Amnistía Internacional: Pena de muerte en 2015: Países, tendencias y condenas, Apuntes de Derecho Penal

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CONDENAS A MUERTE

Y EJECUCIONES

INFORME GLOBAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional es un movimiento global

de más de 7 millones de personas que trabajan

en favor del respeto y la protección de los

derechos humanos.

Nuestra visión es la de un mundo en el que todas

las personas disfrutan de todos los derechos humanos

proclamados en la Declaración Universal de Derechos

Humanos y en otras normas internacionales.

Somos independientes de todo gobierno, ideología

política, interés económico y credo religioso.

Nuestro trabajo se financia principalmente con las

contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

Índice: ACT 50/3487/2016 - Spanish

Idioma original: Inglés

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amnesty.org

Índice: ACT 50/3487/2016 Amnistía Internacional, abril de 2016

Nota sobre las cifras de Amnistía Internacional respecto a la aplicación de la pena de

muerte

Este informe abarca la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2015. Al igual que en años anteriores, la información recopilada procede de diversas fuentes, entre ellas cifras oficiales, información procedente de personas condenadas a muerte y de sus familias y representantes, información facilitada por otras organizaciones de la sociedad civil, e información publicada en los medios de comunicación. Amnistía Internacional informa exclusivamente sobre ejecuciones, condenas a muerte y otros aspectos del uso de la pena capital, como conmutaciones y exoneraciones, cuando hay una confirmación razonable. En muchos países, los gobiernos no publican información sobre el uso que hacen de la pena de muerte. En Bielorrusia, China y Vietnam, la información sobre el uso de la pena capital está clasificada como secreto de Estado. En 2015, la información disponible sobre algunos países, concretamente Laos, Malasia, República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), Siria y Yemen, fue escasa o nula debido a prácticas restrictivas del Estado, a la inestabilidad política o a ambas cosas.

Por tanto, salvo algunas excepciones, las cifras de Amnistía Internacional sobre el uso de la pena de muerte son cifras mínimas. Las cifras reales probablemente son más elevadas. En los casos en que la organización ha podido obtener información más completa sobre un país específico en un año determinado, ese dato se refleja en el informe.

Amnistía Internacional dejó de publicar sus estimaciones sobre el uso de la pena de muerte en China desde 2009. Amnistía Internacional siempre ha dejado claro que, a causa de las restricciones sobre el acceso a la información, ha considerado que las cifras sobre la pena capital que ha podido publicar sobre ese país eran significativamente inferiores a las reales. La decisión de Amnistía Internacional de dejar de publicar esos datos está motivada por la preocupación que suscita el modo en que las autoridades chinas tergiversan las cifras que ofrece la organización. Desde 2009, Amnistía Internacional ha instado a China a publicar información sobre el uso de la pena de muerte. China aún no ha hecho pública ninguna cifra sobre la pena capital. No obstante, la información disponible señala que cada año miles de personas son ejecutadas y condenadas a muerte en China.

Cuando tras la publicación de este informe Amnistía Internacional recibe datos nuevos que pueda verificar, la organización actualiza sus cifras en Internet, en https://www.amnesty.org/es/what-we- do/death-penalty/.

Cuando el signo “+” aparece tras la cifra que acompaña a un país –por ejemplo, Egipto (22+)– indica que Amnistía Internacional confirmó 22 ejecuciones o condenas a muerte (en este caso en el país del ejemplo, Egipto), pero tiene motivos para creer que la cifra real es superior. Cuando el signo “+” acompaña a un país sin cifra (por ejemplo, Irán +) significa que Amnistía Internacional ha confirmado que en ese país hubo ejecuciones o condenas a muerte (más de una) pero que no pudo recopilar información suficiente para proporcionar una cifra mínima fidedigna. Al hacer los cómputos mundiales y regionales totales, se ha asignado al signo “+” un valor de 2, también para China.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización hace campaña por la abolición total de la pena capital.

Amnistía Internacional, abril de 2016 Índice: ACT 50/3487/

RESUMEN

“[L]a pena de muerte constituye ya

probablemente, en sí y de por sí misma, una ‘pena

cruel e insólita’ prohibida legalmente.”

Juez Stephen Breyer, Corte Suprema de Estados Unidos, 29 de junio de 2015.^1

Dos tendencias divergentes caracterizaron el uso de la pena de muerte en 2015.

