ESQUEMA 6. Prohibición de exceso o proporcionalidad
• Responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad, y, consi-
guientemente, a la de limitar su uso a lo imprescindible; y lo imprescindible es establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes
jurídicos valiosos (como requiere el principio de ofensividad, al que nos referiremos más adelante).
DELIMITACIÓN
SIGNIFICADO • Toda sanción ha de ser adecuada a la fi nalidad constitucional legítima perseguida con la misma, a la fi nalidad de
tutelar un bien jurídico, en especial
• El principio de intervención mínima: comporta la exclusión de la pena cuando exista una posibilidad razonable de obtener
el fi n legítimo por medios menos gravosos.
• Implica, básicamente, dos cosas:
a) Carácter fragmentario del Derecho penal: sólo se puede recurrir a esa rama del Derecho y, por ende, a la conminación
con pena, para dispensar protección a los bienes jurídicos dignos de ella frente a los ataques más graves e intolerables.
b) Carácter subsidiario del Derecho penal: únicamente cabe recurrir al Derecho penal cuando las restantes ramas del
ordenamiento jurídico han resultado insufi cientes para tutelar el bien o los bienes jurídicos agredidos.
• El legislador al establecer delitos y sus correspondientes penas ha de buscar el equilibrio entre la entidad de éstas y la
gravedad de aquéllos.
• El juez ha de adecuar la pena concreta del condenado con la gravedad del delito cometido:
✓ Los jueces y tribunales disponen de unos márgenes relativamente amplios para la fi jación de las penas que imponen a
quienes condenan; unos márgenes que oscilan entre un mínimo y un máximo legalmente marcados, que permiten una
mejor individualización de la pena, una mejor ajuste y equilibrio entre la gravedad del hecho y la gravedad de la pena:
■ Para el homicidio esos márgenes, referidos a la pena de prisión, están cifrados en los diez y los quince años (art. 138);
para las agresiones sexuales básicas, en uno y cuatro años (art. 178); para el robo con fuerza en las cosas, en uno y
tres años (art. 240), etc. Y otro tanto sucede con las penas de multa y con las restrictivas de otros derechos. Entre esos
límites mínimo y máximo, los jueces han de seleccionar la “cantidad” de pena más adecuada y ajustada al caso.
✓ Pero la importancia de este principio va más allá y afecta a toda cuanta actividad de las Administraciones Públicas incida
en los derechos constitucionales de los administrados, y sirve para valorar, ponderar y resolver confl ictos entre bienes e
intereses distintos, como los que se suscitan en el desarrollo de una investigación policial, entre el interés por descubrir
al responsable de un delito, encontrar pruebas que lo incriminen, etc., y los derechos fundamentales a la intimidad, al
honor, …
Adecuación
Necesidad
Proporcionalidad
en sentido estricto
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