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Este documento analiza los conceptos básicos de la carga impositiva, diferencia entre impuestos directos y indirectos, elementos cualitativos del impuesto y consideraciones según la teoría de la imposición óptima. Además, se discuten los sistemas de impuestos y sus efectos sobre el bienestar individual y el crecimiento económico.
Tipo: Apuntes
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Hacienda Pública: disciplina cuyo objeto de estudio es el conjunto de decisiones adoptadas autoritariamente y canalizadas a la sociedad a través del presupuesto del estado: ¿Quién protagoniza tal proceso de decisión? ¿Cuál es el ámbito del mismo? ¿Qué finalidades persigue? A estas preguntas responde este tema.
El Gobierno, y más concretamente su sector público, es el sujeto de la Hacienda Pública o Actividad Financiera. Estaríamos ante unidades y agentes pertenecientes al sector público cuando sus decisiones económicas fuesen adoptadas por una autoridad y coactivamente impuestas a los demás agentes del sistema, y estaríamos ante unidades del sector privado cuando sus decisiones fuesen adoptadas descentralizadamente de acuerdo a la lógica del mercado. PERO: A tenor de lo que establecen los principales sistemas de contabilidad nacional (SEC –Sistema Europeo de Cuentas-, el de Naciones Unidas y el de la OCDE), hay que hablar de 2 formas de entender el sector público de una economía:
Está integrado por unidades institucionales cuyas decisiones son adoptadas de acuerdo al criterio de autoridad exclusivamente. Estas unidades son denominadas administraciones públicas por los sistemas de contabilidad nacional. Tienen como función económica principal:
Para ello, sus recursos proceden de los pagos obligatorios que les hacen otras unidades del sistema. La contabilidad nacional subdivide el total de la AAPP en 3 grandes subsectores:
totalidad del territorio nacional
a una parte delimitada del territorio nacional Tanto la Ad. Central como la Subcentral, además de redistribuir, desarrollan otras labores.
redistributivo. A su vez los subsectores se dividen en:
Toda esta jerarquización facilita la obtención de estadísticas y cifras macroeconómicas homogéneas, que es una de las finalidades de estos sistemas de contabilidad nacional que establecen dicha jerarquización. PERO: la aplicación de esta jerarquización no siempre da como resultado informaciones económico contables tan homogéneas como se desearía, debido a especificidades que presentan los países (p. ej. en España tienen mucho peso las CCAA –forman parte de la Adm. Subcentral- en cuanto a sus actividades o funciones, mientras que en otros países no).
El sector público en sentido amplio Conjunto de unidades de titularidad pública que utilizan los principios rectores del mercado como elementos sustentadores de sus decisiones económicas. Se conoce como empresas públicas o sector público empresarial. Lo más frecuente es que se diferencie a estas unidades productivas en función de la naturaleza de su output, resultando 2 grandes categorías, que a su vez se desagregan hasta llegar a la unidad básica que es la empresa o unidad de producción:
pertenecen.
Atendiendo a si las operaciones protagonizadas por el sector público:
Tenemos: Actividades Presupuestarias Actividades extrapresupuestarias
Operaciones monetarias Gastos Públicos Ingresos Públicos (Son las operaciones más numerosas y relevantes. Son de las que aquí nos ocupamos)
Actividad empresarial Operaciones financieras Gastos fiscales *
Operaciones no monetarias Legislación ordinaria Regulación específica Avales públicos
Las operaciones monetarias presupuestarias (gastos públicos, ingresos públicos) se ordenan con un doble criterio:
(nóminas funcionarios, adquisiciones corrientes, por ej.)
público, y una corriente monetaria del s. público al s. privado en pago de dichos artículos.
el s. privado. También son conocidas como transferencias:
ayudas a familias numerosas. Son ingresos percibidos por las unidades económico- privadas desde el s. público sin ninguna contraprestación.
privadas sin contraprestación alguna (incluye tributos, y también las de carácter voluntario).
Carga fiscal o impositiva. Puede entenderse de 2 maneras: individual o de grupo.
distintos sectores o grupos de la economía nacional. C = (t/T) x (T/R) x (r/R) t = conjunto de impuestos del grupo T = conjunto de impuestos de la economía r = renta ingresada por el grupo R = renta total
Todos estos indicadores no informan gran cosa sobre los efectos de la actividad financiera en la economía en general, pues ello depende de las reacciones que adopten las empresas y las economías domésticas ante la actuación del sector público.
