declaración del señor Manuel Jesús Pérez Anexo C-33 o D-
Carla identificada como Anexo D-324 o RR-26 Carta aportada como Anexo F a la Declaración del señor Manuel Jesús Pérez Anexo C-33 o D-
El Estado Dominicano a través de esta Secretaría de Estado, ha concesionado el proyecto de referencia mediante un contrato de Ley de la cual le incluyo copia. En junio de 2002 la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo privado del Banco Mundial, le otorgó un préstamo al Concesionario del proyecto de referencia por --- 78.6 [corrección a mano] -- millones de dólares, que no se han desembolsado debido a que el Estado Dominicano debe cumplir con un requisito que establece esa Institución. El requisito para el desembolso del présiamo era que el Banco de Reservas emitiera un Aval a favor de la de la SEOPC como parte del mecanismo mitigador del riesgo cambiario.
La importancia de este proyecto para nuestro país ha motivado que esta Secretaría haya decidido reactivarlo y haya contactado a las autoridades del Banco de Reservas, quienes están en la mejor disposición de emitir ese aval. Para proceder con la emisión, el Banco requiere una carta de la Secretaría que usted dirige, autorizando a la SEOPC a contratar dicho aval con el Banco de Reservas. El Lic. Daniel Toribio, Administrador General del Banco de Reservas, ha delegado en el Lic, José Manuel Guzmán Ibarra, Gerente de Banca Gubernamental para hacer viable este asunto. Ya que nos urge terminar de construir la carretera San Pedro de Macorís-La Romana, y las Variantes de San Pedro de Macorís y de la Romana, le solicitamos, si usted lo tiene a bien, que esa emita esa carta de acuerdo a lo requerido por el Banco. Agradezco de antemano, su cooperación, y le reitero mi afecto y consideración.
El Estado Dominicano a través de la Secretaria de Estado, ha concesionado el proyecta de referencia mediante un Contrato-Ley de la cual le incluyo copia. En junio de 2002 la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo privado del Banco Mundial, le otorgó un préstamo al Concesionario del proyecto de referencia por 61.6 millones de dólares, no como garantía del crédito , sino como mecanismo mitigador del riesgo cambiario, cubriendo únicamente las diferencias de cambio, si la devaluación del peso con respecto al dólar fuera superior a la prevista en el Contrato-ley. La importancia de este proyecto para nuestro país ha motivado que esta Secretaria haya decidido reactivarlo y haya contactado a las autoridades del Banco de Reservas, quienes están en la mejor disposición de emitir ese aval. Para proceder con la emisión, el Banco requiere una carta de la Secretaría que usted dirige, autorizando a la SEOPC a contratar dicho aval con el Banco Reservas. Agradezco de antemano tu cooperación, y te reitero mi afecto y consideración.
- El 19 de abril de 2005, Codacsa se reunió con el Presidente Leonel Fernández, los Secretarios de Estado de la SEOPC, Finanzas, y OISOE, y con BanReservas para tratar las cuestiones de la emisión de los avales y la actualización de la tarifa de peajes. Codacsa explicó al Presidente la necesidad de contar con el aval y obtuvo nuevamente el compromiso de que el Estado lo emitiría. Sin embargo, en esta reunión el Presidente informó a los presentes que se iban a tomas algunas medidas ya que las condiciones económicas del país no eran las mejores. Al respecto señaló que por el momento, no se autorizaría la actualización de los peajes solicitada por Codacsa por pérdida mensual de ingresos. Asimismo señaló que se debería firmar un tercer adendo al Contrato de Concesión donde quedaría plasmado que el Estado le entregaría diecisiete millones de pesos dominicanos mensuales a Codacsa por la no aprobación de del aumento de los peajes. También indicó que autorizaría al Secretaria de la SEOPC para solicitar a BanReservas la emisión de un aval por 10 millones de dólares americanos, como mecanismo mitigador del riesgo a favor de Codacsa. Al respecto Codacsa fundamentó sus solicitudes en razón de la exigencia del Banco Mundial para el desembolso de un préstamo aprobado por un monto de 61.6 millones de dólares americanos.
Tras esta reunión, el Presidente designó al ingeniero Félix Bautista, Secretario de Estado y Director de la OISOE, dependiente directamente de la Presidencia, como Representante del Poder Ejecutivo en la Concesión, según lo requerido por la cláusula 17 del Contrato de Concesión. Aunque dicho nombramiento no se confirmaría formalmente hasta noviembre de 2006, el ingeniero Félix Bautista empezó a ejercer sus funciones a partir de mediados de 2005.
- El 5 de mayo de 2005, el Secretario de Estado de Finanzas autorizó a BanReservas la emisión de los Avales (también referido como la no objeción para la emisión del aval).
- Como resultado de esta autorización, el 9 de mayo de 2005 el Secretario de Estado de la SEOPC solicitó a BanReservas la emisión de los Avales de conformidad con el modelo pactado en el Anexo 2 del Contrato de Concesión. A pesar de esto, los avales nunca fueron entregados por el Estado a Codacsa.
- El 20 de junio de 2005 el señor Manuel de Jesús Pérez Gómez, Secretario de la SEOPC, informó a Codacsa de las diligencias realizadas con BanReservas para la emisión de los Avales.
