Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Corrupción su historia, Resúmenes de Ética

Corrupción

Tipo: Resúmenes

2020/2021

Subido el 03/08/2021

miguel-angel-saldarriaga-romero
miguel-angel-saldarriaga-romero 🇨🇴

1 documento

1 / 27

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Corrupción: historia y consecuencias en Colombia 1
LA CORRUPCIÓN SU HISTORIA Y SUS
CONSECUENCIAS EN COLOMBIA
ANDREA PAOLA ZULETA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE DERECHO
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO SANCIONATORIO
Bogotá, D. C., enero del 2015
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Corrupción su historia y más Resúmenes en PDF de Ética solo en Docsity!

LA CORRUPCIÓN SU HISTORIA Y SUS

CONSECUENCIAS EN COLOMBIA

ANDREA PAOLA ZULETA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE DERECHO

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO SANCIONATORIO

Bogotá, D. C., enero del 2015

LA CORRUPCIÓN SU HISTORIA Y SUS CONSECUENCIAS EN COLOMBIA

ANDREA PAOLA ZULETA

Artículo argumentativo para obtener el título de Especialista en Derecho Sancionatorio

Docente Dr. Ricardo Arturo Ariza López Docente en Investigación

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE DERECHO

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO SANCIONATORIO

Bogotá, D. C., enero del 2015

solution to this situation because the control entities as the Attorney General, Comptroller and regional prosecutors, together with the communities would be willing to defend and control the resources devoted to each of the departments, but it was not, you have a country where those holding public office are allowed to permeate through existing fraudulent strategies by the lack of commitment of its people to oversee the conduct of public officials. We conclude that it is essential to toughen laws that punish and create educational programs where ethics and morality are included transversely during the learning process, so naturally everyone is acting in compliance with human values, responsibly to his own nation: Colombia.

Keywords: corruption, state officials, commitment sanctions.

La Corrupción, su Historia y sus Consecuencias en Colombia

Al hacer un abordaje a La Corrupción, su historia y sus consecuencias en Colombia, es necesario conocer el origen etimológico de la palabra corrupción procede del latín corruptio, que se refiere a los cambios respecto a lo que se considera la naturaleza esencial de las cosas. Así pues, se reconoce en la corrupción una forma particular de cambio en virtud de la cual algo esencialmente deja de ser lo que es o bien se aparta de la que fuera su original intención u objetivo. La naturaleza abstracta y la importancia del cambio desnaturalizador al que esta palabra se refiere, le han merecido una gran variedad de aplicaciones en la Ciencia, el Derecho y la Filosofía.

En la actualidad, al margen de su vigencia en la Filosofía Moral y la Teología, resulta cada vez más frecuente el uso del término en referencia a la gestión del sector público. Cuando se asume que la gestión pública existe para encausar y optimizar los esfuerzos de los particulares hacia el bienestar colectivo, como lo hicieran antaño Adam Smith y Jean Jacques Rosseau, la misma puede tenerse como corrupta en la medida en que se desvía deliberadamente del que se considera su fundamental objetivo.

Sin embargo, el término raras veces resulta tan interesante como cuando se utiliza para calificar determinadas formas de conducta o aún la naturaleza misma de la especie humana en otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole, refriéndose al mal uso del poder público para obtener

Una ventaja ilegítima, en la actualidad y como se tiene conocimiento a través de los diversos medios de comunicación, se han producido numerosos casos de corrupción en el sector público. Esto demuestra no sólo la impunidad con la que pueden actuar los distintos servidores y funcionarios públicos, sino también la necesidad del endurecimiento de las leyes para estas situaciones y de una reforma política generalizada.

Así mismo hay que establecer que existen diversas instituciones y organismos que tienen la

Aunque el Estado colombiano ya cuenta con buenas herramientas para luchar contra la corrupción, como el Estatuto Anticorrupción, no se percibe que estas medidas sean efectivas. Estos avances normativos contrastan con los numerosos escándalos de corrupción que muchas veces terminan impunes. (Transparencia Internacional, 2013, párr. 6), señala el comunicado que soporta el reporte.

