Casos prácticos para practicar
1) Una asociación ecologista pretende impulsar en las Cortes Generales la tramitación de una
ley que cree un impuesto sobre el uso del petróleo por las empresas. La finalidad de la
iniciativa es poder invertir los ingresos que se recauden en la mejora de las políticas de medio
ambiente.
a. ¿La asociación puede dirigir a las Cortes una iniciativa sobre esta cuestión?
b. Un grupo parlamentario en el Congreso, enterado de esta propuesta, decide
presentar una proposición de ley sobre el mismo tema. ¿Qué requisitos debe
cumplir la presentación y tramitación de esta iniciativa?
c. La ley se aprueba, pero un grupo parlamentario se opone al considerar que la
norma se ha tramitado como ley ordinaria cuando en realidad debería ser ley
orgánica. ¿Es correcta esta posición?
d. ¿Puede el referido grupo crítico impugnar la ley aprobada por las Cortes? ¿Ante
qué órgano y mediante qué procedimiento? ¿Una hipotética impugnación de la
norma tendría efectos suspensivos?
2) Como consecuencia de la crisis económica, el Gobierno dicta el Real Decreto-Ley 14/2012, de
20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
En lo que se refiere a la educación no universitaria el Decreto-Ley regula aspectos como el
aumento de ratios en las aulas por alumnos, la jornada lectiva y el régimen de sustitución de
profesores.
a. ¿Bajo qué precepto puede el Gobierno dictar la norma del supuesto de hecho?
¿Existe en este caso un supuesto habilitante, de acuerdo con la jurisprudencia del
TC?
b. ¿Hay alguna vulneración de los límites constitucionales del Decreto-Ley?
c. Una vez publicado en el BOE, ¿se prevé algún tipo de control parlamentario?
¿Existe algún procedimiento para que las Cortes Generales pueda introducir
modificaciones sobre el texto del Decreto-Ley?
d. Una vez publicado en el BOE, ¿podría un grupo parlamentario impugnar el
Decreto-Ley? ¿Y la asamblea de una Comunidad Autónoma? ¿Qué procedimiento
se seguiría?
e. ¿Existe hoy, años después, algún procedimiento a través del cual pueda evaluarse
la constitucionalidad del Decreto-Ley?
3) La Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, regula la eutanasia. El objetivo de la ley es regular el
derecho a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. Para recibir esta ayuda el artículo
5 requiere, entre otros aspectos, que la persona sea mayor de edad y sufra una enfermedad
grave e incurable. La disposición final tercera de la citada ley establece que “la presente ley
tiene carácter de ley orgánica a excepción de los artículos 12, 16.1, 17 y 18, de las
