4. El procediment administratiu sancionador.
4.1. La garantía del procedimiento y su regulación actual.
En ningún caso, se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento (art.
63.2 LPACAP. Mediante esta regla, se establece otra de las garantías básicas del derecho administrativo
sancionador. También, según jurisprudencia contenciosa-administrativa, también algunas de las garantías
del proceso penal contempladas en el art. 24.2 CE se trasladan al procedimiento administrativo sancionador.
Eso quiere decir que la vulneración de tales garantías, puede ser combatida a través del procedimiento
contencioso administrativo especial para la defensa de los derechos fundamentales y subsidiariamente, a
través del recurso de amparo constitucional.
Precisamente, la LPACAP incorpora alguna de las garantías básicas, mientras que otras se regulan en
normas sectoriales, legales y reglamentarias. También algunas CCAA cuentan con leyes o reglamentos
sancionadores propios de carácter general
4.2. Los órganos competentes.
Obliga a separar la fase instructora de la sancionadora o de resolución, encomendándolas a órganos
distintos. Uno es el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, que será el que en cada
caso, se designe por las normas aplicables y que puede ser el mismo órgano competente para resolver, y
otro distinto el que instruye el procedimiento. Por ello, se introduce una garantía mayor de imparcialidad,
pero se trata de una garantía limitada, ya que muy frecuentemente, el órgano instructor depende
jerárquicamente del sancionador.
En cualquier caso, a uno y otro se aplican las reglas de abstención y recusación para evitar interferencias
subjetivas en la instrucción y en la resolución. A tal efecto, están incluidos entre los derechos del presunto
responsable el de conocer la identidad del instructor y de la autoridad competente para sancionar, así como
la norma que atribuya tal competencia. Su infracción determina la nulidad de la sanción que se imponga,
salvo que no pudiesen generar indefensión.
4.3. El presunto responsable y sus derechos.
Parte necesaria en el procedimiento sancionador es el inculpado o presunto responsable que puede ser
persona física o jurídica, uno o varios, con carácter solidario o subsidiario.
a) Derecho a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos
pueden constituir y de las sanciones que se les pudieran imponer
b) Derecho a conocer la identidad del instructor y de la autoridad sancionadora y de la norma que
atribuya la competencia
c) Derecho a formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento
jurídico y el derecho a asistencia letrada
d) Derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable. Guarda relación con el derecho a
no facilitar a la Administración informes, documentos, inspecciones y otros actos de investigación
que no estén previstos por las leyes. Pero existe un deber de colaboración con la Administración y
en este caso, el ciudadano no se puede negar a ello
e) Derecho a la presunción de inocencia. Supone que para sancionar la Administración tiene la carga
de realizar actividad probatoria y válida, que sea suficiente para demostrar los elementos de hecho
determinantes de la infracción y la responsabilidad del inculpado. En el caso de que la prueba de
cargo arroje resultados contradictorios o no concluyentes, se aplica el ‘’ principio in dubio pro reo’’
4.4. Otros interesados.
Es posible la intervención de otros interesados, en aquellos casos en que el procedimiento pueda afectar a
sus derechos o intereses legítimos. La cualidad de denunciante, incluso si es el perjudicado por la conducta
ilícita del infractor, no es suficiente para ser parte en el expediente sancionador, ya que nadie tiene un
derecho o interés legítimo que recaiga sobre un tercero una sanción administrativa, pues de ello no se
puede deducir ventaja alguna.