Aunque se denomine a las economías de cualquier país como el nuestro con la expresión “economías de mercado”, la proporción de actividad económica correspondiente a decisiones sustentadas en la autoridad y no en la lógica del sistema de precios (mercado), es también grande (aunque no mayoritaria). La razón de tan importante presencia de lo público deriva del hecho de que el mercado competitivo, la propiedad privada de los medios de producción y la libre iniciativa individual, resultan insuficientes en orden a alcanzar un grado razonablemente satisfactorio de cumplimiento de las grandes aspiraciones de la sociedad:
3.1. Asignación óptima La asignación óptima de los recursos supone que la sociedad ha alcanzado un estado tal, que no es posible mejorar la situación individual de ninguno de sus miembros si no es a costa de empeorar la de otro u otros. Tal estado puede ser alcanzado por el mercado o sistema de precios siempre y cuando se verifiquen una serie de requisitos:
además, en él se dé la transparencia absoluta, es decir, la información ha de ser completa para todos y sin ningún coste para nadie.
aceptantes (=no tienen capacidad de influir en el precio, les viene dado por el mercado), que las funciones de utilidad o producción de cada uno de ellos sean independientes de las de los demás agentes, que todos ellos tengan un comportamiento racional, en el que la maximización del beneficio y de la utilidad son, respectivamente, los únicos motivos de intervención de cada uno en el mercado; y que se dé un respeto total por las preferencias individuales de cada uno.
divisibles, susceptibles de apropiación exclusiva mediante el precio, de consumo rival (=de oferta no conjunta; esto es: si un bien es utilizado por una persona, no puede ser utilizado por otra), que se dé en ellos la total ausencia de efectos externos, tanto en la producción (los precios reflejan la totalidad de los costes de producción) como en el consumo (la utilidad que proporcionan los b o s sólo tiene que ver con la cantidad adquirida y consumida de los mismos).
Cumpliéndose estos requisitos, la competencia perfecta en el mercado posibilita alcanzar una situación óptima en la asignación de los recursos (se produce el “vaciado de los mercados”, en la peculiar jerga de los economistas). Vamos ahora a considerar una serie de situaciones en las que el libre juego de la oferta y la demanda conduce a una asignación de los recursos que difiere con la que se considera óptima desde un punto de vista social. 3.1.1. Necesidades sociales y bienes públicos
Necesidades sociales: se trata de necesidades en las que concurren tres características:
La defensa nacional en un hipotético mercado de competencia perfecta no encontraría nunca oferente, ya que:
Estos casos a los que nos hemos referido son los denominados bienes públicos puros o polares, pues en ellos tanto la no aplicabilidad del principio de exclusión como la no rivalidad en el consumo son absolutas y afectan a todo el ámbito territorial del estado. Además de estos casos extremos, también se pueden considerar bienes públicos:
3.1.2. Efectos externos Es una aportación de Arthur C. Pigou. Se dice que un b o s es generador de efectos externos (tb conocidos como externalidades positivas y negativas, o como economías y deseconomías externas) cuando su producción o consumo afecta a otros agentes distintos a sus productores y consumidores directos sin que tal interacción tenga reflejo en el precio de mercado de tal b o s. Esto es un incumplimiento flagrante de uno de los requisitos establecidos para que el sistema de precios conduzca a una asignación óptima de los recursos.
Estos efectos externos pueden ser positivos o negativos, y de consumo o de producción. Efectos externos positivos en el consumo: los asociados a una campaña de vacunación antigripal Deseconomía externa de consumo: perjuicios que ocasiona beber alcohol, los conductores pueden cometer accidentes. Externalidades de producción: una industria contaminante.
mecanismo que ajusta de manera exacta la producción de los oferentes a las preferencias de los consumidores, pues siempre tendrán lugar dos producciones distintas: la que desean los demandantes y la que están dispuestos a poner en el mercado los oferentes (p. ej. un bien generador de alguna externalidad positiva: la provisión del mismo derivada del libre juego de la oferta y la Dª siempre será insuficiente desde el punto de vista social, mientras que resultará excesiva si tal efecto externo es negativo, por lo que se precisa una intervención pública correctora –intervención autoritaria- que facilite o limite la cantidad del b o s en cuestión). En unos casos se procederá a una provisión pública gratuita (educación obligatoria), en otros a otorgar subvenciones a la producción privada de bienes generadores de efectos externos positivos (tte público), se pueden introducir reglamentaciones y disposiciones legislativas (regulación medioambiental) o utilizarse los impuestos.
