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Este documento aborda el tema complejo de los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales y el proceso de internamiento. El texto explica las condiciones necesarias para la internación, los riesgos de un veredicto erróneo y las leyes diseñadas para garantizar un proceso justo. Además, se discute la responsabilidad de los profesionales de la salud mental en el proceso de internamiento y la importancia de predecir la violencia. El documento también menciona algunos casos legales relacionados con la alegación de locura.
Tipo: Apuntes
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Al tratar con los enfermos mentales, se ha de tomar en cuenta el status legal de estos, pues sobre todo son seres humanos con derechos. La realidad es que, aunque una persona pueda estar enferma mentalmente, esto no es razón suficiente para que sea internada en contra de su voluntad. Normalmente tienen que darse ciertas condiciones para considerarse necesario, siendo estas que el paciente: Sea peligrosos para sí mismos o para los demás: No sea capaz de cuidar de sí mismos No sea capaz de tomar decisiones objetivas y responsables respecto a su hospitalización En caso de que necesite tratamiento o atención hospitalaria constante En el caso de aquellas personas que han cometido delitos, tengan o no un trastorno psicológico, si se les encuentran culpables, responderán judicialmente por ellos y, en el caso de que sean culpables, potencialmente acabaran en prisión. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del lugar donde se haya dado el “delito”, ya que hay que tener en cuenta las leyes y los recursos de salud mental del mismo, siendo incluso posible la internalización psiquiátrica de los “agresores”. Regularmente el primer paso en el proceso de internamiento es hacer la petición del mismo. Normalmente dicha petición suele venir de un familiar o, en muchos casos, por parte de un profesional de la salud mental. El internamiento no es permanente, luego de 60 días de ser tratado en el hospital, el paciente ha de presentarse ante el tribunal donde se determina si es necesario mantener al paciente en el hospital por más tiempo o se le dará de alta. Debido que la decisión de internar a una persona se basa en la valoración que hacen otras personas de sus capacidades y su posible conducta peligrosa, el proceso civil llevado a cabo para el internamiento cabe la posibilidad de un veredicto erróneo, lo cual sería una falta involuntaria pero grave a los derechos humanos de la persona. Gracias a esto, la mayoría de países han propuesto diversas leyes, muy estrictas, diseñadas para auxiliar a la persona y asegurarse de que, en caso de una petición de internamiento, se le garantice al individuo un proceso justo, lo que incluye el derecho a asesoramiento legal. Se debe tener en cuenta que la mayoría de los pacientes psiquiátricos no son considerados peligrosos y, por tanto, no se requiere tomar medidas de precaución y seguridad, sin embargo, otros sí pueden ser violentos y es necesario una constante supervisión, llegándose a considerar su confinamiento. A menudo se requiere de un experto para que evaluar las posibilidades de que un paciente pueda ser peligro. Y a sea para sí mismo o para quienes lo rodeas. Se ha demostrado a lo largo del tiempo que los profesionales de la salud mental pueden contribuir al asesoramiento del paciente, sin embargo, resulta difícil incluso para ellos, determinar con certeza si un paciente es potencialmente peligroso.
5. La Ley De Reforma de la Alegación De Locura en esta se especifica que, para hacer una alegación de locura, el delincuente ha de tener un trastorno mental grave, y así mismo, la defensa debe establecer de manera convincente la locura de su defendido. Aspectos legales del ejercicio de la psicología clínica en la República Dominicana. Esta ley fue creada el 3 de febrero del 2006. La Dirección de salud Mental puso en circulación la ley 12-06 sobre Salud Mental, una herramienta que busca el bienestar de los derechos de las personas con trastornos mentales. Este es un cambio en la actitud y el proceso que envuelve el área de la salud mental. La ley 12-06 considera que: “La salud es un derecho de todo ciudadano y ciudadana, y un bien público que como tal debe ser promovido y respetado por el Estado Dominicano el cual tiene la responsabilidad de preservarla y protegerla, garantizando al acceso a los servicios de la salud. Considera que, de conformidad con los términos de la Constitución de la República, la finalidad principal del estado consistente en la protección efectiva de los derechos de la persona humana y que la salud constituye un bien de importan social y un factor básico para el desarrollo de la persona en todos sus aspectos. Considera que la salud constituye un derecho humano inalienable que debe ser promovido y satisfecho por los gobiernos y Estados mediante el desarrollo biológico, social, psicológico y moral de cada ser humano”.