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Asignatura: Derecho Procesal Civil I, Profesor: Concepcion martinez carrasco, Carrera: Derecho, Universidad: UCM
Tipo: Ejercicios
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Es una tasa de naturaleza estatal que deben abonar aquellas personas que hayan hecho uso de la función jurisdiccional. Se regulan en la ley 10/2012, de 20 de noviembre.
b. Como se designan:
c. Funciones más importantes:
Por supuesto que sí, en primer lugar porque la gran mayoría de los miembros del CGPJ son
elegidos entre el Congreso y el Senado, compuesto por miembros de los distintos partidos políticos de España, y además los jueces son personas con prejuicios e ideales que se verán reflejados en sus decisiones judiciales. En mi opinión la subjetividad puede llegar a nublar el juicio.
El Juez o Magistrado del partido judicial con mejor puesto en el escalafón.
Artículo 72 Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales.
En las poblaciones donde haya diez o más Juzgados, sus titulares elegirán a uno de ellos como Decano. La elección se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en este Reglamento. La elección se llevará a cabo de nuevo cada cuatro años o cuando el elegido cesare por cualquier causa.
Puede corresponder tanto a las partes como al juez para que adopte medidas encaminadas a evitar la paralización del proceso.
Los jueces y magistrados están sometidos a un único régimen jurídico, el principio de unidad jurisdiccional supone la prohibición de jurisdicciones especiales al margen de la jurisdicción ordinaria. Este principio constitucional tiene excepciones constitucionalmente reconocidas. La Constitución prevé que existan tribunales al margen de la jurisdicción ordinaria.
Lo que el principio de unidad jurisdiccional prohíbe es que existan tribunales integrados por jueces que no formen parte de la jurisdicción ordinaria.
Sí.
Es un órgano que se encuentra dentro de la jurisdicción especial, cuenta con un tribunal especial que juzga asuntos que son sustancialmente de responsabilidad civil de funcionarios públicos.
En el art.19.3 LOPJ se reconoce la condición de Tribunal consuetudinario y tradicional al Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y, tras la reforma operada en la LOPJ por la Ley Orgánica 13/1999, de 14 de mayo, se le atribuye tal condición al Consejo de Hombres Buenos de Murcia.
Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez.
El Presidente y los Magistrados del Tribunal Supremo, el Presidente de la Audiencia Nacional y los de los Tribunales Superiores de Justicia tienen el tratamiento de excelencia. Los presidentes de las Audiencias Provinciales y demás Magistrados, de señoría ilustrísima. Los Jueces, el de señoría.
Es incompatible con el cargo de Juez el desempeño simultáneo de otros cargos dotados o retribuidos por la Administración, o de empleos u otras profesiones retribuidas. Por otra parte, los jueces tienen prohibido, por ejemplo, pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de estos.
Los actos del proceso deben practicarse, en principio, en la sede del órgano jurisdiccional que esté conociendo de aquél. Los Tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su jurisdicción para la práctica de actuaciones cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia.
El primer requisito temporal de las actuaciones judiciales es que se realicen en días y horas hábiles o habilitados Son días hábiles de lunes a viernes, de septiembre a julio, y salvo los festivos nacionales, autonómicos y locales; y en cuanto a las horas, son hábiles con carácter general las que transcurren de ocho de la mañana a ocho de la tarde.
En segundo lugar, algunas actuaciones procesales están sometidas a término o a plazo. Así, cuando el órgano judicial señala que un acto se realice en día y hora determinados, se está ante un término; y cuando la Ley o el Tribunal fijan un período de tiempo para efectuar el acto, se está ante un plazo.
La forma de los actos alude al modo en que estos se exteriorizan, y en este sentido los actos procesales pueden ser, en primer lugar, orales o escritos, según que su contenido se formule verbalmente, o bien a través del tradicional soporte de papel o en soporte electrónico.
El segundo rasgo formal de los actos procesales es su carácter público o reservado. Sabemos que, como regla, las actuaciones orales serán públicas; pero el juez puede acordar mediante auto irrecurrible y oyendo previamente a las partes presentes en el acto, que determinadas actuaciones se celebren a puerta cerrada, cuando sea necesario para proteger el orden público, la seguridad nacional, los intereses de los menores, a la vida privada de las partes u otros derechos o libertades.
El último aspecto relevante sobre la forma de los actos procesales es el de la lengua en que deben ser efectuados; y aquí la regla general es su realización en castellano, aunque tanto el órgano jurisdiccional como las partes pueden usar la lengua cooficial en la Comunidad autónoma que la tenga.
Sí, los autos del proceso desarrollado en una lengua cooficial se traducirán de oficio al castellano cuando deban producir efectos en otra Comunidad Autónoma que no comparta esa lengua oficial.
Junto a la publicidad de las actuaciones está el derecho de aquellos que demuestren un interés legítimo en conocer el estado de un proceso concreto. A tal fin, los secretarios y funcionarios competentes de la Oficina Judicial facilitarán a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas conforme a la Ley.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, estipula en su artículo 179 “ El año judicial, período ordinario de actividad de los Tribunales, se extenderá desde el 1 de septiembre, o el siguiente día hábil, hasta el 31 de julio de cada año natural”.
Art. 181 LOPJ:
Sí.
Tanto la demanda como la denuncia o la querella sirven para iniciar un proceso judicial concreto. De esta manera, la demanda sirve para iniciar un proceso judicial civil, contencioso-administrativo y social. La denuncia y la querella sólo sirven para empezar un procedimiento penal, y se distinguen porque con la presentación de la querella, el denunciante informa a la autoridad de la existencia de un hecho delictivo, además muestra su voluntad de personarse como acusación, mientras que en la denuncia, no es obligatorio que el denunciante se posicione como acusación.
Según el Art. 245.2 LOPJ: las sentencias podrán dictarse oralmente o de viva voz cuando lo autorice la Ley.
No, frente a una sentencia firme no cabe recurso para interponer y frente a una sentencia definitiva sí, ya que sólo pone fin a la instancia procesal en la que se encuentra el procedimiento.
La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita debe presentarse ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que se solicita el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, o ante el Juzgado del domicilio del solicitante.
Si el Colegio de Abogados estima que concurren circunstancias que justifican el reconocimiento del derecho, designará provisionalmente el Abogado de oficio y lo comunicará al Colegio de Procuradores para que efectúe también la correspondiente designación. Se elevará el expediente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, para que resuelva definitivamente sobre la solicitud.