3.1.3. Necesidades preferentes e indeseables Para no pocos autores, no deja de ser un caso particular del de los efectos externos. Estas necesidades, a diferencia de lo que ocurre con las necesidades sociales, son satisfechas mediante b y s rivales en consumo y excluibles mediante precio, por lo que el mercado si que es capaz de alcanzar una provisión óptima de los mismos desde el punto de vista técnico. PERO en estos b y s confluyen unas características especiales (básicamente la generación de efectos externos) que dados unos determinados juicios de valor en la sociedad, el sector público se ve impelido a intervenir coactivamente en su provisión, interfiriendo de esta forma los esquemas de preferencia individual de la ciudadanía. Es decir, supone una limitación al consumo coactivamente impuesta que violenta la libre elección del demandante En unos casos (bienes preferentes), aumentando el volumen de b o s por encima de la cantidad de equilibrio de mercado e induciendo a que se consuma más de ellos. Sanidad, educación. En otros (bienes que satisfaces necesidades indeseables), constriñendo su consumo a fin de que el mismo se sitúe en los niveles más bajos posibles. Alcohol, tabaco.
¿Cómo se justifica esta interferencia en los esquemas de preferencia de la ciudadanía? Por:
3.1.4. Estructuras de costes decrecientes (Ver anexo) Si la empresa funciona con rendimientos a escala crecientes o, todo lo más, constantes, se encuentra con volúmenes de producción que se mantienen en la parte decreciente de la curva de costes marginales Los rendimientos a escala crecientes es una situación que normalmente se da en industrias que requieren gran volumen de inversiones iniciales (gastos de primer establecimiento) (agua, red nacional ferroviaria). Hay unos elevados costes fijos. Esto lleva a una situación de monopolio que se ha denominado “monopolio natural”. Un monopolio de oferta es inadmisible desde un punto de vista social. Es por ello que se justifica la intervención pública en la provisión de servicios esenciales (ttes, energía, etc.), que puede hacerse:
3.2. Distribución equitativa de la renta 3.2.1. Formas de entender la distribución de la renta Distribución de la renta: estado social al que el sistema llega tras repartir el resultado del proceso de producción. Es un fenómeno socioeconómico que se puede considerar desde distintas perspectivas:
3.2.2. ¿Es la distribución de la renta un problema económico? El mercado distribuye el resultado del proceso productivo entre los propietarios de los distintos factores que en él intervienen de acuerdo al grado en que cada uno de tales factores participa en dicho proceso, es decir, de acuerdo únicamente a su productividad o capacidad de generar output. El mercado adjudica la renta exclusivamente entre aquellos que evidencian capacidad productiva. Del hecho de que el mercado sea técnicamente incapaz de alcanzar una distribución personal de la renta y riqueza justa o equitativa, no se deriva que el sector público si lo vaya a conseguir. El mercado no distribuye personalmente la renta con justicia y equidad porque no es esa su finalidad, pero pronunciarse acerca de la equidad o la justicia de una distribución personal entraña siempre un juicio de valor previo. ¿Deben los economistas, y los hacendistas, dedicarse a indagar sobre la justicia o equidad de la distribución?
3.2.3. Actuaciones redistributivas del sector público Política redistributiva: actuaciones públicas acometidas en orden a modificar la distribución personal de la renta a la que el mercado llega. La redistribución de la renta ha de acometerse mediante intervenciones presupuestarias y también no presupuestarias. Dentro de las intervenciones presupuestarias están:
Los gastos presupuestarios pueden afectarse a las tareas redistributivas de 2 formas distintas:
En cuanto a los ingresos presupuestarios: no hay país civilizado que no se autoproclame fiscalmente progresivo. Tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio… Pero absolutamente todos los tributos tienen consecuencias en la distribución personal de la renta y riqueza. El efecto redistributivo siempre estará presente en cualquiera de ellos.