- El 22 de junio de 2005, el señor Alonso Biarge le escribió a los señores Roberto García, Atilio de Frías y Manuel Bada para informales acerca de una conversación que tuvo con el IFC y durante la cual contestó varias preguntas. Al respecto les comunicaba que se le informó que ya se había recibido la carta que esperaban respecto a la garantía y que parecía posible la consecución del préstamo. Al respecto también señaló cuales podían ser los problemas que se podrían presentar en cuanto a obtener un crédito cuando la concesión tenía una alta dependencia en subsidios, peajes, etc.
otorgamiento de la concesión y la necesidad de que se le otorgara un aval, Codacsa afirmó una vez más que éste era un requisito necesario para obtener el financiamiento de la IFC.
- El 21 de febrero de 2006, el señor Bada, Vicepresidente de Codacsa, le escribió al señor Giuliani solicitando noticias del estudio que Crédito Publico estaba realizando de la sociedad y le solicitó el envío de la garantía prometida en el Acuerdo Adicional No. 3. asimismo manifestó que la obra iba a todo ritmo en la Variante y Puente del Cumayasa y sólo se encontraban a la espera de dicha garantía.
- El 24 de febrero de 2006, se reunieron los representantes de Codacsa el señor Bada y Atilio de Frías, y el señor Giuliani, la señora Marianela Bautista, en nombre de la Secretaría de Hacienda. Durante esta reunión el señor Bada informó que la IFC requería la emisión de una garantía por parte del Banco de Reservas, como requisito previo para el otorgamiento de un financiamiento, dado que el Estado no venía cumpliendo con su obligación de reajustar los peajes, Asimismo informó que venían recaudando entre 17 y 20 millones de pesos dominicanos por concepto de tarifas de peaje, cifra que ellos estimaban debía haber sido mayor, pues el Estado tenía la obligación de ajustar el peaje de 30 a 60 pesos dominicanos, según había sido pactado en el Contrato de Concesión. Durante la reunión no se Ilegó a compromiso alguno y esta concluyo amigablemente.
- En este mismo día el señor Giuliani se reunió con el señor Rohana, representante de la IFC en la República Dominicana. El señor Giuliani afirmó que:
- El señor Rohana me aclaró que si bien a Codacsa efectivamente se le había aprobado un financiamiento en el año 2000 por un monto de hasta 62 millones de pesos dominicanos, dicho préstamo nunca había sido desembolsado, debido a que el contrato nunca había sido ratificado por la República y por lo tanto nunca había entrado en vigencia. El Sr. Rohana también me explicó que tuvo conocimiento de que Codacsa se acercó a la IFC con un nuevo contrato, señalando que se trataba de la misma concesión que le fue adjudicada en 1999 e intentando conectar el financiamiento que se había aprobado en el año 2000 para el proyecto licitado. Sin embargo, tal y como me explicó el señor Rohana, para la IFC el contrato ahora presentado por Codacsa se trataba de una nueva concesión, y como tal, tenía que pasar nuevamente por los requisitos de elegibilidad impuestos por las normas del Banco Mundial. El señor Rohana fue muy claro en explicarme que para la IFC, el hecho de que el contrato original para el cual se aprobó el financiamiento de 2000 nunca Ilegó a entrar en vigencia, significaba que aquella concesión había dejado de existir. Con relación a este nuevo contrato, el señor Rohana me informó que hasta donde él entendía, Codacsa no había solicitado oficial y formalmente un financiamiento ante la IFC para el nuevo contrato. El Sr. Rohana señaló que realmente no entendía porque Codacsa estaba solicitando este aval de la República, sin tener aún una solicitud de préstamo tramitándose al interior de la IFC. El Sr. Rohana también me confirmó que la IFC nunca había pedido a Codacsa un aval del Estado Dominicano a manera de pre-requisito para estudiar una nueva solicitud de financiamiento.
- El 1° de marzo 2006, se reunió la señora Bautista con el señor Giuliani y el señor Bada para discutir varios temas, entre los cuales se tocó nuevamente el del financiamiento de la IFC.
- El 13 de marzo de 2006 Codacsa se reunió una vez más con el Presidente de la República, Leonel Fernández, y asistieron a la reunión la señora Almudena Mazarrasa, el Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España, don Luís Ruiz Arbeloa, el Secretario de Estado de la SEOPC y el Secretario de Estado de Finanzas. Esta reunión se celebró como resultado de que los accionistas mayoritarios de Codacsa eran españoles y habían mantenido a la embajada informada sobre los temas de preocupación de la Concesión y solicitaron sus buenos oficios para buscar una solución a dichos temas.
Según el señor García, en esta reunión Codacsa confirmó al Presidente que se podían acabar las obras de la concesión en un plazo inferior a dos años, como se había acordado en el Documento de Compromiso 1, siempre y cuando se le entregase el aval de riesgo cambiario pactado en el Contrato de Concesión y que el Estado actualizara las tarifas del peaje o garantizara el pago del peaje sombra. Codacsa explicó que la falta de la entrega de los avales y el impago de los peajes sombra había hecho imposible la financiación con la IFC.
