Introducción
En el año 2024, el gobierno peruano anunció la implementación del Impuesto General a
las Ventas (IGV) del 18% a las plataformas digitales extranjeras como Netflix, Spotify,
Airbnb, entre otras. Esta medida ha generado una fuerte polémica entre diversos sectores
de la población, especialmente entre los jóvenes consumidores frecuentes de dichos
servicios. Mientras algunos la consideran una estrategia necesaria para fortalecer la
recaudación tributaria del Estado, otros argumentan que esta decisión perjudica
directamente a los usuarios. Ante esta controversia, sostengo que la aplicación del IGV
a los servicios digitales es una medida necesaria y justa, ya que busca equilibrar el
mercado y mejorar la recaudación fiscal del país.
Desarrollo 1
En primer lugar, este impuesto permite establecer condiciones equitativas entre las
empresas nacionales y las extranjeras que ofrecen servicios digitales. Antes de la medida,
las compañías domiciliadas en Perú estaban obligadas a pagar impuestos, mientras que las
plataformas internacionales operaban sin tributar en el país, generando una competencia
desleal. Por esta razón, el Ministerio de Economía y Finanzas ha indicado que la
norma busca "nivelar el terreno de juego", tal como lo mencionó el representante de
Cabify, quien señaló que su empresa ya paga IGV desde el 2012 sin afectar sus tarifas.
Además, la experiencia internacional respalda esta decisión, ya que más de 100 países han
implementado este tipo de impuestos, y en América Latina, países como Chile, Colombia
y México ya lo aplican con resultados positivos. Por lo tanto, implementar este
impuesto en Perú permite alinear al país con estándares internacionales y proteger a
las empresas locales.
Desarrollo 2
En segundo lugar, el impuesto contribuirá significativamente a la recaudación fiscal del
país, lo que permitirá mayores recursos para políticas públicas. Según el MEF, se estima
una recaudación adicional de S/600 millones, e incluso se proyecta llegar hasta los S/800
millones anuales si se suma el impuesto a la renta de segunda categoría. Este ingreso es
clave en un contexto donde la economía peruana busca salir de una recesión. Si bien
algunos sectores afirman que esta medida afectará el bolsillo de los consumidores, en
realidad, empresas como Cabify han demostrado que es posible asumir el impuesto
sin trasladarlo al usuario. Además, en Chile, esta política fiscal permitió recaudar más
de US$1.001 millones entre 2020 y 2021, demostrando que la regulación no solo es
viable, sino también eficaz. En consecuencia, el IGV a servicios digitales representa
una oportunidad para fortalecer las finanzas públicas sin necesidad de crear nuevos
tributos.
Cierre
En conclusión, la implementación del IGV a los servicios digitales es una política fiscal
necesaria que promueve la equidad en el mercado y mejora la capacidad recaudadora del
Estado. Si bien existen voces críticas que advierten posibles perjuicios para los
consumidores, la experiencia internacional y el ejemplo de empresas responsables
demuestran que es posible aplicar esta medida sin afectar el acceso a los servicios. Por
ello, considero que este impuesto es justo y coherente con los objetivos de desarrollo
y formalización económica del país. Como sociedad, debemos valorar las decisiones
que buscan garantizar un sistema tributario más justo y sostenible.
