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CASOS PRÁCTICOS DE LA LECCIÓN 11
DERECHO CONSTITUCIONAL I
LA POTESTAD NORMATIVA DEL GOBIERNO
- Las Cortes aprueban una Ley de Bases mediante la que delega en el Gobierno la elaboración de un Real Decreto Legislativo relativo a la modificación de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y de su Integración Social. La Ley de Bases tiene dos artículos que indican lo siguiente: 1. El Gobierno podrá modificar los artículos de la Ley de Extranjería que estime convenientes para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales en relación con el régimen jurídico de los extranjeros. 2. El Gobierno deberá utilizar en la elaboración del Real Decreto legislativo el tiempo necesario para asegurar el correcto tratamiento de los aspectos sobre los que plantee modificaciones normativas.
¿Es adecuado el contenido de dicha norma para ser aprobado mediante Real Decreto legislativo? ¿Es adecuada la forma en la que se ha hecho la delegación?
- La Ley del Estatuto de los Trabajadores contiene una Disposición final sexta en la que ordena la redacción, mediante Real Decreto Legislativo, de un nuevo texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral en que se contengan las modificaciones derivadas de la legislación posterior a la misma. Amparándose en dicha disposición, el Gobierno dicta un Real Decreto Legislativo en el que se suprime el recurso de apelación en los procesos sociales relativos a materia personal. ¿Es constitucional el Real Decreto Legislativo? ¿En qué defecto incurriría, en su caso? ¿Podría una ley ordinaria suprimir dicho recurso de apelación?
- El Gobierno aprueba un Real Decreto-Ley que establece unos requisitos necesarios para la permanencia de las Universidades y concreta que las Universidades que no cumplan tales requisitos deberán fusionarse con otras que sí lo hagan. La Exposición de Motivos de dicha norma señala que “Es necesario llevar a cabo actuaciones tendentes a mejorar el nivel de la enseñanza en la Universidad española, así como las condiciones de la investigación en España”. El Ministro de Educación, en el debate relativo a la convalidación del Real Decreto-Ley, razonó que “Las Universidades necesitan reformas estructurales para mejorar su nivel de enseñanza, así como para subir puestos en los rankings universitarios internacionales”.
- El Gobierno aprueba un Real Decreto-Ley que establece un fondo para la financiación de bancos en difícil situación económica. El Real Decreto-Ley señala, en su Exposición de Motivos, que “La situación económica actual, caracterizada por dificultades de financiación de los bancos y la escasez del crédito, exige medidas concretas y urgentes destinadas a asegurar la subsistencia de las entidades financieras, como instituciones indispensables para que las empresas puedan conseguir la financiación necesaria para sus actividades”.
- ¿Qué tipo de actuación corresponde llevar a cabo al Congreso de los Diputados cuando el Gobierno aprueba un Real Decreto-ley?
- ¿Qué tipo de actuación puede llevar a cabo el Congreso de los Diputados cuando el Gobierno aprueba un Real Decreto-ley?
a) Derogación tácita, al no convalidarlo en el plazo de treinta días. b) Tramitación como proyecto de ley orgánica, si el Real Decreto-ley versa sobre materia reservada a dicha fuente. c) Convalidación o derogación expresa en el plazo de treinta días e, inmediatamente, puede decidir tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. d) Convalidación o derogación expresa por el procedimiento de urgencia.
- Señale cuál de estas posibilidades estaría vedada a un Decreto-ley en un contexto de crisis económica:
a) La aprobación de un paquete de medidas de fomento de la construcción de viviendas. b) La reducción de trámites administrativos para la creación de empresas. c) La conversión en Real Decreto del artículo de la Ley General de Seguridad Social que establece la edad de jubilación en 65 años y la habilitación al Gobierno para modificar dicha edad en el futuro. d) La supresión de determinados organismos administrativos.
- El Gobierno aprueba un Decreto-Ley de medidas urgentes contra el desempleo que incluía, entre otras medidas, una flexibilización de la estructura de los colegios profesionales que otorgaba a los profesionales inscritos en los mismos mayor independencia y movilidad nacional (art. 36 CE). Dicho Decreto-Ley es recurrido por la oposición parlamentaria ante el Tribunal Constitucional.
¿Qué argumentos puede tener el Tribunal para declarar la inconstitucionalidad del mencionado Decreto-Ley? ¿En qué medida se ve afectada la posición del TC por el hecho de que el Decreto-Ley fuera convertido en ley parlamentaria? En tal situación, ¿qué efectos puede tener una declaración de inconstitucionalidad del Decreto-Ley?
