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LA TRANSICION DEL CONSENSO
por ENCARNACION LEMUS LOPEZ Universidad de Huelva
1. Introducción
Nuestra formación de historiadores nos impide plantear el estudio de la transición en Andalucía al margen de lo que han sido en las últimas décadas la transición y consolidación democrática en España; no obstante, Sin entrar en el análisis de los componentes que darían lugar al difundido modelo español, creemos imprescindible situar, al menos, las líneas maestras de ese marco global en el que discurre la secuencia andaluza. Tras un momento inicial de pública controversia entre Ruptura y Reforma , se impuso el canal de la Reforma, un gradual deslizamiento hacia la democracia partiendo del ordenamiento del régimen anterior, mediante el razonamiento perfectamente expresado por Torcuato Fernández Miranda: "desde la legalidad a la legalidad". Esta legalidad implicaba aceptar y consolidar la fórmula de la Monarquía porque situaba en ella la decisión de la transformación. Su existencia, como principio situado por encima del resto de los componentes políticos, que viene de la dictadura franquista, pero que no es el franquismo, que es legítima, pero que necesita legitimarse democratizándose, ordena todo. (Latinoamérica, Pinochet: aquí se pacta con la dictadura. pero no se negocia con el dictador) La Monarquía sostiene el consenso y de ella arrancaba ese consenso. Un consenso desarrollado en un triple pacto : pacto político – el proceso institucional que articula el modelo y que culmina en la Constitución–; un pacto económico-social – Pactos de la Moncloa– y el pacto autonómico. El consenso se despliega mediante una progresiva incorporación de la oposición, gradualmente cribada y, rápidamente, cada vez menos opuesta (Muniesa, 1996) y abre la ocasión al selectivo mundo de la negociación política. El núcleo del pacto y del consenso lo compondría el acuerdo sobre qué se negocia y sobre qué no: no se negocia la Monarquía, el libre mercado, y el olvido de todo lo anterior como vía de la necesaria reconciliación sistemáticamente impedida durante el franquismo. En vías del consenso, se aplica la fórmula de no acabar con nada e integrar todo, mediante el caro, pero inocuo, procedimiento de mantener todo lo anterior y duplicar la Administración – después se mantendrá el método y se duplicará la administración central y la autonómica y, asimismo, la autonómica y la provincial correspondiente a las diputaciones–; de
forma que el franquismo desaparezca por disolución orgánica: por ello perduran durante largo tiempo reductos de franquismo sociológico, los llamados poderes fácticos. El consenso y la negociación en la política se alcanzaban por el procedimiento de la suma, de la adición, para lo cual se trasmite la idea de que las decisiones se toman mediante la asunción de la voluntad de todos y se lanzan fórmulas publicitarias que reflejen fusión. Podemos recordar que ante los conceptos excluyentes de Reforma y Ruptura , se acuñó el aglutinante título de la Ruptura Pactada o frente a la doble realidad de Plataforma Democrática y Junta Democrática, se fotografió a la Platajunta. Ese procedimiento ayudó a consolidar el encuentro social como necesaria superación del mito de las dos Españas. Sin embargo, la vía de la negociación política ignora la incorporación ciudadana y la transición avanza en medio de una consolidada debilidad de la asunción de comportamientos democráticos: débil afiliación, escaso asociacionismo, menor implicación. Es decir, los mismos problemas que hoy acucian a las viejas democracias liberales y que, en principio, no debieran haberse instalado tan prontamente en estas jóvenes sociedades democráticas mediterráneas, pero que en el caso español tienen su origen en la intensa despolitización de la ciudadanía buscada por la dictadura y que, como señala M.A. Garretón, caracteriza a las democracias pactadas porque, frente a la esperanza del cambio radical, producen la sensación de que no pasa nada. El pacto desvincula, se negocia sobre "un alejamiento entre sociedad civil y sociedad política; una separación bastante radical entre proceso político y preocupaciones de la mayoría de la población" (Sevilla Guzmán, p. 290) que abre las puertas al desencanto. En relación con la discusión de los protagonismos, Foweraker devuelve el papel a la sociedad española alumbrando el concepto no de transición sino de transformación de la sociedad, proceso gradual que acompaña inexorablemente al régimen franquista desde finales de los cincuenta. Sin duda, para entrar en la vía correcta de cómo entender por qué se desarrolla la transición y cómo avanza conviene recordar una tesis antigua, la de Poulantzas , la política exterior, también planteada aunque con sustanciales diferencias por Huntington – la tercera ola –. Podríamos recurrir menos al estructuralismo y simplemente siturar la realidad española en el marco de la distensión y aducir las circunstancias del fin de la vida del general Franco. Es cierto que actúa como fuerte imán, la CE ; y, como referente, la necesidad de recobrar la historia de España como la de un país de la Europa Occidental para terminar con aquel Spain es different , un asumido principio de legitimación. En modo alguno, deberíamos, por ello, pensar que se trataba de un proceso fácil, si bien orientado, no conducido desde fuera; anduvieron muy presentes el peligro de involución, presiones generales, miedo al intervencionismo militar, el terrorismo, la desestabilización… Por otra parte, en los dos últimos años nos ha sobrevenido una avalancha de estudios sobre la transición, desde la publicación de textos biográficos a documentos visuales. Sobre líneas de trabajos debidas a sociólogos y politólogos, y estudios de derecho – Linz, Maravall, Santamaría, Sotelo, Cotarelo, O'Donnell, Schmitter...–, a raíz de las últimas conmemoraciones de los hitos democráticos se han sumado múltiples reconstrucciones periodísticas y fascículos coleccionables de prensa, y, por último, han visto la luz los primeros análisis históricos: Revista Ayer, Actas de UNED, Tusell y Soto, Martínez Cuadrado, Muniesa… Dentro del contexto nacional, la transición en Andalucía – y su acceso a la Autonomía– resulta fundamental y modifica el curso de la transición española: en primer lugar, porque
transición, desconocemos el comportamiento, las acciones y vivencias de los andaluces. Se ha perdido el recuerdo del Club Gorca en Sevilla o de [otra entidad de Granada o Málaga] , casi hemos olvidado los nombres de [el socialista y otros] o de publicaciones como [ ]: hombres, sociedades y medios de comunicación que afianzaron el convencimiento democrático. No obstante, contamos con un bloque cuantioso de información acerca de consultas y resultados electorales y estudios del subsistema de partidos políticos, debidos a la ciencia política y a la sociología electoral, y se conoce también el proceso hacia la Autonomía y sus instrumentos, Estatuto y Parlamento. Tales informaciones y reflexiones nutren estas páginas que no pueden ser más que una presentación del período: atenderemos a la evolución política – elecciones, partidos y Autonomía– y contemplaremos sintéticamente el medio en el que los andaluces desarrollan su actividad política.
