¡Descarga características del Modelo Agroexportador y más Resúmenes en PDF de Humanidades y Ciencias Sociales solo en Docsity!
Instituto Nacional General Francisco Menéndez. Bachillerato Técnico Vocacional en Servicios Turísticos. Sección: 2-1. Materia: Estudios Sociales. Alumna: Paola Abigail Ramírez. CARACTERISITCAS DEL MODELO AGROEXPORTADOR.
En El Salvador la estructura agraria actual arranca en la época colonial. La influencia de la dominación colonial se refleja sobre todo en la fuerte concentración de la tierra que se mantuvo hasta fechas recientes y en el lento proceso de modernización de la agricultura a que condujo este sistema de tenencia de la tierra.
Factores de diversa índole se combinaron durante el período posterior a la independencia, dando lugar a una situación que sólo podía desembocar en la formación de la gran propiedad territorial privada. Los grandes propietarios de la tierra concentraron la producción y comercialización de uno o dos productos agrícolas que tenían aceptación en el mercado mundial.
Por otra parte, esto ocurre en un momento en que la utilización de la fuerza de trabajo no era capitalista y tampoco existían las condiciones para establecer ese tipo de relación.
La estructura agraria así formada, incluido su carácter agroexportador rentista, fue el fundamento de la economía nacional en su conjunto, debido a la importancia que mantuvo la agricultura. A consecuencia de ello, esta estructura echó raíces profundas en el sistema económico general y en buena medida determinó su desarrollo posterior. Consolidó un núcleo cuya influencia y poder económico sirvió de base para el surgimiento de una oligarquía terrateniente, que mantuvo bajo su control no sólo la agricultura sino también la industria, las finanzas y el poder político.
Mientras en algunos países latinoamericanos se había logrado avanzar en la diversificación de la agricultura y en el desarrollo de otros sectores de la economía, en Centroamérica permaneció por más tiempo el modelo agroexportador rentista bajo el esquema típico de plantaciones que requieren grandes extensiones de tierra y mano de obra estacional y barata y no realizan, fuera de los iniciales, grandes esfuerzos de inversión productiva o en infraestructura. Los rasgos más importantes de este sistema productivo eran su predominante vinculación con mercados de consumo externos a la economía de la región, y su reducido mercado interno que limitó la diversificación de la producción y las posibilidades de desarrollo de otras fuentes de ingreso para la población rural.
Así, la concentración de la tierra en grandes latifundios empezó a darse en la segunda mitad del siglo XIX, con la puesta en marcha de leyes agrarias diseñadas por gobiernos liberales que promovieron la expansión de nuevos cultivos comerciales, reforzaron el estilo de la hacienda y suprimieron las formas de propiedad comunal en El Salvador. Además, con las leyes en contra de la vagancia apoyadas por fuerzas punitivas, aseguraron mano de obra barata para las plantaciones. Evidentemente, el despojo de tierras y la incorporación obligada de los campesinos a las haciendas requería una fuerza adecuada, por lo cual se tuvo que recurrir a la formación de grupos armados.
En sentido contrario, la gran masa campesina fue fragmentando su propiedad y, junto con las comunidades indígenas, emigró hacia zonas cada vez más inhóspitas y menos fértiles o más difíciles de trabajar, como las zonas de ladera.
A partir de la segunda mitad del siglo XX se suscitaron algunos cambios en la estructura de las exportaciones con la introducción de nuevos cultivos que respondían a la demanda del mercado internacional. Aparecieron y se desarrollaron grandes empresas agropecuarias vinculadas a la exportación de banano, algodón, café y el auge de la ganadería. Estas empresas introdujeron la mecanización de los cultivos, lo que les permitió trabajar intensivamente las tierras. Sin embargo, no se alteró el antiguo esquema agroexportador de la
En un intento por reducir la tensión en el campo, el gobierno anunció un plan de reforma agraria en 1976 y se creó además el Instituto Salvadoreño para la Transformación Agraria (ISTA). El proyecto afectaría a un área equivalente a menos del 4% de la tierra agrícola del país y estipulaba una fuerte compensación a los propietarios. Sin embargo, fue cancelado por la oposición militar conservadora que dio un golpe de Estado. Al mismo tiempo se desató una cruda represión contra las organizaciones campesinas y de trabajadores.
