Presentación básica de las normas elaboradas por el Gobierno con valor o
rango o fuerza de Ley
La Constitución española prevé que el Gobierno pueda elaborar normas a las que se atribuye
con valor o rango o fuerza de Ley, se trata de los Decretos-Leyes y Decretos-legislativos.
Procediendo del Gobierno a estas normas se les atribuye, sin embargo, rango de Ley y por tanto
tendrían capacidad para derogar otras Leyes y asimismo ostentan la peculiar fuerza de Ley
consistente en no ser susceptible de control directo por parte de los Tribunales ordinarios sin
perjuicio de las posibilidades de planteamiento por éstos de la cuestión de inconstitucionalidad y
a salvo el control de los excesos (ultra vires) en el uso de la delegación.
Dos son los tipos de normas que vamos a analizar en este punto. Unas, las procedentes del
Gobierno, pero en virtud de una delegación expresa que haya hecho las Cortes Generales o las
Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas; otras en virtud de la concurrencia de
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la emisión de este tipo de
normas. Decretos legislativos y Decretos Leyes son así las dos manifestaciones del ejercicio de
la potestad legislativa por parte del Gobierno.
Los Decretos Legislativos
Las Disposiciones del Gobierno que contenga legislación delegada, reciben el nombre de
Decretos Legislativos (artículo 85 de la Constitución ). En realidad habría que distinguir entre el
Decreto legislativo que es el producto final con rango de Ley emanado del Gobierno y la norma
habilitante que ha emanado de las Cortes Generales y que habilita al Gobierno para dictar el
Decreto legislativo.
Ambos aspectos están íntimamente unidos en la medida en que la norma habilitante emanada
del poder legislativo constituye el marco de referencia para valorar la validez del Decreto
legislativo emanado del Gobierno.
La facultad de delegación reconocida en el artículo 82 de la Constitución está sometida a
requisitos y condiciones que tratan de evitar que a través de la técnica de la delegación una
mayoría parlamentaria pueda obligar a las Cortes Generales a abdicar de sus poderes, dando un
cheque en blanco al Gobierno para legislar sobre cualquier tipo de materia y sin limitación de
tiempo. Evitar esa Ley de plenos poderes –ese cheque en blanco al Poder Ejecutivo– es lo que
pretende garantizar el artículo 82 de la Constitución cuando reconoce la potestad de las Cortes
Generales para delegar en el gobierno la facultad de dictar normas con rango de Ley “sobre
materias determinadas no incluidas en el artículo anterior”, idea en la que se insiste en el propio
artículo al hablar después de materia “concreta”.
La primera restricción, por tanto, es que en ningún caso las materias que están reservadas a la
Ley Orgánica pueden ser objeto de delegación legislativa. Si se trata de materias - las de Ley
orgánica - en que por su importancia se quiso prolongar el consenso constitucional más allá de
la fase de elaboración de la Constitución, tal pretensión se vería burlada si una determinada
mayoría coyuntural pudiese delegar en el ejecutivo la facultad de dictar normas legislativas en
materia de Ley Orgánica.