2. Evolución política
La más rápida visión electoral global subraya la existencia de dos períodos, hoy – a la altura de 1997 en la que se escriben estas líneas– ya cerrados: la etapa propiamente de transición y la de consolidación; la fecha de 1982 ha consagrado definitivamente esa inflexión. Centraremos nuestro análisis en la primera de las dos épocas, que en el caso de Andalucía coinciden con la adquisición de la Autonomía plena por la vía del art. 151 de la Constitución, de forma que 1982 significa también el año de las primeras elecciones autonómicas. A pesar de la proximidad del último período, el de consolidación democrática, nos ha parecido enriquecedor incluirlo, porque las experiencias de la Andalucía Autonómica y la Andalucía Europea han confeccionado una nueva forma de sociedad andaluza, cuyas principales características, aunque simplemente queden enunciadas, creemos que enriquecen esta obra de síntesis con una reflexión sobre la Andalucía de hoy. Por otra parte, como decíamos, las últimas elecciones – Generales y Autonómicas de 1996 – parecen haber cerrado también esta segunda época.
Cuadro 1: Resultados electorales desde 1977 a 1996 Cuadro de resultados electorales (faltan las Autonómicas y Generales de 1996): Montabes, p. 68
La tabla global de resultados electorales ilustra los dos subperíodos citados, una época propiamente de transición que concluye en 1982, cuando comienzan los catorce años de gobierno socialista. Aceptamos, pues, una división que, propuesta por Mario Caciagli, se ha convertido en clásica (CACIAGLI, 1986) y que permite enmarcar claramente una serie de características globales. En primer lugar, los resultados electorales reflejan una sociedad andaluza orientada ideológicamente más a la izquierda que el conjunto de la sociedad española, el PSOE va a ser desde junio de 1977 el partido más votado. Tras las primeras consultas electorales, el espacio político quedó compartido por cinco partidos: dos formaciones mayoritarias, colocadas en el centro y la izquierda del abanico ideológico, UCD y PSOE; en la banda de la izquierda en disputa con el socialismo del PSOE se situó el PSA y más allá, el PCE; del otro lado, a la derecha de UCD, se colocó un pequeño A.P. Sobre este ordenamiento ideológico, 1982, además de otorgar mayoría absoluta al PSOE, altera la alineación partidista, destacando en la primera línea la oposición entre el PSOE y la reforzada derecha de AP–PDP; por la izquierda se mantiene el PC, en
tanto que el PSA se ha desplazado hacia un centro ideológico empequeñecido y concurrido, en el que compiten UCD y CDS. La diversidad de los partidos en lid fue efímera, pues el período se caracteriza por la emergencia de un destacado bipartidismo, PSOE – PP (renovación de AP), con una presencia en declive del PCE/IU, y la pervivencia testimonial del centro en CDS. Si en el panorama español, termina siendo decisiva la intervención de los partidos nacionalistas – PNV y CIU–, no se puede decir lo mismo del PA, convertido en un partido intermitente. Entramos, de hecho, en una larga etapa de sintonía entre Andalucía y el Gobierno Central en el marco del socialismo mayoritario, una sintonía perdida tras los resultados electorales de 1996, que intensifican la singularidad clásica, ligeramente difuminada por el socialismo ampliamente reinante de la etapa anterior, el que la sociedad andaluza es tradicionalmente más de izquierda que la española. Con ello, por primera vez desde la configuración autonómica, Andalucía se diferencia, por el signo político de su Gobierno, del conjunto nacional.
2.1. EL DESARROLLO DE LA TRANSICIÓN. PARTIDOS Y ELECCIONES (1976–1982)
Nos adentramos, pues, en el análisis del período que se inscribe entre el referéndum de la Ley para la Reforma Política y las generales de 1982, que han pasado por ser las elecciones del cambio. Montabes establece otra división: 1. transición democrática, hasta las municipales de 1979; 2. instauración autonómica, entre 1979 y 1987 y 3. consolidación, entre 1989 y la actualidad (MONTABES 1994, p. 47). Para facilitar la síntesis, consideramos conveniente articular la exposición en sólo dos etapas, periodización que, además, resulta ser, como hemos indicado, la más aceptada. El inicio del análisis del comportamiento electoral podemos localizarlo en el Referéndum de ley de Reforma Política: los andaluces, inaugurando la posibilidad de ejercer el voto libre y secreto, participaron en un 81,2% y del total de votos válidos los afirmativos ascendieron a 96,23%. Tanto la participación como la aprobación de la Ley de Reforma superaron los ya excelentes resultados nacionales – situados en 77,7 y 94%, respectivamente. Después de esta experiencia previa, entraríamos en el primero de los ciclos anteriormente expuestos.
2.1.1. PRIMER CICLO ELECTORAL, 1977– 1979
Tras el referéndum de la Reforma, integrarían el primer ciclo electoral las elecciones generales de junio de 1977 y marzo de 1979, así como de las municipales de abril de ese mismo año. Al margen de este conjunto, se situaría el referéndum de aprobación de la Constitución. Por otra parte, en febrero de 1980 encontramos el referéndum de iniciativa autonómica al que, junto al de aprobación del Estatuto, nos referiremos al tratar del acceso a la Autonomía. En el Atlas electoral de Andalucía encontramos recogidos los porcentajes obtenidos por los principales partidos en las elecciones generales y autonómicas de este período, tal como refleja el cuadro 2 y, en relación con los resultados, los diputados obtenidos por cada uno de los partidos, cuadro 3.