Por una parte, Amnistía Internacional registró un espectacular aumento del 54 % de las ejecuciones globalmente, en comparación con 2014. Durante 2015 fueron ejecutadas al menos 1.634 personas, 573 más que las registradas en 2014.^2 Como en años anteriores, esta cifra no incluye a las personas ejecutadas en China, donde los datos relativos a la pena de muerte se consideran secreto de Estado. Es la cifra más elevada de ejecuciones que ha registrado Amnistía Internacional en más de 25 años, excluyendo las realizadas en China.

Por otra parte, cuatro países abolieron la pena de muerte para todos los delitos. Desde el punto de vista del número anual de países que deciden abolir totalmente la pena de muerte , es la cifra más alta que se registra en casi un decenio..

De todas las ejecuciones registradas en 2015, el 89 % se llevaron a cabo en sólo tres países: Arabia Saudí, Irán y Pakistán. El número de ejecuciones registradas en Irán y Arabia Saudí aumentó un 31 % y un 76 %, respectivamente, y el número de ejecuciones llevadas a cabo en Pakistán fue el más elevado que ha registrado Amnistía Internacional en este país.

(^1) Corte Suprema de Estados Unidos, Glossip et al. v. Gross et al., Breyer J., dissenting, 576 U. S. ____

(2015), emitida el 29 de junio de 2015, p.2, disponible en www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-7955_aplc.pdf (consultado el 5 de marzo de 2016).

(^2) Hasta 2015, Amnistía Internacional presentaba en sus informes anuales sobre el uso de la pena de

muerte en el mundo dos cifras relativas a las ejecuciones en Irán: el número de ejecuciones anunciadas oficialmente, que la organización usaba como cifra principal en sus infografías y textos breves, y una segunda cifra, más elevada, que incluía las ejecuciones que no habían sido anunciadas oficialmente pero que la organización había podido confirmar (tomando medidas para evitar la doble contabilización). A partir de 2016, Amnistía Internacional usará una cifra única, que combina el número anunciado oficialmente y todas las demás ejecuciones que la organización haya podido confirmar. La cifra total de ejecuciones en Irán en 2014 fue de 743, lo que eleva el número de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional en todo el mundo en 2014 a 1.061.

Amnistía Internacional, abril de 2016 Índice: ACT 50/3487/

EL USO DE LA PENA DE MUERTE EN 2015

“La base de la justicia es el respeto a la dignidad

humana […] En ninguna circunstancia es

aceptable la pena capital.”

Tsakhia Elbegdorj, presidente de Mongolia, 16 de junio de 2015.^3

CIFRAS GLOBALES

Las cifras globales sobre el uso de la pena de muerte en 2015 revelaron dos tendencias totalmente divergentes. Por una parte, cuatro países abolieron la pena de muerte, reforzando la tendencia a largo plazo hacia la abolición global. Por la otra, el número de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional durante el año aumentó en más del 50 % en comparación con 2014 y representa el total más elevado del que la organización da cuenta desde1989, sin considerar China.

EJECUCIONES

Amnistía Internacional registró un notable aumento del 54 % en el número de ejecuciones llevadas a cabo en el mundo en 2015: fueron ejecutadas al menos 1.634 personas, 573 más que en 2014.^4 Estas cifras no incluyen las ejecuciones realizadas en China, donde los datos sobre el uso de la pena de muerte seguían estando clasificados como secreto de Estado.^5 De

(^3) “Mongolian President Tsakhiagiin Elbegdorj visiting the European Parliament and delivering a speech

(16/06/2015)”, Delegación de la Unión Europea a Mongolia, 16 de junio de 2015, disponible en http://eeas.europa.eu/delegations/mongolia/press_corner/all_news/news/2015/20150616_en.htm (consultado el 5 de marzo de 2016).

(^4) Hasta 2015, Amnistía Internacional presentaba en sus informes anuales sobre el uso de la pena de

muerte en el mundo dos cifras relativas a las ejecuciones en Irán: el número de ejecuciones anunciadas oficialmente, que la organización usaba como cifra principal en sus infografías y textos breves, y el de ejecuciones que no habían sido anunciadas oficialmente. A partir de 2016, Amnistía Internacional usará como cifra principal la suma de las ejecuciones anunciadas oficialmente y las no anunciadas oficialmente. La cifra total de ejecuciones llevadas a cabo en Irán en 2014 fue de 743, lo que elevó el número de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional ese año en todo el mundo a 1.061.

