1. ¿Podría el Rey negarse a expedir el segundo de los Decretos aprobado por el
Consejo de Ministros en el que se prorroga el estado de alarma, al considerar
–en su opinión- que no se cumplen con las disposiciones constitucionales?
Una de las competencias del Jefe de Estado es firmar los Reales Decretos, si este no los
firma no tendrían validez legal.
En este caso en la Ley Orgánica 4/1981 artículo cuarto y artículo sexto las competencias no
son del Rey tanto para el estado de alarma como para su prórroga.
Esta Ley Orgánica no cita nada del papel del Rey, este tiene la función de expedir decretos
acordados en el Consejo de Ministros.
Esta función del Jefe del Estado opera en el ámbito de la potestad reglamentaria con la
misma finalidad y efectos que lo ya dicho para la sanción de las leyes. En todo caso el
vocablo "expedir" con el que comienza el apartado f) del artículo 62, deja a las claras que se
trata de una "función-deber", sin que le sea dado al Rey cuestionar el estampamiento de su
firma so pretexto de vicios o irregularidades en la norma aprobada en Consejo de Ministros.
Uno de los rasgos más característicos de la Monarquía parlamentaria es la
irresponsabilidad del Jefe del Estado, y esa irresponsabilidad comporta la no oposición del
Rey hacia los actos aprobatorios de los sujetos refrendantes, los cuales se hacen
responsables de sus actuaciones. Por otra parte, un hipotético enfrentamiento entre el Rey
y el Gobierno por una negativa del primero a expedir un Decreto aprobado en Consejo de
Ministros, supondría una quiebra en las potestades que la Constitución atribuye al Gobierno
en el artículo 97.