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describe aquellos principales pilares en los que se desenvuelven la nueva sociología urbana el cual se experimenta actualmente
Tipo: Resúmenes
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June de 2020
Rasgos de la Nueva Sociología Urbana
1. Estratificación social. - Las clases sociales y la estratificación social no pueden definirse sin considerar el fenómeno de la desigualdad. Es precisamente el lugar que cada individuo ocupa en la estructura social, tanto en términos de su posición en el sistema de relaciones productivas como reproductivas, el que determina y a su vez está determinado por la asignación desigual de recursos socialmente valorados, tales como la propiedad, el ingreso y acceso a educación de calidad. Por una parte, la posición de cada individuo afecta las oportunidades de vida que se tienen, mientras que, por otra, estas oportunidades definen y reafirman las posiciones sociales. Ello se traduce en la presencia de relaciones asimétricas de poder en torno a recursos que son social y económicamente valorados. La estratificación a menudo se representa como una pirámide de posición social. Los de arriba controlar la mayoría de los recursos de la sociedad; también disfrutan del prestigio más simbólico e Influencia política. Los siguientes son los más numerosos y tienen el menor poder. De este modo, la estratificación social se puede definir como la existencia de desigualdades estructuradas —desigualdades sociales que son resultado de patrones en la estructura social— entre grupos sociales en términos de acceso a recompensas materiales o simbólicas (Giddens y otros, 2016). Se trataría de una diferenciación social que produce una jerarquización en cuanto implica una asignación desigual de recursos y de posicionamiento social y político (Anthias, 2001). Por su parte, el término de clase social hace referencia adicionalmente al establecimiento de relaciones de poder que son desiguales, así como a la adopción de diferentes estilos de vida. En este primer acercamiento metodológico se recupera la noción de estratificación, ya que está fuera del alcance de esta investigación analizar a profundidad las relaciones de poder y los estilos de vida. Max Weber creía que la posición de clase de un individuo es importante porque ayuda a determinar las posibilidades de vida que podrían esperar en el futuro; en otras palabras, las posibles oportunidades o limitaciones para logros futuros a cualquier individuo. Weber también sugirió que los factores económicos del estatus de clase, como el tipo de ocupación los recursos monetarios o de pago que posee un individuo no son la única determinación que el estado social general. La posición social de uno en la jerarquía de la sociedad también depende de atributos culturales particulares, como la religión, el origen étnico o las diferencias simbólicas, y en la posesión del poder político. En resumen, las posibilidades de vida difieren según factores económicos, políticos y culturales, pero a la riqueza material, como dice Karl Marx. Karl Marx, uno de los principales intelectuales del siglo XIX, elaboró una de las más influyentes definiciones de las clases sociales a partir de su observación y crítica al capitalismo. De acuerdo con su teoría, la posición que ocupan los individuos en la estructura social depende de la relación que tengan con los medios de producción, es decir, de si son propietarios o no. La propiedad —ya sea de capital, tierra o trabajo—, las relaciones sociales surgidas en torno a esta posesión y las retribuciones correspondientes darían forma al entramado social del sistema capitalista. Marx plantea que dicho entramado se caracteriza por operar bajo una dialéctica que desencadenaría inevitablemente en una lucha de clases. Específicamente, Marx hace
Las desigualdades de género están asentadas en una división sexual del trabajo que asigna a las mujeres la responsabilidad primaria del mantenimiento del hogar y el cuidado de los hijos y otros dependientes, limitando su tiempo y oportunidades para participar en el trabajo remunerado, acceder a los beneficios de protección social relacionados con el empleo y alcanzar la autonomía económica (CEPAL, 2005; CEPAL, 2013b). De ahí derivan una serie de desventajas para las mujeres con relación a los hombres, entre ellas una muy desigual carga de trabajo doméstico no remunerado, tasas de desempleo e informalidad más elevadas, discriminación salarial y desigualdades en el acceso, uso y control de los recursos productivos. El trabajo doméstico no remunerado incide en las múltiples expresiones de la pobreza de las mujeres. A muchas les impide acceder al trabajo remunerado y obtener autonomía económica. Aquellas que desarrollan simultáneamente jornadas de trabajo remunerado en el mercado y no remunerado en el ámbito doméstico enfrentan la alta carga que esto significa y, en consecuencia, disponen de menos tiempo que los hombres para el descanso, la recreación y otras dimensiones significativas de la vida. Las mujeres dedicadas a los quehaceres domésticos son también altamente vulnerables a la pobreza, al tener menor experiencia laboral acreditable, y carecen por lo general de seguridad y protección social o no son titulares de los seguros asociados. La ausencia de ingresos se agrava en caso de separación o viudez, ya que usualmente es el cónyuge quien percibe la mayor parte de los ingresos del hogar. Las mujeres sin autonomía económica son también más proclives a sufrir violencia de género. La carga de trabajo más elevada no solo afecta a un alto contingente de mujeres adultas. Las encuestas de uso del tiempo dan cuenta de que, desde la infancia, las niñas desarrollan más labores de este tipo que los niños, y las adolescentes madres están más propensas a desempeñarlos como principal actividad (Milosavljevic y Tacla, 2007). Lo mismo ocurre con las mujeres en edad productiva y reproductiva, ya que son quienes más participan