CASO A
En el caso A, se vulneran algunos de los derechos de personalidad, tanto por la parte de
la señora C como por la parte de la asistenta.
En primer lugar, respecto a si la señora C ha vulnerado o no los derechos de
personalidad relativos a la esfera física de la asistenta, como son el derecho a la libertad,
el derecho al honor y el derecho a la integridad física, habrán dos puntos de vistas:
Según la asistenta, podríamos decir que sí que se han vulnerado estos derechos porque
la señora C le “presionó” para que contrajera matrimonio, con un cliente suyo, en contra
de su voluntad y libertad, amenazándola con perder su trabajo si no accediera al
chantaje.
El derecho a la libertad está regulado en el ámbito del Derecho Penal, con los artículos
163 y siguientes. Concretamente, también habría vulnerado una de las muchas
manifestaciones que tiene este derecho como es el derecho de libertad personal para
contraer matrimonio, regulado en el artículo 49. El derecho al honor está regulado, por
un lado, en el ámbito del Derecho Penal con los artículos 203 y siguientes, y por el otro,
en el ámbito del derecho constitucional en el artículo 10 y 18.1. En el derecho a la
integridad física está regulado en el ámbito del Derecho Penal por el artículo 147 y
siguientes.
Además se corroboraría, por un lado, con jurisprudencia (ley del 5 de mayo de 1982
sobre la protección del derecho al honor, y la ley orgánica del 13 de diciembre de 1999
que tiene la finalidad de garantizar y proteger las libertades públicas y al honor), y por
el otro, con el Tribunal Constitucional (con las sentencias 290 y 292 del 30 de
noviembre del 2000).
No obstante, según la señora C, podríamos decir que en ningún momento ha vulnerado
estos derechos puesto que sólo “sugirió” que contrajera matrimonio con su cliente, pero
que en ningún instante la forzó a hacer algo que no quisiese. Es más, le ofreció una
cantidad económica a cambio, asegurándole el divorcio a posteriori, sabiendo de los
problemas económicos que ella estaba pasando. Por lo tanto, si finalmente la asistenta
contrajo matrimonio, fue porque ella quiso, ya que a cambio, sabía que obtendría una
cantidad económica.
En resumen, como no se puede demostrar si realmente la señora C presionó (forzó,
obligó, amenazó…) o sugirió (recomendó, aconsejó…) ese acto legal, esta situación
queda su palabra contra la suya, puesto que no habría ninguna prueba a favor de nadie,
y por lo tanto, la supuesta acusación quedaría en nada. Al mismo tiempo, este caso
práctico civil, se le relaciona con el derecho penal cuando se prevé una conducta
violenta, coactiva, forzosa y que puede acabar con un delito doloso o imprudente, pero
como anteriormente no hemos podido demostrar si verdaderamente había habido una
amenaza violenta o no, este caso no se le puede relacionar con el derecho penal, puesto
que no hay ese tipo de conducta.
En segundo lugar, respecto a si la asistenta ha vulnerado o no los derechos de
personalidad relativos a la esfera moral de la señora C, como el derecho al honor, el
derecho a la intimidad personal y el derecho a la propia imagen, habrán dos puntos de
vista.
Según la señora C, podríamos decir que sí que se han vulnerado estos derechos, ya que
tras la información que dio la asistenta a la revista, se vio perjudicada y dañada su
imagen pública, y por eso, pide una indemnización por haber vulnerado estos derechos
y lo fundamenta con otro caso de parecidas características como es la sentencia del
Tribunal Supremo del 6 de diciembre de 1912 en el que se reconoció el derecho a
recibir una indemnización porque un periódico publicó una noticia que atentaba contra
el honor, ya que se habían publicado unos hechos falsos. A raíz de esa sentencia, surgió
la ley del 5 de mayo de 1982 en el que se reconocen estos derechos.