- El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley, estructurado en cuatro capítulos, mediante el que: I. modifica determinados artículos de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, reguladora de los Horarios Comerciales, para incrementar los días en los que se permite la apertura de los centros comerciales en fines de semana; II. cambia la normativa reguladora del derecho de huelga para prohíbir las huelgas en los servicios de transporte de todo tipo durante los períodos de Navidad y Semana Santa; III. introduce medidas para incentivar el consumo; IV. reduce las indemnizaciones por despido con carácter general, si bien establece que la nueva regulación se aplicará una vez transcurrido un año desde la publicación del Real Decreto-ley.
En la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley se dice lo siguiente: “Los medidas de los tres primeros capítulos del presente Real Decreto-ley vienen motivadas por la necesidad de dar un tratamiento urgente a la difícil situación que atraviesa la actividad comercial en los actuales tiempos de crisis.
a) Pueden ser adoptadas mediante este Real Decreto-ley. Su extraordinaria y urgente necesidad está suficientemente motivada. b) Pueden ser adoptadas mediante este Real Decreto-ley, y no hace falta que el Gobierno motive su extraordinaria y urgente necesidad. c) No pueden ser adoptadas mediante Real Decreto-ley, ya que afectan a la libertad de empresa, reconocida en el artículo 38 de la Constitución. d) No pueden ser adoptadas mediante Real Decreto-ley, puesto que afectan a los derechos de los consumidores, reconocidos en el artículo 51 de la Constitución.
*****.** Las medidas previstas en el capítulo IV:
a) Pueden ser adoptadas mediante este Real Decreto-ley. Su extraordinaria y urgente necesidad está adecuadamente motivada. b) No pueden ser adoptadas mediante este Real Decreto-ley, debido a que no está adecuadamente motivada su extraordinaria y urgente necesidad y no son de aplicación inmediata. c) Pueden ser adoptadas mediante este Real Decreto-ley, gracias a que no tienen efectos inmediatos. d) Pueden ser adoptadas mediante este Real Decreto-ley, ya que, independientemente de su motivación, hay una situación urgente que las justifica.
- ¿Es conforme con la Constitución?
a) El Real Decreto-Ley de expropiación de RUMASA (art. 33 de la Constitución).
b) Un Real Decreto-Ley que incrementa las tarifas o escalas de tipo de gravamen aplicables al Impuesto sobre la Renta (art. 31 de la Constitución).
c) Un Real Decreto-Ley que prevea que el plazo para la recaudación del Impuesto de la Renta terminará en el mes de abril, y no en el mes de junio, como actualmente (art. 31 de la Constitución).
d) Un Real Decreto-Ley por el que se autoriza al Gobierno a ratificar un Protocolo al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
- Ante la escalada del fenómeno internet, el partido en el Gobierno ha decidido redactar un código de conducta para proveedores de servicios y usuarios de la Red, de cara a promover el respeto de los derechos fundamentales en este medio. El código se compone de tres partes.
a) La primera ofrece, a modo de guía práctica, una recopilación sistematizada de la normativa y la jurisprudencia existentes en áreas que afectan a la tutela y a los límites de derechos fundamentales y libertades públicas en la Red. Destacan entre éstos los derechos a la propiedad intelectual e industrial, el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión (arts. 18, 20 y 31 CE).
b) La segunda parte contiene indicaciones técnicas a proveedores y usuarios acerca de cómo promover la tutela de los mencionados derechos.
c) Por último, y con el firme propósito de atajar la oleada de violaciones de derechos en la Red, la tercera parte del código introduce una actualización de las penas que acompañan dichas violaciones, duplicando el importe de las sanciones pecuniarias, y aumentando en un grado las penas privativas de libertad (art. 17 CE).
¿De qué figura jurídica dispone el Gobierno para llevar a cabo su objetivo?
En cuanto a la primera parte,
a) El Gobierno puede regularla, inmediatamente, mediante Real Decreto legislativo. b) (^) El Gobierno puede regularla mediante Real Decreto legislativo, previa delegación de las Cortes, que necesariamente debe revestir la forma de ley de bases. c) El Gobierno puede regularla mediante Real Decreto legislativo, previa delegación de las Cortes mediante ley ordinaria. d) El Gobierno no tiene ningún instrumento para aprobar dicha regulación.
En cuanto a la segunda parte,
a) El Gobierno puede regularla mediante Real Decreto-ley. b) El Gobierno puede regularla mediante Real Decreto legislativo, previa delegación de las Cortes mediante ley de bases. c) El Gobierno puede regularla mediante Real Decreto-ley, sólo en caso de extraordinaria y urgente necesidad. d) Son correctas la b) y la c).
En cuanto a la tercera parte,
a) El Gobierno puede regularla mediante Real Decreto-ley, en caso de extraordinaria y urgente necesidad. b) El Gobierno puede regularla mediante Real Decreto legislativo, previa delegación de las Cortes mediante ley de bases. c) El Gobierno puede regularla mediante Real Decreto legislativo, previa delegación de las Cortes mediante ley ordinaria. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