Las decisiones económicas que aquí interesan son las que, adoptadas en orden a alcanzar las grandes finalidades que tiene planteadas la sociedad (asignación, distribución y crecimiento) se canalizan a través del presupuesto, el cual, por tal razón, es la referencia institucional básica de esta disciplina. Presupuesto: registro sistematizado del previsible movimiento de recursos que, a lo largo de un periodo de tiempo determinado, vana suponer las distintas intervenciones públicas a las que se ha hecho referencia (tema 1). El quehacer financiero público objeto de estudio de esta asignatura es el desarrollo de un plan de actuaciones previamente diseñado en orden a la consecución de determinadas finalidades Se sitúa la aparición del presupuesto del estado en la Inglaterra de las últimas décadas del Siglo XVIII, entendido el presupuesto como expresión contable del plan económico de la hacienda pública para un periodo determinado. Esta tardía aparición se debe a:
Características:
gastos de un determinado periodo y los ingresos precisos para cubrirlos. Presupuesto se contrapone al término cuenta. La cuenta es la visión retrospectiva del presupuesto, o sea, una recapitulación de los ingresos y gastos realizados.
equilibrio económico, según el cual ciertos gastos (ordinarios) han de ser iguales a ciertos ingresos (ordinarios) (Conocido como la Regla de oro; es una regla que sigue muy arraigada)
periódica.
política como jurídicamente , aunque tal obligación se refiere a los gastos previstos, ya que se parte de que los gastos son para financiar actuaciones ejecutivas que han de ser autorizadas por el Legislativo, éstas deben ser conocidas con anterioridad.
Reuniendo estas características: definición de Fritz Neumark: resumen sistemático, confeccionado en periodos regulares, de las previsiones, en principio obligatorias, de los gastos proyectados, así como de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir tales gastos.
A lo que se refiere la expresión presupuestos generales del estado es al estado de ingresos y gastos previstos no al sector público en su totalidad, ni tampoco a la totalidad de las AAPP, sino únicamente a la parte del mismo integrada por el estado y sus organismos autónomos de carácter administrativo ; nada más. ¿Quiere esto decir que las decisiones económicas de otros agentes públicos distintos de los mencionados, aun siendo también adoptadas autoritariamente y al margen del sistema de precios, se encuentran excluidas del mandato del Legislativo al Ejecutivo? Pues evidentemente no; lo que ocurre es que lo que recoge el documento presupuestario es la previsión de los I y G correspondientes a los agentes mencionados únicamente, pq de los presupuestos de las demás unidades públicas, como es el caso de la Seguridad Social o las empresas públicas por ejemplo, el estado solo informa con carácter general y al máximo nivel de agregación. Aunque eso si: el presupuesto recoge las dotaciones para atender ciertas necesidades financieras que, puntual o crónicamente, pudieran precisar tales unidades públicas a las que históricamente se las ha venido denominando precisamente “independientes del presupuesto”.
Las cifras de gasto consignadas en el presupuesto son conocidas como créditos presupuestarios pues actúan como un crédito del que dispone la unidad pública correspondiente para cargar en él el coste de las actuaciones que tenga encomendadas. Estos créditos son clasificados por el propio presupuesto con arreglo a 3 criterios:
Clasificación Orgánica Se lleva a cabo en función de las unidades o agentes públicos que han de realizar el gasto –centros gestores del gasto público-, que a estos efectos se agrupan en secciones presupuestarias. Ejemplo: Sección 01. Casa de S.M el Rey Sección 02. Cortes Generales
Clasificación Funcional Sistematizan el gasto público atendiendo a los objetivos políticos que persiguen las actuaciones correspondientes. Muchos defienden que esta es la mejor clasificación porque proporciona una visión general de los b y s que el estado suministrará a la ciudadanía. 9 grupos funcionales:
Capítulo 1. Impuestos directos. Gravan manifestaciones directas de la capacidad de pago, tales como la renta y la riqueza (IRPF, impuesto que grava el patrimonio personal, etc.)
Se entiende por ciclo del presupuesto a las 4 fases por las que sucesivamente atraviesa el documento presupuestario mientras está “vivo”.
