Argentina
La economía Argentina entró en fase de hiperinflación en el año 1989, aunque este
proceso viene precedido de un período económico convulso anterior.
En 1985, con el presidente Alfonsín Argentina se vio sumergida en una alta inflación
continuada, los precios no paraban de subir y el gobierno puso en funcionamiento
unas medidas heterodoxas que rompían con las que recomendaba el Fondo Monetario
Internacional. Se puso en marcha el Plan Austral, que consistía en quitar tres ceros al
peso argentino para crear el Austral. También se controlaron los precios de la canasta
de productos, los precios de los servicios se congelaron y los sueldos de los
trabajadores privados se mantuvieron o bajaron.
El resultado de este plan fue en el corto plazo positivo. La inflación se mantenía en
tasas normales, aunque más tarde la situación económica empeoraría y la inflación
alcanzaría tasas anormalmente grandes.
En 1989 la economía del país sudamericano no resiste i entra en fase de
hiperinflación. Argentina vio morir a su moneda y la variación anual del índice de
precios al consumo alcanzó el 3000%, variando mensualmente con tasas del 196% ó
del 100% en determinados meses del año.
El presidente del país Raúl Ricardo Alfonsín cedió su cargo a Carlos Saúl Menem en
medio del proceso hiperinflacionario.
La hiperinflación fue debida a un déficit fiscal alto, el banco central perdió reservas
debido al factor desconfianza. Se produjo un ataque especulativo que hizo perder las
reservas del banco central de 600 millones de dólares y el gobierno argentino tuvo que
devaluar la moneda continuamente, sumiendo al país en la hiperinflación.
Con esta situación se intentó sanear la economía con un nuevo plan; el B&B, basado
en medidas ortodoxas con el tipo de cambio y buscó también un ajuste fiscal.
El plan no tubo suficiente éxito y los índices inflacionistas siguieron subiendo. Dado
que la inflación seguía subiendo el ministro Cavallo, en 1991, puso en funcionamiento
el Plan de Convertibilidad, que acabó con la hiperinflación. Este Plan estableció la
convertibilidad de la moneda a un cambio fijo y puso límites al financiamiento del
banco central al sector público, con lo que se garantizaba que el Banco Central tuviera
reservas suficientes para sostener la base monetaria del país argentino.