En dicha reunión, Codacsa también cuestionó por que no se había efectuado la entrega de los avales si él había dado instrucciones para su gestión y entrega. Al respecto el señor García señala en su testimonio que, “el Presidente también manifestó que él entendía que Codacsa no había solicitado el Préstamo a la IFC de manera formal. En respuesta, Codacsa explicó que, como siempre se le hizo saber al Estado, en sus gestiones con la IFC, ésta había dejado claro desde un inicio que Codacsa debía presentar la solicitud formal del préstamo sólo después de que el Estado le diera a Codacsa los avales, cuya falta de entrega estaba impidiendo obtener la financiación.”
- Mediante comunicación del 13 de marzo de 2006, el Secretario de Estado de Finanzas, el señor Vicente Bengoa, le informó al señor Toribio, administrador del BanReservas que la comunicación enviada el 5 de mayo de 2005 por la que se emitió la no objeción a que Ban Reservas otorgara un aval a la SEOPC por diez millones de dólares para el Proyecto quedaba sin efecto. La carta señalaba:
Distinguido Señor Toribio: Por medio de la presente, esta Secretaría de Estado de Finanzas deja sin efecto la comunicación No. 4171 de fecha 5 de mayo de 2005, mediante la cual emitía la no objeción a que ese Banco de Reservas otorgara un aval a la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC), por US$10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE DOLARES), para la realización del proyecto de ampliación de la Carretera San Pedro de Macorís – La Romana. El citado aval era requisito obligatorio para que la Corporación Financiera Internacional (IFC) otorgara un préstamo a la empresa concesionaria y ejecutora del proyecto, Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras, S.A. (CODACSA). Sin embargo, la aprobación de dicho préstamo fue cancelada por el IFC, según información directa de sus ejecutivos.
- El 15 de marzo de 2006, se realizó una reunión con los representantes de Codacsa donde se trató la financiación de la Concesión. Estuvieron presentes el señor Vicente Bengoa, el señor Héctor Giuliani, el señor Manuel de Jesus Pérez, Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, el señor Salem Rohana, y el señor Luis Arbeloa, representante de la Embajada de España. Por parte de Codacsa asistieron los señores Manuel Bada y Roberto García.
- Existen versiones encontradas respecto de lo sucedido en esta reunión. Según el señor Giuliani y la señora Bautista, durante la reunión, el señor Rohana de la IFC confirmó que el préstamo al que Codacsa se refería nunca se había hecho efectivo, porque el contrato de concesión que le había dado origen nunca había sido ratificado, y que para cubrir ese período sin financiamiento, Codacsa tenía que acceder a un préstamo interino. Asimismo, alegan que el señor Rohana confirmó que la IFC no estaba tramitando un préstamo para Codacsa y que la IFC no requería la emisión de un aval al Estado sin que existiera aún un préstamo en estudio. Por parte de la Demandante, el señor Ruiz Arbeloa, en su testimonio señaló que en esta reunión se trataron los mismos temas que se trataron en la reunión del 13 de marzo y ciertos aspectos técnicos de la concesión. Según el señor Ruiz Arbeloa, se discutió por qué los avales pactados nunca se le habían dado a Codacsa. Al respecto, el Secretario de Finanzas expresó que se le habían dado instrucciones a BanReservas para que se emitiera el aval y que BanReservas había aprobado la emisión del aval en cuestión. Sin embargo, Codacsa señaló que a pesar de esto nunca había recibido los avales. El señor Ruiz Arbeloa recuenta como al preguntar durante la reunión que por que no el aval nunca había Ilegado a Codacsa no hubo respuesta y también como hubo una discusión en cuanto a quien debía entregarse el aval si a Codacsa o a la entidad financiera correspondiente. Codacsa confirmó que era ella la que debía recibirlo de conformidad con el Contrato. El señor Ruiz Arbeloa no se refiere a lo que se alega dijo el señor Rohana. Respecto de esta reunión, el señor Ruiz Arbeloa en su segunda declaración niega que el señor Rohana haya indicado lo siguiente: “(i) que la IFC no había evaluado un nuevo préstamo para CODACSA en lo que iba del periodo del Señor Presidente Leonel Fernández; (ii) que a la IFC le había preocupado el cambio de concesión; (iii) que a la IFC le preocupaba la salida de uno de los accionistas iniciales de CODACSA, mucho menos que el socio saliente hubiera sido el “más prestigioso” o “principal”, ni que ello hubiera afectado a la concesión del crédito; (iv) que la IFC no requería un aval del Estado como requisito o condición previa para aprobar la solicitud de financiación. Es más, el señor Rohanna [sic] apenas intervino a lo largo de dicha reunión.”
- El 16 de marzo de 2006, Codacsa envió cartas a los Secretarios de Estado de Finanzas y de la SEOPC resumiendo y confirmando que los avales debían dirigirse a Codacsa ya que en la reunión del día anterior hubo confusión acerca de a quien debían ser dirigidos los avales.