Preparación (Ejecutivo)
Discusión y Aprobación (Legislativo)
Ejecución (Administración) y control ejecutivo
Control
Judicial Legislativo
6 meses 3 meses 1 año 1 año 3 meses
Duración total del ciclo presupuestario: 3 años
Cada centro gestor, a la vista de las actuaciones que habrá de realizar en el año siguiente y de las directrices económicas y financieras que le hayan señalado, elabora sus previsiones de gasto. Estas previsiones luego se discuten y negocian con los responsables de los que orgánicamente dependen y/o con el centro que detenta la dirección y coordinación del presupuesto. Todo esto se produce a lo largo de la segunda mitad de cada año, y culmina en un único documento en el que se recogen la totalidad de previsiones de gasto para el estado y los órganos de la administración central que de él dependen, así como de los recursos que se estima pueden obtenerse para dar cobertura a tales gastos. Es por tanto una fase que tiene un claro protagonista: el Ejecutivo. ¿Quién lo confecciona? Hay dos posibilidades:
Cómo cifrar las previsiones Reglas que se han seguido durante más de dos siglos: Gastos: Regla de los techos o cifras máximas. También la regla de los porcentajes máximos de aumento con respecto a los gastos presupuestados el año anterior. Ingresos: regla del penúltimo año (estimar la cifra de ingresos a partir de las liquidaciones presupuestarias del año anterior) corregida en algunos países con la regla de los porcentajes de aumento (corregir la cifra de ingresos del penúltimo año con un % que expresaba el ritmo de crecimiento de cada partida de ingresos en el último quinquenio -5 años-)
Esto fue paulatinamente cambiando a medida que se vio que la previsión debía ser coherente con las previsiones económicas generales. Pero las decisiones presupuestarias están influenciadas por grupos e intereses sociales, es decir, no es algo puramente técnico. Es por ello por lo que nos encontramos ante la sobrevaloración e infravaloración espuria de los gastos públicos : Sobrevaloración: Las unidades gestoras pueden exagerar la cifra de sus necesidades para:
Esta fase consiste en el debate, modificación y aprobación o rechazo de las previsiones presupuestarias efectuadas por el Ejecutivo, siendo su protagonista absoluto el Poder legislativo. Debate Hay dos prácticas para debatir el presupuesto:
Una vez discutido y enmendado el presupuesto, se somete a su aprobación al pleno del parlamento:
La gran preocupación de los economistas clásicos fue el establecimiento de límites claros a las actuaciones económicas públicas, ya que se pensaba que tales actuaciones eran perniciosas y contrarias al orden natural de las cosas.
El Legislativo es al único que corresponde decidir cuáles han de ser los pagos y cobros que comporta la ejecución del presupuesto, pues solo él representa el poder soberano de la ciudadanía. Es la premisa mayor del presupuesto en la actualidad.
El presupuesto ha de recoger la totalidad de los I y de los G que origine la actividad financiera del estado sin ningún tipo de exclusiones: el Estado no puede acometer gasto alguno que no cuente con el consentimiento expreso del Legislativo.
Todas las actividades del estado deben quedar recogidas en un único estado de I y G. Este principio se opone por tanto a los presupuestos especiales para determinadas unidades públicas (como p. ej. el de la SS), así como a los de carácter extraordinario.
La autorización para gastos concedida al Ejecutivo no es una autorización genérica, sino específica y condicionada, que presenta 3 acepciones:
Todo lo concerniente al presupuesto ha de ser público. Al ser una ley, la obligación de su publicidad es algo intrínseco a su propia naturaleza.
Debe estar confeccionado en un lenguaje lo suficientemente sencillo como para que pueda ser comprendido por toda la población.
El presupuesto es un mandato temporalmente dado por el Legislativo al Ejecutivo, se refiere a un periodo de tiempo concreto (por lo general el año natural)
Este principio se corresponde con el político de universalidad. Establece que las partidas presupuestarias deben aparecer siempre por su valor bruto, sin minoraciones de ninguna clase (no deducir de los ingresos públicos los gastos que imponga su recaudación, ni minorar de los gastos públicos los beneficios que puedan conllevar)
Se corresponde con el principio de unidad. Establece que todos los ingresos y pagos que comporte la ejecución presupuestaria deben centralizarse en una única tesorería para facilitar su control.
Se corresponde con el principio de especialidad. Establece que todos los ingresos y pagos se clasifiquen de acuerdo a criterios lógicos establecidos en función de su naturaleza objetiva.
Se corresponde con el principio de anualidad. Establece que las cuentas del presupuesto se cierran con su ejercicio. El presupuesto debe recoger exclusivamente ingresos y pagos ejecutados realmente durante el ejercicio.
El gasto público era para los economistas clásicos un consumo improductivo, porque no contribuía a la acumulación de capital y no favorecía el desarrollo económico.
La financiación de los gastos públicos debe hacerse mediante gravámenes que no discriminen a nadie ni a nada. Deben establecerse de tal forma que no obstaculicen el desarrollo económico del país.
Conocido también como la “regla de oro” de la hacienda clásica. Establece que los gastos ordinarios debían ser financiados en su totalidad por ingresos públicos de carácter ordinario.
