Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de marzo
de 2015, y entró en vigor el 1 de julio de 2015. Los aspectos de esta reforma son los siguientes.
1. Modificación del régimen de las penas y su aplicación.
• Se introduce la prisión permanente revisable para delitos de extrema gravedad,
como homicidio del Jefe de Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros
y en los supuestos más graves de genocidio o crímenes de lesa humanidad,
asesinato y detención ilegal o secuestro con desaparición. A ellos se impone una
pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente). Tras el
cumplimiento del condenado de una buena parte de la condena, acreditando su
reinserción, se aplicará el sistema de revisión si se cumplen con los requisitos
correspondientes. Aquí el Estado realiza una función de reeducación hacia el
condenado.
• Se modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas
privativas de libertad.
• Supresión de faltas, pasando a ser delitos leves en la nueva regulación, orientada
por el principio de intervención mínima.
• Se refuerza la punición de los delitos de corrupción en la Administración Pública,
introduciendo además nuevas figuras delictivas relacionadas con la financiación
ilegal de partidos políticos.
• Se establecen Directivas; referentes a empleadores de terceros países en situación
irregular; contra los abusos sexuales y explotación sexual de menores y la
pornografía infantil; protección datos electrónicos; regulación inmigración ilegal.
Además se introducen perfiles en la base de datos de ADN, para protección de
niños contra la explotación y abuso sexual.
2. Regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Responsabilidad de las personas jurídicas a delimitar el contenido del “debido
control”.
• Responsabilidad de las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas
públicas o presten servicios de interés económico general.
3. Revisión de la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena.
•Valoración por parte de jueces y tribunales de la peligrosidad del condenado,
concediendo o no el beneficio de la suspensión.
• Desaparición de la triple regulación de la suspensión.
• Modificación del régimen de valoración del cumplimiento de la responsabilidad
civil.