- El 19 de abril de 2006 la señora Espey Romero, quien fue contratada para por Codacsa para asesorarla en sus conversaciones con el BID, le comunicó a los señores García y Bada que la señora Sylvia Larrea, funcionaria del BID encargada del Proyecto, había presentado la financiación de la Concesión a la dirección del BID para determinar su pre- elegibilidad. Al respecto la señora Espey Romero comentó:
I spoke with Silvia Larrea today from the IDB regarding the status of the loan review. Silvia is very frank and forthcoming. She is making the pre-eligibility presentation to management today. This means she is presenting a 7 page overview of the transaction to brief management and find out if they approve of her continuing on with the analysis and review. If so, she will then prepare a full study and economic analysis for Board approval. I fully agree it is best to do this now since while Silvia herself likes the project and is positive, so long as the transaction relies on funds from the Government of the Dominican Republic (GODR), the Bank will have concerns. The issue is that the concession involves a GODR subsidy. The DR is a member of the Bank and hence the Bank knows well the restrictions it has placed on the Government and that the GODR is rated not credit worthy. We discussed the LC from the Banco Reserva which is also a GODR entity so she does not take a lot of comfort in that LC, but at a minimum she needs to know how that is progressing and she wants to understand the mechanism to replace funds once CODACSA is forced to make a draw on the LC. That is, will there be a line item in the annual GODR budget that provides funds to replenish the LC once it is drawn on?
The Bank would take a lot of comfort if a third party bank would provide the LC, ie Citibank as opposed to a DR government bank that has the same credit rating as the GODR. This is really the crux of the problem that CODACSA is facing; the involvement of the GODR through its subsidy payments when it prevents CODACSA from raising rates. If there is any information on the LC that would help Silvia in her presentation today, then we should pass it on without delay. (…)
comunicó al Secretario de Estado de Finanzas, el señor Bengoa:
Hacemos referencia a nuestras cartas del 21 de abril, 5 de junio, 10 de julio, 8 de agosto y 14 de septiembre, todas ellas del 2006.
Tras enviarles el pasado 16 de marzo la documentación que ustedes requirieron, complementaria a la ya enviada el 18 de noviembre de 2005, no hemos vuelto a tener nuevos requerimientos ni noticias de ustedes sobre la evaluación que están realizando de nuestra Concesión. Tampoco hemos recibido noticias sobre los requerimientos que el BID pide al Gobierno Dominicano para la aprobación del crédito a Codacsa que les remitimos el pasado 30 de junio. Debemos reiterarle la urgencia de que nos envíen las garantías de mitigación del riesgo cambiarió y la relativa las obligaciones de la SEOPC de acuerdo con el Adicional No. 3 al contrato de concesión, ambas prometidas por el Señor Presidente de la República en las reuniones del 31 de octubre de 2005 yel 13 de marzo de 2006. Queremos expresarles que los trabajos de construcción de la autopista van a un ritmo intenso y que la demora de Finanzas en la entrega de dichas garantías dificultará el avance futuro de la obra.
- El 15 de noviembre de 2006 Codacsa, representada por el señor Atilio de Frías, el señor García, el señor Manuel Bada, el señor Luís Sánchez-Marcos, se reunió nuevamente con el Presidente y con el Secretario de Estado de la SEOPC. El objeto de la reunión era presentar al Presidente el diseño del puente del río Soco y un cronograma para terminar la obra en 18 meses a partir de la recepción de las garantías. En esta reunión el presidente indicó que podría no construirse la estación de Peaje de San Pedro de Macorís por el impacto político que tendría para el gobierno permitir a Codacsa implantar el peaje en San Pedro de Macorís.
- A finales de 2006, Codacsa comenzó a buscar financiamiento alternativo en vista de la necesidad de explorar opciones con otras entidades financieras y en vista de la mejoría en las condiciones económicas de la República Dominicana. Ya que en ese momento el cambio de interés era bajo, Codacsa se planteó la posibilidad de una financiación en pesos. Codacsa inició conversaciones con la sucursal de República Dominicana de Citibank, N.A. (“Citigroup”) para valorar la posibilidad de obtener financiación en pesos dominicanos.
- El 8 de diciembre de 2006, el Citigroup remitió a Codacsa una propuesta indicativa de financiación por monto de 2. millones de pesos dominicanos a devolver en un plazo de diez años. Conforme avanzaban las negociaciones con Citigroup, fue evidente que la obtención de financiación en moneda local solucionaba el problema del riesgo cambiario, pero no el riesgo de tipo de interés local. Por esta razón, el Citigroup condicionó la financiación a la emisión por parte del Gobierno dominicano de una garantía que mitigara el riesgo de una subida de los tipos de interés por encima del 17%.
2007
- En el año 2007 se introdujo el sistema de peajes automatizados con el Paso Rápido comercializado por Cardnet.
- En enero de 2007 después de casi cuatro años de la entrega del peaje de Las Américas, Codacsa seguía sin recibir las garantías.
- Las últimas comunicaciones con el BID tuvieron lugar en enero de 2007 ya que el BID perdió interés en financiar el proyecto de Codacsa.
- El 9 de enero de 2007 el doctor Mariano Morla Lluberes, Gobernador Civil de la provincia de San Pedro de Macorís, le envió una comunicación a Codacsa exigiendo que se paralizaran las obras del peaje de San Pedro de Macorís ya que dicho peaje se consideraba inadecuado e innecesario.
