El Crimen Organizado ¿Se podrá detener esta
pesadilla en nuestro país?
Es una realidad que los casos de crimen organizado en el Perú han aumentado
gradualmente en los últimos 2 años. De hecho, Perú es uno de los países con
mayor índice de criminalidad en Latinoamérica y se encuentra entre los 10
peores de todo América (Coca,2023). La extorsión, el sicariato, los robos y los
secuestros se han convertido en noticia de todos los días. además, la llegada
de diferentes mafias criminales como “Los Tiguerones” (Ecuador) y “Los
Gallegos” (Venezuela) han desatado el terror en la capital a través de la
extorsión, el uso de armas de fuego y la intimidación (Índice Global de Crimen
Organizado,2023 citado por Coca,2023). Por ello, para solucionar esta crisis de
inseguridad en el Perú, es de vital importancia aplicar las leyes de seguridad
que se establecieron en El Salvador y Costa Rica, con el fin de preservar la paz
en nuestras calles.
En primer lugar, se considera aplicar la ley de utilización de bienes incautados
al crimen organizado, inspirada en el éxito logrado en El Salvador como
solución a dicha problemática. Por un lado, se propone la adaptación de la
legislación salvadoreña en Perú como medida crucial. Para implementar
acciones similares a las ya aplicadas se busca fortalecer la respuesta contra
las organizaciones criminales, con el fin de aprovechar lecciones aprendidas y
ejecutándolas acorde a la realidad peruana (Asamblea Legislativa, 2022).
Además, la regulación de bienes incautados se ve influenciada por esta
adaptación. Esto asegura un marco legal alineado con las necesidades y
desafíos específicos de Perú. Esta armonización normativa no solo fortalece el
sistema legal, sino que también proporciona una base sólida para abordar las
complejidades únicas en la lucha contra las organizaciones criminales. Por otro
lado, se plantea la utilización de la sentencia de inconstitucionalidad 22-2007
AC de El Salvador como recurso valioso en la lucha contra las bandas
criminales organizadas en Perú. Esta sentencia identifica a las pandillas ”Mara
Salvatrucha” y “Mara 18” como grupos terroristas, junto con cualquier otra
pandilla u organización que busque usurpar las facultades pertenecientes al
ámbito de la soberanía del Estado. Por lo tanto, Perú debería adoptar esta
postura con grupos criminales como “El tren de Aragua” y “Los Gallegos”. Esto
establece una base legal firme que fortalece significativamente la posición del
Estado peruano ante estas amenazas. Asimismo, se hace imperante la
adopción de regulación específica para disponer de bienes incautados,
utilizando la experiencia de El Salvador como guía para desarrollar un marco
legal eficiente y ajustado a las necesidades del país (Asamblea
Legislativa,;2022).
En segundo lugar, incentivar reformas para una justicia restaurativa, que
combata contra el crimen organizado. Por un lado, la implementación de la
justicia terapéutica como solución ética. Bachelet (2014) afirma que la mano
dura es contraproducente contra la lucha del crimen organizado, pues para la
lucha contra esta se deben aplicar medidas de inclusión social, cultural y
