PRIMERO: La impugnación del acuerdo de fecha es objeto del presente recurso contencioso
administrativo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Se aprueba el Reglamento
sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales. El expediente de su elaboración
comienza con una nota de Servicio en la que los Vocales Delegados del CENDOJ remiten al
Presidente de la Comisión de Estudios e Informes, para su estudio e informes, aprobó el
proyecto de Reglamento en primera lectura y dio noticia a través de la página web del CGPJ de
la apertura de un trámite de información pública. Se remitió el proyecto a los Presidentes,
Consejeros, a los Decanos de Juzgados, las asociaciones y consejos. Se examina las
modificaciones introducidas en el trámite de audiencia y se aprueba el texto elevándolo al
Pleno. El Secretario General emite informe de legalidad, fundamentando la competencia del
CGPJ sobre reutilización de la Información en el Sector Público. El acuerdo del Pleno que
aprueba el Reglamento va acompañado de una memoria económica-financiera explicativa de
cómo se han establecido los precios públicos incluidos en el anexo del Reglamento Precios
públicos que se calculan en función de los costes, el coste por sentencia es de 6 €.
SEGUNDO: En los hechos de su escrito de demanda la recurrente señala un litigio, de
reutilización de la información del sector público, que traspone aquélla al Derecho español,
cuyos objetivos y contenidos esenciales. Postula su declaración de nulidad de pleno derecho en
base a los siguientes fundamentos jurídicos, que se resumen en los siguientes términos: El
Reglamento impugnado es nulo de pleno derecho porque el Consejo General del Poder Judicial
carece de competencia para elaborar normas que vayan más allá del ámbito doméstico de la
organización que gobierna ,además, es nulo de pleno derecho en razón de la incompetencia
manifiesta del Consejo General del Poder Judicial para regular la reutilización de sentencias y
resoluciones judiciales ,luego, es nulo de pleno derecho por omisión del trámite esencial del
informe de la Comisión Nacional de Competencia, se observa que , es nulo de pleno derecho
por omisión del inexcusable trámite de audiencia, también es nulo de pleno derecho por carecer
de la imprescindible memoria económico- financiera y, consiguientemente, de la debida
fundamentación económica, se nombra además El artículo 6 y la disposición adicional 1ª del
Reglamento y su Anexo vulneran la Ley 8/1989, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Público
junto a artículos 3.5.a, 8.4 y concordantes del Reglamento 3/2010 comprometen la efectividad
del derecho fundamental de acceso a la información y al principio constitucional de publicidad
de las actuaciones judiciales y artículos 8, 9 y concordantes del Reglamento 3/2010 vulneran de
forma general los principios de legalidad y tipicidad en materia sancionadora. El Reglamento
no puede definir ilícitos o conductas sancionables, ni las sanciones aplicables a esos ilícitos
( artículos 25.1 CE); razón por la que el cuadro de infracciones y sanciones, contenido el
cual,en el Reglamento impugnado debe ser anulado.
CUARTO: Respecto a las tesis contrapuestas de las partes, expuestas en los fundamentos
anteriores,conviene hacer observaciones de carácter previo. La fundamentación de la demanda
pone en evidencia el diferente alcance de cada uno de los motivos de impugnación, se constata
que mientras una serie de ellos se refieren al Reglamento en su globalidad, los demás se refieren
a preceptos concretos del mismo y, los tres primeros se refieren a la que califican ,como la
incompetencia del Consejo General del Poder Judicial para la regulación que contiene el
Reglamento; y por último los otros tres a pretendidas infracciones en la tramitación seguida para
la elaboración del Reglamento. La ordenación sistemática de la demanda es la distinta
jerarquía conceptual, ya que, el éxito hipotético de los que se refiere al Reglamento hace ya
innecesario el examen de la impugnación de los referidos a la impugnación de preceptos
concretos del mismo. En los primeros fundamentos a los concernientes a lo que la demanda
califica como manifiesta incompetencia, les es atribuible un sentido de radicalidad, cuyo éxito
hipotético, a su vez, hace innecesario el enjuiciamiento de los relativos a la regularidad de la
