INTRODUCCIÓN
Al Estado le corresponde, en régimen de monopolio, la organización de un sistema judicial, con sus oportunos mecanismos procesales, que tenga en cuenta
tanto los derechos de la víctima (ofendidos directos y sociedad) como los del infractor.
A diferencia de las disciplinas jurídicas dedicadas al estudio de las diversas ramas de carácter material del ordenamiento jurídico, el Derecho procesal atiende
a la manifestación práctica de aquellas, esto es, a la intervención de los Juzgados y Tribunales cuando surgen discrepancias en cuanto a la interpretación y
aplicación del conjunto normativo de las primeras. Mientras éstas representan el aspecto sustantivo del Derecho, el Derecho Procesal constituye la vertiente
adjetiva o formal del mismo.
La jurisdicción consiste en la potestad del Estado de administrar justicia. Por medio de dicho poder público, la sociedad resuelve las controversias
surgidas en su seno, utilizando los órganos judiciales específicamente creados para ello, Juzgados y Tribunales a los que se atribuye la función de
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
La acción es consecuencia ineludible de la jurisdicción, dado que si el Estado se reserva el monopolio de la administración de justicia, el ciudadano
ha de tener la garantí de que aquella se administrará tan pronto como la necesite. El derecho a la tutela judicial efectiva no solo se garantiza con el
libre acceso del ciudadano a los tribunales, sino con el derecho a que éstos le administren justicia adecuadamente, conforme a Derecho.
El proceso constituye el mejor medio conocido para poner fin a las controversias en la sociedad. Junto a jurisdicción y acción cierra el triángulo
doctrinal del Derecho Procesal. El proceso se compone de una serie sucesiva de actos, de diversas etapas que culminan en una conclusión.
El proceso penal debe convertirse en el mecanismo utilizado para justificar excepcionalmente la restricción de libertad, no en el sistema empleado para
aplicar prioritariamente la ley penal. Hay que partir de la inocencia del acusado y a su protección debe tender el mecanismo procesal, que solamente cederá
ante la prueba indubitada de la destrucción de dicha presunción.
El sistema acusatorio representa la manifestación más primitiva de justicia. Se trata de un sistema en el que, en su estado más puro, la libertad tiene un gran
protagonismo. Las partes acuden a un órgano judicial para que resuelva la controversia. Se caracteriza por:
• La separación de funciones fundamentales en el proceso penal (acusación, defensa y enjuiciamiento)
• Las partes adquieren protagonismo, actuando en igualdad y contradicción.
• Libertad de acusación, a cargo de la víctima y/o de la comunidad, sin que se inicie el proceso de oficio.
• Libertad de defensa, en todo el proceso.
• Publicidad y oralidad del procedimiento.
• Pruebas libremente propuestas por las partes y apreciadas por el tribunal.
• El juez, que puede ser recusado, presencia, dirige y resuelve, siempre dentro de los límites propuestos por las partes.
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