De esta manera, durante los años de gobierno militar, que sumaron cuatro décadas y media, se otorgaron algunas concesiones de tierras. En ese período se había distribuido un total de 62 000 hectáreas, beneficiando a 14 500 familias. Las transferencias se hacían sobre la base de tierras ociosas, sin grandes efectos sobre la propiedad latifundista. No obstante, los grandes terratenientes mantenían su oposición a las reformas. Los diversos programas dieron preferencia a colonos, trabajadores agrícolas que ya vivían en la propiedad, y arrendatarios.
Las tierras que se entregaban no eran de buena calidad. Los grupos campesinos que las recibían tenían escasas posibilidades de conseguir apoyo técnico y económico para lograr que su parcela produjera con eficiencia, y mucho menos de sembrar otro tipo de cultivos que no fueran los tradicionales de subsistencia.
Así, hasta 1980 no sólo continuaba existiendo una marcada concentración de la propiedad de la tierra de mejor calidad una gran cantidad de campesinos pobres sin tierra y un alto índice de migraciones campesinas. Además, existía una alta proporción de explotaciones rentadas.
En marzo de 1980, después de un nuevo golpe de Estado realizado esta vez por un sector progresista del ejército, se anunció a través del Decreto 153 la Ley Básica de la Reforma Agraria. En ella se estipulaba la transformación de la estructura de distribución y tenencia de la tierra y la incorporación de la población rural al desarrollo económico del país.
Esta reforma contó además con la aprobación del Gobierno de los Estados Unidos y el respaldo técnico de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el
Desarrollo (AID) y el American Institute for Free Labor Development (AIFLD), pues se consideraba “un imperativo para evitar un colapso político y prevenir la radicalización de la población”.
La Fase II estaba dirigida a propietarios de fincas menores de 500 hectáreas, pero por encima de los límites establecidos por la ley básica, 100 o 150 hectáreas, según la calidad de los suelos. Cubría alrededor del 20% de la tierra de cultivo nacional. Esta fase suscitó una fuerte oposición por tratarse de propiedades dedicadas, en su mayor parte, a los cultivos de exportación, generadores de ingresos clave para el país, de tal forma que fue rápidamente abandonada. Además, en marzo de 1982, la Asamblea Constituyente que reemplazó a la Junta cívicomilitar promulgó una nueva Constitución. En ésta se fijaba el límite máximo de la propiedad rústica en 245 hectáreas y se concedía un plazo de tres años a los propietarios que contaban con extensiones mayores para que las transfirieran al Estado. La Fase III, puesta en marcha a través del Decreto 207 de abril de 1980, estipulaba la expropiación de tierras que no fueran explotadas por sus propietarios. Se refería a cualquier predio rentado inferior a siete hectáreas. El conjunto de dichas explotaciones representaba otro 10% de la tierra agrícola. El programa se desarrollaría a través de la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA) creada en diciembre de 1980. El beneficiario debería pagar en 30 años la tierra a un precio acorde con la calidad del suelo.
Como características del modelo Agroexportador tenemos las siguientes:
Crecimiento económico favorable que en determinadas coyunturas se vio altamente dinamizado (luego de la Segunda Guerra Mundial, en los años ’60 luego de la constitución del Mercado Común Centroamericano, y el Boom Cafetalero a mitad de los setenta). Un proceso de acumulación profundamente afectado en la medida que las inversiones en la agroexportación – a pesar de su diversificación en algodón y caña de azúcar- se volvieron cada vez más limitadas y perdieron su dinamismo generador de ganancias.
