Apellidos y Nombres: Ramírez Palomino Estefany Margot
Caso práctico:
Derecho administrativo I
En el año 2020, el gobierno del expresidente Martin Vizcarra inició las negociaciones para la
compra de vacunas contra el coronavirus. Entre las muchas empresas con las que el estado
comienza a negociar las vacunas, había un par de empresas chinas, específicamente la empresa
“Sinopharm” fue la que hizo llegar los primeros lotes, incluso las vacunas de prueba.
Esta empresa, había ingresado al país un lote importante de vacunas. Aprovechando la llegada
de estas vacunas, un grupo de personas con acceso privilegiado había iniciado el proceso de
vacunación cumpliendo con el registro correspondiente de cada dosis. Dicha actividad, salió a la
luz y se hicieron públicas la lista de los vacunados, donde figuraban una gran cantidad de
funcionarios públicos y personas privadas, entre ellas estaba el expresidente, una ministra de
salud y una ministra de relaciones exteriores.
Políticamente, se logró sancionar a los tres altos funcionarios, al expresidente se le inhabilito
por diez años para ocupar cualquier cargo en el estado, a la ministra de saludo se inhabilito por
dos años y a la ministra de relaciones exteriores por medio año.
El hecho es determinar si los funcionarios públicos vacunados han cometido algún grado de
infracción a las normas del estado peruano. Teniendo en cuenta para ello, que la norma que
reconoce las vacunas contra coronavirus salió mucho tiempo después del proceso de
vacunación.
En este orden de ideas:
1. Deben determinar primero, si las vacunas eran bienes del estado o no al momento en
que se colocan.
Se podría decir que, si son bienes de estado, pues estos bienes son de dominio público y
claramente vemos que tienen como titular al Estado o la entidad pública que conforma
correspondientemente al Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del
nivel de gobierno al que pertenezcan.
2. También deben determinar, si el grueso número de funcionarios vacunados ha
cometido alguna infracción que amerite sanción.
En primera instancia no se está respetando el principio de debido proceso; pues como
primer punto, se deberían suspender a estos funcionarios de su cargo y
correspondientemente si merecen una sanción y amonestación que figure en torno a esta
responsabilidad por presunta comisión del delito contra la administración pública y
aprovechamiento indebido del cargo y concusión; pues como estamos evidenciando en
el caso, los funcionarios público, abusan de su cargo, e inducen a beneficiarse
indebidamente, para él o para otro un beneficio patrimonial para sí mismo.
3. Deben determinar, si la inhabilitación política a los tres altos funcionarios es razonable
y proporcional.
Me parece que la inhabilitación según tiempo de cada uno de estos funcionarios si resulta
razonable y proporcional, esto basándome en las posiciones y jerarquización de cargo
que ellos mantienen; pues como presidente de la Republica eres se supone quien prioriza
a sus ciudadanos, a su población y su bienestar por sobre si mismo; así mismo la ministra
de Salud en su rol como tal es la autoridad que dispondría el uso “correcto” y eficaz de
las vacunas para la población de una manera justa y relativa, mas no yendo en contra
del orden publico y no actuando en buena fe; lo que sucede en caso de la ministra de
relaciones exteriores, es que ella no desempeñaba una función efectiva para el control
