Elena Ros González
Nos encontramos ante un extracto del Real Decreto de Desamortización de Mendizábal
de 1836.
En cuanto a la clasificación, por su naturaleza, hablamos en primer lugar de una fuente
primaria pues es coetáneo a los hechos que se analizan. Por su forma, se trata de un
texto jurídico pues es de obligado cumplimiento y tiene carácter legal. Por su contenido,
es económico, pues en él se establece el proceso desamortizador de los bienes del clero
regular. Su autor es el jefe de gobierno y ministro de hacienda desde 1835 y ministro de
hacienda hasta 1837 Mendizábal en nombre de María Cristina, regente de Isabel II. Su
destinatario es público y colectivo, pues va dirigido a la nación española. Su finalidad es
establecer el proceso desamortizador y sus objetivos. Localizamos el texto en el Madrid
de 1836, durante la minoría de edad de la reina Isabel y la regencia de María Cristina
(1833-1840).
En lo que al análisis se refiere, el texto pretende desamortizar los bienes raíces
(inmuebles, tierras y edificios) del clero regular masculino para conseguir una serie de
beneficios. Con el decreto del 29 de julio de 1836 se ampliará esta medida a las órdenes
religiosas femeninas, al diezmo y al clero secular. Primeramente, señala los objetivos
que persigue: reducción de deuda pública, acceso a la propiedad privada de la burguesía
para conseguir su apoyo para con el gobierno liberal y conseguir un desarrollo del
comercio y modernización de la agricultura para crear un excedente e invertirlo en
comercio e industria imposible con la estructura de la propiedad anterior (se esperaba su
compra por campesinos medios pero las acabaron comprando sobre todo burgueses). En
el artículo 1 se expone, habiéndose decretado la disolución de órdenes religiosas
(excepto las dedicadas a la enseñanza y labor asistencial), la desamortización de los
bienes del clero regular que estaban en manos muertas, no se podían ni vender ni
dividir, para ser vendidas en subasta pública. En el artículo 2 se postula que el Estado
mantendrá los edificios que supongan conservar el patrimonio histórico-artístico y de
utilidad pública (ministerios), para que no se degraden en manos privadas, como los
edificios conmemorativos de hazañas nacionales, por ejemplo, donde hubiera personajes
históricos enterrados. Finalmente, en los artículos 3 y 4 se establecen los
procedimientos de pago: se debe pagar una quinta parte inmediatamente para, aunque
no se menciona, sufragar la guerra carlista y después los compradores podrán elegir
entre pagar con títulos de deuda pública (vales reales empezados a ser emitidos por el
Banco de San Carlos con Carlos III) por su valor nominal (durante 8 años un 10 %) para
que el Estado recuperará su gran deuda en circulación o pagar en metálico un 5 %
durante 16 años (amplitud de plazos para conseguir que se compraran por pequeños
propietarios).
Respecto al contexto histórico, durante este periodo tuvo lugar la regencia de María
Cristina (1833-1840) que, tras los gobiernos de Bermúdez y Martínez de la Rosa, llamó
a los progresistas de Mendizábal para que establecieran un régimen liberal
constitucional. A pesar de los intentos previos de Godoy y las Cortes de Cádiz de llevar
a cabo reformas desamortizadoras, Mendizábal fue el primero en conseguir una Ley de
Desamortización duradera (1836) (cuyo extracto comentamos), por la que se expropió el
62% de las propiedades del clero y un decreto (1837) para desamortizar las tierras del
clero secular aplicado con Espartero. Sin embargo, tras el rechazo a su Ley electoral
dimitirá y regresaría tras la rebelión de los sargentos de la granja como ministro de
hacienda en el gobierno del progresista José María Calatrava, continuando con el
desarrollo de la Ley de Desamortización. Las consecuencias de este proceso fueron de
tres tipos. En primer lugar, políticas: con la proclamación de Isabel II como reina tras la
