TEMA 12: EL PODER JUDICIAL
REGULACIÓN CONSTITUCIONAL:
El Poder Judicial está regulado en el título VI de la Constitución (art. 117 a 127) y además está
desarrollado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, 6/1985, de 1 de julio). Esta LO ha sido
modificada sucesivamente; la última ha sido publicada en el BOE de 29 de junio de 2013.
El Poder Judicial, según la constitución, está integrado por los Jueces y Magistrados que ejercen
la función jurisdiccional, que según ese apartado de la CE consiste en “juzgar y hacer que se
cumpla lo juzgado”. Este Poder Judicial presenta dos peculiaridades respecto a los dos poderes
restantes:
1. El Poder Judicial, orgánicamente es único, pero funcionalmente es múltiple ya que está
integrado por todos y cada uno de los Jueces y Magistrados que desarrollan la función
jurisdiccional.
2. En España el Poder Judicial es único para todo el territorio. No hay, por lo tanto, un
Poder Judicial autonómico, es único para toda España a diferencia del Legislativo y el
Ejecutivo.
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES:
I.- LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA: es más que indirecta desde el momento en que el
pueblo no interviene ni de forma directa ni indirecta en la elección de los Jueces y Magistrados,
quienes acceden a la carrera judicial mediante oposición. Sin embargo, sí que tienen una
legitimación más que indirecta desde el momento en que estos son los encargados de aplicar la
ley a un caso concreto, ley entendida como expresión de la voluntad popular. Por lo tanto, y a
diferencia de otros poderes, su legitimación democrática no es orgánica, no es por elección, sino
que es una legitimación funcional, la adquieren en el desarrollo de su actividad jurisdiccional.
Legitimación democrática que se restringe exclusivamente en aquellos casos en que los Jueces
y Magistrados aplican la ley, es decir, actúan democráticamente siempre y solo siempre que
apliquen la ley.
II.- INDEPENDENCIA: es básica y fundamental en un Estado de Derecho. Implica la
autonomía frente al resto de poderes y se adquiere a través de la aplicación de la ley, es decir,
los Jueces y Magistrados solamente están obligados por lo que establece la ley. Para garantizar
este principio básico tanto la CE como las normas de desarrollo determinan o establecen otra
serie de principios:
II.a.- INNAMOVILIDAD: implica que los Jueces y Magistrados no podrán ser ni
separados, ni apartados, ni trasladados de la carrera judicial, salvo por las causas y
procedimientos previstos en la LO del Poder Judicial.
II.b.- RESPONSABILIDAD: está enunciado genéricamente en el artículo 9.3 de la
CE y afecta a todos los poderes del Estado. Los Jueces y Magistrados son responsables
en el ejercicio de sus actividades por dos vías: la primera es por vía civil o penal, según
determinen las leyes. Un ejemplo de ello es el delito de prevaricación, que consiste en