- El 14 de junio de 2007 se celebró una reunión entre el Secretario de Estado de Finanzas y los representantes de Citigroup y el resultado de esta fue que al día siguiente el Citigroup envió una carta al Secretario de Estado en la que se exponían las condiciones a cumplir por el Gobierno dominicano para que la financiación fuera posible. Las condiciones exigidas por Citigroup fueron las siguientes: un mecanismo mitigador del riesgo de la tasa de interés local a través del cual el Gobierno dominicano compensaría a la Concesionaria en el supuesto de que la tasa de interés superara el 17%; la actualización de las tarifas de peaje o, en su caso, el pago del Peaje Sombra; la garantía de cumplimiento por parte del Estado de los mecanismos de compensación anteriores, a través de la emisión de un aval del Banco de Reservas conforme al Contrato de Concesión.
- El 26 de junio de 2007 el señor Bada de Codacsa se dirigió al señor Bengoa, Secretario de Estado de Hacienda señalando lo siguiente:
Distinguido señor Secretario: Hacemos referencia a nuestras cartas del 21 de abril, 5 de junio, 10 de julio, 8 de agosto, 14 de septiembre y 1 de diciembre, todas ellas del 2006 y sobre este mismo asunto.
Tras enviarles el pasado 16 de marzo de 2006 toda la documentación que ustedes requirieron, complementaria a la ya enviada el 18 de noviembre de 2005, no hemos vuelto a tener nuevos requerimientos ni noticias de ustedes sobre la evaluación que están realizando de nuestra Concesión. Debemos reiterarle la urgencia de que nos envíen las garantía.§ de mitigación del riesgo cambiario (o la alternativa de limitación del tipo de interés al 17% en caso de preferir la financiación local) y la relativa las obligaciones de la SEOPC de acuerdo con el Adicional No. 3 al contrato de concesión, ambas prometidas por el Señor Presidente de la República en las reuniones del 31 de octubre de 2005 y el 13 de marzo de 2006.
Queremos expresarles que la demora de Hacienda en la entrega de dichas garantías está dificultando el avance de la obra.
- El 29 de junio de 2007 el Secretario Bengoa le escribió al Citigroup solicitando cierta documentación necesaria a efectos de evaluar la emisión de la garantía. Asimismo, en dicha comunicación el Secretario Bengoa aclaró que el Contrato de Concesión no estipulaba una garantía por el peaje sombra, que estaban evaluando la posibilidad de sustituir el mecanismo mitigador del riesgo cambiario por el riesgo de tasas de interés, y que era necesario contar con los estudios de tráfico y la correspondiente tarifa que equilibra el modelo financiero de la Concesión, así como las proyecciones de la misma a futuro.
- Mediante comunicación del 3 de julio de 2007, el Vicepresidente del Citigroup, le comunicó al señor Bengoa que había informado a Codacsa acerca de la necesidad de gestionar ante la SEOPC la documentación requerida para la emisión del aval bancario referido en su comunicación. Asimismo y entre otras cosas, señaló que, “en lo que respecta a la necesidad de una garantía que cubra la diferencia que pudiere surgir de la modificación de las tarifas de los peajes, es una condición esencial para la financiabilidad del proyecto establecer un mecanismo que garantice la recepción oportuna y adecuada de estos fondos a favor de la Concesionaria desde el inicio del período de construcción y continuando posteriormente durante la operación de la concesión. En tal sentido, quedamos pendientes en recibir de parte de ustedes la opinión legal sobre este aspecto.” La financiación del Citigroup nunca llegó a materializarse.
- El 16 de agosto de 2007 el ingeniero Víctor Díaz Rúa fue nombrado por el Presidente como nuevo Secretario de Estado de la SEOPC.
- El 28 de agosto de 2007 el Consorcio Supervisor cuantificó la construcción y determinó que hasta el momento, “sólo se ha ejecutado menos de un 20% del proyecto, luego de cuatro años de inicio de la concesión.”
- El 14 de septiembre de 2007 el señor Atilio Frías se dirigió al señor Vicente Bengoa, Secretario de Estado de Hacienda, señalando entre otras cosas que la falta de emisión de la, ‘carta de crédito’ estaba bloqueando la financiación que había sido ofrecida por el Citigroup y por lo tanto estaba impidiendo la construcción de la carretera.
- El 20 de septiembre de 2007 el nuevo Secretario de la SEOPC, el señor Víctor Díaz Rua, le escribió al señor Atilio de Frías Reyes, Presidente de Codacsa comunicando que el Estado tomaría la construcción del nuevo puente sobre el río Soco. Al respectó manifestó lo siguiente:
Luego de un cortés saludo, sirva la presente para informarle que la Secretaría de Estado de Obras Públicas y comunicaciones, por instrucciones del excelentísimo Sr. Presidente de la República, Dr. Leonel Femández Reyna, asumirá la construcción del nuevo puente Soco; con esta finalidad requerimos de ustedes la entrega inmediata del emplazamiento, diseño, instalaciones y materiates disponibles para la ejecución del referido proyecto, según verbalmente ustedes nos han informado al respecto. La Secretaría se encargará de realizar con recursos propios y a la mayor brevedad posible, esta estratégica obra tan necesaria, tanto para garantizar la conexión terrestre sobre el río Soco, como para acelerar la ejecución de los trabajos de ampliación del tramo San Pedro de Macorís-La Romana.