(^5) En 2009, Amnistía Internacional dejó de publicar sus estimaciones sobre el uso de la pena de muerte

en China, donde los datos sobre la pena capital se consideran secreto de Estado. En lugar de ello, la

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todas las ejecuciones registradas, el 89 % se llevaron a cabo en sólo tres países: Arabia Saudí, Irán y Pakistán. El número de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional en Irán y Arabia Saudí aumentó un 31 % y un 76 %, respectivamente, en comparación con el año anterior. En 2015 fueron ejecutadas más de 320 personas en Pakistán. Este fue el número anual de ejecuciones más alto que ha registrado Amnistía Internacional en este país y tiene su origen en el hecho de que las autoridades levantaran el 17 de diciembre de 2014 la moratoria de las ejecuciones al cabo de seis años.^6 Amnistía Internacional registró también un aumento significativo de las ejecuciones en Egipto y Somalia, en un 47 % (de 15+ en 2014 a 22+ en 2015) y en un 79 % (de 14+ en 2014 a 25+ en 2015), respectivamente.

Amnistía Internacional registró ejecuciones en 25 países, 3 más que en 2014.^7 Chad y Omán reanudaron las ejecuciones después de años sin ejecutar a nadie.^8 Bangladesh, India, Indonesia y Sudán del Sur llevaron a cabo ejecuciones en 2015; no se había registrado ninguna en estos países en 2014, aunque sí habían tenido lugar ejecuciones en todos ellos en 2013.^9 Tres países que habían llevado a cabo ejecuciones en 2014 –Bielorrusia, Guinea Ecuatorial y Palestina (Estado de)— no realizaron ninguna en 2015. Como en años anteriores, Amnistía Internacional no pudo confirmar si habían tenido lugar ejecuciones judiciales en Siria.

EJECUCIONES REGISTRADAS EN EL MUNDO EN 2015

Afganistán (1), Arabia Saudí (158+), Bangladesh (4), Chad (10), China (+), Corea del Norte (+), Emiratos Árabes Unidos (1), Egipto (22+), Estados Unidos de América (28) , India (1), Indonesia (14), Irán (977+), Irak (26+), Japón (3), Jordania (2), Malasia (+), Omán (2), Pakistán (326), Singapur (4), Somalia (25+: Gobierno Federal de Somalia 17+, Somalilandia 6+, Jubalandia 2+), Sudán (3), Sudán del Sur (5+), Taiwán (6), Vietnam (+) y Yemen (8+).

Se utilizaron los siguientes métodos de ejecución: decapitación (Arabia Saudí), ahorcamiento (Afganistán, Bangladesh, Egipto, India, Irak, Irán, Japón, Jordania, Malasia, Pakistán, Singapur, Sudán, Sudán del Sur), inyección letal (China, Estados Unidos de América,

organización ha instado a las autoridades chinas a demostrar, mediante la publicación de las cifras, su afirmación de que están alcanzando su objetivo de reducir la aplicación de la pena de muerte. (Véase la página 30).

(^6) Amnistía Internacional registró 7 ejecuciones en diciembre de 2014 y 326 en 2015, lo que elevó a

333 el número total de ejecuciones llevadas a cabo desde diciembre de 2014.

(^7) En 2013, 2014 y 2015, Amnistía Internacional no pudo confirmar si se habían llevado a cabo

ejecuciones en Siria.

(^8) En Chad, las últimas ejecuciones se llevaron a cabo en 2003. Según la información de que dispone

Amnistía Internacional, en Omán las últimas ejecuciones se llevaron a cabo en 2009.

(^9) Véase Amnistía Internacional, Condenas a muerte y ejecuciones en 2013 (ACT 50/001/2014),

disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/act50/001/2014/es/.

Índice: ACT 50/3487/2016 Amnistía Internacional, abril de 2016

Amnistía Internacional registró 71 exoneraciones de presos condenados a muerte en seis países:

China (1), Egipto (1), Estados Unidos de América (6), Nigeria (41), Pakistán (al menos 21) y Taiwán (1). 11

CÓMO SE UTILIZÓ LA PENA DE MUERTE EN 2015

Como en años anteriores, Amnistía Internacional no recibió información sobre ejecuciones judiciales por lapidación. Dos mujeres fueron condenadas a muerte por lapidación por cometer “adulterio” estando casadas, una en Maldivas y la otra en Arabia Saudí. La mujer de Maldivas obtuvo la anulación de su declaración de culpabilidad y de la pena de muerte; en Arabia Saudí se revisó el caso y se conmutó a la mujer la condena a muerte en diciembre.^12 Se llevaron a cabo 58 ejecuciones públicas en Irán.

