SINOPSIS ARTÍCULO 82
El teórico monopolio del Parlamento en la elaboración y aprobación de las Leyes, alumbrado
por la concepción racionalista de la organización política y del Derecho, tuvo, en su
desenvolvimiento práctico, una duración efímera. La conquista del pensamiento ilustrado se
vio superada cuando el Poder Ejecutivo recuperó un nada desdeñable resto de su secular
poder normativo, dotado de un rasgo común invariable como era su carácter subordinado con
respecto a la Ley, fuente del Derecho por excelencia. Sin embargo, al margen del
reconocimiento y desarrollo de la potestad reglamentaria, los Gobiernos siguieron mermando,
lenta pero incansablemente, el monopolio parlamentario de la primacía normativa, a través de
múltiples procedimientos entre los que se encuentra el reconocimiento de la potestad del
Gobierno para dictar, bajo determinadas condiciones, normas de idéntico rango y eficacia que
las leyes de producción parlamentaria. Al servicio de esta finalidad se encuentra un amplio
repertorio de instituciones jurídicas, desde la legislación de emergencia (en el ordenamiento
jurídico español los Decretos Leyes, a los que alude el artículo 86 CE) hasta los mecanismos de
delegación legislativa.
A pesar de este origen común, el fenómeno de la delegación legislativa posee en los diferentes
sistemas jurídicos una pluralidad de significados, lo que complica la definición de una
naturaleza jurídica unitaria, sin perjuicio de que todos esos significados puedan reconducirse a
la idea de autorización o habilitación que una Ley del Parlamento otorga al Gobierno para
dictar normas jurídicas. Desde esta perspectiva, el análisis de las fuentes con valor de Ley pone
en evidencia la estrecha conexión existente entre fuentes del Derecho y forma de gobierno, y
así lo demuestra también el análisis de la delegación legislativa en nuestra Historia
constitucional.
1. La delegación legislativa en la Historia.
El examen de los antecedentes de la delegación legislativa en el Constitucionalismo español
permite afirmar que el fenómeno en virtud del cual el Parlamento autoriza al Gobierno para
dictar normas equiparadas en rango a la Ley aparece en los albores mismos del Estado
Constitucional y de la forma de gobierno parlamentaria. Así, desde que el Estatuto Real de
1834 esbozase un principio de relación de confianza entre las Cortes y el Gobierno, se constató
que la actividad normativa del Ejecutivo sólo podría equipararse formalmente a las leyes de
producción parlamentaria si las Cortes otorgaban una específica confianza al Gobierno para
inmiscuirse en la tarea legislativa que éstas tenían encomendada en exclusiva. Así, la
delegación legislativa llegó a disolverse en el mecanismo de otorgamiento de la confianza
parlamentaria, interpretándose la negación de la primera como una retirada de la segunda.
Esta confusión estuvo en gran medida propiciada por el silencio de los textos constitucionales
sobre la delegación legislativa, a pesar de lo cual la Monarquía isabelina ofrece ejemplos
ilustrativos de esta técnica, sistematizados en tres categorías que reproducimos a
continuación:
-Utilización de la delegación legislativa en supuestos en que el Gobierno solicita publicar como
ley un proyecto de su iniciativa, eludiendo los preceptivos trámites parlamentarios. Éste fue el
caso del Código Penal de 1848, de la solicitud de aprobación de los proyectos de Ley de
