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SOFTWARE LIBRE Y PROPIETARIO Y SUS CARACTERISTICAS
Definamos antes que es un software libre y un software propietario:
El software libre es un programa o secuencia de instrucciones usada por un dispositivo de procesamiento digital de datos para llevar a cabo una tarea específica o resolver un problema determinado, sobre el cual su dueño renuncia a la posibilidad de obtener utilidades por las licencias, patentes, o cualquier forma que adopte su derecho de prooiedad sobre él (o sea, el software libre puede estar licenciado, o protegido por una patente autoral), por lo que puede utilizarse o transferirse sin pago alguno al licenciante, o a su creador. Otra característica es que se encuentra disponible el código fuente del software, por lo que puede modificarse el software sin ningún límite, y sin pago a quien lo inventó o lanzó al mercado. El opuesto del Software libre es el denominado software propietario , aquel que es imposible de utilizar en otro hardware, o terminal modificar, o transferir sin pagar derechos a su inventor o creador.
Para ello, quienes han patentado software libre, lo han hecho permitiendo las actividades recién nombradas. Así nace el Copyleft (el opuesto del Copyright de los derechos autorales), que es básicamente el principio de que cualquier modificación o cambio (“derivative works”), debe quedar disponible para el resto de la comunidad bajo el mismo licenciamiento original. Con ello se fomenta el trabajo colaborativo en el desarrollo de la informática. Tambien es importante recalcar algunos puntos importantes para un buen desarrollo del mismo:
F 0 B 7F 0 2 0El software se desarrolla o construye; no se manufactura en el sentido clásico. A pesar de que existen similitudes entre el desarrollo del software y la manufactura del hardware, las dos actividades serian diferentes en lo fundamental. En ambas la alta calidad se alcanza por medio del buen diseño, la fase de manufactura del hardware puede incluir problemas de calidad existentes en el software.
F 0 B 7F 0 2 0El software no se desgasta. El software es inmune a los males ambientales que desgasten el hardware. Por lo tanto la curva de tasas de fallas para el software debería tener la forma de la “curva idealizada”. Los defectos sin descubrir causan tasas de fallas altas en las primeras etapas de vida de un programa. Sin embargo, los errores se corrigen y la curva se aplana: el software no se desgasta, pero si se deteriora.
F 0 B 7F 0 2 0A pesar de que la industria tiene una tendencia hacia la construcción por componentes, la mayoría del software aun se construye a la medida. Un componente de software se debe diseñar e implementar de forma que puede utilizarse en muchos programas diferentes.
Carnivore
Carnivore (en español, carnívoro) es el nombre de un software usado por el FBI que tiene un fin, pero no un funcionamiento, muy similar a ECHELON.
Este software se instala en los proveedores de acceso a Internet y, tras una petición proveniente de una instancia judicial, rastrea todo lo que un usuario hace durante su conexión a Internet.
En teoría tiene capacidad para discernir comunicaciones legales de ilegales.
El cómo realiza este análisis, y cuál es su infraestructura y alcance real, es algo que permanece secreto. Tiene la misma procedencia que ECHELON (EE. UU.) y pertenece a una agencia estatal (FBI), al igual que ECHELON (NSA).
Echelon es considerada la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de la historia (Inteligencia de señales, en inglés: Signals intelligence, SIGINT). Controlada por la comunidad UKUSA (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), ECHELON puede capturar comunicaciones por radio y satélite, llamadas de teléfono, faxes y correos electrónicos en casi todo el mundo e incluye análisis automático y clasificación de las interceptaciones. Se estima que ECHELON intercepta más de tres mil millones de comunicaciones cada día.
Fallos en "Software" de voto electrónico ponen en duda las victorias republicanas en EE.UU.
La Electronic Frontier Foundation y la mayoría de universidades de los Estados Unidos se han unido para denunciar las prácticas fraudulentas de una importante empresa de votación electrónica, Diebold Elections Systems. Un hacker entró en el sistema de la compañía y copió 15.000 documentos confidenciales, que puso a disposición del público. En ellos se demuestra que el "software" de Diebold, usado en las elecciones que dieron la victoria a Bush y Schwazeneger, tenía agujeros que permitían cambiar los votos.