Amnistía Internacional recibió informes que indicaban que al menos nueve personas —cuatro en Irán y al menos cinco en Pakistán— fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. En 2015, Bangladesh, Irán, Maldivas y Pakistán condenaron a muerte a personas que eran menores de edad en el momento del presunto delito. Además de los países que condenaron a muerte en 2015 a personas menores de edad en el momento del delito, Amnistía Internacional creía que seguía habiendo personas condenadas a muerte en años anteriores por delitos cometidos cuando eran menores de edad en Arabia Saudí, Indonesia, Irán, Nigeria y Papúa Nueva Guinea.

La imposición y ejecución de la pena de muerte contra personas que eran menores de 18 años en el momento del delito constituye una violación del derecho internacional. Es frecuente que no se sepa con seguridad la edad real de la persona acusada por falta de pruebas que la establezcan claramente, como el certificado de nacimiento.^13

(^11) La exoneración es el proceso por el que, tras la imposición de la condena y la finalización de la fase

de apelación, la persona condenada queda posteriormente libre de culpa o absuelta del cargo penal y es, por tanto, considerada inocente a los ojos de la ley.

(^12) “Maldives annuls death by stoning sentence for woman”, BBC News, 19 de octubre de 2015,

disponible en www.bbc.co.uk/news/world-asia-34569071 (consultado el 5 de marzo de 2016).

“Saudi court to review stoning sentence of Sri Lankan woman”, The Guardian, 8 de diciembre de 2015, disponible en www.theguardian.com/world/2015/dec/08/saudi-court-to-re-examine-stoning-sentence-of- sri-lankan-woman (consultado el 5 de marzo de 2016).

(^13) En los casos en que la edad sea motivo de controversia, los gobiernos deben aplicar toda una serie de

criterios adecuados. La buena práctica en la determinación de la edad incluye basarse para ello en el conocimiento del desarrollo físico, psicológico y social. Cada uno de estos criterios debe aplicarse de manera que se conceda el beneficio de la duda en los casos controvertidos para tratar así a la persona como menor de edad y, por consiguiente, garantizar que no se aplica la pena de muerte. Tal enfoque se atiene al principio del interés superior del niño en tanto que consideración primordial a la que se atenderá en todas las medidas concernientes a menores, como dispone el artículo 3.1 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.

Amnistía Internacional, abril de 2016 Índice: ACT 50/3487/

En varios países, como Estados Unidos de América, Indonesia, Japón y Pakistán, se ejecutó o condenó a muerte a personas con discapacidad mental o intelectual.

En la mayoría de los países donde se dictaron sentencias de muerte o se llevaron a cabo ejecuciones, la pena de muerte se impuso en procedimientos judiciales que no cumplieron las normas internacionales sobre juicios justos.

En 2015, Amnistía Internacional expresó su especial preocupación respecto a los procedimientos judiciales en Arabia Saudí, Bangladesh, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Egipto, Irak, Irán, Libia, Pakistán y Vietnam. En varios países –entre ellos Arabia Saudí, Bahréin, China, Corea del Norte, Irak e Irán−, algunas sentencias condenatorias y condenas a muerte se basaron en "confesiones" que podrían haber sido obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. En Irak, algunas de estas “confesiones” se emitieron en televisión antes de la celebración del juicio, lo que conculcó aún más el derecho de los acusados a la presunción de inocencia.

Continuó imponiéndose la pena de muerte preceptiva en Arabia Saudí, Brunéi Darussalam, Ghana, Irán, Jordania, Malasia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Singapur y Trinidad y Tobago. Las condenas de muerte preceptivas son contrarias a la protección de los derechos humanos, pues no ofrecen la posibilidad de tener en cuenta la situación personal de la persona acusada ni las circunstancias del delito concreto.^14

Los tribunales militares condenaron a muerte a civiles en Camerún, Egipto, República Democrática del Congo y Pakistán.

Tribunales especiales cuyas actuaciones incumplían las normas internacionales sobre justicia procesal impusieron condenas a muerte en Bangladesh e India.

Se siguió condenando a muerte o ejecutando a personas por delitos en los que no había existido intención de matar y que, por tanto, incumplían el criterio de “los más graves delitos” establecido en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En varios países, como Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Kuwait, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, se impuso o ejecutó la pena de muerte por delitos de drogas.

Hubo otros delitos penados con la muerte por los que, pese a que incumplían el criterio de "los más graves delitos", se impuso la pena de muerte o se llevaron a cabo ejecuciones en 2015, entre ellos: delitos económicos como la corrupción (China, Corea del Norte y Vietnam); robo a mano armada (Arabia Saudí); “adulterio” (Arabia Saudí, Maldivas); violación con circunstancias agravantes (India), violación (Afganistán, Jordania, Pakistán); “apostasía” (Arabia Saudí); secuestro (Irak); secuestro y violación (Arabia Saudí); "insultos al profeta del islam" (Irán).

