Derecho penal II curso 2004/05
José Luís Fernández Ocaña
Lección 11
La antijuricidad
Antijuricidad en sentido formal. Relación entre tipicidad y
antijuricidad
El término “antijurídico” evoca a la idea de un comportamiento que contradice las
reglas establecidas por el derecho. Puesto que el Ordenamiento se compone de un
conjunto de sectores normativos, no cabe duda de que un acto puede ser antijurídico y,
sin embargo, carecer de relevancia penal. Por lo que al derecho penal se refiere, una
conducta podrá tacharse de antijurídica cuando sea contraria a las normas que rigen ese
sector del Ordenamiento y que, en general, tienen naturaleza prohibitiva. De ahí que
podamos identificar la expresión “comportamiento penalmente antijurídico” con esta
otra: “conducta prohibida” o, simplemente, “injusto penal”.
Al legislador le compete la tarea de seleccionar el elenco de conductas
antijurídicas, de acuerdo con el criterio de su gravedad para la convivencia social. Por
ello aparecen en el CP delitos que hasta hace pocos años no se consideraban tales,
mientras que otros han desaparecido porque se considera que no es necesaria la
intervención del Derecho penal. Esa selección del legislador queda plasmada en el CP
mediante la tipificación de las distintas conductas. Cada tipo de conducta pasa a ser un
tipo de delito, cuyo supuesto de hecho designa lo que se quiere prohibir. Por tanto,
podremos calificar como típico un comportamiento cuando coincida con ese supuesto
de hecho. Definiremos la tipicidad penal como la característica de un comportamiento
previsto como supuesto de hecho en algún precepto que defina un delito. La exigencia
de la tipicidad cumple una doble función: por una parte, es la plasmación de esa tarea
selectiva del legislador; por otra, representa para el ciudadano la garantía de no verse
sometido a sanción penal alguna si su conducta no encaja en algún supuesto de hecho
típico.
La primera condición que debe cumplir una conducta para ser calificada como
antijurídica es que se trate de una conducta típica. Esta es una condición necesaria pero
no suficiente. No todos los comportamiento coincidentes con el supuesto de hecho
típico están prohibidos por el Derecho penal, porque algunos se realizan en
circunstancias que los justifican y que, por ello, reciben el nombre de causas de
justificación. Ante su presencia, el hecho no está penalmente prohibido, pese a ser
típico, lo que implica que estas circunstancias vienen a “restringir” el ámbito de lo
prohibido penalmente, o lo que es lo mismo, del injusto.
Antijuricidad en sentido material: desvalor de acción y desvalor de
resultado
Los principios constitucionales de lesividad e intervención mínima permiten
utilizar el Derecho penal tan sólo para castigar aquellas conductas que comprometan
gravemente la vigencia de algún bien jurídico. Pero no basta con decir que el bien
jurídico debe quedar afectado por la conducta, sino que habrá de concretarse un poco
más cuál es el grado de afectación que se considera suficiente para legitimar la
intervención penal. A este respecto, los principios mencionados permiten castigar dos
clases de comportamientos: los que originan la lesión del bien jurídico y los que