Esta decisión tiene el propósito firme de coadyuvar a revertir el actual estado de marasmo y lentitud que ha marcado este contrato que data ya de cerca de 6 años.
- El 12 de octubre de 2007 el señor Víctor Díaz Rúa le informó a Codacsa que mediante acuerdo con Codacsa, se había designado a la compañía Edifica para la ejecución de los trabajos sobre el nuevo puente sobre el río Soco y con esta decisión se buscaba acelerar los trabajos de de ampliación del tramo vial de la carretera San Pedro de Macorís – La Romana. El 25 de octubre de 2007 el señor Manuel Bada le respondió al Secretario de Estado, aceptando la designación y señaló algunas de las cuestiones que debían ser resueltas para facilitar el proceso, entre ella la necesidad de cumplir con las condiciones contractuales acordadas con el fin de hacer posible la financiación. Al respecto, Codacsa también manifestó la necesidad de firmar un documento en el cual se especificaran las responsabilidades correspondientes que iba a asumir la SEOPC y adjunto un primer borrador de documento señalando estos puntos.
- Finalmente, el 14 de noviembre de 2007 las partes firmaron el Compromiso 2, cuyos puntos más relevantes han sido descritos en la sección V.D de este Laudo. Al respecto vale la pena recordar que el artículo 7 del Compromiso 2, estipulaba que “ la SEOPC y la Secretaría de Estado de Hacienda resuelvan la implementáción de las condiciones contractuales para hacer posible la financiación del proyecto concesional ”, y en particular, el Estado se comprometía a la emisión de dos cartas
94 HUGO FORTUNA: No, realmente el Ejecutivo podía dar la obra, la concesión grado a grado, en ese momento esa era una de las formas de contratación que existían, el grado a grado, o por concurso, o por sorteo, esas eran las 3 formas que existían antes de que se pusiera on vigencia la ley de contratación de servicios y construcciones, pero lo malo está en que usted da una obra grado a grado y la está amparando en una supuesta licitación que no fue para eso, que no tiene que ver. (…) 99 ING. FRANCISCO GONZÁLEZ; …Obras públicas, pero también hay una situación, el concesionario no estaba trabajando, ellos tenían que estar manteniendo un personal y ellos no llevaban el ritmo de la ejecución que debieron de haber llevado y eso generó un gasto adicional, por esta razón, pudiera ser cuestionable, obligaban al Estado a gastar más dinero de lo que realmente estaba pautado. 100 HUGO FORTUNA: Otra pregunta, en el mismo contrato establece Francisco, una serie de fallas cuales serian faltas graves por parle de los contratantes y evidentemente porque viendo las comunicaciones que tú enviabas muchas veces cometieron ese tipo de faltas y parece que en ese tipo de faltas había una sanción específica, determinada con relación a ese tipo de falla. Nunca se les aplico ningún tipo de sanción por esas faltas a la compañía. (…)
- El 23 de octubre de 2008 ese reunió de nuevo la Comisión Especial de Investigación. Algunas de las intervenciones presentadas durante esta reunión se transcriben a continuación:
Cámara de Diputados
República Dominicana
Comisión Especial
Que investiga el conflicto suscitado entre el Estado Dominicano y la compañía
CODACSA
Acta No.09-SLO-
Fecha: 23 de octubre de 2008.
(…)
11 DIPUTADO GAMALIER MONTÁS: El Estado Dominicano, a través de las expresiones del actual Secretario de Estado de Obras Públicas, se siente estafado, no tanto por el contrato sino por la compañía, aduciendo que la compañía en casi 5 6 6 años que tiene manejando la concesión no ha invertido ni un solo centavo, ha administrado el peaje de Las Américas y con el dinero que recauda en el peaje, le está dando mantenimiento a las vías. El contrato llegó a la Cámara de Diputados en mayo del 2002 y fue aprobado, el mismo contrato establece que luego de formular la aprobación, al mes el Poder Ejecutivo debería darle un aval a la compañía de 10 millones de dólares para que ellos iniciaran el trabajo o pudieran tener acceso al financiamiento internacional. Resulta que en una de las cláusulas del contrato que Obras Públicas mandó a la Cámara de Diputados y la Cámara aprobó, establecía que si ese aval no se le daba, esa compañía no tenía ningún tipo de responsabilidad sobre la ejecución de los trabajos y resulta que ese aval nunca se dio, ni al mes ni a los 5 años posiblemente que van ya de ejecución de ese contrato. Por qué desde mayo del 2002 hasta agosto de 2004, en que la administración de Vargas Maldonado entrega la Secretaría, nunca se dio ese aval y si no se dio el aval, sobre la base de que entonces esa misma administración entregó en el 2003 la administración del Peaje de Las Américas a esta concesionaria que teóricamente no tenían compromiso con la obra porque no se le ha dado el aval. Pero aun así Obras Publicas entrega el peaje y ellos lo reciben y con lo que recaudan empiezan a dar mantenimiento al proyecto y las informaciones que se han estado manejando desde la comisión es que ellos han invertido alrededor de 1,500 millones de pesos y han cobrado alrededor de 1, millones y no han invertido ni un solo peso. Este contrato que fue aprobado en la Cámara de Diputados establece que ellos tenían que invertir 4,400 millones y tanto de pesos en 30 meses. Si tienen respuesta para eso, es importante que nos la dejen saber y si ustedes entienden que es el Estado el que le ha violado a la compañía o es la compañía el que le ha violado el contrato al Estado.