(^14) Comité de Derechos Humanos de la ONU, Pagdayawon Rolando c. Filipinas, dictamen, comunicación

nº 1110/2002, doc. ONU CCPR/C/82/D/1110/2002, 8 de diciembre de 2004, párr. 5.2.

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“terrorista” por su presunta relación con cinco personas implicadas en un atentado cometido en 2014 en la estación de tren de Kunming que causó la muerte de 31 personas.^17

Indonesia ejecutó a 14 personas declaradas culpables de delitos de drogas para enfrentar “una emergencia nacional” de muertes relacionadas con la droga.

Pakistán ejecutó a más de 320 personas desde que levantó una moratoria de seis años de las ejecuciones de civiles tras el horrendo atentado contra una escuela de Peshawar.

En Oriente Medio y el Norte de África, la pena de muerte se usó para delitos de terrorismo en Argelia, Egipto, Irak y Túnez. En Jordania, dos personas fueron ahorcadas en febrero, aparentemente como respuesta a la difusión de un vídeo del Estado Islámico en el que se mostraba el brutal asesinato de un piloto de combate jordano.^18 Ambas habían sido declaradas culpables de cargos de terrorismo.

Irak condenó a morir en la horca a 24 hombres en aplicación del artículo 4 de la Ley Antiterrorista de 2005, tras declararlos culpables de participar en el homicidio de al menos 1.700 cadetes militares del Campo Speicher, base militar próxima a Tikrit, gobernación de Salah ad Din, el 12 de junio de 2014. El juicio, que duró apenas unas horas, se basó sobre todo en “confesiones” obtenidas de los acusados durante su interrogatorio y en imágenes de vídeo de la masacre.^19

En julio, Túnez aprobó una nueva ley que preveía la pena de muerte para los delitos de terrorismo.

En el África subsahariana, Camerún condenó a muerte a 89 presuntos miembros del grupo armado Boko Haram.

Chad ejecutó a 10 presuntos miembros de Boko Haram e introdujo una nueva ley antiterrorista que preveía la pena de muerte.

DATOS POSITIVOS

En 2015, cuatro países abolieron la pena de muerte para todos los delitos, la cifra anual más alta registrada desde 2007. Madagascar promulgó una ley que abolía la pena de muerte para todos los delitos en enero; Fiyi pasó a ser un país totalmente abolicionista el 13 de febrero;

(^17) “China executes 3 over last year’s mass knife attack at Kunming train station”, The Globe and Mail,

24 de marzo de 2015, disponible en www.theglobeandmail.com/news/world/china-executes-3-over-last- years-mass-knife-attack-at-kunming-train-station/article23589510/ (consultado el 5 de marzo de 2016).

(^18) Amnistía Internacional, Killing of Jordanian pilot ‘abhorrent’ but ‘revenge executions’ not the answer,

4 de febrero de 2015, disponible en www.amnesty.org/en/latest/news/2015/02/killing-jordanian-pilot- abhorrent-revenge-executions-not-answer/.

(^19) “Isis massacre: Islamist terror group release sickening video of 'wholesale slaughter' in Speicher”,

International Business Times, 12 de julio de 2015, www.ibtimes.co.uk/isis-islamist-terror-group-release- sickening-video-wholesale-slaughter-speicher-massacre-1510503 (consultado el 5 de marzo de 2016).

Índice: ACT 50/3487/2016 Amnistía Internacional, abril de 2016

en Surinam, el 30 de marzo entraron en vigor reformas del Código Penal que revocaban la pena de muerte, y en República del Congo se aprobó una nueva Constitución que consagraba la abolición de la pena de muerte el 6 de noviembre. Al concluir el año, 102 países más de la mitad de los países del mundo eran abolicionistas para todos los delitos. Más de dos tercios eran abolicionistas en su legislación o en la práctica.

Varios países más dieron pasos hacia la abolición de la pena de muerte. El 4 de diciembre, el Parlamento de Mongolia aprobó un nuevo Código Penal que prevé la abolición de la pena de muerte para todos los delitos y que entrará en vigor en septiembre de 2016. El gobernador del estado de Pensilvania (Estados Unidos de América) decretó una moratoria de las ejecuciones el 13 de febrero.

