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Preguntas tipo test (modelo examen)
Martes, 19 de diciembre
1. La ley penal puede aplicarse analógicamente en perjuicio del reo:
a. Únicamente en supuestos de criminalidad organizada.
b. En cualquier caso.
c. Sólo puede hacerlo el TC.
d. Nunca.
2. ¿Tiene el Derecho penal alguna relación con los demás Derechos sancionadores?
a. No, no tiene porque no es propiamente un Derecho sancionador
b. Sí tiene relación, pero es el protagonista del ordenamiento jurídico sancionador por la naturaleza y la
gravedad de sus sanciones.
c. Sólo con el Derecho laboral sancionador.
d. Sí, salvo con el Derecho administrativo sancionador.
3. El principio de legalidad de los delitos y de las penas:
a. Está contenido en la Constitución en el art. 25, el art. 7 del CEDH y el art. 49 de la Carta Europea de
Derechos Fundamentales
b. No está recogido expresamente en la Constitución, pero se deduce de la protección de la dignidad
humana.
c. Sólo está recogido en el CP.
d. No está recogido en la Constitución y proviene de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
4. Las leyes penales que en la descripción de conductas delictivas contengan elementos que precisen de un juicio de valor emitido por el juez:
a. Cumplen con el principio de legalidad de los delitos, siempre que el significado de tales elementos
pueda ser completado por el juez o tribunal con criterios lógicos, técnicos o de experiencia.
b. No cumplen con el principio de legalidad, al depender del arbitrio del juez.
c. Sólo cumplen con el principio de legalidad si existe una remisión a una ley extrapenal para
completarlo, para obviar la inseguridad jurídica que suponen.
d. Ya no existen en las leyes penales vigentes tales elementos.
5. La ley penal:
a. Siempre tiene efectos retroactivos, si los hechos anteriores son graves.
b. Nunca tiene efectos retroactivos.
c. Tiene o no tiene tales efectos al arbitrio del juez o tribunal.
d. Sólo tiene efectos retroactivos si favorece al reo, si bien no siempre.
6. El principio de legalidad penal se extiende:
a. Sólo a los delitos.
b. A los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad.
c. A los delitos y a las penas, y nada más.
d. Sólo a las penas que se asignan a cada delito.
7. Las llamadas “leyes penales en blanco”:
a. Son siempre y sin condiciones compatibles con el principio de legalidad de los delitos, pues es una
técnica legislativa que simplifica la labor del legislador, bastando con que formalmente la amenaza de pena parta de una ley penal.
b. Nunca son constitucionales, por no agotar la descripción de la conducta declarada por la ley penal
delictiva.
c. Son compatibles con el derecho fundamental al cumplimiento del principio de legalidad de los delitos,
si el núcleo fundamental de la conducta prohibida bajo amenaza de pena está en la ley penal, se prevé la sanción en la norma penal y la remisión a la ley extrapenal es clara.
d. No se utiliza ya por el legislador español esta técnica legislativa.
8. La garantía criminal:
a. Impide castigar con penas distintas de las legalmente previstas.
b. Impide castigar por hechos no descritos en la ley penal como delitos o delitos leves.
c. Reduce el ámbito de aplicación del Derecho penal a los comportamientos que lesionen o pongan en
peligro bienes jurídicos.
d. Deja fuera del orden punitivo los comportamientos socialmente inocuos.
9. ¿Puede ser castigado por la vía penal y administrativa un sujeto por la comisión de un mismo hecho?
a. No, nunca pues el principio de ne bis in idem lo impide.
b. No, porque el TC ha establecido como regla general el orden cronológico de la sanción con
independencia de su naturaleza penal o administrativa
c. Según la última jurisprudencia del TC, sería posible porque el orden penal tiene preferencia sobre el
administrativo, pero en el caso de que se haya impuesto una sanción administrativa por unos mismos hechos, el juez penal tendrá que proceder a la compensación de penas.
d. Todas las anteriores son falsas.
10. El principio de retroactividad favorable se fundamenta:
a. En la seguridad jurídica.
b. En la separación de poderes.
c. En el principio de proporcionalidad.
d. En el principio de seguridad jurídica y en el principio de proporcionalidad.
11. Carlos comete un delito encontrándose en vigor la ley A. Cuando ya ha cumplido condena entra en vigor la ley B, que resulta más favorable. Su condena:
a. Será revisada pues no supondría la infracción del principio de cosa juzgada.
b. No será revisada pues supondría la infracción del principio de irretroactividad de la ley penal.
c. No será revisada pero el juez podrá tener en cuenta la ley B en el futuro a efectos de aplicar la
agravante de reincidencia.
d. Será revisable como regla general.
12. La ley penal tendrá carácter retroactivo…
a. cuando de su aplicación se beneficie el reo.
b. cuando sea desfavorable al reo.
c. cuando lo solicite el reo por “habeas corpus”.
d. ninguna de las anteriores es correcta.
b. La alternatividad.
c. La correspondiente al concurso ideal de delitos.
d. La del concurso ideal o real de delitos, según parezca más justo.
19. Si resolvemos un concurso de normas aplicando el precepto más amplio o complejo de los concurrentes, utilizamos el principio de:
a. Subsidiariedad.
b. Alternatividad.
c. Consumación.
d. Consunción.