en este tipo de tareas y las que más tiempo destinan a ellas. Además, muchas mujeres adultas mayores nunca se jubilarán de esas responsabilidades; en la vejez, en muchos casos, en lugar de ser ellas objeto de cuidados, pasan a ser cuidadoras de otros dependientes, como los nietos, sus cónyuges u otros adultos mayores en situación de dependencia por enfermedad o fragilización. Actualmente, en América Latina se contabilizan 826 pueblos indígenas reconocidos por los Estados ya sea directamente en la legislación o en los instrumentos de política pública, que sumarían más de 46 millones de personas. Asimismo, existe una cuantiosa población afrodescendiente, que se estima en más de 120 millones de personas, la mayor parte en el Brasil (CEPAL, 2013c). La gran mayoría de los indicadores sociales y de cumplimiento de derechos muestran que los pueblos indígenas y la población afrodescendiente están en situación de clara desventaja con relación al resto de la población. Debido a eso, es importante reconocer que las desigualdades étnicas y raciales, junto con las de género, son componentes cruciales de la matriz que estructura la desigualdad social en la región. Las singularidades de su arraigada y persistente discriminación requieren urgentes enfoques y políticas innovadoras en materia de lucha contra la pobreza y acceso a la salud, la educación y el trabajo decente, como también en otros ámbitos que puedan contribuir al ejercicio de su plena ciudadanía. Las personas indígenas y afrodescendientes están sobrerrepresentadas entre la población en situación de indigencia, pobreza y vulnerabilidad. Además, tienen más dificultades para aliviar o superar la pobreza, y la transmisión intergeneracional de esa condición y su cronicidad son más altas. La histórica invisibilidad estadística de estos grupos no ha permitido identificar y
reconocer adecuadamente la magnitud y las distintas formas de manifestación de la pobreza entre ellos. A su vez, las estrategias de reducción de la pobreza no siempre han recogido estas especificidades y, por tanto, no han tratado adecuadamente las necesidades y particularidades que atañen a estos importantes segmentos de la población. Para obtener una aproximación sobre algunos aspectos de esas desigualdades, en este informe se utilizaron las encuestas de hogares de 2011 de ocho países que permitían identificar a la población según su origen o identificación étnica o racial. Aunque los resultados no son representativos de toda la región, permiten advertir la magnitud en que la pobreza y la indigencia afectan a la población indígena y afrodescendiente, con mayor fuerza en las zonas rurales. Finalmente, pese a los avances experimentados en la última década en lo que se refiere a la salud infantil, los niños indígenas son mucho más vulnerables a la mortalidad temprana y a la desnutrición crónica que la población no indígena, debido a la persistencia de altos niveles de pobreza, la residencia en zonas rurales y los bajos logros educativos de los padres. Avanzar hacia la superación de la pobreza y la desigualdad en América Latina supone considerar diversas manifestaciones de las desigualdades. Un desafío central en ese sentido es integrar y mejorar las mediciones de las características étnicas y raciales de la población en las encuestas de hogares oficiales de los países para visibilizarlas y aportar información adecuada para la formulación de políticas públicas en las diversas áreas del desarrollo social. El territorio es otro factor estructurante de la desigualdad en la región. Por una parte, hay una clara desventaja de la población rural en la mayor parte de los indicadores de bienestar social. Los cambios demográficos que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX han implicado una modificación del discurso respecto de la dimensión e importancia de la población rural, que pasa de representar más de la mitad de los habitantes en la mayor parte de los países hasta situarse en rangos que fluctúan entre el 10% y el 30% de la población total, a excepción de Guyana, Haití, Honduras, Santa Lucía y Trinidad y Tabago, que muestran una relativa paridad entre los porcentajes de población rural y urbana. En 2015 se estima que América Latina tiene, aproximadamente, 121,8 millones de habitantes rurales, que representan un 19,9% de la población total. Este hecho es de gran importancia para entender muchos de los procesos que explican la actual situación de bienestar de la población rural y la preponderancia de la problemática urbana en el discurso latinoamericano de las últimas décadas (CEPAL, 2011a). La incidencia y la intensidad de la pobreza siguen siendo considerablemente superiores en las áreas rurales. Según los últimos datos elaborados por la CEPAL, en 2013 un 23,2% de la población urbana vivía en hogares en situación de pobreza de ingresos, una proporción que entre la población rural se duplicaba (47,9%). Además, el 7,7% de la población urbana se encontraba en situación de indigencia, frente al 28,2% de la población rural (CEPAL, 2015c). Al considerar la evolución de las tasas de pobreza e indigencia en el período reciente, destaca que el descenso de la pobreza en la región desde comienzos de la década de 2000 no tuvo la misma evolución en el medio urbano que en el rural. Mientras que entre la población urbana se registra un descenso sostenido de las tasas de pobreza desde 2002, entre la población rural se observa un descenso entre ese año y 2007 (del 62,4% al 53,0%), un leve incremento en 2008 y 2009 (54,9% en ambos años) y recién en 2010 una disminución (Rossel, 2012). El resultado de esta tendencia es un leve ensanchamiento de las brechas de pobreza entre la población urbana y la rural (CEPAL, 2012c) y un incremento bastante más claro de las distancias o brechas entre ambas poblaciones en materia de indigencia (Rossel, 2012, págs.10 y 11). La situación es bastante heterogénea entre países. En algunos de ellos, la pobreza rural casi duplica e incluso