12 JULIO CÉSAR MARTÍNEZ: El contrato en ninguno de sus artículos establece que en caso de que la compañía no diera el aval no era responsable del proyecto, que no la obliga, en qué artículo lo dice? En segundo lugar es cierto, el Estado dominicano debió otorgar una garantía bancaria a favor de un banco internacional para responder a la supuesta devaluación hasta un 7% que pueda tener el peso dominicano. En el 2003 D- vino la crisis bancaria en el país y aquí no había ni un banco, ni si quiera el Banco de Reservas… capaz de producir esa garantía para que un banco internacional…, se gestionó por eso, agudizó la crisis y eso paralizó.
13 HUGO TORTUNA: Excúseme doctor, vamos a leerle el artículo 6 que se refiere a riesgo mitigador de riesgo cambiario: para dar plena seguridad a las entidades financieras prestatarias de que se cuenta a través de este mecanismo mitigador de riesgo cambiario con absoluta garantía de la disponibilidad de aportaciones de divisas al Estado, este suministrará una garantía de 10 millones de dólares de Estados Unidos en forma de aval del Banco de Reservas, afianzado por un banco internacional de primer orden, de acuerdo con los modelos incluidos en el anexo II, los cuales deben establecerse al mes siguiente a la aprobación parlamentaria del contrato. El incumplimiento de este plazo será considerado como condición suspensoria de todas las obligaciones de la sociedad concesionaria bajo el presente contrato.
14 JULIO CÉSAR MARTÍNEZ: Correcto, ellos iniciaron las operaciones en base a qué? a la entrega del peaje y han seguido trabajando y en base a una carta mediante la cual la financiera internacional del banco mundial le garantizaba que le iba a dar el financiamiento. Estaba sujeto a la otorgación del aval. Esta carta es del 18 de marzo del 2003.
15 RAMÓN SÁNCHEZ: Todo tipo de compromiso financiero, tiene que haber un riesgo cambiario o mitigador, entonces ningún organismo financiero sin la garantía de que ese flujo de proyección se va a mantener, no da crédito. Dice ese aval esa garantía que se estimó podía ser 10 millones de dólares que con eso se cubría porque se tomó una serie histórica de 20 años para determinar que era muy mínimo lo que había sucedido en término de devaluación por encima de un 7%. Fue la gran sorpresa cuando en el 2004 se disparó y sucedió y se fue al 60, pero si ustedes ven, la brecha por encima del 7% lo que te da es 3 o 4 %, como ahora que se estima que será de un 13% la devaluación, o sea que si haces el ajuste en la tarifa del peaje, no le afecta esa tipo de garantía, pero se exige la garantía por sí en alguna razón el Estado decide por razón social, política o lo que sea decide pedir que no se aumente el peaje y no haga ningún ajustes. Entonces ese tipo de riesgo con algo hay que cubrirlo y para eso se estableció que había que aperturar esa garantía de contingencia, de forma tal que siempre se mantuviese esa garantía. Esa parte no se cumplió porque cuando se estaba haciendo la gestión en el Banco de Reservas que era quien tenía que emitirla, lamentablemente en ese momento era que ya se estaba con el problema de Baninter, Bancrédito, la crisis bancaria completa. No hubo forma de que Banreservas aceptara esa apertura porque sus bancos corresponsales en el exterior no estaban aceptando.
45 HUGO FORTUNA: Yo no cuestiono el que venga al Congreso, lo que no entiendo es el principio fundamental de la concesión en régimen del peaje es que la compañía con sus recursos o buscar recursos de terceros construya lo que usted se comprometió bajo contrato y a cambio de eso usted recibirá la administración de lo que usted construyó por un período de tiempo hasta que usted recupere su inversión y se gane lo estipulado. Este no es el caso, en este caso el Estado le da los recursos diarios para que esa compañía construya lo que al final la compañía se quedará con ello por 30 años. Así yo fuera más eficiente que esa compañía, independientemente de los valores morales o técnicos y la certificación que tenga del Banco Mundial, yo hubiera sido más eficiente que esa compañía porque si a mi me dan 20 millones de pesos como están recaudando hace mucho ya, cuando usted estaba eran 14 millones de pesos, Están invirtiendo parte ínfima de lo que reciben y lo están invirtiendo más en mantenimiento porque mantenimiento es difícil de evaluar. Han recibido más de 1,400 millones de pesos de peaje, 4,000 y pico de peaje sombra y no tienen ni siquiera esa cantidad invertida. 46 JULIO CÉSAR MARTÍNEZ: Hay incumplimiento y quizás falta de seguimiento de parte del Estado.
- El 2 de diciembre de 2008 la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado emitió su Informe sobre el Contrato de Concesión de Codacsa.
