Sala Primera. Sentencia 43/2014, de 27 de marzo de 2014 (BOE núm. 87, de 10 de abril de
2014). STC 043/2014 Denegación amparo solicitado
Resumen:
Jon Crespo, por medio de su representante, Javier Cuevas, interpuso recurso de amparo contra resoluciones
previas. El recurrente fue condenado a pena de prisión e indemnización por daños terroristas. Este
pronunciamiento fue recurrido alegando indefensión y violación de la presunción, al ser tenida en cuenta una
prueba de ADN tomada sin las debidas garantías. Este recurso fue desestimado. En estas circunstancias se
solicita la demanda de amparo desde el punto de vista del recurrente:
En primer lugar, la muestra de ADN fue tomada y analizada sin la debida autorización y sin el control
judicial.
En segundo lugar, el recurrente alega vulneración de la presunción de inocencia debido a que, al margen de
que se tomasen en cuenta pruebas viciadas, no existió prueba de cargo suficiente para su condena. Aunque
reconoció en la declaración policial la participación en los hechos expone que esto fue manifestado bajo
malos tratos y presión.
Luego se le solicitó al recurrente que aportase las copias de las resoluciones impugnadas, tras lo cual se
admitió a trámite la demanda.
Cinco meses después, tras recibirse los testimonios solicitados a los órganos judiciales, se acuerda dar vista
de las actuaciones por un plazo de 20 días a ambas partes para presentar sus alegaciones.
El fiscal expone en sus alegaciones como la LECrim así como la LO 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y
cuerpos de seguridad conceden la cobertura legal tanto a la recogida de la saliva como al análisis sobre la
misma, lo que además respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad al no fluir otro modo
razonable de posible actuación investigadora.
Por lo que respecta a la lesión de la presunción de inocencia, entiende el Fiscal que ésta no se habría
producido, con independencia de lo expuesto, porque se han tenido en cuenta como prueba de cargo las
declaraciones prestadas por el recurrente, en sede policial y a presencia judicial, en ambos casos con
asistencia letrada, que fueron leídas en el plenario, y sobre las que, en dicho acto, fue interrogado bajo los
principios de inmediación y contradicción.
El recurrente no realizó alegación alguna y el 24 de marzo se fija la deliberación y votación de la demanda
de amparo para el día 27; al fin se opta por denegar el recurso de amparo interpuesto por Jon Crespo.
Relación con el art. 24 CE
La primera queja invocada por el recurrente hace referencia a las supuestas vulneraciones del derecho a la
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la intimidad (art. 18.1 CE), por haber procedido la policía sin el
necesario consentimiento ni autorización judicial (prueba ilícita, que nos llevaría también a la presunción de
inocencia). La segunda queja es que no existe prueba de cargo suficiente para la condena que le ha sido
impuesta como autor de un delito de daños terroristas, reclamación que articula en base a lo expuesto en los
antecedentes como directamente lesiva de su derecho fundamental a la presunción de inocencia (art.
24.2CE).
La prueba de ADN se determina como una forma válida de obtención de datos identificativos al compararse
con otros restos biológicos hallados, por lo que se deduce un fin legítimo en la medida adoptada por la
policía judicial y el derecho a la tutela judicial no tendría que considerarse vulnerado. En cuanto a la queja
por la violación de la presunción de inocencia, el derecho a la presunción de inocencia se configura como el
derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que exige una mínima actividad probatoria,
realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma
quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado de los mismos.
En este caso, atendiendo a la existencia de indicios plenamente acreditados, la presencia de huellas
dactilares, la futilidad del relato alternativo ofrecido por el recurrente, junto al hecho de que la prueba de
ADN es prueba directa, y no mero indicio, vemos que, de nuevo, la supuesta vulneración del art. 24.2 de la
CE, no es cierta, ya que por los argumentos que he resumido aquí y se encuentran sumamente desarrollados
en la sentencia, vemos que las garantías que da este art. son plenamente respetadas realmente.