Cuadro 2: Resultados electorales en porcentajes
retroceso de UCD es similar al de España, en torno a un 3%, aunque, de entre las provincias andaluzas, el descenso sobresale en Huelva, en tanto que el predominio se mantiene en las comarcas serranas de Almería y Granada. Ahora bien, el seguimiento de AP/CD baja hasta el 4, lo que significa casi el completo desarraigo de la derecha en Andalucía, en este caso la caída es más pronunciada que en el resto del país. Por otra parte, el PSOE reduce los votos recibidos ante el incremento del apoyo a los partidos de izquierda restantes: por un lado, crece el PC hasta el 13,2% y, por otro, la mayor novedad nos llega con el seguimiento otorgado al PSA ya en solitario, lógicamente unido a su planteamiento del acceso de Andalucía a la Autonomía. El PSOE retrocede, por ello, en las provincias en las que anteriormente había obtenido sus mejores resultados, especialmente en Cádiz y Sevilla, justamente en las que más progresa el PSA (en cambio, avanza en Almería, Granada y Huelva a costa de UCD). No obstante la evolución del PSA y el análisis del proceso autonómico serán objeto de un tratamiento posterior más específico. En definitiva, la primera diferencia entre el apoyo al bloque de izquierdas – PCE, PSOE, PSA–, 57,3% y el de centro derecha
- UCD y AP/CD–, ahora con 35,6%, se ensancha desde el porcentaje de 10,1% en 1977 hasta el 21,7% en estas legislativas de 1979. Conviene, por último, destacar el avance de la extrema izquierda que, con un respaldo medio del 3,1% global, se sitúa a sólo un 1% de diferencia con CD. Es más, su máximo del 5,2% en Sevilla rebasa los 4,7% obtenidos por CD. Con este avance de la izquierda, Andalucía se aparta del conjunto nacional en el que la izquierda retrocedió levemente. Sobre este cercano marco de las elecciones generales de 1979, las municipales de abril introducen una dinámica diferente. Primero, por la distinta naturaleza de la consulta, y, también, porque, para entonces, estuvo claro que ya había terminado el entendimiento nuclear del pacto de la transición – el de UCD y PSOE– y el partido socialista inicia la sistemática competencia por el favor de los electores deslizándose ideológicamente hacia el centro. Cuadro 4 : Resultados de las Municipales de 1979 3/4/89 votos porcentaje PSOE 794.955 29,9% PCE 476.684 17,9% PSA 244.828 9,1% UCD 842.061 31,6% CD 30.745 1,2% Fuente: Lacomba, p. 423 Por lo general, se insiste en el paralelismo que estas elecciones presentan con las de abril de 1931 comenzando por la coincidencia de los abriles; como entonces el reparto de concejales resultantes no reflejan del todo el peso real de la izquierda y no es descabellado pensar que el planteamiento de reforma gradual previó la posibilidad de una fuerte presencia de la oposición de izquierda, y , por tanto, dejó para el último momento el escalón de la renovación municipal, para cuando la UCD, como partido consociacional, se hubiera afianzado en el control del conjunto del proceso. Aunque, por vez primera, globalmente, UCD consiguiera ser el partido más votado en Andalucía – 31,6%–, tanto aquí como en España, mirando el número de votos, la distancia entre bloques no deja de crecer. Si, por parte de la izquierda bajan ligeramente el PSOE – 29,9%– y PSA
- 9,1%–, sube marcadamente el PCE – 17,9%–, que obtiene los mejores resultados de todo el período, y a este porcentaje podría añadirse un 3,2% de los votos, recibidos por los partidos de extrema izquierda, principalmente por el PTA. En tanto que la Coalición Democrática – CD–, que en muchos Ayuntamientos presentó sus candidaturas en coalición con Fuerza Nueva, sólo
consigue un 1,2% y apenas cuenta. Como en aquellas elecciones de abril, las cifras son engañosas porque los concejales del PSOE ocuparon los Ayuntamientos de las capitales de provincia y de gran parte de las ciudades con más de cincuenta mil habitantes. Más aún, la singularidad de estas primeras municipales radica en que permitieron un aguardado pacto de izquierdas el cual, además de llevar a los alcaldes del PSOE a los Ayuntamientos, permitió también que hubiera alcaldes comunistas, e incluso del PTA, en algunos núcleos importantes. No sólo han quedado para la historia el acceso de los pesoístas Tierno Galván y Narcís Serra a las alcaldías de Madrid o Barcelona, en Andalucía, el PSOE se adjudicó todas las alcaldías de las capitales, excepto la de Sevilla, que ocupó el PSA, y la de Córdoba, que fue para el PCE. Cuadro 5: distribución de alcaldías en las elecciones de 1979 3/4/7 9 UCD CD PSA PSOE PCE PTA IndyOtros Almería 63 1 24 2 12 Cádiz 10 3 18 5 5 2 Córdoba 22 4 27 13 2 9 Granada 71 3 1 56 19 16 Huelva 29 34 7 9 Jaén 35 48 7 6 Málaga 26 5 35 17 17 Sevilla 19 1 4 37 27 10 4 Fuente: Fuentes: Atlas electoral de España. Andalucía, Fundación , 1986, vol I y II