En marzo, alguien se introdujo en los servidores de la compañía norteamericana de sistemas de votación electrónica, Diebold Elections Systems, y copió 1,8 gigabits de datos, la mayoría correo electrónico desde 1999 y documentos internos. Diebold suministra máquinas de votación electrónica a 37 estados y tiene repartidas más de 50.000 terminales por el país. Los documentos demostraban que la empresa conocía los graves errores de seguridad en sus programas, que podían provocar fraude, como la posibilidad de cambiar votos sin dejar rastro o la instalación de programas no certificados por las autoridades electorales.
En agosto, el hacker envió los documentos a diversos activistas, que los publicaron en sus "weblogs". Pronto, otras webs replicaron el contenido, la mayoría en universidades estadounidenses, desde Hardvard hasta el Bronx, pero también Australia, Canadá o Italia. Diebold les mandó avisos legales para que retirasen los documentos, amparándose en la ley de derechos de autor Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Capitaneados por el grupo de estudiantes "Why War?", del Swarthmore College de Pennsylvania, los activistas iniciaron entonces una campaña de desobediencia civil electrónica, negándose a retirar el material.
Según los estudiantes, "no podemos permitir la supresión de evidencias que prueban que una máquina Diebold registró 16.022 votos negativos para Al Gore en Florida, durante las elecciones presidenciales del
- Tampoco que el CEO de esta compañía ha dado 9.965 dólares a Bush y el partido republicano desde el 2001. Ni que Diebold se esté preparando para contar los votos de las presidenciales del próximo año. Están usando la ley del "copyright" para suprimir una información que necesita ser hecha pública".
Diebold envió también un aviso legal al proveedor Online Policy Group, para que uno de sus usuarios, el San Francisco Indymedia, retirase enlaces hacia los documentos. Este ISP, sin ánimo de lucro, está ligado a la Electronic Frontier Foundation (EFF), que salió en su defensa. La EFF y la Stanford Law School han pedido una orden judicial para que Diebold deje de enviar amenazas. Según los abogados de la EFF, "las exigencias abusivas del "copyright" no pueden silenciar el debate público sobre la seguridad del voto electrónico. Estos documentos son del dominio público, por su importancia en este debate. Además, defendemos el derecho de los usuarios a enlazar con información que es crítica".
Diebold ha hecho pocas declaraciones sobre el tema: que sus amenazas no significan que los documentos sean auténticos y que algunos pueden haber sido alterados, después de robados. Un ex-trabajador de la compañía ha desvelado, por su parte, que Diebold instaló, el año pasado, tres programas no certificados en 22.000 máquinas, vendidas al estado de Georgia por 56 millones.
Las consecuencias no se han hecho esperar: Marc Carrel, de la secretaría de estado de California, ha anunciado que retrasará la certificación de los productos de Diebold para las elecciones de 2004, hasta que no se haga una investigación. Según Carrel, Diebold instaló programas sin certificar en 4. máquinas de voto electrónico del condado de Alameda, usadas en las elecciones que dieron la victoria a Arnold Schwazeneger. Otro condado californiano, San Diego, se encuentra en estos momentos negociando la compra de 10.000 máquinas Diebold.
En Maryland, los demócratas han pedido una auditoría independiente a las máquinas Diebold que su estado acaba de comprar. Los demócratas no se fían de los informes de la auditora Science Application International Corp (SAIC): en julio, un estudio de dos universidades avisaba a las autoridades de Maryland de serias debilidades en el sistema de voto de Diebold. Se pidieron explicaciones a SAIC, quien
Esto es sencillamente, equivalente a cuestionar la necesidad de una ley de vacunación infantil, o la obligatoriedad de realizar aportes jubilatorios. Las decisiones sobre cuestiones fundamentales para los ciudadanos no pueden quedar libradas a las decisiones del mercado, cuya "libertad" es cada día más cuestionada.
La ley atentaría contra la industria del software
Un cambio en las condiciones de contratación y compra de software en el Estado seguramente repercutiría en una baja en los volúmenes de facturación en concepto de venta de licencias de aquellas empresas que no aceptaran las nuevas reglas de juego. Por otra parte, la posibilidad de contratación de soporte técnico a terceros (no necesariamente a quien desarrolló originalmente el software) posiblemente significaría una merma en sus ganancias, en favor de otras empresas.
Aún quienes utilizan este tipo de argumentos, reconocen que el costo de licenciamiento representa a lo sumo un 8% del costo total de implantación y uso del software. La situación es menos grave si tenemos en cuenta que sólo verán reducidos sus ingresos en lo que respecta a contratos con el Estado. Esto muestra lo contradictorio de este planteo.