Según lo que se señala en este comunicado, existen en Colombia las medidas, pero al parecer no han sido muy efectivas porque no se muestran cambios significativos, a pesar de las campañas que se hacen a este respecto, lo que justifica que se endurezcan las sanciones como medida para intimidar a quienes recurren a estas prácticas que empobrecen al país y dañan su imagen a nivel nacional e internacional, lo que perjudica la inversión extranjera ante la falta de transparencia.

Elisabeth Ungar (2013) Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia afirma: “Mientras continuemos viendo que hay justicia dilatoria para los corruptos y que los niveles de sanción no son coherentes con el gran daño social y económico, la percepción de corrupción no va a disminuir”. (Transparencia Internacional, 2013, párr. 7)

El sector privado no queda de lado pues este tiene una inmensa responsabilidad en el problema de la corrupción. En temas como la financiación de campañas políticas, donde lamentablemente se encuentra la génesis de la corrupción, los empresarios tienen que comenzar a ser más transparentes, contar a quiénes financian y bajo qué condiciones.

En el IPC, Dinamarca y Nueva Zelanda aparecen como los países menos corruptos del mundo, con una puntuación de 91. Colombia, como ya se mencionó está en el puesto 94, con una calificación de 36, mientras que los últimos lugares son para Afganistán, Corea del Norte y Somalia, con solo 8 puntos cada uno.

En América, el país mejor ubicado es Canadá, en el puesto 9 con una puntuación de 81. El segundo es Barbados, con 75 puntos. Del vecindario, el primero es Uruguay, en el puesto 19, con 73 puntos, los mismos que tiene Estados Unidos.

En el caso Colombiano, el año pasado tuvimos la misma puntación, pero ocupamos el puesto 20 entre los países menos corruptos de la región. Ahora estamos en el puesto 18.

Venezuela y Paraguay siguen siendo percibidos como los países más corruptos de América Latina, mientras Uruguay y Chile son vistos como los líderes en transparencia, según un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional (TI).

En una escala del 0 (sumamente corrupto) al 100 (muy transparente), la tabla de transparencia está encabezada por Uruguay, con (73), Chile (71), Puerto Rico (62) y Costa Rica (53), seguidos por Cuba (46), Brasil (42) y El Salvador (38). En el vagón de cola, percibidos como los más corruptos de la región, se sitúan Venezuela (20 puntos), Paraguay (24), Honduras (26), Nicaragua (28) y Guatemala (29). Entre unos y otros, en orden de decreciente transparencia aparecen en esta clasificación anual de TI Perú (38 puntos), Colombia (36), Ecuador (36), Panamá (35), Argentina (34), Bolivia (34), México (34) y República Dominicana (29). (El Tiempo, 2013, párr. 8 al 14)

A través de este análisis se quiere demostrar que la corrupción en Colombia va en aumento día tras día, haciendo que de los ciudadanos ya no confíen en sus instituciones y en sus dirigentes, dejando al descubierto innumerables dudas sobre el actuar de los servidores del sector público y las formas o políticas establecidas contra la corrupción en el país.

La sociedad colombiana se ve afectada por la corrupción, como muchos países, ha sufrido los flagelos que genera la corrupción, pero a diferencia de otros contextos, se han presentado algunas particularidades que terminaron agravando la situación. (Fagua, D., 2014) Como por ejemplo la pérdida de valores humanos y el respeto hacia las instituciones, que van en contra de una sana convivencia y el desarrollo económico de Colombia.