20. Si durante un estado de alarma se dicta una ley que castiga severamente los actos de pillaje y saqueos y posteriormente se restaura el régimen jurídico general que es más benévolo, al autor de unos hechos cometidos en la fecha en la que se había decretado el estado de alarma…
a. Se le aplicará la ley dictada durante el estado de alarma.
b. Se le aplicará la ley posterior porque de lo contrario se vulneraría el principio de retroactividad
favorable.
c. No se aplica ninguna de esas dos leyes, sino que será el juez quien castigue esos hechos a su prudente
arbitrio.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
21. Durante un estado de alarma se dicta la ley A que castiga los actos de pillaje y saqueo con penas de 5 a 8 años de prisión. Posteriormente, ante esas mismas circunstancias se dicta la ley B posterior que corrige la valoración anterior y asigna una pena más leve a dichos actos. Al autor de los hechos cometidos durante el periodo de vigencia de la ley A se le aplicará:
a. La ley A en todo caso.
b. La ley B porque de lo contrario se vulneraría el principio de retroactividad favorable.
c. No se aplica ninguna de esas dos leyes, sino que será el juez quien castigue esos hechos a su prudente
arbitrio.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
22. El principio de irretroactividad, ¿se aplica a las normas de Derecho procesal penal?
a. Sí, pues dicho principio rige siempre en el caso del Derecho procesal.
b. No, el Derecho procesal no se beneficia de esta garantía propia del Derecho penal material.
c. Dependerá de la máxima tempus regit actum y de la valoración del juez.
d. En el derecho procesal rige la máxima de tempus regit actum , y por tanto se aplica el derecho vigente
en el momento del juicio. No obstante, a las normas que regulan la libertad provisional u otras medidas cautelares privativas de derechos fundamentales les es aplicable el principio de irretroactividad.
23. Juan cazó una mariposa isabelina en enero de 2004. En esa fecha existía una norma administrativa que incluía a este tipo de mariposa entre las especies animales en vías de extinción. En enero de 2007, la mariposa isabelina deja de aparecer en la mencionada lista. En el 2008 Juan es procesado por un delito contra la fauna previsto el art. 334 CP vigente desde 1995 por haber cazado una especie catalogada en peligro de extinción. En este caso…
a. Juan no puede ser castigado porque se le debe aplicar la ley penal más favorable cual es la de enero de
b. No es de aplicación el principio de la ley penal más favorable y, por tanto, podrá ser castigado como
autor de un delito contra la fauna.
c. Juan no puede ser castigado porque en el momento de la comisión de los hechos no estaba previsto el
delito contra la fauna.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
24. A las normas que regulan la prisión provisional y otras medidas cautelares…
a. Se les aplica el principio de irretroactividad penal pues supone el desarrollo de derechos y libertades
públicas de los ciudadanos.
b. No se les aplica el principio de irretroactividad penal
c. Se les aplica el principio de irretroactividad penal sólo en algunos casos.
d. Ninguna de las anteriores es cierta.
25. En el CP se establece en el art. X que “quien venda hachís será castigado con la pena de Y”. Señale la respuesta correcta:
a. El juez puede aplicar este artículo a la venta de heroína pues ambas sustancias son drogas.
b. El juez puede aplicar este artículo a la venta de heroína porque no existe razón alguna para castigar la
venta de hachís y dejar impune la venta de heroína.
c. El juez no puede aplicar este precepto porque vulneraría el principio de irretroactividad.
d. El juez debe abstenerse de todo procedimiento contra una persona que haya vendido heroína y tendrá
que exponer al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser la infracción objeto de sanción penal.
26. Un interno, A, en un Centro Penitenciario golpea a otro interno causándole lesiones. A es condenado por un delito de lesiones (art. 147 CP). Poco después se le aplica la Ley Orgánica General Penitenciaria y su Reglamento y se le impone una sanción de aislamiento en celda por la alteración del orden que ha supuesto su conducta y las lesiones causadas. Señale la respuesta correcta:
a. La imposición de la doble sanción constituye una vulneración del principio de ne bis in idem.
b. No hay vulneración del principio de ne bis in idem porque se trata de una relación de especial
sujeción.
c. Al haberse impuesto primero la sanción penal, la sanción administrativa no es recomendable.
d. Todas las anteriores son falsas.
27. Un juez dicta una sentencia absolutoria a sabiendas de que procede en aplicación de la ley condenar al procesado. El juez es condenado por un delito de prevaricación del art 446 CP. Se le aplica además la circunstancia agravante séptima del art. 22 CP (prevalerse del carácter público que tenga el culpable). Señale la respuesta correcta:
a. Se ha producido una violación del principio de inherencia del art. 67 CP.
b. Es posible tener en cuenta la agravante genérica pues en la configuración del delito de prevaricación
no se tiene en cuenta el carácter público del sujeto.
c. No se ha tenido en cuenta la regla cuarta del art. 8 CP.
d. Todas las anteriores son falsas.
28. Según la Constitución española las penas están orientadas a:
a. La reparación del mal causado a la víctima, esto es, a la prevención general.
b. La reparación del mal causado a la víctima, esto es, a la prevención especial.
c. La reeducación y reinserción del delincuente, esto es, a la prevención general.
d. La reeducación y reinserción del delincuente, esto es, a la prevención especial.
29. En el Derecho penal, la garantía penal del principio de legalidad implica que:
32.k. Deberían haber sido condenados porque en todo momento hubo intención de matar a la
víctima.
32.l. Se les podría haber condenado porque en supuestos de delitos graves el principio de
presunción de inocencia puede flexibilizarse.
SOLUCIONES
PREGUNTAS RESPUESTAS TIPO A
1 D
2 B
3 A
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5 D
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7 C
8 B
9 C
10 C
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24 A
25 D
26 B
27 A
28 D
29 B
30 C
31 C
32 B
33 D
34 B