En el caso de países como Argentina, la industria local del software es prácticamente inexistente. El uso de software libre por parte del Estado, impulsaría la creación de empresas nacionales que den soporte a sus necesidades, aún cuando se utilice software desarrollado originalmente en el exterior. También disminuiría notablemente la suma de dinero que anualmente sale del país en concepto de licencias y soporte técnico, ya que los principales proveedores de software del Estado son empresas extranjeras. Este dinero podría destinarse a atender necesidades mucho más urgentes o, inclusive, a implementar políticas de desarrollo científico-tecnológico para impulsar el desarrollo de una verdadera industria local.
La ley atentaría contra la propiedad intelectual
Muchas veces se involucra en la discusión el tema de la propiedad intelectual, la cual está regulada por leyes específicas al respecto. En ningún momento se propone que el Estado de adueñe del software en cuestión, ni que el autor renuncie a sus derechos de copyright. Lo que si se exige es que el autor ceda al Estado las libertades sin las cuales este último no puede garantizar los derechos de sus ciudadanos.
En casi la totalidad de los desarrollos de software libre existentes en la actualidad los autores conservan sus derechos de propiedad intelectual, sin que esto sea incompatible con la forma de licenciamiento de sus productos ni los ponga en riesgo.
El origen de esta campaña
Es innegable que las empresas que se verían más perjudicadas son aquellas que actualmente ostentan el monopolio del mercado y que la aprobación de una ley en este sentido les significaría una gran pérdida, teniendo en cuenta el
efecto que una decisión estatal en este sentido tendría sobre el conjunto de la comunidad. En el Perú, a raíz de la presentación de un proyecto de ley de uso de software libre en el Estado, el presidente de Microsoft Perú envió una carta 15 al congresista Villanueva, autor del mismo, presentando una serie de objeciones y alertándolo sobre supuestos efectos negativos de su aprobación. Villanueva respondió a Microsoft aclarando todos y cada uno de los argumentos expuestos, de una manera brillante y muy esclarecedora. Dicha respuesta^16 , junto con la carta original, fue traducida a varios idiomas y se difundió por todo el mundo, llegando a aparecer en varios diarios y portales de noticias en Internet.
Recientemente en Argentina, la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), que agrupa a 152 empresas del rubro informático (al menos 35 de las cuales son subsidiarias de multinacionales), envió al autor de un proyecto de ley sobre software libre en en la provincia de Buenos Aires, el Diputado Conde, una carta^17 de características similares al caso peruano. Lo grosero de los errores y las falacias de dicho texto parecen demostrar claramente que sus autores ni siquiera revisaron la respuesta del congresista Villanueva (que data de varios meses antes). La elaboración de la respuesta^18 no debe haber sido tarea difícil, luego de lo acontecido en Perú, pero son de destacar su claridad y brevedad. Con relación al movimiento de software libre en Brasil, recientemente apareció una entrevista al líder del proyecto del estado de Rio Grande do Sul, Marcelo Branco^19. En la misma, Branco comenta los objetivos de dicho proyecto, los resultados logrados y la política a seguir por el futuro gobierno del presidente Lula. No tardó en llegar la réplica de Microsoft: a través de su gerente de productos, Eduardo Campos^20. Es notable la falta de sustento al realizar apreciaciones tales como que el uso de software libre en el Estado brasileño provocará un atraso tecnológico de 30 años e incrementará el costo del hardware hasta niveles escandalosos. Una vez más, estamos en presencia de una campaña destinada a promover el miedo y generar confusión, lo que en inglés se denomina " FUD " ("Fear, Uncertainty, Doubt" o "miedo, incertidumbre, duda"). Dicha campaña es orquestada por aquellas empresas que temen que el Estado cambie el rumbo en lo que respecta a la contratación de servicios relacionados con el software.
Conclusiones Es claro que la forma en que actualmente se contrata el uso de software en el Estado es incompatible con sus necesidades y, lo más importante, con los derechos de los ciudadanos. Un gran número de personas, en varios países del mundo, se han agrupado para promover proyectos de reforma en la legislación vigente, que impongan restricciones a las condiciones bajo las cuales el Estado puede utilizar software, de manera que dichos derechos puedan ser garantizados y se romper