Ha sido una desventura para el país la larga convivencia con el narcotráfico y el afán por el enriquecimiento fácil, que se convirtieron en la media y en la forma de ascenso social; el narcotráfico permeó a la sociedad en su conjunto, a la política, a la economía, a la agricultura, al deporte (Villegas, 1995, párr. 2), la sociedad en general fue mostrándose permisiva ante estos nuevos capitales lo que fue originando que se considerara normal obtener dinero de forma ilícita, lo que afectó en gran medida a las nuevas generaciones porque para ellos era natural esta clase de situaciones; sin embargo, también se ha presentado situaciones en las que personas que hacen parte de estas mismas comunidades se muestran en inconformes y luchan por dar a

con los principios morales que existen.

Una vez se comprendan estos dos conceptos, el hombre mostrará una inclinación innata hacia la realización de su vida dentro del cumplimiento de buenos hábitos morales, porque estará motivado a seguir adelante y cumplir con la formación que ha recibido.

Otro concepto a tener en cuenta en este artículo es el que hace referencia a la ética pública está relacionada o vinculada a las tareas prácticas de los funcionarios públicos, por ello su presencia o ausencia determina el funcionamiento de la estructura institucional establecida. Hay razones concretas para la necesidad de la ética pública en la estructura institucional definidas así, por Conciencia Colombia (2004, pág. 87):

  • Credibilidad y confianza
  • Insuficiencia de las medidas jurídicas
  • Insuficiencia e ineficacia de las soluciones jurídicas
  • Necesidad de adquirir hábitos y reglas para el largo plazo orientados por valores.
  • Crecimiento de las competencias
  • Integración e incorporación de los ciudadanos
  • Responsabilidad social

Para Aguilar (2000, pág. 44): Los servidores públicos se convierten en el elemento principal para promover la moral y la ética pública de tal forma que se conviertan en principios que activan la acción de los ciudadanos en una sociedad, condicionando y adaptando estos principios a parámetros éticos y morales.

De esta manera los funcionarios del Estado muestran su forma de contribuir en un encausamiento que lleve a que los ciudadanos que se desempeñen en las diferentes entidades tengan conductas sociales que muestren sus buenas prácticas bajo el respeto y cumplimiento del deber para el cual fueron nombrados.

Colombia es un Estado Social de Derecho y sus postulados centrales pueden resumirse en el principio de legalidad, la responsabilidad, donde todas las funciones de las autoridades e stán

regladas: Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en prevalencia del interés general. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, artículo 1°)

Además en el artículo 2° de la Constitución se establece que: Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, artículo 2°)

Más adelante, en su artículo 209 se aborda el tema de la Función Administrativa:

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley (...)(Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 209)

Gamarra (2006, pág. 18), dio a conocer que:

El problema de corrupción en Colombia se puede ubicar con la misma formación de su Estado, inclusive desde antes si se tienen en cuenta los saqueos y las malas administraciones de la Real Hacienda durante la colonia. A nivel internacional, la preocupación por reducir el problema durante las dos últimas décadas ha cobrado renovada importancia, y Colombia no ha escapado a esa tendencia. El surgimiento de organizaciones y agendas especializadas en combatir el problema, reformas estatales en varios países y una creciente literatura académica sobre el tema son reflejo de ello. En Colombia, esto se tradujo en cambios a partir de la Constitución de 1991 y varias reformas en la mitad de la década que buscaron reducir los niveles del problema.

Pero a la fecha se puede ver que no fue como se planificó, porque la situación es bien diferente a lo planeado. En cada departamento se han presentado casos que dejan ver que los delitos de corrupción siguen haciendo presencia, como por el ejemplo el Meta, donde han sido enjuiciados gobernadores y alcaldes por esta razón. Como da a conocer Gamarra (2006, pág. 22): “A partir de series estadísticas de los entes de control, muestran cómo durante los noventa, especialmente a mediados de la década, los delitos por corrupción aumentaron en todo el país,”al citar a González (2001) y Badel (1999).

El ciudadano colombiano es consciente que la corrupción hace que se incrementen los índices de pobreza y que cada día se las personas se muestran más reacias a participar en política, sentir que se percibe especialmente en los departamentos donde los políticos manejan fácilmente los resultados electorales, impidiendo su desarrollo debido a la corrupción que se presenta.