También en Estados Unidos de América, el poder legislativo del estado de Nebraska votó a favor de abolir la pena de muerte y el 27 de mayo anuló el veto del gobernador al proyecto de ley.^20

Los órganos legislativos de Burkina Faso, Corea del Sur, Guinea, India y Kenia debatieron proyectos de ley para abolir la pena de muerte.

En China, la Asamblea Nacional Popular eliminó en agosto de la la lista de delitos punibles con la muerte nueve de ellos. En noviembre, la Asamblea Nacional de Vietnam también dejó de aplicar la pena de muerte a siete delitos que podían ser penados con ella, y ese mismo mes, el gobierno de Malasia anunció reformas legislativas para revisar la pena de muerte preceptiva en el país. Dos países de la región de América —Belice y Jamaica— conmutaron la pena de muerte a las últimas personas que seguían en espera de ejecución.

En su 56 periodo de sesiones, celebrado entre el 21 de abril y el 7 de mayo de 2015, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó el proyecto de texto de Protocolo Adicional a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, sobre la abolición de la pena de muerte. El proyecto de Protocolo fue enviado a la Unión Africana para su adopción formal. Sin embargo, en noviembre, el Comité Técnico Especial de Asuntos Jurídicos de la Unión Africana declinó examinar el proyecto aduciendo falta de base jurídica para ello.

(^20) Sin embargo, la abolición de la pena de muerte seguía en suspenso tras presentarse una petición

pública para que la nueva ley se sometiera a referéndum en noviembre de 2016.

Índice: ACT 50/3487/2016 Amnistía Internacional, abril de 2016

Dieciocho estados han abolido la pena de muerte, cinco de ellos desde 2007. 24 Treinta y dos estados aún la mantienen. De estos últimos, Arkansas, California, Colorado, Kansas,Nebraska, Nuevo Hampshire, Oregón, Pensilvania y Wyoming no llevan a cabo ejecuciones desde hace al menos 10 años. Los gobernadores de los estados de Oregón, Pensilvania y Washington han dictado moratorias oficiales de las ejecuciones. Las autoridades federales no llevan a cabo ejecuciones desde 2003, y las autoridades militares, desde 1961.

El número de ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos se redujo en 7 respecto a 2014, año en que tuvieron lugar 35. Aunque la cifra de 2015 fue la más baja registrada por años desde 1991, la disminución estuvo relacionada en parte con recursos judiciales que dieron lugar a la revisión de los protocolos de inyección letal o con los problemas que tuvieron los estados para obtener las sustancias químicas necesarias para esta forma de ejecución. 25

Casi todas las ejecuciones que tuvieron lugar en Estados Unidos se llevaron a cabo por inyección letal, según protocolos en los que se empleaba una sola sustancia (pentobarbital). Hubo tres ejecuciones –en Florida, Oklahoma y Virginia– en las que se siguieron protocolos de tres sustancias.^26

(^24) Connecticut (2012), Illinois (2011), Maryland (2013), Nueva Jersey (2007) y Nuevo México (2009).

El estado de Nueva York conmutó su última condena a muerte en 2007, después de que una sentencia judicial de 2004 resolviera que su ley de pena capital violaba la Constitución estatal. El Distrito de Columbia también ha abolido la pena de muerte.

(^25) El 29 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió, en el asunto Glossip v. Gross (576 US

[2015]), que el uso de midazolam, el sedante utilizado en el protocolo de inyección letal de Oklahoma, no violaba la prohibición de toda pena cruel e insólita establecida por la Constitución estadounidense. El 30 de septiembre, minutos antes del momento en que debía llevarse a cabo, la gobernadora de Oklahoma dictó una suspensión de 37 días de la ejecución de Richard Glossip, después de que el departamento de prisiones revelara que no tenía una de las sustancias necesarias para la inyección letal. Véase Amnistía Internacional, EE. UU: Se mantiene la suspensión indefinida de las ejecuciones en casos de Oklahoma – Más información: Richard Glossip, (AMR 51/2616/2015), 6 de octubre de 2015, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/2616/2015/es/.

(^26) Centro de Información sobre la Pena de Muerte, “Execution list in 2015”, disponible en

www.deathpenaltyinfo.org/execution-list-2015 (consultado el 5 de marzo de 2016). En los últimos años, varios estados han modificado su legislación con el fin de introducir protocolos alternativos de inyección letal o permitir el uso de sustancias obtenidas mediante la elaboración de fórmulas magistrales, que no están certificadas por la Dirección de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de Estados Unidos. La razón de ello es la limitada disponibilidad en el mercado estadounidense de sustancias para ejecuciones.

