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Asignatura: Filosofía de la Educación, Profesor: , Carrera: Pedagogía, Universidad: UNED
Tipo: Ejercicios
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A continuación se consideran las distintas competencias que tiene la Administración en materia educativa, ya sea el Estado o las Comunidades Autónomas, valorando la posible eliminación de alguna de estas competencias. El derecho a la educación, reconocido en la Constitución, convierte al Estado en el responsable de garantizar este derecho haciendo todo lo posible para ello. Además, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Es positivo que la Administración tenga esta responsabilidad que se traduce, por ejemplo, en la creación de Centros docentes en las zonas en las que el crecimiento de la población lo requiere, o en la dotación de medios como el transporte escolar, de carácter también gratuito en la etapa de educación obligatoria, para los alumnos a los que les corresponde asistir a un Centro que no se encuentra en su localidad, como ocurre, por ejemplo, en las zonas rurales, y también con los puestos de maestros de circo, que permiten a los alumnos en estas situaciones ambulantes estar escolarizados, o las aulas hospitalarias, para que los alumnos que lo precisen puedan seguir el curso de forma normal a pesar de su enfermedad. Tratar de conseguir el objetivo que la educación se propone respecto a la formación integral de la persona supone prestar atención a la dimensión moral y religiosa y es positivo que la Administración deba garantizar a los padres la posibilidad de elegir una formación acorde con sus propias convicciones. También es importante observar que se hacen compatibles las competencias de la Administración con la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, de modo que pueden intervenir en algunos aspectos de gestión en los Centros sostenidos con fondos públicos. En consecuencia, considero que, en general, es positivo que recaigan sobre la Administración estas competencias, si bien es cierto que, en algunos aspectos, descentralizar la gestión y dejar algunas competencias en manos de los Centros o, al menos, como responsabilidad de instancias más directas, como pueden ser las Direcciones Provinciales de educación, podría mejorar algunos aspectos cuya realidad se conoce de forma más directa que cuando lo gestionan desde la Comunidad Autónoma. Aunque considero importante que el Estado intervenga con estas competencias en la educación, no se puede olvidar que la propia naturaleza del ser humano y de la educación impiden que el Estado tenga el poder absoluto sobre ella.