El cuadro 5 refleja la ausencia de la derecha más conservadora y el marcado predominio de la izquierda en la administración local; en concreto: la considerable implantación de los comunistas y el relativo seguimiento de extrema izquierda en Cádiz, Córdoba, Sevilla. Los resultados del PC fueron reseñables en Huelva (con las alcaldías de Bollullos, Minas de Riotinto y Nerva); importantes en Granada (controlan Ayuntamientos grandes como Pinos– Puente, Huétor, Iznalloz o Maracena) y Málaga (con Cartama, Nerja y Pizarra, entre otros); elevados en Cádiz (Algeciras, Puerto de Santamaría, Sanlúcar de Barrameda, San Roque, Trebujena) excepcionales en Sevilla (mayoría absoluta en La Algaba, y las alcaldías de Las Cabezas, Carmona, Lora, Constantina, Guadalcanal, Mairena del Alcor y Mairena del Aljarafe, Osuna, Los Palacios–Villafranca, Viso del Alcor y otras menores) y sorprendentes en Córdoba. En esta última provincia, al obtener el PCE las alcaldías de numerosas ciudades grandes – Aguilar, Montilla, Fernán Núñez, Doña Mencía – y de la capital, el 50,9% de los habitantes quedaron administrados por alcaldes comunistas. En Jaén el PSOE obtuvo mayoría en 48 localidades – justo la mitad– incluida la capital y gran parte de las ciudades mayores de 10.000 habitantes; la mitad restante se distribuye entre las 35 de UCD , 7 para el PCE y 6 para los independientes. No conviene olvidar que el PTA consiguió en Córdoba, entre otras menores, la alcaldía de Baena; en Cádiz las de Chiclana, Puerto Real y Villamartín y en Sevilla el PTA y la CUT: Lebrija, Cazalla de la Sierra, Los Corrales, Marinaleda y Gerena y en Huelva el MCA obtiene la alcaldía de Paterna del Campo. Si sobre el marco del comentario de las dos elecciones legislativas precedentes, 1977 y 1979, nos hemos centrado en el análisis de las elecciones municipales de 1979 para comprender el fondo de la transición en Andalucía, es porque alrededor de esos resultados giran las principales dinámicas del período. De acuerdo con ello, hay que subrayar tres fenómenos. En
una etapa de ruptura, en la que la presión social en Andalucía rompió la primera formulación de organización autonómica y forzó su entrada, efectivamente, como autonomía plena por el 151, con lo que Andalucía [y el PSOE] servía para que el conjunto español se alejara de la posibilidad del federalismo y descafeinara el hecho diferencial. El entendimiento UCD–PSOE se reconstruye provisionalmente para reconstruir el pacto autonómico fundamental, la LOAPA. Paralelamente, el PSOE inicia su carrera de ocupación del centro y modera su discurso social, desarrollando una múltiple estrategia, un reparto de roles y discursos entre sus distintos liderazgos que le permita captar buena parte del electorado de la UCD, pero sin perder – al contrario porque también atrae parte del apoyo del PCE– el favor de su base social, sobre todo en Andalucía. Encontramos aquí, pues, el comienzo de la nueva tendencia, la que lleva finalmente al PSOE a fortalecerse en muchas áreas de ideología conservadora, previamente vinculadas a UCD, que le permiten su máximo entre 1982 y principios de los noventa para comenzar una lenta pero continua pérdida de seguimiento en las zonas urbanas, precisamente, aquéllas de donde había extraído, merced a su carácter innovador, su primer impulso. Pero esta idea se irá desarrollando, poco a poco, en las páginas siguientes. De acuerdo con ello, se alcanza la implantación de la autonomía en Andalucía, pero mediante una clara neutralización de la izquierda social, a la moderación del PSOE le acompaña la pérdida de la S de "socialismo" en el PSA, definitivamente convertido en PA, y, sobre todo, la emergencia de la permanente crisis en el PCE que le valió dolorosas fracturas y, en el marco global de la crisis ideológica del comunismo en los finales de la década de los ochenta, le ha llevado a ser un partido sin rumbo, cuyas siglas incluso se colocan detrás de las de una coalición, cuyo único soporte ideológico común radica ya el progresismo. La desnaturalización ideológica de los dos principales partidos de la izquierda clásica se acompaña de una política de rivalidades, competencias y desencuentro esencial que convirtió en pasado remoto el pacto municipal de izquierdas. Una primera manifestación de este desmembramiento sería, de un lado, la furibunda rivalidad de los partidos de extrema izquierda entre sí y la de todos ellos frente al PCE, algo que explica que, en la siguientes municipales, los candidatos que habían figurado por estas opciones se volvieran a presentar, ahora, incorporados al PSOE. Pero lo sería también el distanciamiento entre PCE y PSOE que ha terminado haciendo realidad, en esta Autonomía con voluntad de izquierda, un acuerdo entre los conservadores de PP y la coalición IU, para paralizar el desarrollo del gobierno del PSOE salido de las elecciones de 1994 hasta provocar el adelanto de los comicios, en la que ha sido, hasta el momento, la última consulta electoral autonómica, la de 1996. Por último, las municipales de 1979 tuvieron también un significado fundamental para los conservadores de CD, la de que su identificación con la derecha de siempre – algo que subrayaba su asociación con Fuerza Nueva– les había llevado a la extinción en la Autonomía más extensa y poblada y en la que, de hecho, existía una derecha social interesada en habitar los nuevos tiempos.
