El derecho a la información en el ámbito sanitario
Según la Ley 41/2002, el destinatario de la información sanitaria es el propio paciente o
usuario, o la persona legitimada para recibirla, presumiéndose legitimados a estos
efectos sus familiares más próximos y los acompañantes, si así lo autorizó el paciente, y
ello como consecuencia de la expresión utilizada en la Ley General de Sanidad de los
“familiares o allegados” que suscitó abundantes críticas tanto por la doctrina como por
la jurisprudencia.
En el caso de menores o incapaces se recurría para prestar la información a la figura del
representante legal o pariente más próximo y, cuando así lo exigían las leyes en
determinados supuestos especiales, se informaba incluso al Juez y al Ministerio Fiscal
(por ejemplo en los supuestos de internamiento psiquiátrico involuntario). Ley señala lo
siguiente:
1- El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las
personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente
lo permita de manera expresa o tácita.
2- El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus
posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su
representante legal.
3- Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad
para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se
pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de
hecho.
4- El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la
existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad
terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al
paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda
perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso, el médico dejará constancia
razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las
personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho”.