Amnistía Internacional, abril de 2016 Índice: ACT 50/3487/

El estado de Virginia llevó a cabo su primera ejecución desde 2013, mientras que dos estados –Arizona y Ohio– tuvieron que suspender las ejecuciones por problemas relativos a la inyección letal.^27 Texas llevó a cabo casi la mitad de las ejecuciones del país.

El número de condenas a muerte impuestas en Estados Unidos se redujo de al menos 72 en 2014 a 52 en 2015, la cifra más baja registrada desde que se reanudaron las ejecuciones en

En 2015, en Estados Unidos se dictaron condenas a muerte en 15 estados, frente a los 20 de 2014.

En la región de América, el número de condenas a muerte se redujo de al menos 77 condenas nuevas, impuestas en cuatro países en 2014, a 61, impuestas en dos países – Trinidad y Tobago y Estados Unidos– en 2015.

Sin contar Estados Unidos, al menos 77 personas permanecían condenadas a muerte en ocho países. Casi la mitad habían sido condenadas en Trinidad y Tobago.

En 2015, los pabellones de condenados a muerte de Belice y Jamaica estuvieron vacíos por primera vez, después de que los tribunales conmutaran las últimas condenas a muerte pendientes. Una vez más, en Cuba, Dominica, Guatemala y Santa Lucía no se tuvo noticia de que hubiera nadie condenado a muerte durante el año examinado.

Bahamas registró 149 asesinatos en 2015, y Guyana, 108 en los primeros 8 meses del año, mientras que el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago informó de 420 asesinatos en 2015, de los que sólo 57 estaban clasificados como "detectados".^28 Estas elevadas cifras de asesinatos siguieron dando lugar a llamamientos en favor de la reanudación de las ejecuciones, pese a la falta de pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio.

(^27) “Arizona's New Lethal-Injection Drugs Don't Guard Against Botched Executions, Critics Declare”,

Phoenix New Times, 29 de octubre de 2015, disponible en www.phoenixnewtimes.com/news/arizonas- new-lethal-injection-drugs-dont-guard-against-botched-executions-critics-declare-7780896 (consultado el 5 de marzo de 2016).

“Execution dates revised”, Departamento de Rehabilitación y Prisiones de Ohio, 19 de octubre de 2015, disponible en www.drc.ohio.gov/public/press/press439.htm (consultado el 5 de marzo de 2016).

(^28) Se considera que un delito está "detectado" cuando se ha identificado y acusado formalmente a un

sospechoso. “Death penalty for a massacre”, Tribune 242, 14 de enero de 2016, disponible en www.tribune242.com/news/2016/jan/14/death-penalty-only-massacre/; “Murders up 6 % in Guyana”, Jamaica Observer, 12 de septiembre de 2015, disponible en www.jamaicaobserver.com/news/Murders- up-6--in-Guyana, y Servicio de Policía de Trinidad y Tobago, estadísticas disponibles en http://ttps.gov.tt/Statistics/Crime-Totals-By-Month (todos ellos consultados el 5 de marzo de 2016).

Amnistía Internacional, abril de 2016 Índice: ACT 50/3487/

Esas reformas legislativas son necesarias para que Barbados cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha resuelto que la pena de muerte preceptiva viola los artículos 4, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.^33 El 3 de septiembre, la Corte Interamericana celebró una vista con las autoridades de Barbados en la que criticó las constantes demoras en la adopción de las reformas legislativas propuestas y el incumplimiento de sus sentencias por Barbados.^34

El 14 de julio, la Corte Suprema de Belice anuló la condena a muerte de la última persona en espera de ejecución, Glenford Baptist, tras concluir que su prolongada estancia en el corredor de la muerte –13 años– era inconstitucional.^35 No se impuso ninguna condena de muerte nueva.

El 6 de marzo, Dominica se adhirió a la Corte de Justicia del Caribe y renunció al Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, con sede en Reino Unido, como tribunal de apelación de más alta instancia. 36 No se impuso ninguna condena a muerte nueva, y al concluir el año no había nadie en espera de ejecución.

Granada, donde no se impusieron nuevas condenas a muerte y donde un hombre, Kyron McFarlane, seguía en espera de ejecución, se sometió el 26 de enero al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Estado tomó nota, pero no respaldó, las recomendaciones de declarar una moratoria oficial de las ejecuciones, abolir la pena de muerte y ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), destinado a abolir la pena de muerte.^37

(^33) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Boyce y otros vs. Barbados, emitida el 20 de

noviembre de 2007, y Caso DaCosta Cadogan vs. Barbados, emitida el 24 de septiembre de 2009.