2.1.2. SEGUNDO CICLO, 1979–1982: LA BÚSQUEDA DE LA AUTONOMÍA
La etapa 1979–1982, que está atravesada en el fondo por la problemática antes enunciada, en superficie coincide con el complicado camino del acceso a la autonomía. Precisamente este
proceso es el que va a proporcionar la ocasión para que vayan efectuándose las modificaciones previamente anunciadas y que afloran en las elecciones de 1982. Metodológicamente, vamos a revisar globalmente a los partidos protagonistas y a observar las elecciones del cambio: completaremos, así, el panorama de la evolución electoral; a continuación, atenderemos al proceso de la formación de la Autonomía para comprender cómo se alcanza la situación que las dos elecciones de 1982 demuestran
2.1.2.1. LOS PARTIDOS DE LA DEMOCRACIA
Encontramos en Andalucía lo que se ha llamado un subsistema de partidos, porque de hecho, la primera singularidad es que no existe un partido nacionalista fuerte. Precisamente esa realidad ha producido un extenso análisis sobre el carácter del propio andalucismo – así llamado el sentimiento de nacionalismo andaluz–, que camina unido a la reflexión de por qué no existe un partido consolidado que simbolice esa opción nacionalista. Sin ese partido nacionalista fuertemente implantado, los partidos estatales adoptan una estructura regional. De forma que, como explica G. Márquez Cruz, el PSOE, en el segundo Congreso regional – 1979 – cambia su nombre de Federación Socialista de Andalucía por el de PSOE de Andalucía, PSOE–A. El PCE, en diciembre de 1979, celebra su primer congreso regional y constituye el Partido Comunista de Andalucía, dentro del PCE. Alianza Popular organiza igualmente su primer congreso regional, en 1980 y UCD su primera Asamblea–congreso en junio de 1980 y también adopta la denominación UCD–A. Esa es la primera renovación formal y, junto a ella, podemos recopilar cómo se han desenvuelto los partidos protagonistas de esta primera fase. Desde 1977 el PSOE aparece como la opción mayoritaria para los andaluces. A. Porras considera que siendo un partido con con una gran heterogeneidad en los seguimientos. Arrancó en 1977 con un soporte de máxima adhesión en los Ayuntamientos intermedios y grandes sobre todo en el triángulo socialmente más dinámico Sevilla–Cádiz Málaga. Desde allí comienza a introducirse en zonas rurales menos flexibles ideológicamente, sobre todo en los municipios menores de 5.000 habitantes y desde las provincias del Oeste hacia el Este. Podríamos adelantar que desde 1989 su repliegue será el inverso: comienza ver disminuida la implantación en las mayores ciudades y perdurarán votando PSOE las zonas políticamente más retardarias. Como en la mayor parte de España, el voto de UCD en Andalucía se polariza entre los niveles urbanos de más renta y las comarcas rurales más pobres, lo votan poco los más jóvenes y mucho la población femenina. En Andalucía UCD obtiene sus mejores resultados en la zona oriental y en núcleos rurales menores a 5.000 habitantes, principalmente en las comarcas serranas de Almería y Granada y en Huelva. De cualquier forma, como señala Montabes Pereira, la UCD no se constituye en Andalucía como la primera fuerza política y, además, sólo ocupa el espacio político correspondiente al electorado de derecha. Se trata de un partido típicamente de transición formado por líderes del pasado y por otros comprometidos con el futuro – es una idea compartida por C. Huneeus y M. Caciagli, quien lo define como partido consociacional; recibe gran parte de su apoyo de las ventajas que le otorga la proximidad al poder. Porras cita a Woodward que denomina este fenómeno como partido estalactita , emanado del poder y vinculado al control de la administración pública, su éxito depende de ello y entra en crisis
Porras le atribuye un electorado de clase media urbana, niveles de formación cultural medio elevados, anclado en Jerez–Cádiz y las ciudades de Sevilla y Granada, el andalucismo no se introdujo en el ámbito rural En definitiva, hemos considerado que entre noviembre de 1975 y octubre de 1982 discurre el curso de esta transición española, dentro de este lapsus , entre junio de 1976 y abril de 1979, se levanta la edificación legal, pero entre 1979 y 1982 se construye, en conformidad con ese proceso legal, la verdadera naturaleza de la nueva etapa política española: se plasma la estructura de Estado de las Autonomías y los partidos que, en un principio, se habían definido en relación con su papel durante la dictadura, se van redefiniendo, adaptando su contenido ideológico y dirigiéndose a interlocutores distintos porque el tiempo social ya es otro. Desaparece en este proceso de redefinición, que implica un nuevo reparto de derecha–izquierda, el centro del encuentro, UCD; el PSOE que había iniciado su tarea transformadora en los últimos años del franquismo capitaliza ampliamente la ventaja, AP aborda seriamente su refundación y comprede que se halla ante una estrategia de supervivencia, hay que enterrar el pasado; el PCE, en cambio, se debate en esfuerzos inútiles.
2.1.2.2. LA MARCHA HACIA LA AUTONOMÍA
El Pacto Autonómico constituye otro de los frutos del consenso. No hubo en el primer momento de la transición un modelo definido con el que configurar la reorganización del Estado español, pero, iniciado el proceso democratizador, a los deseos autonómicos del País Vasco y Cataluña se suma el convencimiento general de que había que dotar al naciente Estado de una nueva estructura administrativa y territorial. En este marco, encontramos la presión de la oposición de izquierda que se manifiesta federalista, la necesidad de la UCD de buscar apoyo en amplias zonas de la geografía nacional. De manera que, casi automáticamente, enlazando con la legalidad de la II República, se resuelve resucitar los gobiernos autónomos de esas dos comunidades y englobar igualmente a Galicia, considerada tercera nacionalidad histórica. El proceso formal comienza con el restablecimiento en Cataluña de la Generalidad por real decreto el 29 de agosto de 1977, tras la negociación de Suárez con el presidente en el exilio, Josep Tarradellas. El 4 de enero de 1978 nace el Consejo General del País Vasco y se legaliza la preautonomía vasca, aunque ésta desde el primer momento requirió negociaciones más problemáticas. Afirma García Ferrando que, al principio de la transición, el "regionalismo no se siente en Andalucía como un fuerte compromiso personal en el que está implicada la propia identidad comunitaria *…+, sino como un sentimiento emocional y afectivo que se transmite a las pequeñas cosas de la vida cotidiana" así que los andaluces proyectan su diferenciación regional preferentemente por medio de tópicos – clima, personalidad, folklore, costumbres–, pero también de carencias (García Ferrando, M., 1982, p. 137). Esta sensación de carencia alimenta el agravio comparativo en el que todos los investigadores sin excepción han colocado el origen del fortalecimiento del nacionalismo andaluz a partir de 1976. La comparación de encuestas realizadas en 1976 y 1979 permite al citado autor establecer que una sociedad cuyos ciudadanos se manifestaban en 1976 centralistas en un 58% y autonomistas en un 34% ha pasado en 1979 a autoconsiderarse centralista en un 29% y
