Resumen ley 39/2015
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
I
La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las
Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de
instrumentos tanto de carácter reactivo, como preventivo.
Los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las Administraciones
españolas obedecen a procedimientos administrativos demasiado complejos que, en
ocasiones, han generado problemas de inseguridad jurídica.
Para superar estas deficiencias es necesaria una reforma integral y estructural que
permita ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones.
Se propone una reforma del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes
fundamentales: las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las Administraciones
Públicas.
Esta Ley constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una regulación
completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los
administrados.
II
En el título IV de la Constitución el artículo 103 establece los principios que deben regir
la actuación de las Administraciones Públicas. La materialización de estos han de
garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la
imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas.
A ello cabe añadir que el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española atribuye al
Estado, la competencia para regular el procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las
Comunidades Autónomas.
De acuerdo con el marco constitucional descrito, la presente Ley regula los derechos
y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad
administrativa.
III
La Leyde Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, incorporó avances significativos en las relaciones de las
Administraciones con los administrados a través de una mayor garantía de los
derechos de los ciudadanos frente a la potestad de autotutela de la Administración.
El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación también ha
venidoafectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la
Administración con los ciudadanos y las empresas.
Resulta clave contar con una nueva Ley que sistematice toda la regulación relativa al
procedimiento administrativoy profundice en la agilización de los procedimientos con
un pleno funcionamiento electrónico.