Esta situación va en clara contravía de lo que pretendieron las reformas iniciales, mostrando que los organismos de control no están cumpliendo con sus funciones con eficiencia y eficacia. Hoy día se encuentra que la corrupción se ha incrementado, posiblemente sea por las ra zones expuestas por Gamarra (2006, pág. 24):

[…] aumento de tamaño de los gobiernos locales por la descentralización abrió los espacios para que el problema se extendiera. […] los nuevos mecanismos de participación ciudadana y de control local fueron insuficientes y no lograron generar los incentivos para reducir el problema original. […] la combinación de los dos anteriores, lo cual parecería ser lo más acertado.

La corrupción no es una sola, se encuentra distribuida en varios tipos, de ahí que haga presencia en uno y otro sector, está por ejemplo:

  1. Peculado, que corresponde a la apropiación ilegal, en provecho propio o a favor de un tercero, se presenta en el sector público (caso Agro Ingreso Seguro) y privado (caso de los Nule), con una pena que va entre los 10 y 31 años.
  2. Prevaricato: Es el acto de funcionarios que toman decisiones por medio de una

resolución, dictamen o un concepto contrarios a la ley. Pena: entre los 3 y los 8 años de cárcel. Entre los procesados por prevaricato están el ex contralor distrital, Miguel Ángel Morales Russi (Caso Carrusel de la Contratación).

  1. Concusión: cuando un servidor público abusa de su cargo o funciones e induce a alguien a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad indebidos. La pena : 6 y los 10 años de cárcel. Uno de los procesados: el ex senador, Alirio Villamizar (caso entrega de notarías para apoyar la reelección).
    1. Cohecho: según el Código Penal, se refiere al servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente para retardar, u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. La pena de 5 a 10 años. Hay cohecho propio, impropio y por dar u ofrecer. Los juristas califican este delito como de dos vías, porque no solamente se castiga al que recibe las prebendas, ya sean por medio de dinero u otros beneficios, sino que también se penaliza al que ofrece. Caso: la “yidispolítica” con Sabas Pretelt, llamado a juicio por ese delito.
    2. Fraude: cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado para su administración.
    3. Tráfico de influencias : un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización.

De acuerdo con los diferentes tipos de corrupción es comprensible y necesario que esta lucha no sea planteada únicamente por el Gobierno, sino es una responsabilidad de la sociedad en general, que no debe preocuparse por no hacer parte de ella y sí de conformar veedurías o grupos de participación que la controlen, hasta lograr tener un país libre de corrupción y con mejores oportunidades para todos los ciudadanos.

transparencia por parte de las administraciones públicas, a evaluar resultados, a buscar medidas de rectificación y a buscar nuevos mecanismos para prevenir y/o sancionar los actos de corrupción, según sea el caso que se presente, porque muchos de estos actos se cometen también por desconocimiento de la ley, incapacidad para realizar las labores de investigación disciplinarias o dificultades de interpretación de la norma.

Siendo necesario entonces un Plan de Lucha contra la Corrupción, que incluya una política de administración transparente, el fortalecimiento de las áreas jurídicas y disciplinarias para dar a los procesos de investigaciones administrativas y disciplinarias que adelantan contra funcionarios un conjunto de acciones eficaces.

Afirma Villegas (1995, párr. 51 – 52), que:

Respecto de la responsabilidad penal y patrimonial de los servidores públicos se implementan dos acciones: la primera, la constitución a cargo de la entidad como Parte Civil dentro de los procesos penales por delitos contra la Administración Pública para obtener el resarcimiento de los perjuicios causados; y segunda, ejercer la Acción de Repetición contra los funcionarios corruptos cuando es declarado responsable el Estado en los eventos en que ha existido dolo o culpa grave de parte de aquel.