autonomista el 48% y ya en 1982 los dos calificativos identifican al 19% y al 58% de la población, respectivamente. Partiendo de una conciencia regional muy baja, el sentimiento se incrementa al extenderse el rechazo a la desigualdad ante la posibilidad de que Andalucía pueda verse institucionalmente infravalorada frente a los nacionalismos históricos en el acceso a la autonomía. Cazorla Pérez sitúa, además, esta nueva sensación de agravio en relación con la localización periférica y dependiente de la economía andaluza en el desarrollismo franquista. Es algo en lo que también insiste Barzelay: "los andaluces están menos unidos por sentimientos nacionalistas que por la experiencia común de un relativo atraso económico, representado por el alto desempleo, emigración, bolsas de pobreza" (Barzelay, M., 1987, p. 108) Paralelamente a la dependencia económica, Santos López estudia cómo también la cultura andaluza es una cultura "de dependencia", marcada , neutralizada por sobreestimación, en un proceso de mitificación e identificación con lo español. Por ello no es fácil encontrar en el ámbito cultural el "hecho diferencial", y la diferencia es trasladada al ámbito socioeconómico y es igualmente la causa de que la sociedad andaluza se decante mayoritariamente por opciones de izquierda en todas las consultas electorales. Porque, aunque los sentimientos nacionalistas puedan encontrarse en todos los estratos sociales, entre los votantes de izquierda el autonomismo tiene mayor peso; no obstante, en Andalucía el nacionalismo radical es mínimo y no alcanza el 2% de la población, identificándose con jóvenes urbanos, los cuales, por otra parte, en su mayoría, no aprueban el radicalismo violento. No sólo en Andalucía, a imitación del País Vasco, Cataluña y Galicia, se ven surgir deseos autonomistas por doquier, la situación es complicada debatiéndose entre, por un lado, el sentimiento de agravio de unas zonas de España que tienen la sensación de ser consideradas "de segund" y el fuerte deseo de las comunidades históricas de que se les reconozca el principio de su particularidad. En esta tensión nace la fórmula que institucionaliza finalmente el ministro de las Regiones, Manuel Clavero Arévalo, la opción generalista: que se extienda el mapa autonómico hasta eclipsar el particularismo de Cataluña y País Vasco. Posteriormente, se crean, uno tras otro, los entes preautonómicos por decreto–ley: en marzo se aprobaron País Valenciano, Aragón y Canarias; el 27 de abril Andalucía; en julio los de Baleares, Extremadura, y Castilla–León… de esta manera se termina cubriendo todo el mapa. En muchas de esas áreas no existía previamente sentimiento nacionalista alguno, pero, creada la institución, el deseo se estimula con posterioridad. De Blas insiste en que la perspectiva de la formación de gobiernos, parlamentos, administraciones propias alentó a las élites políticas que obtendrían amplios espacios para su multiplicación. Fue la nueva clase política que se estaba fraguando la responsable de la generalización de las autonomías y también del carácter forzado que algunas de ellas tienen, por otra parte, las nuevas instituciones se autolegitiman ante sus poblaciones por el ofrecimiento del welfare–state. En estas circunstancias, surgen pronto los partidos regionalistas. Centrándonos en la transición de Andalucía, el nacionalismo como experiencia de agravio generó, a su vez, la esperanza de que la autonomía plena sirviera para incentivar el desarrollo regional y paliar los problemas de desempleo y pobreza; de modo que el alcanzar el autogobierno debería implicar, luego, como objetivo por antonomasía, la obtención del control de los recursos regionales de todo orden, para que, desde dentro de Andalucía, pudieran fijarse las estrategias y crear las condiciones de un auténtico desarrollo y, evidentemente, según una mayoritaria opción de izquierda, considerando la búsqueda de otro tipo de organización económica y social, aquél que fomentara cierta redistribución de riqueza y bienestar. En esto sí encontramos una diferencia
incremento del voto al PSA junto al amplio triunfo de las izquierdas refuerzan el componente de clase en el nacionalismo andaluz, algo que convierte en inviable el mantenimiento del pacto entre todos los partidos andaluces. En definitiva, a partir de ese momento, nos introducimos en los momentos cruciales de la negociación. En junio de 1979 el Pleno de la Junta de Andalucía – ya dando cabida también al PSA, en conformidad con los resultados electorales– acuerda desarrollar el procedimiento autonómico por la vía excepcional del artículo 151 del Título VIII de la Constitución, el cual posibilitaba un acceso rápido a una plena autonomía, equiparable al rango de las nacionalidades históricas en las cuales directamente se hacía efectivo el autogobierno, una vez que hubieran sido aprobados sus respectivos Estatutos. El citado artículo – y la Ley Orgánica 2/1980 de 18 de enero sobre las modalidades de referéndum en cuya aprobación no puede olvidarse que había colaborado el PSOE– fijaba la celebración de un referéndum para la ratificación de la iniciativa autonómica en el que habría de lograrse en cada provincia la mayoría absoluta del censo electoral; se aborda, pues, su celebración prevista para el 28 de febrero de 1980. En el camino de preparación del referéndum se constatan dos novedades ideológicas: la rivalidad entre PSA y PSOE por el liderazgo del nacionalismo andaluz ante la sociedad – se ha interpretado que la sustitución del tibio nacionalista Fernández Viagas en la presidencia de la Junta por el comprometido Rafael Escuredo obedece a un estratégico cambio de actitud en el partido– y ruptura entre derecha e izquierda. UCD sostiene un modelo de Estado articulado en dos tipos de autonomías, las nacionalidades históricas, y el resto del país encaminado por la vía ordinaria del 143, de manera que, con total incongruencia solicita la abstención en el referéndum que ha convocado el propio Gobierno y para el cual, por otra parte, se redactó una pregunta de complejo enunciado. En el seno del centrismo andaluz, esos criterios provocarán disensiones