CASO A
Bien, en este caso práctico, las dos partes, es decir, tanto la asistenta como la señora C,
vulneran presuntamente algunos de los derechos de personalidad, y por lo tanto,
analizaremos desde cada perspectiva, cuál sería el argumento de cada abogado, si este
caso lo pasáramos a la práctica.
Si fuéramos el abogado de la asistenta, en primer lugar diríamos que la señora C ha
presionado a la asistenta violentamente para que cometa el acto ilegal de casarse, con el
fin de que el cliente alemán se le rebaje la pena, amenazándola con perder su trabajo si
no accede a este chantaje. Con esta actuación se le ha vulnerado los derechos de
personalidad relativos a la esfera física de la asistenta, el derecho a la libertad, el
derecho al honor y el derecho a la integridad física ya que le ha amenazado de forma
agresiva.
El primer supuesto, está regulado en el ámbito del Derecho Penal, con los artículos 163
y siguientes. Concretamente, también habría vulnerado una de las muchas
manifestaciones que tiene este derecho como es el derecho de libertad personal para
contraer matrimonio, regulado en el artículo 49. El segundo caso está regulado, por un
lado, en el ámbito del Derecho Penal con los artículos 203 y siguientes, y por el otro, en
el ámbito del derecho constitucional en el artículo 10 y 18.1. En el tercer supuesto, está
regulado en el ámbito del Derecho Penal por el artículo 147 y siguientes.
En segundo lugar, habría de fundamentar toda esta información con jurisprudencia,
como por ejemplo con la ley del 5 de mayo de 1982 sobre la protección del derecho al
honor, y la ley orgánica del 13 de diciembre de 1999 que tiene la finalidad de garantizar
y proteger las libertades públicas y al honor. Esto lo corrobora el Tribunal
Constitucional con las sentencias 290 y 292 del 30 de noviembre del 2000.
En último lugar, la asistenta reconoce que no debió de expandir su situación a una
revista, puesto que estaba vulnerando el derecho a la imagen pública de la señora C,
pero, en ese momento su clienta no sabía cómo reaccionar. No obstante, la asistenta
tiene el derecho a la rectificación que se regula en la ley orgánica de 26 de Marzo de
1984 y consiste en rectificar la información difundida por cualquier medio de
comunicación social de hechos que le aluden que considere inexactos y cuya
divulgación pueda causar perjuicio a la persona afectada.
Si fuéramos el abogado de la señora C, en primer lugar, podríamos negar la acusación
cuando se dice que “la señora C presionó a la asistenta”, puesto que ella no amenazó en
ningún momento a su asistenta, sino que le “recomendó” o “sugirió” que contrajera
matrimonio con su cliente porqué ella sabía de los problemas económicos que estaba
pasando, y como cualquier superior, sólo se estaba preocupando por sus trabajadores.
En segundo lugar, la asistenta contrajo matrimonio finalmente porque ella quiso, es
decir por su propia voluntad, ya que nadie la obligó a hacer algo que no quería. Por lo
tanto, desde esta perspectiva desmonta la parte del argumento del otro abogado que
tiene que ver con la supuesta acusación. Esta situación sería su palabra contra la suya,
puesto que no habría ninguna prueba a favor de nadie, y por lo tanto, la supuesta
acusación quedaría en nada.
Al mismo tiempo, este caso práctico civil, se le relaciona con el derecho penal cuando
se prevé una conducta violenta, coactiva, forzosa y que puede acabar con un delito
doloso o imprudente, pero como anteriormente no hemos podido demostrar si
verdaderamente había habido una amenaza violenta o no, este caso no se le puede
relacionar con el derecho penal, puesto que no hay ese tipo de conducta.
En tercer lugar, el abogado podría decir que la asistenta ha vulnerado como derecho de
personalidad, el derecho al honor en sentido objetivo, el derecho a la intimidad
personal, que en este caso, la abogada no quería dar esa imagen pública, y el derecho a
la propia imagen, ya que tras la publicación de ese artículo en la revista, su imagen ha
quedado dañada y perjudicada injustamente. Para fundamentar todo esto, hay una