La Evaluación del desempeño de los funcionarios públicos es una decisión importante toda vez que nuestro país requiere de un aparato estatal que garantice una estructura eficiente y eficaz, dotada de un recurso humano enmarcado dentro de precisas decisiones que apunten a su estabilidad, dentro de un marco de transparencia y responsabilidad.

Los servidores públicos deberán tener en cuenta los siguientes parámetros de responsabilidad:

  1. Comprometerse profunda y efectivamente con la naturaleza y fines esenciales del Estado, del cual es agente, y con los principios generales que rigen la función administrativa.
  2. Dedicarse por entero a la consolidación de una Administración Pública efectiva y democrática con fundamento en el principio del servicio público como el derecho ciudadano, no como gratitud de los agentes del Estado.
  3. Prestar el servicio público de su competencia con supeditación de los intereses particulares al interés general.
  1. Asumir con honradez su compromiso para con la sociedad y para con el Estado, identificándose con los fines esenciales de éste, con la misión y objetivos de su entidad y con las funciones del cargo a través del cual se hace concreto su servicio a la comunidad.
  2. Desarrollar las aptitudes exigidas por su cargo y las actitudes de innovación y respeto por las personas, con miras al mejoramiento de la calidad del servicio público. (Villegas, 1995)

Esto es con el fin de promover la eficiencia administrativa y moralización, para lo cual se prestarán la más amplia asistencia humana, administrativa, técnica y operativa, en el logro de una administración eficiente y transparente. Y además, evitar las consecuencias de la corrupción que llevan a: a) favorecer la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas; b) erosionar la credibilidad y legitimidad de los gobiernos; c) reproducir una concepción patrimonialista del poder; d) reducir los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social; e) permitir la aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad popular; y, revitalizar una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación. (Tejada, 2013, párr. 8)

A continuación se enumeran tres causas principales que llevan a que exista la corrupción, en cualquier Estado y que fueron señaladas por Coordinador Social Manos Limpias (2013, párr. 11

  • 18):
    1. Las formales, se desprenden de la delimitación técnica del término: a) falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado; b) existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional; e inoperancia práctica de las instituciones públicas. Juntas o por separado.
    2. Las culturales, (se refieren a la cultura política de un país), delimitan la extensión de las prácticas corruptas, la probabilidad que se produzcan y el grado de tolerancia social con que pueden contar, son cuatro: a) existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados, permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica; b) existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a grupos sociales que saben que "la Ley no cuenta para ellos" fomenta la corrupción y la tolerancia social hacia ella; c) persistencia de formas de organización y de sistemas normativos tradicionales, enfrentados a un orden estatal moderno, suele provocar contradicciones que encuentran salida a través de la corrupción; y d) en algunos casos, ciertas manifestaciones corruptas podrían explicarse por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar común.
    3. Causas materiales: son situaciones concretas de las que se trata en este caso son las distintas

aplicación en la práctica.

