ULTIMA PRACTICA DERECHO ADMINISTRATIVO.
El presidente de una asociación de vecinos presenta el 1 de abril de 2011 un escrito en
el Registro municipal solicitando del concejal de parques y jardines que proceda a
ordenar la poda de los árboles del casco urbano.
El tres de mayo recibe un informe suscrito por el concejal con fecha de 25 de abril.
El 16 de agosto de 2011 no ha recibido contestación, interpone un recurso contencioso
administrativo solicitando del órgano judicial que ordene la poda.
También otro recurso contencioso-administrativo en el que solicita del órgano judicial
emita un orden por el que obligue al pleno a celebrar sesión extraordinaria.
Este mismo día otro miembro de la asociación se dirige al Ayuntamiento para solicitar
una copia del documento.
Un funcionario municipal mediante una llamada telefónica le comunica la negativa a su
petición.
Cuestiones
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.
Artículo 25.
1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter
general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía
administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente
el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus
actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.
Artículo 26.
1. Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es
admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales
disposiciones no son conformes a Derecho.
2. La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que
frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con
fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.
Artículo 27.
1. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme
estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la
cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la
disposición, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.
2. Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la
invalidez de una disposición general lo fuere también para conocer del recurso directo contra ésta,
la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general.
3. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier
disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en
la ilegalidad de aquella norma.
Artículo 28.