insalvables y definitivas, que inauguran la rápida disgregación de la coalición. El 12 febrero de 1980 se abría la campaña y días después Manuel Clavero Arévalo declaró que dejaba UCD para poder pedir el sí con libertad; igualmente abandonaron otros miembros del Comité Regional, entre ellos Eduardo Ibarra. Durante la campaña, la mayor parte de la prensa andaluza sostuvo opiniones cercanas a las posiciones gubernamentales, con la clara excepción de El Correo de Andalucía de Sevilla y el Ideal de Granada. Antonio Checa considera que ABC siguió una línea "contradictoria" y afirma que en ningún caso la prensa andaluza pidió abiertamente el sí al electorado. Destaca también la diferencia entre el silencio sostenido por TVE respecto a este tema con la actitud más neutral de la cadena Ser, abierta a los diferentes partidos. La complicada pregunta ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo cientocincuenta y uno de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? no facilitaba demasiado las cosas. En el conjunto de Andalucía participó algo más del 64% de la población y votaron sí el 55,8% del total de los andaluces, pero en la provincia de Almería no se llegó a la mayoría obligatoria. Ciertamente la ciudadanía había demostrado su deseo de acceder a la Autonomía Ya , en plenitud, y habían ganado moralmente el referéndum, pero no fue suficiente. Por otra parte, los noes siempre poco importantes en número – 3,4%–, pueden ser equiparados a los votos habitualmente concedidos a la extrema derecha más A.P. Antonio Checa refiere cómo el proceso electoral se desarrolló con dificultades técnicas graves, el Ministerio del Interior amplió en el último momento, en la madrugada del 28 al 29 de
febrero, el censo en tres provincias, Granada, Málaga y Jaén. En las cifras provisionales no sólo Almería, también Jaén quedaba fuera, a 3.088 votos, de la mayoría absoluta; en el segundo recuento todavía faltaban 1.085 síes. Se trataba de una situación relacionada con el número extrañamente alto de votos considerados nulos, debidos a que los sobres contenían dos papeletas de voto sí, una asiduidad que se interpretó ocasionada por la facilidad con la que las papeletas se adherían entre sí; así lo consideró finalmente la Audiencia Territorial de Granada que los consideró válidos y en Jaén se alcanzaron finalmente el 50,07% de votos afirmativos. En el caso de Almería, el menor porcentaje de sufragios afirmativos no está en relación con un porcentaje excepcionalmente alto de los negativos – el porcentaje de 3,97% de los noes se acerca al 3,44% de la media regional–, sino con una abstención trece puntos superior a la media y, por ejemplo, 21,5% por encima de la sevillana, provincia en la que se contabilizaron también la mayor proporción de sufragios positivos. No hay que buscar, pues, la explicación en una actitud negativa hacia el andalucismo, sino en una mayor implantación de la UCD en las comarcas de Sierra de esa provincia, como ya se había indicado. De hecho, la gran derrotada fue, precisamente, la UCD, desautorizada en Andalucía como fuerza política. El propio Clavero Arévalo a finales de 1980 presentó su nuevo partido, Unidad Andaluza, "autonomista, interclasista y no marxista", que finalmente no participaría en las elecciones de 1982, como se indicó previamente. A pesar de la derrota legal, los grupos políticos andaluces mantuvieron el objetivo de sacar adelante la Autonomía por el mismo procedimiento, iniciándose separadamente distintas líneas de negociación en Madrid por parte del PSA y PSOE, y abriéndose, entre las dos formaciones una batalla estratégica para capitanear el desbloqueo que llevara finalmente a buen puerto el irrumpido proceso de la autonomía andaluza. Santos López defiende que, con ese objetivo, el PSA despliega una estrategia de acercamiento a UCD – Jerez Mir señala que fue una opción personal de Rojas Marcos, intercambiando su apoyo en la cuestión de confianz a al Gobierno Suárez a cambio del desbloqueo a través del art. 144. Esta alternativa, planteada ese mes de julio de 1980, se conoció como "la fórmula Roca" y consistía en reimpulsar la Autonomía andaluza aplicando el citado artículo 144 que permitía que, por motivos de interés nacional, las Cortes complementaran o sustituyeran la iniciativa autonómica de algunos territorios para posibilitar su transformación en Comunidad Autónoma; el resultado final conduciría, pues, a retomar la vía del 151. No obstante, la posibilidad fracasó ante la negativa del PSOE y, de hecho, aunque realmente el artículo 144 esté en la base del desbloqueo final ya en octubre de 1980, en cuya argumentación se acude a la justificación del "interés nacional" en consideración a la cual los grupos políticos andaluces con representación parlamentaria presentaron una Proposición de Ley solicitando que se sustituyera la iniciativa autonómica de Almería para que se incorporara como todas las provincias andaluzas al procedimiento del art. 151. Este arreglo que ha sido interpretado como cesión de la UCD al PSOE, en medio de un nuevo acuerdo entre las dos formaciones acerca del pacto sobre las Autonomías. Sevilla Guzmán concluye brevemente que "la UCD tuvo que buscar una salida airosa a este contencioso. En el camino, el PSA quedó definitivamente descolgado al buscar una vía de aproximación a las posturas del gobierno, que habían retrasado el proceso*…+". Esto acarrearía después la retirada del respaldo popular a esta corporación política, así como un grave conflicto interno. En suma, hay que entender el momento como un cruce entre tres dinámicas. De un lado, el encuadramiento del problema de Andalucía en la disolución de una estrategia de la UCD para el
El golpe del 23 F de 1981 acelera el proceso de entendimiento y facilita la formulación legal del ordenamiento autonómico. Es la base del pacto autonómico que ha permitido la aparición del Estado de las Autonomías, hoy otra vez en entredicho. La ley es la LOAPA (ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico), que generaliza toda la organización autonómica (el último estatuto fue el de Castilla–León marzo de 1983), y ordena los procesos de transferencia y la financiación. A la luz de los acontecimientos nacionales, durante la última fase de revisión del Estatuto por la Comisión del Congreso y en la campaña del referéndum, se produjo una convergencia de intereses y lecturas políticas que simplificó la diversidad nacionalista, originando en Andalucía dos frentes: el burgués–populista que, finalmente, llevó adelante la defensa del Estatuto y el etnocentrista–de clase que se negó a reconocerlo. A pesar de la ruptura que la negociación de la Autonomía había ocasionado, el Estatuto vuelve a ser de nuevo fruto y la vez sostén del consenso básico de la transición española. El Estatuto definitivo engarza con la LOAPA y, a pesar de que el procedimiento circulara finalmente por el artículo 151, el texto del Estatuto no se asemeja al de las nacionalidades históricas sino al de las autonomías del art. 143, en cuyas redacciones sirvió como modelo. A finales del año, el 30 de diciembre, el Rey sancionaba este Estatuto y en consonancia se entraba en la preparación de las elecciones para el Parlamento andaluz. Alcanzamos, por tanto, la fase final de la celebración de la campaña y la formación del Parlamento y la Junta de Andalucía. La participación en el refrendo ascendió en esta ocasión al 53,5%, del censo y de los votantes manifestaron su conformidad un 90% y su desacuerdo el 7%. A estas alturas parecían injustificadas y excesivas las reticencias de UCD al nacionalismo andaluz y el desproporcionado obstruccionismo sólo le granjeó descrédito y desgaste, porque el nacionalismo y el inicial radicalismo andaluz habían tocado fondo en las municipales de 1979 y con posterioridad, reconducidos por el PSOE, entraban al unísono en un compás de progresiva moderación. El bloque burgués–populista se afianzó en el control del nacionalismo y los sectores del clase rápidamente retrocedieron hasta su extinción práctica, según demuestran las autonómicas de 1982. La generalización del proceso autonómico y el protagonismo del PSOE en el nuevo pacto autonómico, así, como la inmediata extinción de la UCD, han dado pie a Isidro Sepúlveda para calificar a este proceso de "la socialización de las comunidades autónomas" (Sepúlveda, I, 1996, p. 432). El disfrute de la autonomía descendió al rango de bien socializable. En definitiva, englobado en el contexto de la transición española, el significado de la Autonomía Andaluza es fundamental por haber producido el ordenamiento del actual Estado de las Autonomías, en el que encontramos autonomías generalizadas, por haber ocasionado el fracaso de la primera división entre autonomías y regiones y por haber neutralizado, en cierto modo, el hecho diferencial de las nacionalidades históricas. Después de ser aprobada la Constitución, se confeccionan los Estatutos Vasco y Catalán, publicados en BOE el 22 diciembre de 1979 – el Estatuto de Galicia se aplazará hasta el 28 de abril de 1981–. Pero, después de la aprobación de los Estatutos vascos y catalán, UCD intenta reorientar el proceso de descentralización y frenar el ritmo de la formación de autonomías, porque realmente no había un proyecto ni una previsión de lo que pudiera ser el resultado final. De manera que se acordó que después de las históricas, las demás regiones accedieran de modo paulatino por aplicación del art. 143. La radicalización del proceso de Andalucía lo impidió. No obstante, después de ello, se llega al acuerdo UCD y PSOE de que ésta fuera la última autonomía que accediera por el art. 151. La primera fase, por tanto, había igualado al País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía.
La generalización – "café para todos"– tiene según I. Sepúlveda dos consecuencias: la radicalización de los históricos, para seguir manteniendo su "hecho diferencial" y esto sigue alimentando el agravio. En este marco, aunque los Estatutos Autonómicos de las comunidades históricas fueran aprobados y el proceso aceptado por los moderados, la existencia del radicalismo armado impulsaba las demandas y aceleraba el proceso, en el País Vasco, principalmente. Por otra parte, en Cataluña, la importancia de CiU en la gobernabilidad de España, ha reforzado su posición.
2.1.2.3. LAS ELECCIONES DE 1982
El año electoral de 1982 se ha convertido en un referente histórico, el año del cambio, haciendo honor al pegadizo slogan que el PSOE desplegó en las legislativas. Las dos consultas electorales, las primeras autonómicas andaluzas y las legislativas de octubre son, sin duda, las más analizadas de toda la transición porque evidentemente introducen una inflexión que abarcó mucho más que un cambio político. 1982 da entrada a una década diferente: comenzó a funcionar un Estado con otra estructura política y administrativa (las Autonomías), interlocutores sociales nuevos (partidos y centrales sindicales), con un programa económico distinto (reforma financiera y reconversión), marcados objetivos internacionales (adhesión a Europa y Alianza Atlántica) y la plasmación de costumbres y valores sociales diferentes. Estas primeras elecciones autonómicas fueron convocadas por la Junta Preautonómica, según la Disposición Transitoria cuarta del Estatuto, mediante un Decreto de 8 de marzo de 1982 para el 23 de mayo. Los 109 diputados se distribuían así: Almería 11, Huelva 11, Jaén 13, Granada 13, Córdoba 13, Cádiz 15, Málaga 15 y Sevilla 18. Después de las tensiones del proceso hacia la Autonomía, tampoco la campaña de las primeras autonómicas, como analiza Caro Cancela, transcurrió apaciblemente: "se inició con demasiada anticipación y virulencia" y así siguió: los protagonistas sociales sabían que el panorama político español se estaba modificando y la alineación de intereses y seguimientos tomó posiciones claras durante los preparativos de la consulta. Caro Cancela analiza con detalle, además del programa y la campaña realizada por cada uno de los partidos, dos aspectos clave que, sin duda, se explican por la importancia que estas primeras autonómicas andaluzas tenían para la futura evolución política de España: la beligerancia de los empresarios y la "cuestión educativa". Ante la progresiva radicalización del electorado andaluz en las sucesivas elecciones, la Confederación de Empresarios Andaluces – rama andaluza de la CEOE– se implicó con una "agresiva presencia *…+ alineándose con las tesis defendidas por los partidos de la derecha sociológica" y construyendo, a través de un complejo equipo asesor y un buen apoyo financiero, un discurso, que atacaba de pasada al PSA y PCA, considerados partidos marginales, y se dirigía básicamente contra el PSOE. Entre las consignas publicitarias aparecían frases como: "Votamos contra los que han pretendido aparecer con "piel de cordero" y hacernos creer que son moderados, pero que no han conseguido ocultar sus verdadero objetivos son la revolución social y el marxismo *…+" (Caro Cancela, D., 1992, p. 119) También incluida en la CEOE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), a través de la Coordinadora Andaluza pro Libertad de Enseñanza, intervino decididamente en la misma tónica. A Carmen Alvear pertenecen las siguientes palabras publicadas en catorce de mayo en ABC : "El anticlericalismo y la nacionalización son las dos notas características del Partido