  1. Estimular una sociedad civil vibrante motivada por el cuidado a lo público. Los ciudadanos cada vez creen menos que es posible derrotar la corrupción. Esto genera un desaliento a exigir compromisos y resultados de los gobernantes y empresarios. Es necesario hacer esfuerzos para crear conciencia colectiva sobre el impacto nefasto de la corrupción y el rechazo social a ella; e igualmente incentivar la actuación de la sociedad civil en torno al cuidado de lo público, en especial a través de los ejercicios de control social.
  2. La condición básica de una empresa socialmente responsable es la conducción de sus negocios con principios éticos y de transparencia. Los empresarios pueden asumir su corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción poniendo en marcha de programas de ética organizacional al interior de sus empresas y sus cadenas de valor, e implementando esquemas para prevenir el soborno en la gestión empresarial.
  3. Consolidar un sistema de pesos y contrapesos. Es necesario revertir en el país la tendencia de concentración de poder en el Ejecutivo y alcanzar un mayor equilibrio e independencia entre los poderes. La lucha contra la corrupción requiere que estos controles operen de forma efectiva y que la interacción entre los actores se ciña a reglas democráticas y transparentes.
  4. Sellar las fisuras de la institucionalidad estatal que expresan los escenarios de riesgo de corrupción en la gestión administrativa de las entidades públicas. La institucionalidad colombiana, especialmente en el nivel territorial, presenta fallas en los terrenos de la visibilidad, el cumplimiento de las normas y la existencia de pesos y contrapesos. Todo esto favorece la ocurrencia de hechos de corrupción. Es urgente equilibrar el desarrollo institucional del país, profundizar la descentralización y posicionar la lucha contra la corrupción como una de las primeras tareas para el logro de la autonomía local.
  5. Recuperar la legitimidad y confianza en la institucionalidad democrática y en la política. La falta de transparencia y rendición de cuentas atenta contra la democracia, pues lleva a que las instituciones públicas colombianas no gocen de confianza ciudadana y sean percibidas como proclives a la corrupción. Entre otras medidas, es preciso impulsar en ellas mayor transparencia y rendición de cuentas, regular el lobby y el manejo adecuado del conflicto de intereses, implantar del voto nominal y cerrar las posibilidades a la filtración de intereses indebidos en la formación de las leyes.

Indispensable cumplir con estos retos, si se quiere evitar las consecuencias que trae el costo de la corrupción:

  1. Primero la destrucción de la eficiencia del estado, gastando sus recursos y debilitando sus

acciones contra la mala administración. Tal corrupción puede llegar a amenazar la salud pública: por ejemplo, la construcción de mala calidad, el uso de medicinas anticuadas o contaminadas, o la desviación de comidas de orfanatos a otros usos, todos estos han ocurrido recientemente en Colombia.

  1. Segundo la corrupción engendra una distorsión absurda en la distribución de ingresos, enriqueciendo a los ricos y empobreciendo a los pobres. Los pobres se hacen más pobres, por ejemplo, cuando proyectos públicos no se completan o se completan en calidad inferior como resultado de la corrupción.
  2. Tercero, el incentivo de la corrupción está en contra al desarrollo de la sociedad; crean la insidiosa idea que es más fácil hacerse rico trabajando para el estado que creando un negocio privado productivo. Esta idea milita en contra de la creación de nuevos empleos. La mitad de las posiciones administrativas de cierto rango son ocupadas por personas nombradas por jefes políticos, no por burócratas profesionales.
  3. Cuarto la corrupción incurre costos políticos serios: la inmoralidad, cinismo, inestabilidad institucional, y la legitimación de la rebelión armada contra el estado. El problema más serio para Colombia es la falta de legitimidad entre el pueblo. Este problema tiene su raíz en la corrupción generalizada y es ilusorio pensar que una reforma constitucional puede resolverlo. (Coordinadora Social Manos Limpias, 2013)

Es necesario que en Colombia los ciudadanos tomen conciencia y empiecen a cuestionarse qué pueden hacer para afrontar este problema, que está afectando la economía del país y su reconocimiento no solo a nivel nacional, sino internacional, lo que impide el ingreso de nuevas empresas en el país, que vienen a representar mayor cantidad de empleo y desarrollo económico.

Es conocido que existe baja credibilidad en los gobernantes colombianos, los ciudadanos se quejan de la falta de oportunidades que existen por el mal manejo que le dan a los presupuestos a nivel local y nacional, su ineficacia para distribuir los recursos, contratos que van a plazos más largos lo que incrementa su valor inicial o que no se cumplen o deben ser terminados por parte del Estado por incumplimiento de los contratistas, obras que no cumplen con las normas mínimas de calidad, todo esto ocasiona que cada día las personas desconfíen más y vean como se repiten una y otra vez los casos de corrupción por parte de funcionarios del Estado, llegando incluso a permear las empresas privadas, cuando se trabaja en conjunto.