El endeudamiento del sector público solo debe ser utilizado para financiar fastos públicos de inversión que, por si mismos, sean capaces de generar recursos suficientes para hacer frente a la devolución del principal y al pago de sus intereses.
Esta concepción presupuestaria tuvo gran aceptación social. El Liberalismo se sustentaba en ella. La ideología liberal que le servía de base fue abandonándose con el transcurso del tiempo. Tras la I Guerra Mundial, se difundieron corrientes del pensamiento totalmente opuestas al individualismo doctrinal que sustentaba el Liberalismo (socialismos, fascismos). Esto tuvo como consecuencia la revisión a fondo del papel del estado en la vida social. Surgen y se desarrollan entonces planteamientos doctrinales que propugnan una filosofía de la intervención pública distinta a la mantenida hasta entonces: tesis keynesianas constituyen la mejor muestra (niega la validez de la regla de oro, abandona el carácter de mal necesario del gasto público o la idea de que la deuda pública solo debía atender a inversiones autoliquidables). Iba también vislumbrándose una paulatina pérdida de la confianza en el estado democrático convencional, así como un fortalecimiento de las facultades del poder Ejecutivo en detrimento del Legislativo, lo que llevó a una ruptura de la disciplina financiera propia del liberalismo y a un espectacular crecimiento del gasto público asociado al sostenimiento de un generosos Estado del Bienestar.
Sistema Universal Se garantiza un nivel de renta mínima de subsistencia y un conjunto de prestaciones básicas a toda la población, independientemente de que haya o no aportado al sistema. Tiene un carácter redistributivo. Tiene unos costes muy elevados, y unas prestaciones reducidas porque los beneficiarios son muchos más que los aportantes. Sistema Profesional El colectivo de beneficiarios está limitado a la población laboral asalariada y a los que de ella dependan directamente, aunque también alcanza a colectivos distintos al de los trabajadores por cuenta ajena. Las prestaciones pueden ser más numerosas y de mejor calidad. Pero tiene el inconveniente de dejar fuera del mínimo de subsistencia a un segmento importante (en cantidad) de la población.
Sistema Universal Se financia al menos en parte, con cargo a los presupuestos (la diferencia entre países respecto de la cuantía de la financiación con cargo a los presupuestos es grande). Sistema Profesional Mientras el individuo se encuentra entre la población activa ocupada destina una parte de sus remuneraciones (denominada cuota o cotización obrera) a la Seguridad Social. El empresario o empleador también satisface otra cuota que se denomina cuota patronal. La finalidad de esta financiación (exacciones coactivas afectadas) es:
Mecanismos para establecer la relación cotizaciones/prestaciones en sistema profesional: 2 modalidades:
Análogamente a como funcionan las compañías de seguros privadas, la Seguridad Social va invirtiendo las cotizaciones en activos sin riesgo (p. ej. deuda pública) para, llegado el momento de satisfacer la prestación, realizarlo con cargo a la acumulación producida y los rendimientos generados por la inversión. Ventajas:
La Seguridad Social utiliza las cotizaciones recaudadas en el periodo para dar cobertura financiera a las prestaciones que ha de satisfacer a los largo del mismo: el trabajador cotiza no para atender sus necesidades futuras, sino para satisfacer las de las clases pasivas presentes, en la confianza de que ello seguirá siendo así en el futuro. Inconvenientes:
Sistema universal : las prestaciones recibidas son reducidas, garantizan un nivel mínimo de subsistencia. Se consigue el máximo grado de redistribución. Sistema profesional : el cifrado de las prestaciones a recibir por los beneficiarios depende del criterio para cubrirlas:
En principio, el derecho a percibir una pensión monetaria por cualquiera de los conceptos que se han incluido entre las prestaciones habituales de los programas de cobertura social (desempleo, jubilación, invalidez, viudedad, orfandad) es perfectamente equiparable a una prestación privada susceptible de ser provista óptimamente por el mercado, porque:
PERO: considerar sólo eso es muy simple: omite las principales limitaciones que como bienes estrictamente privados presentan las pensiones:
Costes de transacción de las pensiones Se ha comprobado que los rendimientos percibidos por los planes privados de pensiones son bastante inferiores a las aportaciones que previamente hay que ir haciendo al fondo, debido a los costes de estos fondos:
Además, la provisión privada de este tipo de prestaciones descansa en la diversificación de los productos ofertados por las entidades aseguradoras. Esto supone una desventaja por: