RESUMEN
FUENTE 1: El Ministro de Salud, Víctor Zamora, ha enfatizado que la Constitución no permite que el estado
intervenga o controle el nivel de clínicas privadas durante los pandemi. Durante los pandemi, se han observado
casos de precios excesivos en productos y servicios de salud ofrecidos por el centro privado, que puede
considerarse como una falla del mercado. Por su parte, el constitucionalista Samuel Century afirma que el papel
de la economía del país es limitado según la Constitución de 1993, y la entidad responsable de mejorar el fracaso
del mercado es la sensorial. Carlos Parody, economista y maestro supone que el estado puede aumentar la oferta
de los servicios de salud pública, pero no puede controlar las tasas clínicas, y muestra que los sectores público y
privado deben trabajar juntos. En resumen, la intervención estatal en las regulaciones de nivel clínico durante la
pandemia. Si bien algunas personas argumentan que la Constitución permite esta intervención debido a las fallas
del mercado, otras muestran limitaciones constitucionales y proponen que las regulaciones son responsabilidad
de la entidad, como la indecopia.
FUENTE 2: Durante la pandemia, muchos hospitales públicos en Perú enfrentaron la escasez de camas y
dispositivos médicos para satisfacer la demanda de pacientes con Covid-19. Dada esta situación, el gobierno trató
de negociar con una clínica privada. Esto se pagó para asistir a pacientes que no pueden ser recibidos por los
sistemas públicos. El presidente Vizcarra ha establecido un período de 48 horas para negociar una tasa "racional"
para el cuidado de los pacientes con Covid-19. De lo contrario, amenazó con aplicar el artículo 70 de la
Constitución peruana. Según este Acuerdo, el Ministerio de Salud llevará a cabo el costo de la atención de
enfermería para los pacientes con COVID-19 introducidos en clínicas privadas a hospitales públicos. El Ministro de
Salud también mencionó la deuda anterior, que fue contratada por pacientes con Covid-19, y prometió analizar
cómo se pagaría de acuerdo con la ley. El artículo 70 de la Constitución permite el vencimiento, pero se indica que
se puede aplicar solo en situaciones de tiempo y excepcionales, y es necesario ajustar de acuerdo con el principio
proporcional. En resumen, había una tensión entre una clínica privada y el gobierno peruano en relación con el
costo de los pacientes con Covid-19.
FUENTE 3: Actualmente, hay muchas aseguradoras, servicios médicos y miles de clínicas, oficinas y centros
dentales que ofrecen atención médica. Durante muchos años, Susalud ha autorizado a varias instituciones
médicas privadas para prácticas deficientes, pero el Instituto Nacional para la Protección de la Competencia y la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) no actuó como un gerente de calidad de servicios médicos
privados, sino como árbitro a la solicitud de pacientes lesionados. Recientemente, se registraron las quejas de
pacientes con COVID-19 que recibieron atención médica en clínicas privadas, y se requirieron pagos exorbitantes
para los servicios prestados. Sin embargo, Susalud no pudo intervenir, porque no tiene autoridad para regular los
servicios, sino solo para controlar la calidad de la atención médica. Dadas las quejas de los usuarios, el Presidente
de la República Martin Vizcarra anunció que si las clínicas no participan en las negociaciones propuestas por el
Ministerio de Salud para establecer estacas acusadas de pacientes con CoVID-19 en tal. De las 48 horas de su
propiedad, se puede suprimir de acuerdo con el Artículo 70 de la Constitución peruana, lo que permite la
expropiación por razones de seguridad nacional o necesidades públicas. La Asociación de Clínicas Privadas Perú
(ACP) no conocía el acuerdo relacionado con los indicadores de atención al paciente con CoVID-19, que
alcanzaron con la ayuda de un seguro médico completo (SIS), seguro estatal. Si el personal decide clínicas
expropiadas, se requerirán modificaciones legales y presupuestarias, así como establecer el precio de los servicios
médicos y proporcionar compensación a las empresas. En cambio, se supone que el gobierno tomará el decreto
más alto que establece el nivel de servicios en las clínicas utilizando el Artículo 82 de la Ley General de Salud.
FUENTE 4: Tras casi dos años y medio después de los primeros casos, Covid-19, hay muchas lecciones que se
pueden aprender para prevenir, identificar y responder a las amenazas a la salud pública, así como a mejorar los
sistemas de atención médica en nuestro país. Sin embargo, también se informaron casos de pacientes con COVID-
19, que se enfrentaron a requisitos de pago exorbitantes en clínicas privadas. En estos casos, la super-
intendalidad nacional de la atención médica (Susalud) no podría intervenir, porque su función es controlar la
calidad de la atención médica y no regular los indicadores de rendimiento. Este problema causó la desconfianza
de los ciudadanos a clínicas privadas y requiere la adopción de medidas radicales contra aquellos que se
benefician de la salud de la población. El presidente de la República, Martin Vizcarra, estableció un período de 48
horas para que la clínica llegue a acuerdos con el Ministerio de Salud a las tasas acusadas de pacientes con COVID-