(^34) “Court order-Mandatory death penalty questioned”, Barbados Today, 7 de septiembre de 2015,

disponible en www.barbadostoday.bb/2015/09/07/court-order/ (consultado el 5 de marzo de 2016).

(^35) “15 inmates escape death row – 9 freed from prison”, Amandala, disponible en

http://amandala.com.bz/news/15-inmates-escape-death-row-9-freed-prison/ (consultado el 5 de marzo de 2016). A Glenford Baptist le fue impuesta una nueva pena, de 25 años de cárcel, en diciembre.

(^36) “Watch ceremony of Dominica’s accession to the CCJ live”, Dominica News Online, disponible en

http://dominicanewsonline.com/news/homepage/news/watch-ceremony-of-dominicas-accession-to-ccj-live/ (consultado el 5 de marzo de 2016). Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago seguían reconociendo el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona como su tribunal de apelación de más alta instancia.

(^37) Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Grupo de Trabajo sobre el

Examen Periódico Universal, Granada, Adición, Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado, doc. ONU A/HRC/29/14/Add.1, 5 de junio de 2015.

Índice: ACT 50/3487/2016 Amnistía Internacional, abril de 2016

Amnistía Internacional no registró en 2015 ninguna nueva condena a muerte en Guyana, donde al finalizar el año había 23 hombres en espera de ejecución.

Guyana se sometió al examen periódico universal el 28 de enero y aceptó las recomendaciones de llevar a cabo una consulta nacional sobre la pena de muerte y considerar la posibilidad de tomar medidas para abolirla. Sin embargo, no respaldó las recomendaciones de declarar una moratoria oficial de las ejecuciones, abolir la pena de muerte y ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP.^38

Tras las elecciones generales que dieron lugar a que el partido de oposición Alianza para el Cambio ocupara el poder el 16 de mayo, el Parlamento de Guyana aprobó, el 30 de diciembre, la Ley contra el Terrorismo y las Actividades Relacionadas con el Terrorismo de

2015. El proyecto de ley había sido presentado al Parlamento por el fiscal general y ministro de Justicia, Basil Williams, tan sólo tres semanas antes. La nueva ley, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 6 de enero de 2016, disponía la pena de muerte preceptiva para los actos de terrorismo con resultado de muerte.^39 Los órganos internacionales de derechos humanos han concluido repetidamente que la pena de muerte preceptiva viola el derecho internacional. 40

Amnistía Internacional no registró nuevas condenas a muerte en Jamaica en 2015. La condena a muerte de Leslie Moodie, último preso conocido en espera de ejecución, se conmutó el 31 de julio.^41 Al concluir el año, el corredor de la muerte de Jamaica estaba vacío por primera vez desde que Amnistía Internacional empezó a registrar datos sobre la pena capital.^42 Jamaica se sometió al examen periódico universal el 13 de mayo. No respaldó las

(^38) Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Grupo de Trabajo sobre el

Examen Periódico Universal, Guyana, Adición, Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado, doc. ONU A/HRC/29/16/Add.1, 2 de julio de 2015.

(^39) Artículo 3.1.a de la Ley contra el Terrorismo y las Actividades Relacionadas con el Terrorismo de

2015, disponible en: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/561&referer=http://www.un.org/en/docume nts/index.html&Lang=S (consultado el 5 de marzo de 2016).

(^40) Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos de la ONU, Pagdayawon Rolando v. Filipinas,

Dictamen del Comité de Derechos Humanos, Comunicación Nº 1110/2002, doc. ONU CCPR/C/82/D/1110/2002, 8 de diciembre de 2004, párr. 5.

(^41) Corte de Apelaciones de Jamaica, Moodie v. R, [2015] JMCA Crim 16, emitida el 31 de julio de

2015. En su informe de 2015 Condenas a muerte y ejecuciones 2014 (ACT 50/001/2015), Amnistía Internacional informó de que la condena a muerte de Leslie Moodie se había conmutado en 2014 y de que Separue Lee era el último preso en el corredor de la muerte. En realidad, fue la condena a muerte de Separue Lee la que se conmutó en 2014.

(^42) El 16 de marzo de 2016 el Departamento de Prisiones de Jamaica informó a Amnistía Internacional

de que quedaba un hombre en el corredor de la muerte. Sin embargo, según los datos de que dispone la organización, al preso en cuestión se le había suspendido la condena y su causa se había remitido a un