Bien Común
Unidad: Estado Moderno
BIEN COMÚN
La Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 1°, inciso cuarto ha establecido que
el “Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el Bien Común, para lo
cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno
respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. (Principio de Servicialidad del
Estado).
Este concepto que establece la Constitución está “inspirado en la doctrina social de la Iglesia
Católica Apostólica Romana”, por lo que “la discusión sobre el concepto de bien común excede el
ámbito jurídico e incluye al filosófico y teológico”. (Diccionario Constitucional Chileno de Gonzalo
García Pino y Pablo Contreras Vásquez, 2014, Santiago de Chile: Cuaderno de Tribunales
Constitucionales).
Por otra parte, es posible señalar que el concepto de bien común de la Constitución posee distintos
elementos. “En primer lugar, emplea la expresión “contribuir” con el objeto de disponer que el
Estado no es el único ente que debe crear las condiciones para el bien común, sino que lo hace en
conjunto con la sociedad civil (grupos intermedios). En segundo lugar, el bien común persigue la
creación de “condiciones sociales” de diversas características, que deben permitir la mayor
realización espiritual y materia posible”. Es decir, busca “un objetivo de desarrollo humano
INTEGRAL, que, no obstante, es una tarea continua y que no acaba. Tercero, la realización a la cual
debe propender el Estado alcanza a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional,
lo que excluiría posiciones ideológicas colectivistas, utilitaristas y/o atomistas. Cuarto, la labor del
Estado tiene como límite los derechos y garantías que la Constitución establece”. (Diccionario
Constitucional Chileno de Gonzalo García Pino y Pablo Contreras Vásquez, 2014, Santiago de Chile:
Cuaderno de Tribunales Constitucionales.)
En otro orden de ideas, “la expresión que usa la Constitución, como “servicialidad del Estado”, es
un concepto jurídico determinado. En este sentido, el autor y profesor Eduardo Soto Kloss señala
que “se trata de un “deber jurídico” que la Constitución impone al Estado, en razón de su finalidad
y del carácter accidental e instrumental que posee, concebido éste –además- de un modo específico,
como medio de perfeccionamiento de las personas”, toda vez que, por una parte, el actor principal
es “la persona humana” y su primacía, por tratarse de un ser substancial y trascendente, y, por otra,
está presente la idea de autoridad/servicio a la persona, considerada ésta como una “función”, esto
es, una actividad finalizada, en beneficio de otros”.
(http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=151884&folderId=198190&n
ame=DLFE-4681.pdf)