INFORME QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE DESIGNA UNA COMISIÓN DE SENADORES PARA INVESTIGAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CON LA COMPAÑÍA CONCESIONARIA DOMINICANA DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS, S.A. (CODACSA), PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO DE MACORÍS – LA ROMANA, POR EL SISTEMA DE PEAJE. (…)
Este contrato rompe con el esquema de un contrato de concesión, donde el objetivo primario del mismo es la construcción de la obra sin que el Estado destine sus recursos para esta. Los beneficios de la firma constructora se generan a partir de terminada la obra, a través del peaje, en este caso, que normalmente comprende un período de 20 a 30 años. Este contrato es totalmente lesivo a los intereses nacionales, ya que el cobro del peaje se concedió al inicio de la obra y no al final de la misma, además, por no tener una disposición que declare las funciones del Comité de Conciliación ad-hoc, remitiendo cualquier incumpliendo al arbitraje internacional. (…)
Este régimen exorbitante del derecho privado puede resumirse en una serie de prerrogativas de las cuales goza la administración pública en cualquier contrato administrativo, entre las que se destacan: a) Un poder de dirección y supervisión sobre el contratante; b) Una facultad sancionadora que comprende desde la simple multa por incumplimiento o faltas ligeras, hasta la declaración de caducidad del contrato por la incapacidad o ineficiencia para cumplir el contrato; c) El poder de modificar unilateralmente el contrato (Ius variandi); d) La no aplicabilidad de la regla de derecho civil “exceptio non adimpleti contractus”, lo cual quiere decir que ante un incumplimiento de la administración, el contratante no puede alegar dicha falta para también incumplir alguna cláusula, todo ello a fin de salvaguardar el principio de continuidad; e) La facultad de interpretar unilateralmente el contrato; f) La facultad de rescindir unilateralmente el contrato por razones de interés general o por razones de oportunidad. CONCLUSIONES El contrato suscrito en fecha veintiséis (26) de noviembre del año Dos Mil Uno (2001), entre el Poder Ejecutivo y la empresa CODACSA es un contrato de grado a grado, que no responde a concurso público alguno y que en término del marco legislativo vigente, al momento de la suscripción del contrato, no se realizó una acción ilegal y en consecuencia el contrato remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República tenía las condiciones de legalidad y legitimidad adecuadas. Por las razones expuestas, esta Comisión rinde el presente informe comunicando al Pleno Senatorial, que considerando las prerrogativas antes enumeradas, es potestad del Poder Ejecutivo, la declaración de caducidad del contristo de concesión administrativa en régimen de peaje, suscrito entre el Estado dominicano y CODACSA, en consideración a la existencia de un régimen jurídico exorbitante al derecho común. Esta Comisión Especial sugiere a este Pleno declarar la completa atribución del Poder Ejecutivo para asumir la solución del contrato de concesión suscrito entre el Estado dominicano y CODACSA, estableciendo que el Senado se adhiere a la decisión que al respecto asuma este poder del estado y remitir a la Cámara de Diputados los documentos que amparan los estudios y análisis llevados a cabo por esta Comisión En trabajo asegurado.
2009
- El 16 de marzo de 2009 la SEOPC comunicó a Codacsa que como es costumbre durante las vacaciones de Semana Santa, el Secretario de la SEOPC ha decidido permitir el paso libre de vehículos entre las 12:00 p.m. del Jueves Santo, 9 de abril, y las 06:00 p.m. del Viernes Santo, 10 de abril. El 20 de marzo de 2009 Codacsa comunicó a la SEOPC que no tenía
obligación contractual alguna de permitir dicho paso libre y se reservaba el derecho a reclamar la correspondiente compensación. El 14 de mayo de 2009 Codacsa reclamó la compensación correspondiente por importe de setecientos cuarenta y cinco mil novecientos veinte pesos (RD$745,920.00) y adjuntó los datos de tráfico que justificaban dicho importe.
- El 6 de abril de 2009 Codacsa reclamó a la SEOPC el pago de quinientos setenta y cuatro mil trescientos veintinueve pesos y diez céntimos (RD$574,329.10) por comisiones deducidas por Cardnet.
- El 25 de mayo de 2009 Codacsa reclamó a la SEOPC el pago de una compensación adicional correspondiente al Peaje Sombra del tráfico libre en Semana Santa por importe de tres millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro pesos (RD$3,284,954.00).
- El 28 de mayo de 2009 Codacsa reclamó a la SEOPC el pago de ciento cincuenta y seis mil setenta y un pesos y cuarenta y siete céntimos (RD$ 156,071.47) por concepto de las comisiones retenidas por Cardnet por el Sistema de Prepago durante el año 2007.
- Codacsa realizó trabajos de reparación y construcción de muros New Jersey, así como la reparación de baches del firme, en la Autopista de Las Américas y la Autovía del Este. Basándose en que la reparación de dichos defectos era responsabilidad del Estado en virtud de la cláusula 2 del Contrato de Concesión, el 29 de mayo de 2009 Codacsa le comunicó y presentó a la SEOPC la factura por el coste de trabajos de reparación y construcción por estos trabajos.
